La historia de la Triple A

El testimonio del ex oficial inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández fue decisivo para que el juez Norberto Oyarbide reabriera la causa sobre los crímenes de la Triple A, reactivada tras la identificación y detención en España del represor Rodolfo Almirón, descubierto en Valencia por el diario “El Mundo.
Se trata de la más precisa y clara descripción sobre el origen de la Triple A en la Argentina y puede culminar entre otras cosas -, con la detención de María Estela Martínez de Perón.

Por Walter Goobar
Como integrante de la Triple A y  ayudante de confianza del ministro del Interior Albano Harguindeguy, participó en torturas, asesinatos, crímenes y lanzó a detenidos drogadoss al Río de la Plata, pero como primer arrepentido contó en marzo de 1983 en Ginebra, Suiza todo lo que sabía sobre la Triple A  y sobre la represión ilegal de la dictadura. Más recientemente, el testimonio del ex oficial inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández fue decisivo para que el juez Norberto Oyarbide reabriera la causa sobre los crímenes de la Triple A, reactivada tras la identificación  y detención en España del represor Rodolfo Almirón, descubierto en Valencia por el diario “El Mundo.
Se trata de la más precisa y clara descripción sobre el origen de la Triple A en la Argentina y puede culminar entre otras cosas -, con la detención de María Estela Martínez de Perón.
A los ocho días de Marzo de 1983, comparece voluntariamente ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), Rodolfo Peregrino Fernandez, de nacionalidad argentina de 32 años, divorciado, nacido en Buenos Aires el 8 de Mayo de 1950 quien acredita su identidad con pasaporte argentino N 6.117.049, y manifiesta:
Que es su deseo aportar datos sobre la estructura de la represión ilegitima en la Argentina, que conoce en su condición de oficial de la Policía Federal Argentina.
Así comienza el  estremecedor testimonio de Fernández ante la CADHU, un organismo fundado en Madrid por los abogados Gustavo Roca y Eduardo Luis Duhalde, quien actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos y fue socio del asesinado Rodolfo Ortega Peña. Duhalde deberá declarar esta semana ante Oyarbide para ratificar el testimonio de Fernández.
“La designación de José López Rega en 1973 como ministro de Bienestar Social trae aparejada la rehabilitación de los oficiales de la policía federal, Juan Ramón Morales y Rodolfo Eduardo Almirón, que habían sido separados del servicio por su vinculación con importantes bandas de delincuentes comunes. Morales y Almirón fueron ascendidos y reincorporados como oficiales retirados a cargo de la custodia del ministro de Bienestar Social y posteriormente, de la custodia presidencial”, asegura Fernández quien sostiene que sus métodos anticipaban los métodos de los grupos de tareas que organizaría la dictadura a partir de marzo de 1976.
Morales y Almirón, “conjuntamente con el principal José Famá -quien era de confianza personal de López Rega en razón de su parentesco- y sectores parapoliciales reclutados entre conocidos delincuentes comunes, como Antonio Melquíades Vidal, alias Tony o antiguos represores como Héctor García Rey, conformaron la otra vertiente principal de la Triple A, cuya existencia, así como el nombre de sus jefes principales, era conocida por la oficialidad de la policía federal argentina”, añadió.
Del entorno de Villar integraban las Tres A, el principal Jorge Muñoz, el inspector Jorge M. Veyra, el inspector Gustavo Eklund, el subinspector Eduardo Fumega, el inspector Félix Farías y el principal retirado Tidio Durruti.  También participaba el suboficial Edwin Fanquasohn.
Era sabida, asimismo, la vinculación con la Triple A de Alberto Brito Lima, Norma B. Kennedy y Julio Yessi, dirigentes del sector derechista del peronismo, así como del coronel del Ejército Jorge Osinde, quien luego fuera designado embajador de la Argentina en el Paraguay.
Entre otros personajes vinculados a Villar y su grupo estaba el periodista Antonio Rodríguez Villar, que fue hasta 1982 director en México de la revista Selecciones del Readers' Digest, quien gozaba de libre acceso a las reparticiones policiales.
Este grupo alcanzó su mayor poder cuando Villar es designado jefe de la Policía Federal Argentina, a fines de 1973. Comenzó entonces a firmar sus atentados bajo las siglas AAA, así como sus amenazas e intimidaciones.
Su actividad incluía dos aspectos principales: la eliminación física de opositores políticos y sindicales y la ejecución de tareas delictivas para la propia provisión de recursos económicos a sus integrantes.
Entre las principales acciones criminales en ese período que recuerda el dicente se destacan el asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, del profesor Silvio Frondizi y del ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Julio Troxler.
Peregrino Fernández sostiene que  verdadero bautismo de fuego de la Triple A fue la represión ilegal en Villa Constitución contra los trabajadores de Acindar, Metcon, Vilber y Marathon avalada y financiada por la gerencia de Acindar.
Fernández  narró que se le pagó 100 dólares a cada uno de los represores para generar las detenciones y posteriores torturas en el ex albergue de solteros de Acindar que se convirtió en el primer centro clandestino de detención de personas en el país. La  gerencia de Acindar estaba a cardo de José Alfredo Martínez de Hoz y la presidencia del directorio la ejercía Arturo Acevedo.
“Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas....y pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los efectivos”,  relata el policía arrepentido.
Peregrino Fernández declaró ante la CADHU que antes del golpe militar de marzo de ese año, "el nexo visible entre la Triple A con el Ejército era el entonces capitán Mohamed Alí Seineldín" quien argumenta que "la represión de la guerrilla ya había empezado antes de 1976" y que la dictadura apenas "oficializó nuestro curso" que "de esta manera salió a la luz en toda su dimensión".
Repecto de la ex presidenta Isabel Perón, el juez aún no la convocó, aunque el testimonio de Fernández llevó al juez a afirmar que  "hay elementos que permitirían su citación no como testigo, sino como imputada".
Entre esos elementos figura un "insólito" decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba la compra de armas para el ministerio de Bienestar Social, liderado por José López Rega.
El 14 de julio de 1975, la señora de Perón y del doctor Antonio Benítez, ministro del Interior, suscribieron un decreto por el que enviaban en comisión al exterior a Miguel Angel Rovira, Rodolfo Eduardo Almirón, Oscar Miguel Aguirre, Pablo César Meza, Héctor Montes y Jorge Daniel Ortiz. “El decreto aclaraba que los fondos para la misión en el extranjero serían provistos por el Ministerio del Interior.  Se trataba de la compra de armas para la Triple A.
 Tras el golpe militar, Peregrino Fernández había sido destinado a la ayudantía del Ministerio del Interior, cuyo titular era el general Albano Eduardo Harguindeguy.
 Tal "ayudantía", explica Fernández era en realidad un "grupo de tareas", responsable de muchos secuestros y desapariciones, por ejemplo los de Lucía Cullen y el periodista Ernesto Fosatti.
 El 22 de junio de 1976 el grupo secuestró a Lucía Cullen en su domicilio de la calle Concepción Arenal. Militante de los grupos católicos que confluyeron en Montoneros, Cullen era la viuda de José Luis Nell. El propio oficial inspector Fernández gestionó el área liberada para el secuestro ante el vecino Comando de Remonta del Ejército. Luego vio cómo se torturó a la secuestrada con picana eléctrica en el centro clandestino Omega, cerca del Camino de Cintura. En el sótano “había una cama sin colchón a la que estaba atada de pies y manos, totalmente desnuda, Lucía Cullen, con los ojos sin vendar”. Sus atormentadores eran el principal Juan Carlos Falcón, a) Kung Fu y el sargento primero Herrera, a) Tortuga. El comisario de la policía de Buenos Aires, Luis Vides, comentó que el lugar estaba “lleno de encanutados” y “muchos están para la boleta”. Por orden del jefe de la ayudantía de Harguindeguy, el principal Carlos Gallone también secuestró al periodista Ernesto Luis Fossatti, quien estaba indagando sobre el destino de Cullen. Ni Cullen ni Fossatti reaparecieron.
Peregrino Fernández también dijo a la CADHU que Harguindeguy “manejaba en forma personal todos los hechos referentes a la Iglesia”. Su ministerio vigilaba a los sacerdotes tercermundistas, “existiendo un archivo de 300 nombres con informaciones detalladas sobre la actividad de cada uno de ellos”. Por eso, la información confidencial sobre la masacre de los curas palotinos, el 3 de julio de 1976, se reunió en Interior. Como prueba, Fernández guardó la agenda telefónica de uno de los sacerdotes asesinados. En agosto de 1976, un par de días después del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, la Guarnición Militar Salta remitió al ministro Harguindeguy una carpeta que decía “Confidencial”. Contenía los papeles personales que llevaba Angelelli en el auto volcado y que no se agregaron a la causa judicial ni se devolvieron a los allegados del obispo. Fernández fotocopió “parte de esa documentación, integrada por correspondencia original intercambiada con el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, referida a la persecución que sufrían sectores de la Iglesia Católica por su actividad social, un cuaderno de notas y otros papeles”.
Peregrino Fernández desertó y se exilió en Europa tras haberse separado de su mujer y de ser amenazado de muerte por el comisario inspector Juan Ramón Morales, el hombre que coordinaba las fuerzas militares, policiales, sindicales y delictivas que integraban la organización terrorista,  le había advertido que si intentaba volver a ver a sus hijos sería "boleta".
Reviista 7 Días
ENERO-12-2007