Los atildfdados abogados, escribanos y contadores que juran y perjuran que nunca vieron a un detenido desaparecido, nunca escucharon el alarido de un torturado ni se enteraron de los partos en cautiverio, forman parte de esa pulcra legión de burócratas del exterminio que manejaron los dólares, las joyas y los títulos de propiedad manchados con sangre con el mismo cinismo que los primeros decidieron sobre la vida y la muerte de sus legítimos propietarios.
Por Walter Goobar
www.waltergoobar.com.ar
Algunos torturadores intentan paliar el perpetuo olor a carne quemada que la picana eléctrica ha dejado en sus fosas nasales aduciendo que solo cumplieron órdenes, aunque estas fuesen las más abyectas y aberrantes. Otros, los atildfdados abogados, escribanos y contadores que juran y perjuran que nunca vieron a un detenido desaparecido, nunca escucharon el alarido de un torturado ni se enteraron de los partos en cautiverio, forman parte de esa pulcra legión de burócratas del exterminio que manejaron los dólares, las joyas y los títulos de propiedad manchados con sangre con el mismo cinismo que los primeros decidieron sobre la vida y la muerte de sus legítimos propietarios..
El procesamiento de la ex jueza Marta Emilia García -revelado en forma exclusiva en la pasada edición de 7 Días-, sacó a la luz una de las fascetas más siniestras de la pasada dictadura militar: el robo sistemático de bienes de los desaparecidos de la ESMA con la complicidad activa de civiles que ayudaron a enmascarar y blanquear la rapiña.
Organismos de derechos humanos, y ex detenidos-desaparecidos calculan que no menos de setenta millones de dólares pasaron sólo porlos Grupos de Tareas de la ESMA, integrado por poco más de ciento veinte hombres de la Armada que comandaba con mano de hierro el almirante Emilio Massera.
Se calcula que cerca de cinco mil personas pasaron por el Casino de Oficiales de la ESMA que funcionaba como centro clandestino de detención, sala de torturas, depósito del "botín de guerra" y antesala de la muerte para la mayor parte de los secuestrados. Poco más de doscientas personas sobrevivieron.
El juez Sergio Torres investiga los robos a los desaparecidos de la ESMA en una causa que abrió, luego de que la Cámara Federal señalara que se debía profundizar en el funcionamiento de una organización destinada a enriquecer a Massera y a sus secuaces a costa de los desaparecidos.
El juez Torres es el primer magistrado que avanza sobre la red civil que colaboró en el enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, a expensas de sus víctimas.
Las "fuentes de ingreso" de dinero del GT 3.3.2 provenían de varias actividades ilegales:
- El saqueo de las casas de los secuestrados, de donde "la patota", como se conocía al grupo de secuestradores, se alzaba con dinero en efectivo, joyas, televisores, electrodomésticos, muebles, cuadros y cuanto hallaran o creyeran de valor.
Durante el Juicio a las Juntas Militares, el fiscal Julio César Strassera lo sintetizó brillantemente en su alegato: "¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? Son objetivos militares los niños recién nacidos? Se puede equiparar el saqueo del ajuar de una casa con la incautación del parque de artillería enemigo? "Me robaron todo, desde el calzón de mi señora hasta el magiclik de la cocina", relato el testigo Hugo Pascual Luciani.
Son éstas las consecuencias desagradables no queridas de toda guerra?", se preguntaba Strassera. A renglón seguidoi respondió:
"No señores jueces, ésos no fueron episodios no queridos pero inevitables. Fueron actos criminales comunes, que nada tienen que ver con la guerra", sentenció el fiscal.
El robo de los autos de los secuestrados fue otra constante en la Esma. Los vehículos de los secuestrados pasaban a formar parte de la flota de los Grupos de Tareas, o eran vendidos con documentación falsificada en la propia ESMA, según declaró a la Justicia uno de los sobrevivientes de esas mazmorras, Víctor Bazterra.
En su libro, el ex marino Adolfo Scilingo sostiene que la flota de autos robados por el GT 3.3.2 alcanzó en algún momento 202 vehículos. Entre ellos había patrulleros policiales, camiones camuflados como de empresas estatales, una camioneta especial a la que llamaban SWAT que era una sala de torturas rodante, camiones y ómnibus, además de autos que habían pertenecido a desaparecidos. El resto de los vehículos secuestrados había sido vendido.
El robo de automotores por parte de miembros de la ESMA siguió en forma "particular" al menos hasta 1983.
No se sabe qué cantidad de casas y departamentos pasaron a manos del Grupo de Tareas entre 1976 y los primeros años de la década del 80, pero varios testimonios escuchados en el juicio a los ex comandantes y varios legajos de la CONADEP denuncian la existencia de una "inmobiliaria" armada por la ESMA para la venta de esos inmuebles.
En el legajo 6321 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas, Nilda Noemí Actis Goretta denunció que los miembros del GT se desplazaban en autos que habían sido previamente robados y con sus chapas patentes modificadas. La denunciante agrega: "(...) Para febrero de 1979 ya funcionaba una inmobiliaria con el fin de refaccionar las casas para la venta, ya que en algunos casos habían sido semidestruídas en el intento de secuestrar a sus moradores. El procedimiento consistía en obligar al detenido a firmar un poder mediante el cual autorizaba la venta de su vivienda. En algunos casos ese poder se falsificaba.
Una de esas inmobiliarias se encontraba en el barrio de Núñez, en la calle Zapiola 3696, Jaramillo y Zapiola. Esa casa era propiedad de los padres del teniente Jorge Radice que ya no revistaba más en la Armada sino que se desempeñaba como secretario del almirante Massera en las oficinas de la calle Cerrito.
En febrero de 1979 la "inmobiliaria" del GT 3.3.2 de la ESMA funcionaba en la calle Ignacio Warnes 350-352, de Vicente López. Meses después se trasladó a Ciudad de la Paz 1034, planta alta. Ese local fue alquilado con documentación falsa, sin que los dueños supieran nunca para que iba a ser usado.
Otros de los secuestrados que pasó por la ESMA, además de por otros cuatro campos de concentración, es Mario Villani. Villani fue sacado del campo de concentración y lo llevaron a una escribanía donde tuvo que vender su casa y entregar el dinero a sus captores del GT 3.3.2:
Extorsión y chantaje a empresarios o a gente de dinero con familiares o allegados secuestrados era otra de las actividades del polirubro de la ESMA. El caso más emblemático es el de los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma.
En los sótanos de la ESMA, los propietarios de Chacras de Coria, valuada en 16 millones de dólares, fueron obligados a firmar la cesión en beneficio de un grupo de oficiales de la marina que, actuando con seudónimo, legalizaron el despojo. Los marinos, con documentación falsa, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y directores de las sociedades fantasma.
Se exigía dinero para garantizar la vida de detenidos que fueron asesinados. En algunos casos, se habilitó a algunos secuestrados a telefonear a sus parientes y hasta a visitarlos. Varios fueron luego asesinados.
¿Adónde fue a parar el llamado "botín de guerra"? Según algunas fuentes, parte del dinero de la ESMA financió el proyecto político de Massera y su órgano de prensa, el diario Convicción, en el que trabajaron como mano de obra esclava algunos secuestrados de la ESMA. El resto es un misterio.
Revista 7 Días
25-nov-2007