SANTIAGO DEL ESTERO

El doble crímen de la Dársena

Quién es la jueza que investiga los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba. Su relación con los jefes políticos de la provincia, Carlos y Nina Juárez. Por qué se animó a detener al poderoso represor Musa Azar. Las pistas de la droga que no se siguen y los “hijos del poder” a los que no se los toca. Los reclamos de las familias de las víctimas.

Por Walter Goobar


desde Santiago del Estero
Por su aspecto puede parecer un ama de casa que sale de compras. Pero esta mujer que suele hacer allanamientos de batón y mocasines, tiene en sus manos la causa más sensible de la política santiagueña: la investigación del doble crimen de La Dársena, un caso que tuvo por víctimas a Leyla Nazar y Patricia Villalba pero que encierra una historia de sexo, dogas, corrupción e impunidad ligada a las más altas esferas del poder provincial. La jueza María del Carmen Bravo se atrevió a detener al ex jefe de inteligencia y hombre fuerte del juarismo, el comisario Musa Azar, y a una veintena de policías que inexorablemente apuntan hacia Carlos y Nina Juárez, los patriarcas del feudo santiagueño. El doble crimen parece estar a punto de resolverse, pero existen dudas sobre si la jueza Bravo seguirá hasta el fin o si, como advierten algunos, se trata de otra expresión del gatopardismo provincial.
“La mami no va a conceder entrevistas. Yo le voy a trasmitir su pedido pero casi no la veo: viene muy tarde y se va a dormir rendida y a la mañana ya no está”, dice su hija Nelli por teléfono, mientras su madre, junto a los peritos forenses, revisa palmo a palmo el zoológico de Musa Azar en busca de restos humanos. El dueño del lugar está detenido desde el 2 de noviembre por orden de la jueza Bravo, después de indagar cinco horas al policía Héctor Albarracín (detenido en otra causa).
Cuando no participa de los allanamientos, la jueza pasa el día encerrada leyendo las actuaciones e interrogando a los peritos. La causa adquirió una velocidad increíble en las dos últimas semanas, lo que la llevó a prometer el 3 de noviembre una inminente resolución: “Si Dios y la Virgen quieren, en los próximos siete días puede estar resuelto el caso... es el tiempo previsible que me puede llevar...”, aseguró con convicción. Hoy no está tan segura, entre otras cosas porque el curso de la causa y la presión de los organismos de derechos humanos podrían obligarla a llamar a declarar a la gobernadora Nina Juárez y a su marido, Carlos. Bravo es consciente de que Musa Azar podría arrastrar en su desgracia a la pareja gobernante. Y su pasado genera dudas sobre su determinación de seguir hasta el final.
“No puedo estar explicitando todos los días lo que se hace, aunque algunos medios periodísticos porteños digan que la causa estuvo paralizada”, dice a sus allegados sin ocultar su enojo.
A mediados de septiembre, cuando la jueza Bravo asumió la investigación, el caso de La Dársena había entrado en una vía muerta y todos pensaron que esta mujer sólo se encargaría de cumplimentar el encubrimiento. Era la quinta jueza de la causa.
El abogado Luis Santucho, representante de la familia de Patricia Villalba, reconoce que la jueza Bravo “siempre la ha peleado desde abajo como abogada. Después fue magistrada y el juarismo la sacó del medio. Volvió a presentarse como fiscal y después ganó el concurso para ser juez del crimen”. Sin embargo, Santucho creyó que la jueza no iría a fondo: “Ella venía fuertemente apoyada por Nina Juárez. En un principio, su papel era salvarle la ropa al gobierno, evitar la intervención judicial. Esta era su misión. Yo dudaba de que se atreviera a detener a Musa Azar, pero debo reconocer que hasta ahora no ha tenido ninguna agachada”, dice Santucho.
En cambio, Jorge Vidal, dirigente de la agrupación de derechos humanos Madres del Dolor, opina que la jueza es una expresión del gatopardismo santiagueño: cambiar todo para que nada cambie. Según Vidal, “la jueza Bravo es el falso rostro de una nueva Justicia que no es tal”. Él insiste con que la única solución para la provincia es la intervención del Poder Judicial. Pero esta entró en vía muerta en el Congreso de la Nación, y con el empujón que tiene la causa el gobierno de Néstor Kirchner parece haber perdido interés en insistir con el tema. Además, los legisladores santiagueños comenzaron a apoyar los proyectos que le interesan al gobierno nacional.
La determinación para detener al ex jefe de inteligencia de Juárez se contrapone con las decisiones pasadas de la misma jueza, quien el 16 de mayo de 1996 le dictó –junto a otros dos magistrados– el sobreseimiento anticipado en un caso de homicidio cometido en agosto de 1976, durante la dictadura militar. Esto le permitió a Musa Azar asumir la jefatura de la inteligencia provincial, a pesar de que su nombramiento había sido desaconsejado por el propio brigadier Andrés Antonietti, quien ocupó la Secretaría de Seguridad durante el gobierno de Carlos Menem.
Estas dudas sobre el trabajo de Bravo se asientan también en algunas pistas que se abandonaron. “La jueza no sigue la pista de las drogas porque la conduciría directamente a la avioneta de la gobernación”, dijo a Veintitrés el comisario retirado Luis Lupieri, un hombre que tuvo a su cargo la formación del aparato de inteligencia del juarismo hasta que lo echaron en 1998. Lupieri, que ahora milita en derechos humanos, afirma que Santiago “es una zona liberada en materia de tráfico de drogas”. Algunos declaraciones de testigos de identidad reservada que obran en poder del juez federal del Chaco Carlos Skidelsky confirman las acusaciones de Lupieri.
Algunos de los que han seguido el caso desde sus inicios están convencidos de que detrás de este crimen se sigue dirimiendo una interna en el poder político y económico: “El caso lo maneja Néstor Ick”, dice un periodista local, refiriéndose al empresario más fuerte de Santiago del Estero. Ick, un ex protegido del juarismo, es dueño del Banco de Santiago, la compañía de seguros Hamburgo, la tarjeta de crédito Sol, el Hotel Carlos V, varias empresas de servicios y diversos medios de comunicación.
Aunque en algún momento fue acusado de ser un testaferro de Juárez, es evidente que a partir del caso de La Dársena los destinos de Ick y de Juárez van por caminos separados. Temiendo una venganza de Musa Azar o de Juárez, Ick ha comenzado a publicar solicitadas en los diarios reconociendo como suyas propiedades que antes negaba. “Fue la familia Ick y no los Juárez quien paró la intervención del Poder Judicial”, señala un comisario cercano a Musa Azar, indicando que miembros de ese clan santiagueño volaron a Buenos Aires para operar en el Congreso: “La hipótesis Musa Azar no perjudica a Ick. Pero la intervención sí”, agrega la fuente, explicando que una intervención dejaría al desnudo sospechosas operaciones económicas.
Por todo esto, además de la duda sobre hasta dónde llegará la jueza Bravo, otro interrogante domina el caso del doble crimen: ¿cuánto de lo que sabe contará Musa Azar?.
 

“tengo que hacer honor a mi apellido”
Por W.G.
“Yo no elegí ser abogado, me obligaron las circunstancias: quería estudiar medicina, pero para eso tenía que ir a Tucumán y mis padres no me dejaron por miedo a que el general Antonio Bussi me fusilara”, cuenta Luis Horacio Santucho, el sobrino de Mario Roberto Santucho, quien durante la década del ’70 fue el máximo líder del PRT-ERP. Luis Santucho fue uno de los pocos abogados que se animaron a hacerse cargo de la investigación del crimen de La Dársena en representación de la familia de Patricia Villalba. Sabía desde un principio que esa investigación implicaba desenmascarar al gobierno de los Juárez y a su brazo ejecutor, el temible comisario Antonio Musa Azar.
–¿Se imaginó alguna vez que lo iba a ver preso a Musa Azar?
–La verdad que no. Había que estar en Santiago para saber lo que era Musa. En cualquier caso que me llegaba yo sabía que me enfrentaba a él. Era una sombra que dominaba todo. Por eso, verlo esposado fue una satisfacción personal muy grande.
–¿Cómo se llegó a eso?
–Hay muchos interrogantes. En un principio parecía tratarse de una especie de interna del juarismo. En las primeras marchas no había más de cincuenta personas, eran más los policías de civil que los manifestantes. La gente decía que Musa Azar estaba detrás del crimen, pero no había pruebas. Cuando llegó la familia de Patricia a verme, yo les conté esto y asumí la causa porque nadie se atrevía a ir contra el poder.
–¿A qué se refiere con lo de interna juarista?
–La principal pregunta que nos hacemos es por qué el principal canal –que pertenece al empresario Néstor Ick y oficiaba de canal del gobierno– empieza a darle espacio a este crimen. Fue raro. Creo que intentaban empujar la investigación hacia el vicegobernador Darío Moreno, que había tenido una serie de problemas con Ick por la concesión de la empresa de electricidad. Allí empieza un distanciamiento entre Ick y el gobierno. Pero un día invitan a las familias de las víctimas a la televisión y allí acusan a Musa Azar. Entonces el tema comienza a tomar una dinámica propia. Cuando el caso se instala nacionalmente, se les va de las manos a todos.
–¿Cómo se logra el quiebre de los policías que acusan a Musa Azar?
–Nosotros empezamos a ver similitudes entre el asesinato de Patricia Villalba y el del hacendado Oscar Seggiaro. Por la muerte de este último estaba detenido el policía Héctor Albarracín, un veterano de Malvinas, muy frío, que dejó sus señas. Los tipos estaban tan cebados que cometieron graves errores: en el caso de Seggiaro hay un testigo que vio a Albarracín y a sus cómplices y así conseguimos que los detuvieran. Cuando ligamos los dos casos vino el quiebre, porque Albarracín se sintió abandonado por Musa Azar.
–A esta altura, ¿usted tiene una idea acabada sobre por qué mataron a Leyla?
–La mataron a golpes en una fiesta. Se les “pasó” una chica y lo llamaron a Musa Azar para que les solucionara el problema.
–¿Y a Patricia Villalba?
–Creo que la mataron por error. Es probable que la hayan confundido con otra persona que realmente supiera algo sobre la muerte de Leyla. A Patricia la torturaron cinco horas para que confesara algo que ella realmente no sabía.
–¿Le pesa el apellido Santucho?
–Actualmente no porque veo que hay una reivindicación moral de la lucha de los militantes de la década del ’70. Me pesó durante la dictadura. Sufrimos una gran discriminación por ser Santucho. Ahora siento que hay que hacer honor a ese apellido. Siento una responsabilidad moral por mi tío Robi y por otros tíos que actuaron como abogados.
–¿Le han dicho que el parecido físico con su tío es sorprendente?
–Sí. Creo que soy más parecido a Robi que sus propios hijos.
 
“falta detener a los hijos del poder”
“Yo puedo denunciar porque no le debo nada a los Juárez: tengo mi laburo, mi casa, mi familia y busco justicia”, dice el palestino Bshir Younes, padre de la asesinada Leyla Nazar, en su dificultoso castellano que no le impide sentirse santiagueño, provincia donde vive hace treinta años.
“Creo que lo que cambió la causa fue la presión del periodismo nacional y la colaboración de la gente de Santiago del Estero, que me apoyaron desde un comienzo. Además de la presión, la jueza María del Carmen Bravo comenzó a actuar con toda su fuerza”, asegura Younes.
–¿Usted confía plenamente en la jueza?
–Hasta ahora me tengo que arriesgar a decir que sí, porque trabajó con transparencia y detuvo a los sospechosos. Aquí hay una organización mafiosa que comete crímenes organizados y nosotros sabemos desde un primer momento que son policías.
–¿Cree que están presos todos los implicados en el asesinato?
–No sé. Nosotros sabemos que el crimen de mi hija no fue un crimen común. Las dos chicas deben haber visto algo que no debían ver. Porque aquí la que está involucrada en las historias de drogas y sexo es gente allegada al poder. Aquí falta detener al hijo de Darío Moreno, que integraba el gobierno provincial, y al hijo de Musa Azar, y faltan varios hijos del poder.
–¿Termina esto en Musa Azar o llega más arriba?
–Musa Azar es una mano ejecutiva del poder político y tiene que haber responsables políticos. Alguien tendrá que rendir cuentas acerca de por qué le dieron el poder a Musa Azar durante cincuenta años.
Revista Veintitrés
ID nota: 1486
Numero edicion: 279 13/11/2003