MARTA EMILIA GARCIA

La jueza que participó en la rapiña de la dictadura

Marta Emilia García fue procesada y embargada por el magistrado federal Sergio Torres. ¿El delito? Integrar una asociación ilícita para la apropiación de los bienes de empresarios asesinados por el gobierno militar.

Por Walter Goobar
El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento y embargo de la ex jueza Marta Emilia García por integrar una asociación ilícita para la apropiación de bienes de un grupo de empresarios secuestrados, saqueados y asesinados durante la dictadura, por orden del almirante Emilio Massera.
Este fallo –al que 7 DÍAS accedió con carácter exclusivo– es un nuevo avance de la Justicia sobre la estructura civil que participó en la rapiña económica que motivó el secuestro y muerte de los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma. Ahora, la Justicia ha comprobado que la ex magistrada Marta Emilia García jugó un papel clave en ese tenebroso engranaje financiero.
La historia que se investiga en Comodoro Py comenzó a principios de enero de 1977 con los secuestros sincronizados del abogado Conrado Gómez, en la Capital, en un piso de la avenida Santa Fe –donde también fue capturado un puñado de militantes de la estructura de finanzas de Montoneros– del contador Horacio Palma, en su casa de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, y del octogenario Victorio Cerutti y su yerno Omar Masera Pincolini, en Mendoza. Todos eran propietarios de los restos de una pequeña bodega y de la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria.
Los cuatro hombres fueron secuestrados por el marino Jorge Perrén, recientemente fallecido (ver nota aparte) y conducidos a la ESMA, centro en el que fueron vistos por sobrevivientes que testimoniaron en la causa. Allí, bajo tortura y bajo coacción moral, se sometieron a las exigencias navales y fueron entregando sus bienes con la ilusión de salvar el pellejo.
Gómez, contaron algunos testigos, abría sus propiedades poco a poco para prolongar el tiempo y continuar negociando su supervivencia.
El 15 de febrero, su esposa Gloria Miranda recibió una carta manuscrita del secuestrado con instrucciones precisas:
“Querida Pichín:
Te escribo al solo objeto de pedirte las siguientes cosas: que no vendas nada, caballos o cualquier otra cosa. Desentendete de todas mis relaciones económicas y no te metas en nada. Abstenete de actuar en todo sentido. Vigilá exclusivamente por la familia y por los chicos, pero prescindiendo de meterte o participar en cualquier problema. Si necesitás dinero, las personas que se vinculen contigo para darte esta nota te lo entregarán. Cumpliendo con mis instrucciones te veré muy pronto. Un beso grande, Conrado.”
Por esos días, Miranda también recibió un llamado telefónico de Conrado Gómez que sería el último. Su esposo le dijo que: “las cosas se habían demorado, pero no complicado”. Pensaba que iba a poder salir del país, pero el cautivo se inquietó cuando su mujer le dijo que no había recibido el dinero que los marinos se habían comprometido a entregarle. En ese instante comenzó a percatarse de que su estrategia había sido inútil: ni él ni sus socios tendrían escapatoria.
En los sótanos de la ESMA, los propietarios de Chacras de Coria, valuada en 16 millones de dólares, fueron obligados a firmar la cesión en beneficio de un grupo de oficiales de la marina que, actuando con seudónimo, legalizaron el despojo. Los marinos, con documentación falsa, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y directores de las sociedades fantasma.
Pero no todos eran fantasmas: escribanos, contadores, abogados, prestaron sus nombres para brindar cobertura a los negocios del almirante Massera: la ex jueza Emilia Marta García colaboró con el fallecido escribano masserista Ariel Sosa Moliné –también vinculado con la desaparición de Fernando Branca– en la confección de documentación apócrifa.
García, por entonces estudiante de derecho, fue designada síndico y más tarde accionista de WILL-Ri, la sociedad fantasma constituida por los marinos que suplantó a la de los empresarios secuestrados.
Además de Chacras de Coria, a Conrado Gómez le fueron sustraídos, asimismo, una elevadísima suma de dinero que el abogado guardaba en la caja fuerte de su departamento, caballos de carrera y depósitos bancarios.
Las tierras fueron loteadas y se comenzó la construcción de un barrio privado dotado de calles que los marinos bautizaron “Honor”, “Dignidad” y otros nombres fantasiosos.
Los terrenos que estaban a nombre de Cerro Lago pasaron a ser propiedad de Will-Ri S.A., integrada por los represores Francis Whamond, Jorge Radice y Alejandro Spinelli, bajo los alias de Federico Williams, Juan Héctor Ríos y Felipe Pagés. A su vez, las vendieron a Mario Alberto Cédola, contador naval y ex director del Registro Nacional de Buques.
A comienzos de los ’80, Massera creyó llegado el momento de blanquear esas propiedades, que fueron traspasadas a una sociedad, Misa Chico, de la que formaban parte su hijo mayor Eduardo, su hermano Carlos y el presidente el partido con que aspiraba llegar a la primera magistratura, Pedro Añón.
El know how de las transacciones había sido aportado por Guardia de Hierro que facilitó algunas de las sociedades comerciales de las que disponía para sus actividades financieras.
Con el gobierno de Raúl Alfonsín y el juicio a las juntas militares, el ex almirante sospechó que el plan entraba en zona de riesgo y simuló sucesivas ventas de las tierras para evitar su incautación. Massera padre no rendirá cuentas por estos hechos ante la Justicia porque fue declarado “incapaz”.
Cuando en los ’80 fue convocada por la Justicia ordinaria para que explicara su actuación, Emilia Marta García adujo que nunca había sospechado nada, que su participación se limitaba a las tareas propias de la notaría y que quienes habían aparecido como adquirentes y nuevos titulares del predio eran auténticos caballeros. Más tarde, intentó justificar su papel como accionista en las sociedades ficticias de los marinos por su historia familiar.  En una primera instancia, el anterior Consejo de la Magistratura apañó a la jueza, quien declaró que sus actos y el secreto en el que los mantuvo fueron producto de la coerción y del miedo por su hermana secuestrada. Pero esa hermana mantenía una relación sentimental con Jorge “El Tigre” Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. García también omitió confesar que el ocultamiento fue una condición necesaria para el desarrollo de su carrera judicial.
Torres investiga los robos a los desaparecidos de la ESMA en una causa que abrió, luego de que la Cámara Federal señalara que se debía profundizar en el funcionamiento de una organización destinada a enriquecer a Massera y a sus secuaces a costa de los desaparecidos. Varios ex detenidos aportaron indicios sobre operaciones que los marinos canalizaban a través de una inmobiliaria que funcionaba en el barrio de Belgrano, destinada a vender propiedades con documentación falsa elaborada en los sótanos de la ESMA. El juez estableció que miembros del grupo de tareas, de manera coordinada, sistemática y permanente y con la cooperación de personas ajenas a dicha estructura, luego de privar de la libertad a las víctimas, mediante métodos extorsivos se apoderaban ilegítimamente de sus bienes para iniciar una compleja madeja de maniobras tendientes a ocultar su origen ilícito, logrando el reingreso de los bienes con el fin de obtener un lucro indebido.
El procesamiento de la ex jueza García se continúa al de Massera hijo, tres marinos y tres civiles que formaron parte de esa estructura financiera habilitada para la rapiña.
El juez Torres es el primer magistrado que avanza sobre la red civil que colaboró en el enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, a expensas de sus víctimas. La afirmación de que los militares no estaban solos en esa empresa llamada Proceso de Reorganización Nacional deja de tener un anclaje ideológico para mostrar su base material.

Revista  7 días 16-11-07
Foto: Enrique García Medina