La acusación de Claudio Lifschitz, ex prosecretario de la causa AMIA. El hombre de la foto va a declarar la semana próxima en el Congreso. Su testimonio revela, una vez más, las irregularidades cometidas por la SIDE y por Galeano en la investigación. “La SIDE sabía que iba a haber un atentado y se le escapó”, arriesga Lifschitz.
Por Walter Goobar
Fue oficial de inteligencia, especializado en narcotráfico, trabajó dos años en la investigación del caso AMIA y se desempeñó como prosecretario en el juzgado. Sin embargo, el abogado Claudio Lifschitz se ha convertido hoy en acusador de su ex jefe, el juez federal Juan José Galeano, y su colega el juez Alberto Santamarina. Lifschitz va mas lejos aún: afirma que la SIDE sabía sobre la preparación del atentado y tal vez hasta alentó su planificación para sacar el rédito político que hubiera significado la desarticulación de las células terroristas. Pero algo salió mal y el atentado se le fue de las manos. Eso explica –según Lifschitz– por qué se han empeñado tantos esfuerzos desde los más altos niveles del poder político en encubrir la trama de la masacre que cobró la vida de 86 personas. Lifschitz, que trabajó en el juzgado de Galeano entre mayo de 1995 y octubre de 1997, está escribiendo un libro sobre el tema y el próximo martes deberá presentarse a testimoniar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados. Cuando se le pregunta por qué tardó tanto en hacer públicas estas denuncias, aduce que “sólo un demente se hubiera atrevido a formular estas denuncias antes del cambio de autoridades”.
“Fui contratado a pedido del juez Galeano en mayo de 1995. En aquel momento no había ningún tipo de análisis de las escuchas que se hacían: venían totalmente desorganizadas, no había cuadro de contactos, no se rastreaban los números a los que los sospechosos llamaban. Esto es el ABC en cualquier investigación”, dice Claudio Lifschitz. “Cuando pido ver el material secuestrado, descubro que las agendas de Carlos Telleldín y del comerciante sirio-libanés Alberto Kanoore Edul –que llamó a la casa de Carlos Telleldín una semana antes del atentado– no habían sido sometidas a ningún análisis por parte de ningún organismo de seguridad. En la agenda de Alberto Kanoore Edul encontré los números del agregado cultural iraní Moshen Rabbani, el teléfono de un policía bonaerense convertido al Islam y los números de trece talleres mecánicos. Esto no coincidía mucho con el perfil de un comerciante textil. Si en ese momento se hubiera dispuesto de toda esa información que se tenía –pero que no estaba procesada– se lo podría haber interrogado de otra manera.”
–¿Hubo algún personaje importante que intercedió para que no se investigara a Kanoore Edul?
–Sí, Munir Menem, el hermano del presidente de la Nación. A partir de allí comienzo a advertir de que todo lo que estaba mal hecho en la causa no era por impericia o negligencia. De pronto, la SIDE había mostrado un exceso de pericia consiguiendo fotografiar al clérigo Moshen Rabbani mientras averiguaba los precios de camionetas Trafic en la avenida Juan B. Justo –antes del atentado–, pero demostraba ser muy torpe después del atentado. Esto me hizo presuponer que no se trataba de torpeza sino que había una decisión en no colaborar con la causa.
–En ese contexto, usted descubre la existencia de una causa sobre células fundamentalistas dormidas que era previa al atentado contra la AMIA.
–Sí, me enteré que había una causa que se llamaba “células dormidas” que investigaba a sospechosos iraníes, pero nada de esto figuraba todavía en la causa AMIA. Más adelante, me entero que el 4 abril de 1994, es decir tres meses antes del atentado, el juez Alberto Santamarina había firmado un permiso de salida del país para una persona que había sido detenida el 4 de abril en Ezeiza con un pasaporte falso a nombre de “Scott Gregory Hall” provisto por un grupo de funcionarios de Migraciones que se dedicaban a blanquear iraníes en la Argentina desde la época del atentado contra la Embajada de Israel.
–¿Quiénes eran esos funcionarios de Migraciones?
–Horacio Moreno y René Navarre.
–¿Qué pasó con el falso Scott Gregory Hall?
–El portador del documento falso resultó ser el iraní Khalil Ghatea, quien intentó abandonar el país una semana después del atentado a la AMIA. En ese momento, un oficial de Migraciones contravino la orden de Santamarina y no lo dejó salir. Después de hablar con Galeano y con dos personas de contrainteligencia me presento en el juzgado de Santamarina y descubro que Khalil Ghatea aparece en una causa caratulada “Delitos contra la seguridad de la Nación” abierta recién en septiembre del ’97. Las fechas no cerraban y así me entero que el juez Santamarina tenía dos causas en trámite y le había girado fotocopias a Galeano, que dice no haberlas recibido nunca. O Galeano o Santamarina mienten porque el tema no fue incorporado a la causa AMIA.
–¿Concretamente, de qué acusa usted al juez Santamarina?
–De encubrimiento.
–¿Y de qué acusa usted a Galeano?
–Incumplimiento de los deberes de funcionario público, y encubrimiento si se probara que tenía pleno conocimiento de este tema que no fue agregado a la causa.
–¿Qué papel jugó la SIDE en la investigación?
–Lo que está probado es que hubo encubrimiento porque conocían todas las causas y no volcaban a la causa AMIA lo que deberían volcar. La persona que dejó la camioneta Trafic utilizada en el atentado en el estacionamiento Jet Parking dejó como dirección el Hotel de las Américas. A mí me llamó la atención que dejara la dirección de un hotel y por ese motivo se le pidió a la SIDE que indague en la conexión que pudo tener con el atentado algún pasajero del hotel. Contrainteligencia de la SIDE contestó con un informe de tres líneas diciendo que la investigación fue negativa. Decidí ir a hablar con el gerente del hotel y así descubrí que el día antes del atentado se había hospedado un iraní, Mortezayan Rohollah, con pasaporte uruguayo, a quien no se investigó. Esta persona estuvo en contacto con Khalil Ghatea, el iraní que quiso salir de Ezeiza con pasaporte falso y con otros personajes de las células que estaba investigando Santamarina. En el Hotel de las Américas también estuvo un ingeniero que trabajaba para una de las canteras investigadas por su eventual relación con el atentado. Además, Rohollah hizo llamadas a otros iraníes, vinculados con el testigo clave Wilson Dos Santos, que fue quien avisó que podía producirse un ataque con quince días de anticipación. A todo esto la SIDE contestó que en esa época no se investigaba a iraníes, lo cual es falso y prueba que la SIDE encubrió y borró pruebas.
–Pero Menem ya había dicho que había semiplena prueba contra Irán.
–Y además tres meses antes del atentado la SIDE seguía al clérigo iraní Moshen Rabbani.
–¿Nunca adujeron “razones de Estado”?
–No, pero cuando yo le planteé al juez Galeano investigar la causa que tenía Santamarina, Galeano me contestó textualmente que eso estaba en manos de Santamarina por orden del jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.
–¿Es decir que el juez Santamarina estaba en la servilleta de Anzorreguy?
–Se podría decir que sí.
–¿Y Galeano no estaba en la servilleta de Anzorreguy?
–No lo sé, pero él me dijo que él no podía pedir judicialmente la causa de Santamarina, sino que se la tenía que pedir a Anzorreguy. De todos modos Galeano sabía que existía todo esto y Santamarina lo iba a visitar al juzgado.
–Usted sospecha que la SIDE sabía de la preparación del atentado.
–Si me guío por la forma como la SIDE actuó antes y después del atentado, yo creo que tenían conocimiento de que se iba a producir un atentado y que lo habrían dejado correr o se les fue de las manos. No nos olvidemos que el día viernes se deja la camioneta en Jet Parking y no hay razones ni motivos por las cuales la camioneta desaparece del estacionamiento el sábado para reaparecer el lunes en la escena del atentado. Por algo la sacan y no sabemos por qué. Ese puede haber sido el momento donde se le pierde de vista a la SIDE.
–¿Qué otros indicios tiene sobre la posibilidad que la SIDE supiera sobre el atentado?
–Contrainteligencia de la SIDE sabía que el clérigo iraní Moshen Rabbani había estado cerca de Jet Parking cuando se deja la camioneta. En ese momento, la SIDE todavía no tenía datos del Movicom de Rabbani, porque esa información se procesó mucho después. Por lo tanto, la única manera que tenían de saber sobre la presencia de Rabbani en ese lugar era porque le pinchaban los teléfonos o porque tenían una persona pegada a él. Todo esto me hace presumir que por lo menos un sector de la SIDE no sólo sabía que se iba a producir el atentado, sino que alguna participación les debe haber correspondido para que el máximo organismo estatal arme todo una estructura para evitar que determinadas cosas se vuelquen en la causa legítima que es la causa AMIA. Querían tener acceso a las evidencias para valorarlas y luego informar lo que quisieran.
–¿Cuál es su teoría sobre las razones del atentado y el posterior encubrimiento?
–Si bien no puede hacerlos, la SIDE ha estado haciendo procedimientos antidrogas para los que se vale de informantes infiltrados en los grupos que uno quiere vigilar o detener. La SIDE puede haber participado alentando o facilitando la planificación del atentado, no para que se produjera, sino para detener a los autores y capitalizar el rédito internacional de haber desarticulado un atentado terrorista contra un objetivo judío. Esta metodología se aplica muchas veces en operaciones contra el narcotráfico o los piratas del asfalto. La diferencia es que si la operación falla habrá más droga en la calle o más mercadería robada. Pero si se trata de explosivos, el error puede significar la muerte de muchas personas. Eso es lo que explica por qué desde las más altas estructuras del poder se ha querido controlar todas las pruebas anteriores y posteriores al atentado.
–Dentro de su teoría, ¿cómo se inscribe la participación de la Policía Bonaerense?
–Para mí, la pista de la Bonaerense es una hipótesis más dentro de la causa, pero no me parece que sea el hilo conductor que nos tenga que guiar a todos para cerrar el atentado. Hay muchas cosas en la causa que tienen mayor peso que las pruebas que existen respecto de la Bonaerense. Nunca se investigó el papel que pueden haber jugado los policías bonaerenses que aparecen en la agenda de Alberto Kanoore Edul. Cerrar la instrucción respecto de Telleldín es una barbaridad, porque aún hoy nadie sabe un montón de cosas que tienen que ver con Telleldín.
–Ante este panorama, ¿por qué se quedó en el juzgado hasta 1997?
–Yo hacía las cosas pensando que eran en beneficio de la causa. Cuando fui conociendo detalles de la investigación que habían estado ocultos, me di cuenta de que solamente estaba haciendo más poderoso a un juez, que usaba este poder para rédito personal.
–¿Pero por qué no denunció todo esto en el ’97?
–Acá estamos hablando del compromiso judicial de –al menos– dos jueces federales, fiscales federales, una SIDE que responde a la Presidencia de la Nación. No había seguridad jurídica ni física ni para mí ni para mi familia para poder decir esto. Por eso decidí renunciar, vendí mis bienes y me trasladé con mi familia a Estados Unidos, porque no podía soportar la presión que significaba este tema. En Estados Unidos escribí un informe que ahora está en manos de la Comisión Bicameral. Me pareció prudente esperar el cambio de gobierno. Hoy puede existir la voluntad política de esclarecer lo que pasó. De todos modos, yo no lo tengo como un peso en mi conciencia, porque en el ’97 ya era tarde igual y todo hubiera quedado en la nada.
–¿Usted se considera un “arrepentido” del juzgado de Galeano?
–Más que un arrepentido, un crítico. Yo no hice cosas de las que me tengo que arrepentir, porque quien ordenaba lo que se hacía era el juez de la causa. Creo que apoyarse en forma ciega en lo que hizo Galeano atenta contra la propia investigación. Pienso que hay que apartar al juez Galeano de la causa porque una persona nueva le imprimiría un mayor ritmo y oxígeno a las cosas que están dormidas y que se han ocultado.
Revista Veintitrés
Numero edicion: 111 02/04/2000