Divina tentación

Cómo será la avanzada del Gobierno sobre “los últimos intocables” de Comodoro Py. La resistencia que preparan los jueces y las 43 causas abiertas contra el Gabinete K. Además, una perlita: los halagos a Galeano que Cristina prefiere olvidar.

Por Romina Manguel y Walter Goobar
Sabés por qué este gobierno no controla el fuero? Porque los jueces no le debemos el cargo como a Menem, ya tenemos plata y estamos grandes. No nos pueden apretar: es una paradoja pero hoy la Justicia federal es más independiente que nunca.”
La frase, en boca de uno de los integrantes del fuero más cuestionado de la Justicia argentina, suena a desafío. Sobre todo porque fue dicha mientras el Gobierno insiste en no aceptarle la renuncia a Juan José Galeano, exponiéndolo a un juicio político que muchos catalogan de escarnio público o lapidación, sin entrar a juzgar las irregularidades que parece haber cometido en la investigación de la voladura de la AMIA.
El de Galeano es un caso testigo. Por un lado, el Gobierno (siguiendo los lineamientos del fallo del tribunal oral que devolvió a fojas cero la causa AMIA) pretende darle un escarmiento al juez, pero también al fuero judicial más ingobernable y menemista. En el veredicto, el tribunal atacó a Galeano, claro, pero también a algunos de sus colegas: Claudio Bonadío, Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo. Es inocultable el interés del Ejecutivo por encarcelar a Galeano, algo que eventualmente deberían concretar sus propios colegas: “Nuestra intención es clara: vamos por Galeano. Pero también por aquellos que pretendan defenderlo. Es la cabeza de uno o la de todos, que mal no nos vendría”, le confesó a Veintitrés un secretario de Estado que dialoga frecuentemente con el ministro de Justicia, Horacio Rosatti.
Esta decisión gubernamental, que no es desconocida en Comodoro Py, está poniendo a prueba el espíritu de cuerpo que caracterizó a los magistrados de Retiro durante la última década. Ellos saben que el caso Galeano no es solamente una embestida política más del Gobierno que cuando estaba Gustavo Beliz pretendió disolverlos: es imposible ignorar que gran parte de la sociedad reclama el alejamiento del juez del tema AMIA. Pero los jueces también saben que si lo entregan sin luchar, es decir, sin oponerse todo lo que haga falta para fastidiar los planes del Ejecutivo, cualquiera de ellos podría ser el próximo en la lista: “Todo gobierno está preocupado por los jueces. El de Kirchner no es la excepción. ¿Qué gobernante no quiso una Justicia adicta?”, mascullan por lo bajo. Esto último es negado por los funcionarios K. Ellos hablan, simplemente, de renovación: “Hace falta una bocanada de oxígeno. Así no se puede seguir. Esta es la gente que garantizó la impunidad de la última década. Galeano estuvo cuatro años sin mover una sola foja de la causa que después, cuando llegó al juicio oral, llevó a la cárcel a María Julia... No es sólo el tema AMIA”.
Los acusados saben de las críticas. Pero son expertos en supervivencia. Cuando se les pregunta cómo piensan oponerse a los deseos de depuración del oficialismo hablan de “las 44”. Así llaman a la cantidad de expedientes judiciales que, en apenas un año y medio de gestión, se abrieron en distintos juzgados del fuero contra los ministros kirchneristas.
Allí es donde el Gobierno desespera: no tiene un operador como Carlos Vladimiro Corach o los hermanos Anzorreguy (ni Alberto Fernández ni el procurador general Esteban Righi lograron aceitar los vínculos), algunos jueces y camaristas ni siquiera responden los llamados y, por si fuera poco, los intentos “belicistas” por licuarlos en la Justicia de instrucción ordinaria (el ya finito proyecto de “unificación de fueros”) fracasaron y los fortalecieron.
A esta situación se suma la sonada renuncia de Galeano. Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y Jorge Urso se encolumnarían detrás de su colega. No lo quieren dejar solo.
Jorge “Pati” Ballestero y María Romilda Servini de Cubría se mantienen al margen de las internas. Sergio Torres y Norberto Oyarbide no influyen en las decisiones que toma el resto de los federales.
¿Por qué tanta preocupación en el Gobierno? La respuesta para este y todos los gobiernos es la misma: el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación. La Justicia federal tiene competencia para juzgar a sus funcionarios. Por eso un fuero adicto parecería ser el sueño de todo Poder Ejecutivo.
Si Menem lo hizo, ¿por qué no K? Otra de las opciones para “transparentar” el fuero, o sacarse de encima a los jueces rebeldes y ocupar los 12 juzgados con nombramientos propios, era el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Pero muchos consideraron la idea como una bomba de tiempo: con su fuerte impronta menemista, el Consejo sería un refugio para los jueces designados bajo la gestión Menem-Corach-Anzorreguy. Y, por sobre todo, durante el tiempo que durase el eventual proceso, los jueces seguirían en sus cargos con un alta capacidad de daño que les permitiría, por ejemplo, activar muchas de las 44 causas que hoy están dormidas: un riesgo que nadie quiere correr.
Es un secreto a voces que Comodoro Py festeja todavía la pulseada que le ganaron a Beliz y Quantín: “Es cierto eso que dicen: lo que no te mata te hace más fuerte”, asegura divertido uno de los federales en los pasillos del edificio. De la servilleta a los intocables, en Tribunales bajo la era K nace un nuevo mito.

REHENES. Hasta la llegada de Kirchner al poder, los enemigos del fuero federal (y alguno de los jueces) decían que cada juzgado tenía su propia causa mediática, en consonancia con los humores de la opinión pública, lo bastante contundente como para blanquear los cuestionamientos a quienes la instruyen.
Pero en el último año y medio surgieron las “causas-rehén”, esas que los jueces no archivan ni desestiman y que pueden reactivar en cualquier momento y que al día de hoy funcionan como un arma contra los que quieran deshacerse de alguno de ellos. Son las investigaciones contra funcionarios públicos de la era K, que a un año y medio de gestión baten un triste récord: considerablemente más que durante la gestión de Menem, que acumuló 8 el primer año, y que Fernando de la Rúa, con una veintena. Con la acumulación de causas que interesan o preocupan al Gobierno porque involucran a ministros o allegados al poder, los jueces federales se han convertido en los últimos intocables de la era K. Ni la Corte, ni el Ejército, ni la Policía Federal, ni el ex procurador Nicolás Becerra, ni Franco Macri en el Correo pudieron resistir las embestidas oficiales. Pero los jueces parecen haber desarrollado anticuerpos que los tornan invulnerables.
A 16 meses de haber asumido, el Gobierno decidió cubrir finalmente las cuatro plazas que permanecían vacantes entre los jueces y una de la Cámara. Pero más allá de la llegada de los nuevos federales (ver recuadro), lo cierto es que en los despachos de Galeano, Bonadío, Ballestero, Urso, Servini de Cubría, Oyarbide y Canicoba Corral se concentra gran parte de la preocupación de Néstor Kirchner.

QUIÉN TIENE QUÉ. “La cabeza de Galeano tenía un precio... hasta que le llegó la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner”, dice con conocimiento de causa uno de sus colegas, recordando que Galeano era ni más ni menos que el encargado de investigar el patrimonio del Presidente. Días antes de presentar la renuncia, Galeano le pidió a la AFIP las declaraciones juradas de Kirchner y su esposa desde 1983 –año en que Kirchner ocupó su primer cargo público– hasta la actualidad. Y después de la embestida les comentó convencido a sus íntimos que la renuncia sería aceptada por el Ejecutivo.
Sobre la mesa de su despacho en el cuarto piso de Comodoro Py, Jorge Urso tiene su propio reaseguro: la denuncia por los fondos santacruceños que Kirchner sacó del país cuando era gobernador de la provincia. Y la causa por el copamiento de la comisaría 24 de La Boca. Sensible para el Gobierno porque involucra –entre otros– al líder piquetero Luis D’Elía, al ex secretario de Seguridad Norberto Quantín y al subsecretario José María Campagnoli. Y un grupo de causas en las que se investiga a Julio De Vido, uno de los hombres claves de K.
El ex secretario legal y técnico de Carlos Corach, Claudio Bonadío, pasó de la servilleta a ser comparado con el juez español Baltasar Garzón por haber declarado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y, como si estuviesen repartidas, también han llegado a sus manos causas que el Gobierno califica por lo menos de preocupantes: las irregularidades en la causa AMIA –es el encargado de investigar al juez Galeano– y una denuncia que involucra al vicepresidente Daniel Scioli en una causa por desvío de ATN.
Rodolfo Canicoba Corral acumula gran parte de las causas más trascendentes: sobornos en el Senado, conexión internacional de AMIA, desapariciones en el área del Primer Cuerpo de Ejército, entre otras. Su nombre, junto con el de Bonadío y el de Urso, suena fuerte a la hora de mencionar a los duros dispuestos a desafiar al Gobierno.
Jorge Ballestero investiga al lobbista y embajador en España Carlos Bettini en su paso por el directorio de ARSA. Y por la existencia de una caja negra a través de la cual los directivos españoles habrían girado al exterior y en negro fuertes sumas de dinero para aportes en favor del Partido Socialista Obrero Español. Entre funcionarios y causas propias, Kirchner se mantiene especialmente alerta a los movimientos que puedan surgir desde el despacho de María Romilda Servini de Cubría en la causa por los fondos de campaña y su relación con los fondos reservados. Tanto Servini como Ballestero estarían más cerca del Gobierno que de sus colegas.
Sergio Torres es el único de los federales nombrado bajo la administración de Fernando de la Rúa. Por eso tal vez no termina de encajar en la corporación de Comodoro Py y su bajo perfil hace que sus colegas se refieran a él como “el mudito”. Así, sin decir una sola palabra, investiga la denuncia del abogado Alejandro Pérez Carrega para establecer si Beliz, en su estridente renuncia, violó un secreto de Estado al mostrar por televisión la foto del jefe operativo de la SIDE, Jaime Stiusso.

¿MÁS DE LO MISMO? Un viejo dicho señala que hay seis cosas de las que todos los que llegan al poder se enamoran: la agencia Télam, el Canal 7, los fondos reservados, el Tango 01, la SIDE y los jueces federales. Todo indica que Kirchner también se dejó seducir. Desde Carlos Saúl Menem, ningún otro presidente tuvo la oportunidad que hoy tiene K de colocar tantos hombres en el fuero federal (elegidos por el Ejecutivo a partir de las ternas que surgieron en cuestionados concursos). Son cinco: las vacantes de los juzgados 3, 4, 7 y 10 y el cargo en la Cámara que ocupaba la fallecida Luisa Riva Aramayo. Y se suma la que dejaría vacante Galeano en las próximas horas con su alejamiento. Es decir que un tercio del fuero estaría siendo nombrado por el Gobierno. Se sabe: eso genera en los nombrados muchas ganas de devolver gentilezas, aunque no todos lo hagan.
La Justicia federal sufrirá con K una transformación sólo comparable con la que ejecutó el primer menemismo, allá por el ’94. Por aquel tiempo, los jueces eran seis. Pero el escándalo del Yomagate fue la génesis de la idea de la ampliación del fuero: se necesitaban hombres de confianza, sobre todo, cuando la Justicia maneja temas tan sensibles como el procesamiento de la cuñada del Presidente por narcolavado. Con una buena excusa (la amenaza de colapso del fuero luego de que las causas por drogas se transfirieron de instrucción a federal), un proyecto ambicioso (la implementación de los juicios orales) y un ministro de Justicia, León Arslanian, convencido de que encaraba una profunda reforma, Menem motorizó una fabulosa maniobra judicial. Uno a uno fue desplazando a los antiguos jueces y colocando a los sugeridos por Corach y su vecina del Country Highland, Riva Aramayo, o Hugo Anzorreguy. Nacía el mito de los jueces de la servilleta. Cuando Arslanian renunció al grito de “a estos esperpentos no los nombro”, ya era tarde. Menem cooptó el fuero. De seis jueces pasaron a doce.
Ahora le llegó el turno a K.
Los últimos intocables parecen tener las horas contadas.




El ranking de ex intocables

*Corte menemista
*Jefe de fiscales
*Macri en el Correo
*El Ejército
*La Policía Federal
*Y la Bonaerense

 

Las 43 causas contra  Kirchner y sus ministros

Rafael Bielsa
Canciller
2 causas
Acusaciones: supuestos apremios, estafa, falso testimonio y asociación ilícita; revelación de secretos.
Jueces a cargo: Canicoba Corral, Ballestero.

Julio De Vido
Ministro de Planificación
6 causas
Acusaciones: presunto cohecho, sobreprecios, contratación directa e incumplimiento de asignaciones presupuestarias; nombramientos ilegales; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Jueces a cargo: Urso, Galeano, C. Corral.

Alberto Fernández
Jefe de Gabinete
4 causas
Acusaciones: presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; malversación de caudales públicos, estafas y otras defraudaciones; violación de secretos, revelación de secretos políticos y militares.
Jueces a cargo: Ballestero, Urso, S. de Cubría.

Aníbal Fernández
Ministro del Interior
3 causas
Acusaciones: presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público; encubrimiento; delito contra la libertad individual.
Jueces a cargo: Bonadío, Ballestero, Servini de Cubría.

Ginonzáz García
Ministro de Salud
2 causas
Acusaciones: supuesto cohecho; tráfico de mercadería peligrosa para la salud, envenenamiento culposo de medicamentos.
Juez a cargo: Urso.

Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
1 causa
Acusaciones: supuesta asociación ilícita, estafa, defraudación.
Juez a cargo: Ballestero.

Néstor Kirchner
Presidente de la Nación
19 causas
Acusaciones: supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; delito de acción pública; privación ilegítima de la libertad; apología del crimen, defraudación y malversación; extorsión; traición; enriquecimiento ilícito.
Jueces a cargo: Canicoba Corral, Galeano, Oyarbide, Urso, Servini de Cubría, Torres.

Roberto Lavagna
Ministro de Economía
4 causas
Acusaciones: supuesta usurpación de autoridad, títulos y honores; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; estafas y otras defraudaciones; malversación de caudales públicos.
Jueces a cargo: Torres, Servini de Cubría, Urso.

Josémpuro
Ministro de Defensa
1 causa
Acusaciones: supuesto cohecho, nombramientos ilegales, concusión.
Juez a cargo: Ballestero.

Carlos Tomada
Ministro de Trabajo
1 causa
Acusaciones: supuesto
atentado y resistencia a
la autoridad.
Juez a cargo: Torres.



peligrosa connivencia

Por Marcela Rodríguez*

No fueron días comunes los que vivió el sistema institucional y jurídico argentino durante el último mes. El tribunal oral denunció al juez Galeano, en cuyo juicio político venimos trabajando junto a Beinusz Szmukler en silencio desde que impulsamos la instrucción en el Consejo de la Magistratura a fines del año pasado.
Al mismo tiempo, pidió investigar desde Carlos Corach hasta algunos miembros de la Comisión Bicameral. Y denunció a los fiscales Mullen y Barbaccia: recientemente el Consejo de la Magistratura decidió incluir en una terna como candidato a juez federal a Barbaccia. Sólo tres consejeros impugnamos su candidatura por las irregularidades en el caso AMIA.
El caso AMIA es un ejemplo paradigmático de las graves consecuencias que acarrea la connivencia entre la Justicia federal y el poder político de turno. Es ilustrativa la afirmación del tribunal oral respecto de que Galeano “construyó” una hipótesis incriminatoria para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”, y se apartó de la búsqueda de la verdad real con la colaboración de distintos organismos de los tres poderes del Estado que le otorgaron sostén político o encubrieron su “actuación irregular o ilegal”. Si el Ejecutivo le acepta la renuncia, estaría obstaculizando caminos institucionales para la remoción de magistrados. Si no, si se llega a la destitución a través del juicio político, el de Galeano será un caso testigo.

*Diputada Nacional ARI e integrante de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura

 

Por arriba de la Corte
Por Ricardo Monner Sans

Cada vez que se habla de jueces federales, se está diciendo “Comodoro Py”, aunque haya otros jueces federales porque allí se investigan –por lo menos así debería ser– los delitos que se vinculan con el funcionariado público. Es decir, con el poder. La influencia del Poder Ejecutivo sobre los jueces federales penales es anterior a la interpretación de la servilleta atribuida a Carlos Vladimiro Corach.
Que el menemismo haya implicado el mayor grotesco institucional no debe hacernos incurrir en injusticias: antes y después los jueces federales penales han sido un apreciable bocado para el apetito presidencial de turno, cualquier fuera su signo político.
Los jueces federales penales son los que tienen la posibilidad de juzgar a los otros y a ellos mismos. Por lo tanto, son los que tienen mayor vidriera. La realidad de la Argentina los muestra por arriba de la propia Corte. Los códigos, el Penal, el de Procedimientos, fueron pensados para el de a pie y no para el que anda a caballo.
El que anda a caballo cree ser un intocable y así se conduce por la vida. Mi sospecha es que afianzar la justicia es mucho más que repensar institucionalmente el Poder Judicial. Esto no admite “solución propia”: democratizar el país en serio es modificar la distribución del ingreso nacional, acabar con las delegaciones legislativas y con los decretos de necesidad y urgencia, entre otras muchas cosas. Parece que será tarea de los de a pie, porque los de a caballo están demasiado ocupados en perpetuar sus privilegios.


los jueces K

La Casa Rosada ya recibió la propuesta del Ministerio de Justicia sobre quiénes deberían convertirse en jueces federales de la Capital Federal. Se trata de los fiscales federales Eduardo Freiler y Guillermo Montenegro, el fiscal adjunto de la Procuración General de la Nación, Daniel Rafecas, y el secretario de la Cámara Federal Julián Ercolini. Freiler ocuparía el juzgado 3, Rafecas el 4, Montenegro el 7 y Ercolini el 10.
Freiler fue el fiscal que pidió que se investigue al ex presidente Carlos Menem por la pista de aterrizaje en Anillaco. También quedó a cargo de dos de las investigaciones más resonantes de los últimos años: las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y por las presuntas coimas en el Senado pagadas para destrabar la sanción de la reforma laboral. Freiler se excusó de investigar la denuncia sobre los fondos santacruceños en el exterior y ahora tendría que excusarse en estas dos últimas causas. Tiene afinidad con Cristina, a través de Estela Carlotto. Guillermo Montenegro es un amante del bajo perfil. Investigó, entre otros, al ex interventor del PAMI Víctor Alderete, al ex ministro de Defensa Jorge Domínguez, y al banquero Raúl Moneta por la caída del Banco República, causa por la que viajó a Estados Unidos para obtener información sobre lavado de dinero. Rafecas es profesor adjunto de la cátedra de Teoría del Delito en la UBA.

 Y LA ARREMETIDA OFICIAL PARA CONQUISTAR EL FUERO FEDERAL
Revista Veintitrés
Numero edicion: 323 16/09/2004