Misteriosas reuniones en el lobby del Hilton

Un pedido de captura internacional, funcionarios iraníes prófugos, abogados defensores, marchas y contramarchas. Finalmente, una estrategia: forzar la renuncia de un fiscal y esperar la caída de la causa. En el lobby del hotel se suceden las reuniones: demasiados testigos. La trama se devela.

Por Walter Goobar
Le resultaba incomprensible. A Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA, le costó creer que su adjunto, Marcelo Martínez Burgos, mantuviera frecuentes reuniones con los intemediarios judiciales del gobierno iraní en el lobby del hotel Hilton de Puerto Madero.
 
Esta es la oscura trama de una fallida operación iraní que, con la participación de inescrupulosos abogados argentinos, pretendían hacer caer la causa AMIA. Captar la voluntad del fiscal adjunto de la causa,  Marcelo Martínez Burgos, y convertir su renuncia en una supuesta disidencia, era solamente la primera etapa de una escalada destinada a volver la investigación de la pista iraní a fojas cero.La operación mediático-judicial era también una operación comercial: entre honorarios profesionales y fondos para para fines dudosos, habría en danza unos seis millones de dólares. 
 
Pedido de captura.
 
El juez Rodolfo Canicoba Corral firmó el 9 de noviembre pasado las órdenes de captura contra nueve altos dirigentes de Irán, incluyendo un ex presidente, un ex ministro de Relaciones Exteriores, un ex ministro de Información, el que fuera embajador de Irán en la Argentina; el ex agregado cultural en Buenos Aires y un cuadro militar de Hezbolá, la organización libanesa proiraní a la que los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos le adjudican la autoría material del ataque. El magistrado ofreció a todos los dirigentes iraníes mencionados que se presentaran y que designaran abogados. Èstos no lo hicieron. Por eso, los declaró “rebeldes”. La representación del gobierno de Teherán en la Argentina, cuyo titular es el encargado de negocios Moshen Baharvand, diseñó distintos planes de acción como respuesta. Uno de ellos fue la selección y contratación de un equipo de abogados para defender a los funcionarios imputados por los fiscales y el juez. 
 
Buscando abogados.
 
En primer término, los representantes iraníes contactaron a Zenón Ceballos, un veterano jurista que fue operador judicial de Raúl Alfonsín y de Fernando De La Rúa. Ceballos también fue abogado de la Side, de Emir Yoma y socio “flotante” de Mariano Cúneo Libarona. En este caso, Ceballos derivó a los iraníes al estudio de otro de los defensores de De La Rúa: Gonzalo Díaz Cantón, quien encomendó el tema a su socio Ricardo Montemurro, y a Juan Martín Cerolini, que anteriormente habían actuado conjuntamente en la defensa del ex dueño de Dallas, Horacio Conzi. En el curriculum de Cerolini (ver recuadro) había dos puntos que atrajeron el interés de los irníes; Cerolini conocía el voluminoso expediente de la causa AMIA porque había defendido a los policías y porque tenía una amistad de más de veinte años con el fiscal adjunto Marcelo Martínez Burgos. Los iraníes se decidieron y le ofrecieron a los estudios Montemurro y Cerolini la defensa de los nueve prófugos. En el ambiente tribunalicio corrió la versión, hacia fines de noviembre del año pasado, de que se habían acordado honorarios por 6 millones de dólares por todo concepto. Pero la millonaria contratación quedó en la nada cuando Teherán ordenó no impulsar una defensa de los ex funcionarios implicados por el juez Canicoba Corral, porque eso implicaría reconocer la jurisdicción y aceptar la acusación. De todos modos - explicaron los abogados argentinos -, con los acusados iraníes profugos no había mucho que se pudiera haceren los estrados, pero se podía actuar por fuera del expediente. 
 
La estrategia de la embajada.
 
Pese a la orden de Teherán, la embajada en Buenos Aires no habría renunciado a operar en el frente judicial local. Sobre todo por la urgencia que planteaba una instancia internacional: la inminente votación en Interpol sobre la razonabilidad de la orden de captura emitida por Canicoba Corral. Al cierre de esta edición, Interpol avaló y elogió el pedido del Fiscal Nisman, con las excepciones de Hashemi Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati, cuyas capturas no puede pedir por razones estatutarias. Los abogados argentinos ofrecieron a los iraníes una alternativa intermedia: voltear la causa por etapas, haciendo estallar la fiscalía en un primer término. Ante los desconfiados iraníes, Cerolini y Montemurro se jactaron de que podían precipitar la renuncia de Marcelo Martínez Burgos, y presentarla ante la opinión pública como una prueba de las disidencias internas respecto a la acusación contra Irán que el propio Martínez Burgos ha firmado con Nisman y de la cual -hasta ahora- no se retracta. La idea era sencilla: Cerolini debía convencer al fiscal Martínez Burgos -con quien mantenía una relación de amistad y hasta familiar- para que diera un paso al costado en la investigación. Si uno de los fiscales daba a entender que se retiraba por una dudosa "fatiga mental", se produciría una eclosión tal dentro de la investigación que atentaría contra el resto de la causa y, por decantación, sobre la pista de los iraníes en la que tanto Martínez Burgos como Alberto Nisman trabajaron durante los últimos años. 
 
 
Las reuniones en el Hilton.
 
Una vez concretada la renuncia, se planeaba instalar la versión de que el verdadero motivo del alejamiento de Martínez Burgos no era el de "fatiga moral" sino un total desacuerdo sobre cómo se estaba manejando la investigación. Cerolini y Martínez Burgos comenzaron a reunirse con creciente frecuencia en el lobby del Hotel Hilton de Puerto Madero, donde varios testigos aseguran haberlos visto. Cerolini, que fue compañero de estudios de Martínez Burgos -incluso  compartieron un festival de Rock en Río de Janeiro-, se convirtió en una suerte de mediador entre el fiscal -quien debe investigar y juntar pruebas- y el acusado, en este caso Irán. Varias fuentes independientes le confirmaron a este cronista que existen escuchas telefónicas en las que Cerolini y Montemurro mantienen un diálogo con una persona de la Embajada de Irán y le dicen que ya tiene arreglado el apartamiento de Martínez Burgos del caso AMIA. 
 
 
Autodenuncia e incompatibilidades.
 
Martínez Burgos admitió ante familiares de las víctimas de la AMIA que mantenía reuniones periódicas (cada 20 días) con Cerolini en el lobby del Hilton, y se autodenunció ante el juzgado de Canicoba Corral, que ahora deberíá apartarlo preventivamente de la causa.
 
El caso tomaría ribetes de escándalo si aparecen las escuchas telefónicas en la que los operadores judiciales de los iraníes -Cerolini y Montemurro-, se jactan de tener al fiscal bajo control y delinean la estrtegia para presentar su renuncia como una fractura de la acusación contra sus clientes. Aunque las cintas son de dudoso valor probatorio -porque no fueron ordenadas por un juez y porque no sería la voz del propio Martínez Burgos la que aparece-, la imágen del fiscal adjunto quedaría seriamemte relacionada con negociaciones incompatibles con sus deberes de funcionario público y prevaricato. Por ese motivo, la agrupación Memoria Activa (MA) le pidió este martes al procurador Esteban Righi que designe dos fiscales para fortalecer la investigación del caso AMIA. Uno, para que reemplace a Martínez Burgos que, según MA, debe apartarse del expediente; el otro, para acelerar los tiempos de la pesquisa. 
 
 
RECUADRO
 
Quien es Juan Martín Cerolini
Experto en argucias y chicanas.
 
 
"Su delito es mi negocio" parece ser el lema del coqueto estudio de Puerto Madero que dirige Juan Martín Cerolini, el operador oficioso de los iraníes que aparentemente pretendió manipular la renuncia de su amigo, el fiscal adjunto de la causa AMIA, para embarrar la cancha.
En medios tribunalicios se define a Cerolini como un experto en argucias para invalidar causas, y su cartera de clientes parece una rueda de reconocimiento de presos: junto con Fernando Burlando, Cerolini fue el defensor de la banda de Los Horneros, condenados por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Cerolini y Burlando hicieron una defensa poco ortodoxa de los cuatro bandidos, a quienes hicieron autoincriminarse. En 2005, los abogados consiguieron que la banda quedara en libertad beneficiándose con el dos por uno.
Cerolini se desempeña tambien como defensor de uno de los personajes más nefastos de la dictadura: el sacerdote Christian Von Wernich, capellán del ejercito acusado de 33 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, y de 19 homicidios cometidos en distintos centros clandestinos de La Plata y del Gran Buenos Aires. En el juicio por el secuestro de Axel Blumberg, Cerolini defendió al ex jefe de la división Antisecuestros de la Policía Federal, Juan José Schettino, y al subcomisario Daniel Gravina, que resultaron absueltos. El Rafa Di Zeo y la barra brava de Boca también integran la selecta clientela de Cerolini, que fue el autor de un pedido de amparo contra el derecho de admisión que quiere instrumentar el Coprosede. El caso Conzi ilustra las técnicas judiciales de Cerolini: en la apelación contra la condena a reclusión perpetua del ex dueño de "Dallas", Hugo Conzi por el asesinato de Marcos Schenone, ocurrido en San Isidro, Cerolini argumenta que el asesino podría ser su hermano Horacio, y pide la inmediata anulación de la sentencia basándose en el beneficio de la duda.
 
 
 
RECUADRO 
 
Quien es Marcelo Martínez Burgos
De Saavedra al papelón.
 
Marcelo Martínez Burgos era un ambicioso fiscal de Saavedra cuando Alberto Nisman lo eligió como su adjunto para encabezar la fiscalía especial creada para pesquisar el atentado a la AMIA. Aunque no se conocían previamente, a Nisman le atrajo su experiencia como instructor. Burgos, por su parte, pensaba en el ofrecimiento como una oportunidad para hacer carrera, porque hasta entonces solo se había desempeñado en causas mucho menos complejas. Tuvo un buen desmpeño en el trágico accidente en el Paseo de la Infanta, cuando en 1996 una nena murió aplastada por una estatua. Aunque la causa fue cerrada sin culpables, el fiscal Martinez Burgos presentó un recurso para su reapertura y, tras su nombramiento en el caso AMIA, los padres de la víctima pidieron al Procurador que Martínez Burgos siguiera al frente de la causa. En abril de 2003, Lucila Yaconis, de 16 años, fue violada y asesinada junto a las vías del ex ferrocarril Mitre, a sólo 50 metros de su casa en Nuñez. Al cumplirse los tres años del asesinato, Isabel, la mamá de Lucila cargó contra Martinez Burgos; ", "El fiscal del caso (Martinez Burgos) no hace nada para encontrar al asesino de mi hija", afirmó la madre de la chica muerta. En agosto de 2006, Martinez Burgos actuó en el caso de la feroz pelea interna que se desató en la barra brava de River y que derivó en las agresiones contra los autos de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes millonarios.
Si bien Martínez Burgos suscribe en un todo el dictamen de 800 páginas en el que se fundamenta el pedido de captura de los nueve iraníes, una alta fuente de la Procuración confió a esta revista que a fines de 2006 Martínez Burgos sondeó al jefe de los fiscales, Esteban Righi, sobre la posibilidad de un traslado que significara un ascenso, argumentando razones familiares y personales. Righi habría desbaratado sus ilusiones de convertir a la fiscalía de la causa AMIA en un trampolín cuando le respondió: "Si te vas, volves al barrio; es decir, a Saavedra". En la reciente reunión de Interpol en Lyon, los delegados iraníes amenazaron a Nisman y a Martinez Burgos con dictar ordenes de captura en su contra. La presión iraní y los consejos de Cerolini precipitaron la decisión de Martínez Burgos de tirar la toalla. Ahora, Martínez Burgos afirma que las acusaciones en su contra se deben a una "maniobra" para perjudicar "el curso de la investigación" por el atentado perpetrado contra la mutual judía. 
 Revista 7 Días
01-03-2007