Cristina Fernández de Kirchner afirmó varias veces en los últimos tiempos, antes y después de las elecciones, que impulsará un Pacto Social intentando emular el celebrado hace treinta años en España y que culminó en el llamado Pacto de la Monclóa.
Por Walter Goobar
La presidenta electa llegará a la Casa Rosada en condiciones mucho más promisorias que las que recibieron a Néstor Kirchner. La sustentabilidad política y la previsibilidad económica de la etapa son comparativamente-, nucho más altas. Esto no es poco, pero no alcanza. Cualquiera lo sabe.
Hasta ahora, Cristina imitó la estrategia seguida por Kirchner, en las elecciones del 2003, de no adelantar en la campaña electoral lo que luego sería su modo de gobernar. Sin embargo, el estilo que caracterizará su presidencia puede adivinarse como muy diferente del de su marido.
La Presidenta electa busca aplicar una nueva forma de ejercer el poder que privilegie una relación más fluida con todos los sectores para ampliar la base de sustentación de su próximo gobierno.
A partir de los discursos y las entrevistas puede descartarse que su gestión se correrá hacia la izquierda, sino más bien se desplazará hacia el centro, buscando la integración social por medio del acuerdo voluntario de capital y trabajo.
Aunque las nociones de izquierda y derecha sirven poco para identificar los contenidos de la política actual, subsisten los distintos grados de compromiso de izquierdas y derechas en la definición de la justicia social, el derecho al trabajo y la distribución del ingreso.
Cristina Fernández de Kirchner afirmó varias veces en los últimos tiempos, antes y después de las elecciones, que impulsará un Pacto Social intentando emular el celebrado hace treinta años en España y que culminó en el llamado Pacto de la Monclóa.
Esa propuesta implica desplazar los ejes del diálogo y la negociación del Poder Legislativo hacia el ámbito privado de empresarios y sindicatos con supervisión del Poder Ejecutivo.
Las propuestas económicas que se están delineando están contenidas en un documento de 68 páginas titulado "El Pacto Social" que tiene objetivos cualitativos y metas cuantitativas para los dos primeros años de gestión.
El texto comienza con el detalle de las metas que propone: "Proveer el desarrollo nacional con inclusión social, mejorar la distribución de la riqueza, incrementando el empleo y mejorando la calidad de las relaciones laborales, incentivar la inversión y elaborar un proyecto productivo de acuerdo a las ventajas que el país ofrece".
El Plan incluye mejorar el salario en dos puntos reales, más un porcentaje por productividad.
Entre las metas cuantitativas se destaca la propuesta de alcanzar para el 2009 una tasa de inversión del 27 por ciento del PBI, un incremento de las exportaciones del 20 por ciento y una cosecha cerealera de 120 millones de toneladas de granos.
El proyecto habla de un acuerdo lo más amplio posible, que comprometa a los principales actores de la economía a moderar sus reclamos sectoriales en función de un plan de crecimiento general que beneficie al conjunto. Por ese motivo, la presidenta electa y su grupo más cercano de colaboradores piensan que deben cortar ya mismo las expectativas inflacionarias que atentan contra el bolsillo de los asalariados. No se equivoca: veinte por ciento de aumento en las tarifas de taxis, veinticuatro por ciento para la medicina prepaga, ocho por ciento en los combustibles, carrera de precios en las mercaderías de primera necesidad, mientras se difunde la posibilidad de aumentos de tarifas en los servicios públicos antes de fin de año. Después de lo andado, todo eso podría colocarnos en situación de iniciar un viaje a ninguna parte.
Cualquiera de estas metas puede ser fabulosa o desastroza de acuerdo -entre otras cosas- al indice de inflación previsto para el año que viene.
Si la inflación es del 12 por ciento, el aumento del salario real debería ser del 3 por ciento en lugar del dos previsto en el documento. Además, los asesores de Cristina también se comprometen a contener la puja distributiva. Para eso trabajan en un acuerdo patronal-sindical que brinde el marco a las negociaciones colectivas del año próximo..
El Pacto Social que promueve la Presidenta
tiene como principal referente la experiencia española. Pero hay que hacer algunas salvedades: la Argentina no cuenta con empresas de capital nacional a la manera que contaba la España postfranquista hace treinta años atrás. Siete de cada diez empresas de primera línea, muchas con posiciones monopolices o hegemónicas en el mercado argentino, han sido trasnacionalizadas.
Por otro lado, los sindicatos españoles que suscribieron el Pacto eran las comisiones obreras dirigidas por comunistas y socialistas, mientras que el Pacto que propugna Cristina tendrá como interlocutores a las cúpulas sindicales que han devenido en fuertes burocracias gerenciales que prohíben la competencia democrática en sus organizaciones y se oponen con firmeza a la libertad de agremiación. Nada más lejos de la nueva política que esos dirigentes.
Aquí, el modelo vale, siempre que se tengan en cuenta las diferencias esenciales en los puntos de partida para que nadie espere resultados equiparables.
Diario BAE
6-NOV-2007