Washington-Montevideo

Pepe Mijica, prisionero en su propio país

El Departamento de Estado de los EE UU imparte un curso sobre "manejo" carcelario en el Uruguay, cuando el país del Norte ostenta los peores antecedentes a nivel mundial por su crueldad penitenciaria y su justicia intolerante con los pobres.

Walter Goobar
El campechano presidente uruguayo ha sorprendido en las últimas semanas con unas declaraciones desafortunadas sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por las que luego se disculpó públicamente, aunque han dejado al desnudo una suerte de doble discurso uruguayo sobre la hermandad rioplatense.
Más alarmante que esas destempladas declaraciones respecto a las relaciones con la Argentina, es una serie de movimientos pendulares que revelan la política extremadamente complaciente del Uruguay con respecto a los EE UU, en un momento en que Washington esta buscando penetrar por todos los medios en la región.
En ese sentido, resulta más que sorprendente que este curtido militante tupamaro que pasó 15 años de su vida en las celdas de aislamiento de la dictadura en las que –según propia confesión– "llegó a conversar con las ranas y las hormigas para no volverse loco", ahora admita que el Departamento de Estado de los EE UU imparta un curso sobre "manejo" carcelario en el Uruguay, cuando el país del Norte ostenta los peores antecedentes a nivel mundial por su crueldad penitenciaria y su justicia intolerante con los pobres.
En momentos en que la mitad de los 166 presos detenidos ilegalmente en Guantánamo prefiere dejarse morir de hambre que seguir soportando la violación de todos sus derechos, la prensa uruguaya notificó que: "el Ministerio del Interior, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, dictó un curso de formación en seguridad interna para el sistema penitenciario que tuvo una duración de dos semanas. En la actividad de cierre de los cursos estuvo presente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y la embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso. La capacitación fue impartida por los expertos Mitch Sutton, asesor de la Unidad de Capacitación y Entrenamiento Móvil de Academias Correccionales Federales de Xalapa (Veracruz, México), y por Antonio Maestas, consejero de Formación y Enlace del Departamento de Estado de los Estados Unidos", según reza un cable de la agencia UPI.
A ningún medio uruguayo le sorprendió que el gobierno del Frente Amplio aceptara cursos de "manejo carcelario", de uno de los países que –según Amnistía Internacional– lidera el ranking de atrocidades en ese rubro. No sólo en la extraterritorialidad de Guantánamo, sino también en su propio territorio y contra sus propios ciudadanos. La prensa oriental transcribió las declaraciones de la embajadora Reynoso sin ningún cuestionamiento. Ella "explicó que el trabajo de capacitación del personal del sistema penitenciario es de gran ayuda para la comunidad. Apoyar a todas las instituciones básicas para la democracia y el Estado de Derecho es uno de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos".
La avanzada estadounidense en Uruguay es ostensible y desembozada: en junio de 2012, fueron los Navy-Seals, el cuerpo de élite estadounidense que perpetró el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán, que realizó maniobras con los fusileros uruguayos, sin siquiera informar a los países vecinos, que es como marcan los protocolos de la Unasur. En diciembre de ese mismo año, los halcones de la DEA expulsados de Bolivia por el presidente Evo Morales desembarcaron en Montevideo.
Tanta hospitalidad hizo que los estadounidenses creyeran que podían ir por más: solicitaron permiso para la instalación de una base militar de avanzada (foward location) de Estados Unidos en Durazno –como la que quisieron instalar en el Chaco argentino–, y la participación de Uruguay en una nueva misión de paz de la ONU en Nepal. Sin embargo, ambos pedidos fueron rechazados por el Ministerio de Defensa uruguayo en las últimas semanas. Además, el organismo dejó trascender que va a controlar con mayor rigor la actuación de las Fuerzas Armadas en el exterior, luego de que las autoridades se desayunaran de los detalles de un ejercicio militar en la costa de la Florida, sede del Comando Sur de Estados Unidos (en lo que pareció una reedición –pero al revés– del entrenamiento que en junio tuvo la Armada uruguaya con los Seals).
Un ex preso político como Pepe Mujica debería saber mejor que nadie que –según Amnistía Internacional (AI)– “EEUU viola los estándares internacionales para el tratamiento de prisioneros." En su informe 2012 Amnistía Internacional denunció la situación de "cruel aislamiento" en módulos penitenciarios en diversos estados como California o Arizona. Amnistía indica que la situación de la población carcelaria en Arizona incumple los compromisos de los Estados Unidos con el Convenio sobre Derechos Civiles y Políticos.
Otro tanto ocurre en California: "Las condiciones y la duración del encarcelamiento en módulos de aislamiento en California son simplemente terribles", ha manifestado Angela Wright, investigadora de AI sobre Estados Unidos que ha visitado varias cárceles en el estado californiano este año. En julio de 2011, 12 mil prisioneros en las cárceles de los EE UU lanzaron una huelga de hambre y trabajo. Fue la huelga de detenidos más grande en la historia de los Estados Unidos.
En California, durante el período de cinco años de 2006 a 2010, la cifra de suicidios carcelarios alcanzó un promedio de 34 al año, de los cuales el 42% tuvo lugar en unidades de segregación administrativa o en módulos de aislamiento. Los estudios demuestran que los efectos negativos derivados de períodos prolongados en régimen de aislamiento pueden continuar mucho tiempo después de la puesta en libertad de los internos.
La investigación está basada en la información recopilada por AI gracias a su acceso exclusivo a los módulos de aislamiento en California que describe las condiciones de reclusión que sufren más de 3000 presos en el estado, entre ellos 78 internos que han permanecido más de 20 años en régimen de aislamiento.
El 35% de los encarcelados en módulos de máxima seguridad son personas sin delitos de sangre, como hurto o menudeo en la venta de drogas, que en gran parte han sido recluidos en esas instalaciones por su mal comportamiento debido a problemas mentales.
En su informe de 2013, Human Rights Watch lo reafirma: en EE UU "son los sectores más vulnerables de la sociedad –las minorías raciales y étnicas, los grupos con ingresos bajos, los inmigrantes, los niños y los ancianos– quienes están más expuestos a sufrir injusticias en el sistema de justicia penal".
Con un 5% de la población mundial, EE UU detenta el 25% de los presos del planeta y presenta la proporción de encarcelamiento per cápita más elevada a escala mundial. Ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad ha encarcelado una proporción tan grande de sus pobladores. Es que Estados Unidos ha sabido convertir su sobrepoblación carcelaria en un negocio rentable que promovió el surgimiento de un complejo industrial que cuenta ahora con las mayores operadoras de cárceles privadas del mundo. En primer lugar se destaca la Corrections Corporation of America (CCA), seguida por otras como el GEO Group que también regentea cárceles en Australia, Sudáfrica y el Reino Unido.
Ni lerdos ni perezozos, los ministros Bonomi (Interior) y Lorenzo (Economía) anunciaron en marzo de 2013 la construcción en Punta de Rieles de una cárcel para 2000 detenidos, lo que equivale a la quinta parte del total de presos actuales.
No se precisa demasiada sagacidad para deducir que los "cursos" no son más que una coartada que permite a la Embajada de los EE UU actuar como lobbistas de las corporaciones de cárceles privadas de EE UU en la perspectiva de adjudicarse el primer establecimiento carcelario público-privado en Uruguay.
Diario Tiempo Argentino
30-04-2013