Un amigo de Manzano en problemas

Cuando era ministro del Interior, ignoró las acusaciones que pesaban sobre el sirio traficante de armas y lo ayudó a obtener documentos argentinos. Un juez neoyorquino acaba de mandarlo a prisión. Los miedos de la conexión mendocina.

Por Walter Goobar
El conocido traficante de armas sirio Monzer al Kassar fue detenido el viernes pasado en el aeropuerto de Barajas (Madrid) bajo los cargos de abastecer de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y conspiración para matar a ciudadanos y militares norteamericanos.
El traficante lleva toda su vida caminando sobre el filo de la navaja y ha sido detenido y perseguido por tribunales de un largo rosario de países por graves delitos. En Estados Unidos, Canadá y Austria, países donde tiene prohibida la entrada, está declarado persona non grata. En España vivía plácidamente en su mansión, situada en el número 4 de la calle Pablo Picasso de Marbella y gozaba de la protección de los servicios de inteligencia españoles desde que proveyó de un cargamento de armas a ETA que llevaba localizadores disimulados.
En la Argentina se lo vincula con los atentados a la embajada de Israel, la AMIA, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y –más recientemente– con una operación de lavado de dinero para Osama Bin Laden a través de unas minas de oro en la provincia de Tucumán.
Además, Al Kassar tiene una causa pendiente con la Justicia argentina por irregularidades en la obtención de su DNI, cédula y pasaporte bajo el gobierno de Menem. Las conexiones mendocinas de Al Kassar apuntan casi siempre a una misma persona: el ex ministro y actual empresario José Luis Manzano.
Este viernes, el traficante de armas saludó con el símbolo de la victoria a los familiares que lo esperaron en la puerta de su mansión antes de ser conducido a prisión para ser extraditado a Estados Unidos. La detención se produjo por pedido de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA). El traficante de armas llegaba al aeropuerto de Barajas en un vuelo nocturno procedente de Málaga cuando los agentes españoles le comunicaron su detención internacional. Ni él ni sus guardaespaldas reaccionaron.
Sobre Al Kassar pesa una orden de arresto fechada en Nueva York el pasado 29 de mayo y firmada por un juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Al Kassar, Tareq Mousa al Ghazi y Luis Felipe Moreno Godoy están acusados de conspiración, tráfico de armas y blanqueo de capitales, presuntos delitos sobre los que los agentes de DEA llevaban acumulando pruebas en diversos países desde hace cinco años.
Según Karen Tandy, directora de la DEA, y el fiscal Michael García, Monzer Al Kassar y sus socios decidieron en 2006 una millonaria venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de Colombia. Entre el material ofrecido presuntamente por el traficante sirio figuran armas cortas y pesadas, lanzagranadas propulsados por cohetes RPG, misiles antiaéreos tierra-aire SAM, miles de ametralladoras y millones de cartuchos de munición. Según la DEA, Al Kassar y sus colaboradores mostraron a los miembros de la guerrilla colombiana una fotografía del barco que iban a emplear para transportar las armas, así como del armamento y de los sistemas de misiles tierra-aire. También ofrecieron detalles de las cuentas bancarias en el Líbano y España que usaron para ocultar 500.000 dólares. Lo que el sirio no sabía era que en realidad estaba negociando con confidentes, infiltrados que usaban cuentas encubiertas de la agencia antidroga que el propio Al Kassar creyó que eran de las FARC.
El aventurero sirio de 61 años, residente en Marbella desde los años ochenta, turbio colaborador de servicios secretos de todo el mundo, enfrenta ahora la posibilidad de terminar su vida en una cárcel norteamericana porque sobre él pesan dos cargos de pena perpetua y tres de penas comprendidas entre los 15 y 25 años de cárcel.
Según la investigación, Al Kassar tuvo una participación personal en esta presunta venta de armas y ofreció a las FARC toneladas de explosivos C4, detonadores y expertos libaneses que se trasladarían hasta un campamento, en una selva fronteriza con Ecuador, para entrenarlos en su manejo.
Su red de colaboradores y sociedades fantasmas se extiende desde Siria hasta Rumania y pasan por la Argentina...
En 1992, poco después del atentado a la embajada de Israel, los servicios de inteligencia británicos detectaron la presencia en Buenos Aires de Al Kassar, a quien el Ministerio del Interior a cargo de José Luis Manzano le había otorgado el pasaporte argentino, la cédula y el DNI. En esa época Al Kassar era señalado como pieza clave del atentado al vuelo 103 de Pan Am, que costó la vida de doscientos setenta pasajeros, y acusado por la Justicia de Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Suiza y Alemania de traficar drogas y armas. Por ese entonces, el periodista Román Lejtman había recibido el dato sobre “la presencia en Buenos Aires de un traficante de armas sirio vinculado con el atentado de Lockerbie”, pero no conocía su nombre. Fue el autor de esta nota quien le indicó que esa referencia sólo podía corresponder a Al Kassar.
El ministerio a cargo de Manzano aceptó que precisamente en Mendoza se habían concedido la ciudadanía y los documentos pero más tarde dio a conocer un comunicado anunciando que se los declaraba nulos. Para colmo, Manzano había dicho pocas horas antes, refiriéndose a Al Kassar, que si se comprobaba que había utilizado documentos falsos le podrían tocar “hasta veinte años de cárcel”.
El juez federal mendocino Gerardo Rodríguez, quien otorgó la ciudadanía al traficante sirio, adujo que ni la Policía Federal ni Migraciones le remitieron los antecedentes del sirio que se había sacado la foto para el pasaporte en la Casa Rosada con un saco prestado por Carlos Menem.
Además, Al Kassar tenía propiedades en Mendoza. Un estrecho colaborador del entonces ministro Manzano le dijo por entonces al autor de esta nota que la presencia de Al Kassar era conocida por el gobierno desde bastante tiempo antes. “Manzano le advirtió al Presidente que nos iba a traer problemas –dijo– pero Menem nos pidió que nos calláramos la boca y lo mantuviéramos en secreto.”
El 25 de marzo de 1992, los servicios franceses y la CIA aportaron una carpeta que contenía más de cien folios de documentación secreta sobre Al Kassar. El 13 de abril de 1992, la carpeta de tapas rojas le fue entregada al entonces ministro Manzano. El mendocino se alarmó cuando leyó que en la última parte del informe confidencial, que llevaba la firma del por entonces responsable operativo de la SIDE, José Alberto Scoppa, constaba que “en el día de ayer, 12/04/92, Al Kassar, acompañado por una mujer había dejado el país utilizando un pasaporte argentino”. El sirio obtuvo en tiempo récord todos sus documentos personales sin que se verificaran sus antecedentes.
Al hacerse público el escándalo, la SIDE (cuyo titular, Hugo Anzorreguy, acababa de regresar de Tel Aviv) se disculpó con el increíble argumento de que no tenía informaciones negativas sobre los hermanos Al Kassar. Para cubrirse, el jefe de la Policía Federal, comisario Passero, le remitió al ministro Manzano una gruesa carpeta que comenzaba con la copia de un informe que la PFA le había mandado meses atrás. En él se advertía: “El sirio Monzer Al Kassar ingresó al país por última vez en abril de 1992. Lo hizo por el aeropuerto de Ezeiza, con documentación siria, en vuelo de Iberia 6940 procedente de España (y) visitó por lo menos en dos ocasiones la quinta presidencial de Olivos e inclusive le obsequió al Presidente Menem un reloj muy costoso, el cual tenía brillantes engarzados”. Dicho reloj, de pared y de oro macizo, decoraba la residencia de Olivos. La misma carpeta contenía también copias de dos oficios remitidos a la Dirección General de Migraciones. En ellos la PFA dejaba constancia de conocer “ampliamente los antecedentes del causante, su posible vinculación con el atentado de Lockerbie, sus detenciones en Viena en 1970 por robo de coches, sus órdenes de prisión emitidas en Copenhague y Londres por tráfico de hachís entre 1972 y 1974”.
Al Kassar mantuvo una relación sentimental con Amira Yoma y demostró tener fluidos contactos en los niveles más altos de la administración menemista, pero solo una orden de Manzano puede haber impedido que esos datos fuesen remitidos al juez mendocino que concedió la ciudadanía.
Aún hoy, Al Kassar tiene abierto un proceso judicial por irregularidades en la obtención de su documento de identidad, cédula y pasaporte bajo el gobierno de Menem. Por ese hecho se abrió una causa que tramitó el juez federal Jorge Ballesteros y que luego fue declarada prescripta por decisión del propio magistrado a pedido del abogado de Al Kassar, Víctor Stinfale. La Sala II de la Cámara Federal volvió a abrir la causa en septiembre de 2005 y ordenó a Ballesteros seguir investigando, pero ante una nueva apelación de la defensa el caso llegó a la Corte Suprema que a fines del 2006 ordenó que la causa permanezca abierta.
Al Kassar fue investigado por la Justicia argentina por sus presuntas vinculaciones con la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador, algo que él siempre negó y nunca pudo probarse dado que los documentos podrían haber estado en la planta cordobesa de Río Tercero, que voló en 1995.
Los posibles nexos de Al Kassar con la voladura de la embajada de Israel nunca han sido debidamente investigados. La camioneta Ford F-100 utilizada como coche bomba en la embajada había sido adquirida por alguien que dijo llamarse “Elías Riveiro Da Luz”, quien pagó 21.000 dólares en efectivo al agenciero Roberto Barlassina.
Según consta en la causa judicial y refleja la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados, pocas horas después del hecho terrorista se verificó que los billetes provenían de una agencia de cambio de Beirut, donde se suele marcar los dólares que son de curso legal. Lo que la Justicia no investigó es la posibilidad de que los billetes provinieran del holding “Al Khalid Kassar” con sede en Damasco. Este grupo incluye empresas de importación y exportación y también a una de las más importantes agencias de cambio de la capital libanesa. Sus propietarios son tres: el terrorista Ahmad Jibril, líder del Frente Popular de Liberación Palestina Comando Especial (FLP-E); el sirio Rifaat Al Assad y el traficante Monzer Al Kassar.
Pero las relaciones de Al Kassar con la Argentina no se han extinguido. En febrero de 2001, antes de la voladura de las Torres Gemelas, Osama Bin Laden le entregó cuatro millones de dólares a Al Kassar como anticipo por una compra de armamento encubierta mediante la supuesta inversión en una mina de oro en la provincia de Tucumán. Al Kassar admitió que representantes de la firma británica Imperial Consolidated le pagaron cuatro millones de dólares como anticipo de una operación de armas cuyo objeto aparente eran 19 yacimientos mineros en la provincia de Tucumán. El acuerdo incluía otros 8,5 millones de dólares que Imperial Consolidated garantizaba con un aval pagadero por su banco de Granada. Aparentemente, esa gigantesca cantidad de dinero sólo era una porción de la inversión total, que iba a superar los 400 millones de dólares. El argentino Miguel Solanis, de 60 años, era socio de Monzer Al Kassar e Imperial Consolidated pero se resiste a considerar la posibilidad de que lo hayan usado como pantalla en una presunta operación de tráfico de armas. Solanis no es afiliado a ningún partido político pero admitió tener relación con el ex gobernador de Tucumán, el justicialista Julio Miranda, y reconoció haber extendido sendos poderes a Imperial Consolidated y a Al Kassar para que estos negociaran en Europa, mientras se comprometían a adelantarle una parte de los 4.000.000 de dólares que había depositado en Panamá. “No recibí nada del dinero. No lo puedo comentar pero alguien se quedó con algo de dinero”, deslizó Miguel Solanis sin querer revelar la identidad de los argentinos que actuaron de intermediarios.
La sociedad se rompió porque Solanis revocó los poderes a Al Kassar y a los británicos, aunque ahora parece estar medio arrepentido de aquello. “Yo pensaba que ellos no estaban cumpliendo conmigo y era al revés: el que no estaba cumpliendo era yo porque otra gente se quedó con la plata”, explicó el minero tucumano.


LA PIRUETA DE LEJTMAN
“¿Alguien puede creer que el ministro José Luis Manzano, con toda su perspicacia y conocimiento de las reglas de poder, de los mecanismos de las relaciones políticas y diplomáticas, de su experiencia parlamentaria y de toda la información que maneja, le pudo haber dado el pasaporte argentino a Monzer Al Kassar por casualidad o por error?”, decía Román Lejtman en Página 12. Hoy es el gerente periodístico de América TV, el canal de Manzano, Vila y De Narváez.
Moreau, de diputado implacable a dócil
Cuando estalló el escándalo
“Al Kassar-Pasaporte trucho”, Leopoldo Moreau era uno de los diputados que más cuestionaba la labor de José Luis Manzano. Hoy es el gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Uno, es decir, el que encabezan
Daniel Vila y Manzano.
Mendocinos implicados
Por Eduardo Ayassa*
Monzer Al Kassar logró una cédula de extranjería y la ciudadanía argentina “en tiempo récord”, en un Juzgado Federal de Mendoza. Había ingresado al país un 13 de enero de 1990 y un año después (31 de diciembre) pidió la ciudadanía. Dijo vivir en la avenida Del Libertador de la Capital Federal hasta el 8 de febrero de 1990, y más tarde en una modesta vivienda de la calle Severo del Castillo, en Los Corralitos, Guaymallén. En el Registro Civil del pueblo se casó con Raghda Habbal. Uno de los documentos llevaba la firma de Alfredo López Cuitiño (actual integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza), jefe, en aquel tiempo, del Registro Nacional de las Personas, cuando José Luis Manzano era Ministro del Interior.
La causa estuvo en manos de tres jueces. Gerardo Walter Rodríguez tomó el juramento de rigor y entregó las ciudadanías “en poco más de 30 días corridos”. Roberto Burad y Luis Leiva investigaron cada uno de los hechos denunciados. El primero recibió el testimonio, entre otros, de la cuñada del presidente y secretaria de Audiencias, Amira Yoma; del ministro del Interior, Julio Mera Figueroa; del capitán de navío Aurelio “Za Za” Martínez y de la modista Elsa Serrano. Leiva, por su parte, logró sentar en una silla de su despacho a Raghda Habbal (enfundada en un tapado de piel de chinchilla, pantalones azules, botas blancas, grandes anteojos oscuros, anillos de oro y diamante) y la procesó. Meses más tarde recibió la indagatoria del propio Monzer Al Kassar. Se depositó una fianza real de 100 mil pesos, aportada por  Diego Lavado y Carlos Varela Alvarez fueron sus abogados pareja. Las implicancias del caso fueron muchas: Gerardo Walter Rodríguez fue suspendido y sorteó un pedido de juicio político acusado por asociación ilícita, al ser vinculado con Abdón Adur, nexo entre los investigados, y Roberto Sastre, cuñado del ex ministro Rodolfo “Chango” Díaz y vecino de Chacras de Coria, quien después de asegurar ser “amigo de jueces y funcionarios” terminó en los calabozos.
*Periodista de Corresponsalía Sur
LA NUEVA CORTE SUPREMA DECIDE
La flamante Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si la causa “Al Kassar” es archivada o continúa abierta. A partir de un pedido extraordinario solicitado por los abogados del empresario sirio en una Cámara de Apelaciones porteña, existe la posibilidad de que se declare nulo todo lo actuado y que Monzer Al Kassar sea absuelto definitivamente del delito de “falsedad ideológica”.
El escrito presentado por los abogados Víctor Stinfale y Carlos Varela Alvarez tiene que ver precisamente con ese delito, ya que esa figura penal no existe en España desde 1995 –el sirio tiene residencia en Marbella–, por lo que quedaría invalidado el proceso de extradición desde la Argentina: Monzer podría ser juzgado aquí pero no en España.
La presentación se hizo en la Sala Uno de la Cámara Federal de Apelaciones y desde esa oficina, el 2 de julio pasado, se le corrió vista a la Corte Suprema para que allí se dirima si lo que solicitan los abogados es o no viable.
Si no lo es, el proceso seguirá su marcha –ya lleva doce años– y de algún modo Al Kassar deberá sentarse en el banquillo de los acusados; pero si la Corte falla a favor de lo que solicitan los letrados, al gordo expediente del sirio le cabría el archivo y con eso su sobreseimiento definitivo en el caso.
En la misma presentación, los abogados Stinfale y Varela Alvarez apelaron también al artículo 18 de la Constitución nacional, en el que se habla de “la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable de tiempo”, debido a que la falsedad ideológica tiene una pena máxima de seis años y el proceso está pronto a cumplir trece. En este caso, los letrados presentaron, a modo de antecedente, un caso similar en el que la Corte dejó sin efecto una causa que llevaba demasiado tiempo sin resolución.
Monzer Al Kassar es más famoso que el delito que se le endilga. Está acusado de falsedad ideológica: es decir, de mentir para acceder a la obtención de un documento de identidad (ver aparte). Y en Mendoza se tejió buena parte de esta trama cuando, a mediados de 1992, consiguió hacerse ciudadano argentino en el Registro Civil de Los Corralitos, donde contrajo nupcias. Previamente, el sirio había accedido en Buenos Aires a la carta de radicación.
Hacia fines del ’92 tramitó en Buenos Aires su DNI y pasaporte argentino, y lo logró con rapidez. Pero cuando solicitó la visa para viajar a Estados Unidos como ciudadano de estas pampas fue cuando estalló el escándalo. La embajada norteamericana le comunicó al entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, que Al Kassar figuraba como integrante de una peligrosa red árabe con tintes terroristas. Y que contaba con procesos en Italia, Alemania, España, Inglaterra y Francia.
En medio del escándalo, fue el entonces juez federal mendocino Walter Rodríguez –el mismo que le legalizó los papeles para ser argentino– quien denunció a Al Kassar de falsedad ideológica: el hombre le habría mentido acerca de que no tenía antecedentes para poder obtener la visa argentina y viajar a Estados Unidos, un país al que, en calidad de sirio, no podía ingresar. Más tarde fue el fiscal porteño Gustavo Hornos quien se sumó a la denuncia. La causa está en la secretaría 2 del Juzgado Federal 3. Allí espera que la Corte se decida.

Revista Veintitrés
ID nota: 10321
Numero edicion: 467 14/06/2007