Pasaran, pasaran, pero uno zafara

A once años del atentado, hay funcionarios investigados, un juez a punto de ser destituido y hasta el Estado argentino reconoció su responsabilidad en el caso. Pero el ex ministro del Interior de Menem sigue sin aparecer involucrado. Cuál fue su participación y por qué no se lo toca.

Por Walter Goobar
El juicio por la voladura de la AMIA concluyó con la liberación de todos los implicados y la orden de que se investigue a otros nuevos denunciados: Hugo Anzorreguy –quien ya pasó por Tribunales y se negó a declarar–, Carlos Corach, el juez federal Juan José Galeano –al cierre de esta edición, a punto de ser destituido–, y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Sin embargo, a los muchos misterios y encubrimientos se agrega uno más: ¿cómo zafó Carlos Federico Ruckauf que –como ministro del Interior al momento del atentado y como canciller más tarde– tuvo tanta o más responsabilidad directa que otros involucrados?
Quizás el origen duhaldista y ruckaufista del presidente del Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere, pueda explicar en parte las razones por las que Carlos Federico Ruckauf ha salido indemne en el juicio por el brutal atentado.
El día que voló la AMIA, el 18 de julio de 1994, el entonces ministro del Interior Carlos Ruckauf, responsable de la seguridad interior que había ignorado todas las advertencias previas sobre un posible atentado, estaba de visita en Nueva York. En lugar de volver inmediatamente a la Argentina, donde su carrera política podía quedar sepultada bajo los escombros, Ruckauf tuvo suficiente reflejo político para intentar tranquilizar a la comunidad judía de neoyorquina asegurando que “las instituciones judías de la Argentina están bien protegidas. La prueba de ello –dijo Ruckauf– es que las dos primeras víctimas fueron de la Policía Federal”, que estaba bajo su responsabilidad. Poco después se demostró que esto no era cierto: los dos policías se habían retirado de sus posiciones instantes antes del estallido, alimentando las sospechas sobre la existencia de una zona liberada.
Al igual que sus predecesores, Ruckauf negociaba con el titular de la Federal, comisario Jorge Passero, asunto por asunto. Cinco meses antes del atentado, en febrero de 1994, la PFA que dependía de Ruckauf le propuso a la AMIA y a la DAIA levantar la custodia policial permanente que se había establecido desde el atentado contra la embajada, pero los dirigentes judíos respondieron que aún no estaban dadas las condiciones para prescindir de ella. Después del atentado, Ruckauf dijo que Passero y su segundo, Beltrán Varela, habían tenido que renunciar por “consideraciones de Estado”.
El general Martín Balza reveló hace unos años que el Ejército tenía preparado un grupo de rescate a las pocas horas de cometerse el atentado, pero Ruckauf desestimó su uso. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si este grupo hubiera actuado?
Bajo la conducción de Ruckauf se inició la escandalosa investigación policial encargada al entonces Departamento de Protección del Orden Constitucional, DPOC. Los jefes del DPOC fueron procesados por ocultamiento y destrucción sistemática de pruebas. También se dejó libres, gracias a gestiones de Ruckauf, a Nassib Hadad y su hijo Javier, titulares de la empresa Santa Rita, dueña del camión que descargó el volquete en la puerta de la mutual judía poco antes de la explosión.
El 10 de agosto de 1999, en plena campaña electoral para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ruckauf declaró a Radio Continental: “Yo sé quiénes son los responsables. No lo puedo decir porque es un problema de Estado, es un problema de política exterior. Pero tengo claro que hay una potencia extranjera comprometida en este crimen”. Más tarde dejó trascender que Menem le había ordenado que se callara. Días después, Memoria Activa y APEMIA lo denunciaron por encubrimiento, pero la causa ha entrado en una vía muerta.
La Cámara Federal revocó un sobreseimiento de Ruckauf dictado por el juez Jorge Ballesteros en esta causa. El fallo de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi ordenó que continúe la investigación contra el entonces canciller del gobierno duhaldista y el conocimiento que pudo haber tenido sobre el atentado.
En agosto de 2003, al declarar como testigo en el juicio oral por el ataque, Ruckauf dijo que nunca supo sobre la investigación del atentado, pese a que como ministro del Interior tenía bajo su órbita a la Policía Federal, que tenía personal investigando exclusivamente el atentado. Sin embargo, aseguró que Menem nunca lo hizo participar de sus reuniones con el brigadier Andrés Antonietti, titular de la Secretaría de Seguridad, y Hugo Anzorreguy, titular de la SIDE.
Al declarar testimonialmente indicó que “es mi convicción que el atentado contra la sede de la AMIA es consecuencia de la guerra que el Estado de Israel mantiene con sus vecinos. También que hubo responsabilidad de sectores del entonces gobierno de la República de Irán. Que por tal motivo el gobierno de la República Argentina redujo al mínimo su relación diplomática con ese país”.
Por su parte, Laura Ginsberg, de APEMIA, insiste en que hay que levantar los secretos y las razones de Estado que han sido permanentemente utilizados por los ex funcionarios para justificar sus negligencias, malos desempeños y complicidades.
El origen duhaldista y ruckaufista del presidente del tribunal oral que liberó a los policías y al reducidor de autos Carlos Telleldín explica por qué Carlos Ruckauf ha salido indemne de esta causa de la misma manera que otros funcionarios del menemismo: el juez Guillermo Gordo fue uno de los miembros fundantes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde se inició trabajando en un juzgado de menores, a principios de los ’70. En su juventud Gordo hizo buenas migas procesales con un fiscal penal que luego llegó a ser ministro de Carlos Ruckauf: Jorge Casanovas, el hombre que tradujo el “meter bala” del entonces gobernador en leyes y penas más duras. Casanovas es diputado, además de integrante del Consejo de la Magistratura que juzga, entre otros casos, a Juan José Galeano y sus actuaciones en la causa AMIA.
Lo concreto es que a o nce años del terrible atentado y cuando el gobierno argentino acaba de reconocer la responsabilidad del Estado en el caso AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ministro del Interior de entonces sigue sin estar vinculado al hecho.

Tres actos
Tres actos se harán en reclamo del esclarecimiento del atentado y en memoria de las víctimas. Tres actos que marcan las divisiones y acusaciones cruzadas que viven tanto las organizaciones de la comunidad como los familiares de los muertos en la voladura de la AMIA. Con la presencia del presidente Néstor Kirchner, el acto oficial organizado por la dirección de AMIA y DAIA tendrá lugar el lunes 18 a las 9.30 –como siempre, a la hora del atentado– en la calle Pasteur. Pero Memoria Activa ya anunció su ausencia y hará otro acto, el domingo a las 17 frente al Palacio de Tribunales. Diana Malamud explicó a Veintitrés que “Memoria Activa no adhiere al acto convocado por esta dirigencia que fue cómplice en el encubrimiento y que inclusive salió en defensa del juez Galeano”. Esta no es la única división. APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) hará un tercer acto el mismo lunes y también en Pasteur, pero a las 18.30. La entidad, a la que pertenece Laura Ginsberg, sostiene que “siguen la impunidad y el enKubrimiento (sic)”, descree de las intenciones del gobierno de esclarecer el caso y pide una comisión investigadora independiente de los tres poderes del Estado.
Revista Veintitrés
Numero edicion: 366 15/07/2005