Trama de engaños, chantajes y amenazas

En marzo pasado 7 DÍAS reveló las extrañas conexiones entre el fiscal adjunto de la causa AMIA, Marcelo Martínez Burgos y el penalista Juan Martín Cerolini, a quien se mencionaba como posible defensor de los iraníes imputados en el atentado contra la mutual judía.

Por Walter Goobar
Una oscura trama de engaños, chantajes, amenazas y hasta presuntos sobornos para volver la investigación de la pista iraní en el atentado contra la AMIA a fojas cero, se ventila ahora en los tribunales de Comodoro Py. La galería de sospechosos incluye a un ex fiscal de la causa AMIA, acusado de negociar con la Embajada de Irán para desviar el curso de la investigación y un polémico abogado que iba a representar a los imputados iraníes pero terminó autoincriminándose y ahora se siente amenazado por sus clientes.
Investigador investigado
En marzo pasado 7 DÍAS reveló las extrañas conexiones entre el fiscal adjunto de la causa AMIA, Marcelo Martínez Burgos y el penalista Juan Martín Cerolini, a quien se mencionaba como posible defensor de los iraníes imputados en el atentado contra la mutual judía. Como resultado de aquel escándalo, el fiscal Martínez Burgos fue apartado de la causa y pasó de investigador a investigado. La causa incluye delitos tales como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Entre honorarios profesionales y fondos para fines dudosos, habría unos seis millones de dólares en danza. En una extraña maniobra en la que se autoincrimina, el penalista Juan Martín Cerolini presentó un escrito ante el juez Rodolfo Canicoba Corral en el que reconoce que por encargo del fiscal tuvo negociaciones con la Embajada de Irán, argumentando que Martínez Burgos temía por su vida. Según dice Cerolini, él consultó con representantes iraníes y éstos le dijeron que Martínez Burgos no debía preocuparse, que ellos no lo atacarían ni a él ni a nadie. Esa presentación de Cerolini llevó al juez Canicoba Corral a citar a Martínez Burgos y al propio Cerolini a una declaración indagatoria, bajo cargos de posibles negociaciones incompatibles con la función pública porque, si lo que dice Cerolini fuera cierto, Martínez Burgos violó sus obligaciones como fiscal al ponerse en contacto con los acusados.
Seis millones en danza.
Pero además del escrito de Cerolini, en la causa judicial figura una escucha ilegal realizada indudablemente por la SIDE. Se trata del diálogo entre dos abogados que pertenecerían al estudio de Cerolini, y uno le dice al otro: "Yo pedí seis millones (se supone que de dólares), por las dudas que se tenga que hacer alguna entrada". En la jerga judicial, entrada es un eufemismo para pagar una coima. El monto al que se hace referencia sería el mismo que el estudio de Cerolini y Montemurro le pidió a los iraníes para asumir la defensa de los diplomáticos sobre los que pesan ordenes de captura internacional. Además, en otro tramo de la conversación se dice "si la causa reventó una vez, puede reventar otra".
Pedidos de captura y estrategias
Como se sabe, el juez Rodolfo Canicoba Corral firmó el 9 de noviembre de 2006 las órdenes de captura contra altos dirigentes de Irán, incluyendo un ex presidente, un ex ministro de Relaciones Exteriores, un ex ministro de Información, el que fuera embajador de Irán en la Argentina, el ex agregado cultural en Buenos Aires y un cuadro militar de Hezbolá, la organización libanesa proiraní a la que los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos le adjudican la autoría material del ataque. El magistrado les ofreció que se presentaran y que designaran abogados. Ellos no lo hicieron. Por eso, los declaró rebeldes. La representación del gobierno de Teherán en la Argentina, cuyo titular es el encargado de negocios Moshen Baharvand, diseñó distintos planes de acción como respuesta. Uno de ellos fue la selección y contratación de un equipo de abogados para defender a los funcionarios imputados por los fiscales y el juez. Los iraníes se decidieron y le ofrecieron a los estudios Montemurro y Cerolini la defensa de los nueve prófugos. En el ambiente tribunalicio corrió la versión, hacia fines de noviembre del año pasado, de que se habían acordado honorarios por 6 millones de dólares por todo concepto. Pero la millonaria contratación quedó en la nada cuando Teherán ordenó no impulsar una defensa de los ex funcionarios implicados por el juez Canicoba Corral, porque eso implicaría reconocer la jurisdicción y aceptar la acusación. De todos modos - explicaron los abogados argentinos -, con los acusados iraníes profugos, no había mucho que se pudiera haceren los estrados, pero se podía actuar por fuera del expediente.
Voltear la causa.
Pese a la orden de Teherán. la embajada en Buenos Aires no habría renunciado a operar en el frente judicial local. Sobre todo por la urgencia que planteaba una instancia internacional: la votación en Interpol sobre la razonabilidad de la orden de captura emitida por Canicoba. Los abogados argentinos ofrecieron a los iraníes una alternativa intermedia: voltear la causa por etapas, haciendo estallar la fiscalía en un primer término. Ante los desconfiados iraníes, Cerolini y Montemurro se jactaron de que podían precipitar la renuncia de Marcelo Martínez Burgos y presentarla ante la opinión pública como una prueba de las disidencias internas respecto a la acusación contra Irán que el propio Martínez Burgos ha firmado con Nisman y de la cual -hasta ahora- no se retracta.
La idea era sencilla: Cerolini debía convencer al fiscal Martínez Burgos -con quien mantenía una relación de amistad y hasta familiar- para que diera un paso al costado en la investigación. Si uno de los fiscales daba a entender que se retiraba por una dudosa "fatiga mental" se produciría una eclosión tal dentro de la investigación que atentaría contra el resto de la causa, y por decantación sobre la pista de los iraníes, en la que tanto Martínez Burgos como Alberto Nisman trabajaron durante los últimos años. Una vez concretada la renuncia, se planeaba instalar la versión que el verdadero motivo del alejamiento de Martínez Burgos no era el de "fatiga moral" sino un total desacuerdo sobre cómo se estaba manejando la investigación. De esta manera, Cerolini se convirtió en una suerte de mediador entre el fiscal -quien debía investigar y juntar pruebas- y el acusado, en este caso Irán. Desde hacia varios meses, Martínez Burgos temía la ira de los iraníes.
“Si te vas, volvés al barrio”
Cuando el fiscal Alberto Nisman y su adjunto Martínez Burgos firmaron el pedido de captura de los iraníes y lo defendieron ante Interpol, la delegación de Teherán dijo que en su país está prohibido desacreditar a Irán y que, por lo tanto, le iniciarían una causa a ambos fiscales. Supuestamente, Martínez Burgos se asustó, temió por su vida y mantuvo una charla con Cerolini para pedirle que intercediera ante los iraníes.
Si bien Martínez Burgos suscribe en un todo el dictamen de 800 páginas en el que se fundamenta el pedido de captura de los nueve iraníes, una alta fuente de la Procuración confió a 7 DÍAS que a fines de 2006 Martínez Burgos sondeó al jefe de los fiscales, Esteban Righi, sobre la posibilidad de un traslado que significara un ascenso, argumentando razones familiares y personales. Righi habría desbaratado sus ilusiones de convertir a la fiscalía de la causa AMIA en un trampolín cuando le respondió: "Si te vas, volves al barrio, es decir a la fiscalía de Saavedra".
Manipular la renuncia.
Tras el corte de mangas de Righi, las conversaciones entre Cerolini y Martinez Burgos se redoblaron. La estrategia del Cerolini apuntaba a que el fiscal diera un paso al costado en la investigación y con eso comenzar una estrategia que tendiera a debilitar la pista iraní. Desde su coqueto estudio de Puerto Madero, el operador oficioso de los iraníes pretendió manipular la renuncia de su amigo, el fiscal Martínez Burgos para embarrar la causa AMIA.
Al gobierno de Irán el escándalo con Martínez Burgos no le viene mal, porque cuando Interpol se reúna en noviembre para resolver si convalida o no las capturas de los funcionarios iraníes , podrán decir que las órdenes provienen de dos fiscales, uno de los cuales está imputado en la justicia. El jueves 26 de abril pasado, Martínez Burgos se amparó en su condición de fiscal para no declarar y evitar de esta manera un eventual procesamiento que ha sido pedido por los Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA, que se han constituido en querellantes.
Ante los familiares, Martínez Burgos reconoció haber mantenido reuniones con Cerolini en la cafetería del Hilton de Puerto Madero. Una alta fuente del juzgado confirmó a 7 DÍAS que antes de pedir el desafuero del fiscal, el juez promoverá un incidente de inmunidad, para determinar si corresponde o no que el fiscal se ampare en sus fueros para no declarar. Un antecedente sobre este tema lo constituyen los casos de los fiscales Norberto Quantín y José María Campagnoli en el caso de la ocupación de la comisaría de la Boca por parte del piquetero Luis D´Elia.
Recién después de que se resuelva la situación de Martínez Burgos, el juez decidirá si solicita su desafuero a la Procuración General de la Nación. Pero ese trámite llevará un largo tiempo. El juez también tiene que resolver la situación del abogado Cerolini.
“Experto en argucias”
En medios tribunalicios se define a Cerolini como un experto en arguciaspara invalidar causas y su cartera de clientes -entre los que se cuentan el jefe de la barra brava de Boca, Rafael "Rafa" Di Zeo-, parece una rueda de reconocimiento de presos. Junto con Fernando Burlando, Cerolini fue el defensor de la banda de Los Horneros, condenados por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Cerolini y Burlando hicieron una defensa poco ortodoxa de los cuatro bandidos a quienes hicieron autoincriminarse, pero luego consiguieron que todos quedaran en libertad en 2005 en base a la ley del dos por uno. En esa oportunidad, ambos letrados fueron acusados de "arreglar" juicios, pero la Camara Federal los sobreseyó en dos de esas causas.
Cartera de clientes.
También se desempeña como defensor de uno de los personajes más nefastos de la dictadura: el sacerdote Christian Von Wernich, capellán del ejercito que está acusado de 33 casos de privación ilegal de la libertad y torturas y de 19 homicidios. Otro de sus defendidos es el destituido jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino, acusado de haber arreglado una licitación para la renovación del sistema informático en el Hospital Churruca que benefició a una empresa, cuyo titular es concuñado de Giacomino.
En el juicio por el secuestro de Axel Blumberg, Cerolini defendió al ex jefe de la división Antisecuestros de la Policía Federal Juan José Schettino y al subcomisario Daniel Gravina, que resultaron absueltos. El caso Conzi ilustra las técnicas judiciales de Cerolini. En la apelación contra la condena a reclusión perpetua del ex dueño de "Dallas", Hugo Conzi por lel asesinato de Marcos Schenone, ocurrido en San Isidro, Cerolini argumenta que el asesino podría ser su hermano Hugo y pide la inmediata anulación de la sentencia basándose en el beneficio de la duda. La autoincriminación como técnica para invalidar un proceso parece ser una constante en la carrera del penalista.
Temor y silencio.
Cerolini no respondió a los pedidos de entrevista de 7 DÍAS, pero colegas y allegados al estudio confirmaron a esta revista que ahora es Cerolini quien teme una represalia por parte de sus clientes iraníes. Cerolini sabe que los iraníes suelen ser implacables si se sienten traicionados o burlados en su buena fé. Su preocupación se disparó porque desde hace aproximadamente 20 días el encargado de negocios Moshen Baharvand no le atiende el teléfono. El abogado estaría evaluando la posibilidad de salir del país por un par de meses hasta que el juez Canicoba defina su situación procesal y se calme el ánimo de sus clientes.
Revista 7 Días
03-05-2007