El memorándum de entendimiento no garantiza una respuesta de Teherán a las demandas de la Justicia argentina.
Walter Goobar
La apertura del diálogo con Irán desbarrancó en una negociación en la que la Argentina concedió todo a a cambio de nada, o casi nada. El posibilismo que se resume bajo la idea de que éste es “el mejor acuerdo posible” es mal consejero en política: Raúl Alfonsín esgrimió el mismo argumento para sancionar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que no resolvieron los problemas para las que supuestamente fueron dictadas y terminaron siendo declaradas anticonstitucionales y derogadas, primero por la realidad y más tarde por las instituciones de la República. La misma suerte le espera a este intento de entendimiento con un Irán desentendido.
Los defensores del posibilismo encriptado en el memorándum de entendimiento con el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad argumentan que de esta manera conseguirán una respuesta iraní a las imputaciones de la Justicia argentina por el atentado contra la Amia. Eso no es cierto, ya que desde el atentado y hasta la fecha la diplomacia de Irán oficializó su versión sobre ese crimen. Ya en 1996, el carapintada Norberto Ceresole, que más tarde falleció en Teherán, publicó el libro Terrorismo fundamentalista judío (Ceam, Buenos Aires, 1996) en el que se sostiene la hipótesis que los responsables del atentado contra la sede de Amia y Daia pertenecen a la extrema derecha judía opositora de los procesos de paz. Desde la publicación de aquel libelo –que fue financiado por la República Islámica de Irán–, la teoría persa ha permanecido inamovible: El 10 de octubre de 2010, el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Mohammad Khazaee, dirigió una carta al presidente de la Asamblea General de la ONU en la que rechazó las denuncias formuladas por Cristina Kirchner ante ese organismo. En esa misiva, el gobierno de Mahmud Ahmadinejad aseguró que “se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión”. También imputó al gobierno argentino haber avalado arrestos ilegales y torturas durante las pesquisas; haber financiado a grupos terroristas como la Organización Muhaidín Jalq para fraguar testimonios contra ciudadanos inocentes. El texto concluye afirmando que “la investigación criminal de este caso está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial”. Khazaee sigue siendo el representante de Irán en la ONU, lo que indica el carácter oficial y la vigencia de esa postura.
En ese sentido, al negociar con los sospechosos, al aceptar la formación de una Comisión de la Verdad, la Argentina descalifica la parte sustentable de su propia investigación –aquella avalada por Interpol y temida por los iraníes–, y se suma a la teoría del complot sionista montado por Estados Unidos e Israel para acusar falsamente a Irán.
Hace casi dos décadas, cuando se produjo el atentado contra la Amia, el concepto de justicia universal para los crímenes de lesa humanidad todavía no había sido instalado por jueces como Baltazar Garzón. En la actualidad , la Argentina tenía otras opciones: aunque la legislación vigente no lo contempla, el Congreso podría haber sancionado una ley que modifique el Código Procesal Penal y permita los juicios en ausencia para crímenes de lesa humanidad, similar a la que habilitó en Francia el juicio y condena en ausencia de Alfredo Astiz por el asesinato de las monjas francesas. Por tratarse de crímenes de lesa humanidad, esta ley bien podría tener efectos retroactivos y abarcar casos como el de Amia.
Nadie duda de que la causa AMIA está plagada de pistas falsas, encubrimientos y errores voluntarios e involuntarios que han contaminado la pesquisa desde sus orígenes, pero más allá del ostensible direccionamiento que pretendieron ejecutar actores locales e internacionales, como EE.UU., Israel y el propio Irán, existen decenas de evidencias políticas, diplomáticas y judiciales sobre la responsabilidad de Irán y Hezbollah en el atentado contra la AMIA. Los casos similares registrados en otros países, que fueron investigados por jueces y fiscales probos en Francia, Alemania y Suiza, concluyeron culpando a Irán y a Hezbollah –y en algunos casos–, establecieron que se trataba del mismo modus operandi y los mismos funcionarios requeridos por la Argentina. El caso más reciente se produjo en Bulgaria:
En la emblemática fecha en que se conmemoraba el 18 aniversario de la voladura de la Amia –el 18 de julio de 2012–, Hezbollah efectuó un atentado suicida en la localidad turística de Burgas, Bulgaria, que ocasionó la muerte a cinco israelíes (entre ellos una mujer embarazada), a un ciudadano búlgaro y dejó treinta heridos. Recientemente, la justicia búlgara identificó al movimiento chiíta libanés como autor del atentado en Burgas.
La semana previa al ataque en Bulgaria, un miembro de Hezbollah fue apresado en Chipre mientras estudiaba el terreno para llevar a cabo un ataque contra israelíes en una zona playera. El junio previo, fueron arrestados en Kenia dos iraníes cuando intentaban ingresar explosivos al país y estaban estudiando los movimientos de los blancos allí. En la misma Bulgaria, en enero de 2012, un atentado similar al de julio fue frustrado. Es altamente improbable que Bulgaria rubrique un memorándum de entendimiento para hacer justicia.
El hecho de que Estados Unidos e Israel pretendan utilizar la causa AMIA para justificar un posible ataque a Irán, no le quita responsabilidad al gobierno de Teherán en los atentados perpetrados en la Argentina. Un cúmulo de evidencias coincidentes –que no provienen de dudosas fuentes de inteligencia– así lo demuestra.
Irán pretende instalar que tras su detención en Londres, en 2004, el ex embajador persa en Argentina, Hadi Soleimanpour, fue declarado inocente por la justicia británica al punto que la Argentina debió indemnizarlo por los días que permaneció arrestado. Lo cierto es que Soleimanpour fue liberado e indemnizado porque el pedido de extradición del ex juez Juan José Galeano estaba mal formulado y los británicos nunca examinaron la cuestión de fondo ni las evidencias existentes contra el acusado.
Hasta ahora, el ex embajador Soleimanpour nunca logró explicar por qué los días previos al atentado contra la Amia abandonó la Agentina, junto a los embajadores de Irán en Chile y en Uruguay, que embarcaron en el mismo vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad alemana de Fránkfurt. Oficialmente, Soleimanpour estaba de vacaciones, sin embargo, el 15 de julio llegaron al país varios enviados especiales de Irán –cuando literalmente no había representación diplomática efectiva en todo el Cono Sur.
Soleimanpour tiene una historia todavía inédita: en los 70, estudió sociología en París y regresó a Teherán con el triunfo de la revolución de Khomeini. Se integró al grupo La línea del Imán, que analizó documentos de la CIA capturados durante la ocupación de la embajada estadounidense en Irán.
En la cancillería fue discípulo del profesor Javad Mansouri, fundador de los Guardias Revolucionarios y luego viceministro de Relaciones Exteriores. Mansouri fue el responsable de la conversión de las embajadas iraníes en bases para exportar la revolución. Soleimanpour se ocupó de las áreas Europa occidental y Movimientos de Liberación.
Luego recaló como embajador en España. La revista española Tiempo publicó que a partir del nombramiento de Soleimanpour se creó el eje Madrid-Ginebra para las actividades terroristas iraníes en Europa. Los servicios españoles le atribuyen a Soleimanpour el desarrollo de células dormidas de Hezbollah en Zaragoza y Valencia, además de la supervisión de los servicios iraníes que operaban en América latina.
En 1984, la policía desmanteló a los Mártires de la Revolución Islámica en Barcelona. Se incautaron armas y explosivos. Soleimanpour y otros diplomáticos fueron expulsados de España.
Pese a su expulsión de España, en junio de 1991, Soleimanpour recibió el plácet diplomático de la Argentina. Fernando Petrella, que en la época del atentado a la Amia se desempeñaba como secretario de Estado para Política Exterior y Asuntos Latinoamericanos, argumentó en sede judicial que la Cancillería creía que Soleimanpour “se habría excedido en su función diplomática por cuanto habría realizado manifestaciones políticas” en España, pero que esto se supo después de otorgársele el plácet.
El ex embajador reclutó en España al neofascista Francisco José Iglesias Pérez (más conocido como Javier Iglesias), que lo acompañó a la Argentina. Además de trabajar como su guardaespaldas y chofer, Iglesias fue editor de la publicación fascistoide Lucha Peronista, que reivindicaba a los carapintadas de Seineldín, y colaborador de la revista El Mensaje del Islam, cuyo editor propietario era el agregado cultural iraní, Moshen Rabbani.
El 5 de septiembre de 1996 Iglesias participó en el asalto a un blindado de Juncadella en Montevideo al 700, donde funcionaba una sucursal de supermercados Coto. El personal de seguridad abrió fuego y el español Iglesias cayó muerto.
Diario Miradas al Sur
03-03-2012