Según pasan los años

Los camaristas que juzgaron a las Juntas militares vuelven a ser noticia

Los camaristas que juzgaron a las Juntas militares vuelven a ser noticia
Por Walter Goobar
Ricardo Gil Lavedra será el ministro de Justicia de Fernando de la Rúa. A Jorge Torlasco le ofrecieron la oficina anticorrupción del nuevo gobierno, Ambos integraron la Cámara de Apelaciones que condenó en 1985 a los comandantes de la última dictadura militar. Y ahora vuelven a ser noticia. En estas páginas, una breve reseña de qué hicieron y qué hacen los autores de una sentencia histórica.
Jorge Torlasco
No bien dejó la Justicia, se asoció al estudio de Alfredo Iribarren (que defendió a Amira Yoma y, ahora, a Raúl Moneta). Lo abandonó tras una pelea interna por el caso de otro cliente famoso del bufete: el juez Remigio González Moreno (que terminó preso por cobro de coimas en la causa por el vaciamiento del Sanatorio Güemes). Actualmente está asociado con Arslanian y es quien comanda el área que mayores ganancias le deja al estudio: el asesoramiento a bancos y entidades financieras. Gil Lavedra le ofreció la oficina anticorrupción del nuevo gobierno. Al cierre de esta edición, Torlasco estaba más cerca del no que del sí.
Ricardo Gil Lavedra
El flamante ministro de Justicia designado por Fernando de la Rúa afirmó sus lazos con el radicalismo defendiendo a varios de los concejales involucrados en el escándalo de los empleados ñoquis. Pero no desatendió otros vínculos poderosos: asesoró a Telefónica y a la española Transtools, acusada de cobrar sobreprecios en el negocio de informatización del Poder Judicial.
Guillermo Ledesma
Se desempeñó como abogado de Alfredo Yabrán en la causa por el asesinato de José Luis Cabezas. Fue también abogado de DHL, otra de las empresas telepostales que se le adjudicaban al empresario muerto, que supo reclutar en su ejército privado a conocidos represores de la dictadura. Otro de sus clientes famosos es Bernardo Neustadt.


León Arslanian
Alternó la función pública con el ejercicio de la profesión. Fue ministro de Justicia de Carlos Menem, y también de Eduardo Duhalde. Ahora defiende al titular del PAMI, Víctor Alderete. Es abogado de Eduardo Menem. También del grupo Bulgheroni (el cliente que hizo crecer económicamente a su estudio); de uno de los acusados en la causa de las armas, el coronel retirado Carlos Franke, y de la empresa Intefema (adjudicataria de la terminal portuaria número 6, por donde supuestamente habría pasado alguno de los cargamentos de armas traficados a Ecuador y Croacia).
Andrés D’Alessio
Es el único de los ex camaristas que no hizo plata con el ejercicio de la profesión. Fue el último jefe de los fiscales del gobierno de Alfonsín. Intentó defender ese cargo (que obtuvo con acuerdo del Senado), pero las presiones de Menem, apenas asumió, le ganaron la partida. Después montó un humilde estudio en la zona de Tribunales, pero finalmente renunció a la matrícula y se convirtió en decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Como tal, ordenó investigar si los hijos de De la Rúa usaban sus influencias políticas para aprobar exámenes.
Jorge Valerga Aráoz
Se dedicó al derecho penal. Su estudio no tuvo casos resonantes, pero supo captar clientes importantes. Por ejemplo: el empresario Jorge Antonio, o el grupo constructor Roggio, que explota varias de las concesiones viales otorgadas por el gobierno menemista, como Autopistas del Oeste y la Ruta 2. También defiende a dos de los imputados en la causa del oro: los contadores Mencarini y Tarsitano, que asesoraban impositivamente a Casa Piana y que, por lo tanto, están sospechados de haber diseñado la maniobra de fraude al Estado a través de la exportación de manufacturas de oro.
Revista Veintitrés
ID nota: 2280
Numero edicion: 73      01/02/1999