Jorge Zorreguieta denunciado ante la justicia por la saparición de una bióloga durante la dictadura. “Le pedimos a Máxima que, por lo menos, no lo apoye”, dicen los hijos de Marta Sierra, investigadora del INTA, secuestrada poco después del golpe del ’76. La historia de la bióloga y la responsabilidad del padre de la princesa de Holanda. Su descargo.
Por Walter Goobar
Uno puede amar a sus padres aunque sean los peores del mundo. En lo que no estoy de acuerdo es en la defensa pública que hizo la princesa Máxima de su padre”, dice Nicolás Prividera, quien con su hermano Guido pidió esta semana al juez Rodolfo Canicoba Corral que investigue la responsabilidad de Jorge Zorreguieta, el padre de la princesa de Holanda y actual titular de la Cámara de la Industria Azucarera, en el secuestro y la desaparición de su madre, la bióloga Marta Sierra, durante la dictadura militar.
A los cinco días del golpe de Estado, los tanques del Ejército entraron en la sede del INTA de Castelar y se llevaron secuestrados a varios empleados. Entre los que buscados estaba la bióloga Marta Sierra, de 36 años. No la encontraron porque estaba de licencia, ya que dos meses antes había tenido a su segundo hijo, Guido, que ahora tiene 28 años. “Esa misma noche la secuestraron en nuestra casa y al día siguiente publicaron una resolución del INTA dejándola cesante”, cuenta Nicolás, de 34 años.
“El telegrama de despido debe haber llegado la misma semana de su secuestro. Esto es emblemático para nosotros porque después de secuestrarla la echaron. La burocracia estaba bien aceitada –agrega Guido–. Te secuestraban de noche y te dejaban cesante al otro día.”
Agustín Moglié, uno de los sobrevivientes de ese “plan de limpieza”, asegura que los datos para los secuestros como el de Marta Sierra “salían de su legajo de empleada del Estado. Los jerarcas nuevos los tenían en la lista que venía hecha desde arriba”, dice el sobreviviente del INTA.
Zorreguieta asumió como subsecretario de Agricultura el 9 de abril de 1976, es decir, nueve días después del secuestro de Sierra, pero los hermanos Prividera le piden al juez que interrogue a Zorreguieta y otros funcionarios de la dictadura para saber “qué hicieron como máximos responsables del área a la que nuestra madre pertenecía para saber de su paradero y cómo lo habrían documentado”.
–¿Le pediría a Máxima que interceda para que su padre asuma sus responsabilidades?
–Lo que le pediría a Máxima es que al menos no haga declaraciones de apoyo. El resto de los hermanos, como Dolores, que es artista, o la otra hermana que trabaja en el Conicet, no han hecho declaraciones públicas en apoyo de su padre. No sé si se les puede pedir que hagan una declaración en contra, pero creo que, al menos, el silencio o las obras de Dolores son muy significativas, son un modo de respuesta. Yo siento que en relación a Zorreguieta, Máxima es su imagen más cercana. Ha cumplido el sueño de su padre. Codeándose con el poder y convirtiéndose en vasallo del príncipe –dice Nicolás.
Los hermanos remarcan que la cercanía con la fecha del golpe de Estado prueba una vez más que el secuestro de su madre fue parte de un plan sistemático y no una cosa improvisada: “Las listas no se hicieron el día anterior y de algún modo Zorreguieta, que era íntimo amigo de José Alfredo Martínez de Hoz y presidente de la Sociedad Rural, tenía que conocer los planes de exterminio. Es imposible que se haya enterado de las desapariciones en 1985, como él dice”, señalan.
Además de Zorreguieta, el pedido de declaración alcanzó a los funcionarios que lo sucedieron en su cargo, entre ellos a Víctor Santirso, ex asesor del consejo del INTA, y Mario Cadenas Madariaga, quien sucedió a Zorreguieta como secretario de Agricultura y Ganadería. También incluyó a Raúl Salaberren, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, y a Jorge Aguado, gobernador bonaerense durante la época de Leopoldo Galtieri y actual vicepresidente de Socma, el conglomerado del grupo Macri.
La complicidad del poder económico en el plan sistemático de desapariciones será puesto a prueba en esta causa. Hay un antecedente: es el caso de los catorce obreros secuestrados en Mercedes-Benz, donde el abogado Ricardo Monner Sans –hoy patrocinante de los hermanos Prividera– logró establecer la responsabilidad de la automotriz en esa causa.
Tanto Zorreguieta como los otros funcionarios tendrían que explicar “qué hicieron, como máximos responsables del área a la que nuestra madre pertenecía, para saber de su paradero”, según establece la denuncia.
Esta no es la primera vez que Zorreguieta es citado a declarar en una causa por desaparecidos: mientras la princesa Máxima preparaba su boda, su padre tuvo que presentarse en el Juicio por la Verdad de La Plata. Fue citado por la cámara después de que la madre de la desaparecida Lidia Amigo asegurara que le pidió ayuda y que Zorreguieta “no hizo nada, en absoluto”. El padre de Lidia, Alberto Amigo, había ocupado el cargo de subsecretario de Agricultura hasta el golpe de Estado y acudió a su “sucesor” en busca de ayuda. “Yo recuerdo que nada más dijo que a su hija se la habían llevado detenida o algo así”, declaró Zorreguieta ante los jueces de la Cámara platense. A diferencia de lo ocurrido en el caso anterior, en la causa por la desaparición de María Sierra, la responsabilidad de Zorreguieta es mayor: no puede haber ignorado lo que pasó en el INTA.
Zorreguieta se defendió de la denuncia judicial señalando que “esta pobre señora (por Sierra) no tiene nada que ver conmigo”. Argumentó que fue nombrado en el cargo pocos días después de la desaparición de la joven bióloga, y en declaraciones a Radio Continental dijo que “nadie me informó que le había pasado algo, que había desaparecido”. Los familiares de la víctima no le creen. Ahora el padre de Máxima tendrá que convencer a un juez de su completa ignorancia sobre esas desapariciones.
Mala memoria
* Fue asesor de los generales Juan Carlos o nganía y Alejandro Agustín Lanusse.
* Intimo amigo de José Alfredo Martínez de Hoz.
* Presidente de la Sociedad Rural hasta el golpe del ’76.
* Subsecretario y secretario de Agricultura de la dictadura desde el 9 de abril de 1976.
* En 1987 firmó una solicitada en apoyo a Jorge Rafael Videla.
* Fue investigado por la Corte holandesa.
* Se le impidió asistir al casamiento de Máxima con el príncipe Guillermo por su participación en la dictadura, pero sí pudo ir al bautismo de su nieta.
* Fue citado a declarar en los Juicios por la Verdad en La Plata. Dijo que se enteró de que hubo desaparecidos recién en 1985.
Revista Veintitrés
ID nota: 3724
Numero edicion: 326 07/10/2004