MASACRE DEL PUENTE

La sangre derramada...

Hartos de que el Gobierno utilice la posibilidad de armar una comisión con apoyo estatal sólo para condicionar o arrancarle cargos al duhaldismo sospechado, los familiares de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán rompen lanzas con los funcionarios kirchneristas. Qué pasa cuando la verdad depende de la interna “pejotista”. ¿La “vieja política” regresó para quedarse?

Por Walter Goobar y María Luz Laici
La masacre del Puente Pueyrredón, o mejor dicho la creación de un comisión destinada a investigar cuánto tuvo que ver el poder de entonces con los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, es una pieza clave en esa partida de ajedrez imaginario que Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde vienen librando de cara a las elecciones del 2005.
Aclaraciones útiles para comprender el juego: “el poder de entonces” tenía nombre y apellido bonaerenses. Duhalde era el presidente provisional aquel 26 de junio de 2002, cuando los policías comandados por el comisario Alfredo Franchiotti asesinaron a los dos militantes piqueteros. Hasta el día de hoy, una presunta serie de llamados previos entre el comisario y el segundo jefe de la SIDE, Oscar Rodríguez (socio de Duhalde en un cementerio privado, demostración palpable del estrecho vínculo que los une), no fue suficientemente aclarada.
“La comisión” citada no es otra que la dos veces prometida por el Presidente a los familiares de las víctimas, pero aún dormida en los vaivenes del toma y daca de la vieja política tan criticada por el propio Kirchner.
En los 17 meses que lleva como jefe de Estado, el patagónico no avanzó en su compromiso de ir “hasta las últimas consecuencias”, frase que los familiares tradujeron de una sola manera: “Llegar hasta Duhalde”.
Lo cierto es que la “la comisión” sólo parece ser agitada como fantasma contra el cacique bonaerense cada vez que se discute poder o cargos electivos. En concreto, fuentes oficiales admiten que Duhalde habría ofrecido al kirchnerismo sólo cinco de los veinte cargos “expectantes” (es decir, con posibilidades de ser elegidos) de las listas del año próximo.
En el entorno del Presidente suponen que ya es tiempo de que Aníbal Fernández, un hombre que habla (y bastante) con Juan Cruz Daffunchio, jefe piquetero del MTD, al que pertenecían los asesinados, insista una vez más con la oferta de armar “la comisión”. Pero esta vez –no tanto por Daffunchio, sino por los familiares– la jugada puede resultarles un tiro por la culata: Alberto Santillán, padre de Darío, y Vanina Kosteki, hermana de Maxi, tomaron distancia de Kirchner, y junto a Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora; Laura Ginsberg, de APEMIA, y otros referentes políticos y sociales piensan lanzar una comisión que ponga las cosas en su lugar, mientras se hacen una pregunta dolorosa: ¿Señor Presidente, no era que la sangre derramada no se negociaba?
EL ESCENARIO PREVIO. Para entender de qué manera la masacre del Puente Pueyrredón está signada por la interna política del PJ hay que remontarse a lo que ocurría en los meses previos a ella. Muchos de los temas que se debatían en aquellos días son los mismos del discurso actual de Duhalde: varios medios de prensa habían denunciado que el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y el ministro de Defensa Horacio Jaunarena impulsaban la intervención del Ejército en los temas de seguridad interior. El proyecto ya estaba a la firma de Duhalde. Un par de semanas antes de la muerte de Kosteki y Santillán se realizó el congreso del PJ en La Pampa donde varios gobernadores cuestionaron al secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, por la política frente a los piqueteros, y le exigieron mano dura.
Había dos líneas en el pejotismo: una pedía represión para el movimiento piquetero y otra planteaba la vía de la negociación. Chiche Duhalde proponía interrumpir el reparto de planes Trabajar para abortar el crecimiento del movimiento contestatario. Aníbal Fernández (entonces secretario general de la Presidencia) quería, en cambio, “regular” la entrega de planes porque servían para armar un “colchón social” que apaciguara eventuales espirales de violencia.
En medio de esa puja se produjeron los asesinatos.
EL 26 DE JUNIO. Es difícil adivinar cuáles eran los planes originales del gobierno provisional duhaldista antes de los asesinatos, pero el baño de sangre deshizo las pretensiones de máxima: Duhalde tuvo que dar marcha atrás con la intervención de los militares en seguridad interior y el Gobierno terminó adelantando las elecciones.
Dos días después del tiroteo, el ministro de Justicia Jorge Vanossi presentaba en el juzgado de Norberto Oyarbide una denuncia contra el movimiento piquetero hablando de “sedición”, “tentativa de golpe de Estado” y otros presuntos delitos. Durante las primeras 48 horas, el Gobierno también esgrimió la teoría del enfrentamiento entre grupos piqueteros rivales. La fiscalía estuvo buscando las supuestas “tumberas” con las que los piqueteros se habían enfrentado entre sí. La teoría de “la guerra interpiquetera” permitió imaginar un escenario en el que una asustada clase media respaldara el planteo del duhaldismo para la intervención de los militares en seguridad interior, mientras Chiche cortaba los planes Trabajar de raíz. Hasta ese momento, Duhalde se venía negando a poner fecha para las elecciones y hasta se hablaba de que él podía llegar a presentarse como candidato. Si el montaje hubiera tenido éxito, el resultado habría sido el matrimonio Duhalde eternizado en el poder.
UNA INVESTIGACIÓN PARALELA. El abogado de la Correpi, Claudio Pandolfo, cree que hubo una investigación paralela realizada por los servicios de inteligencia. En ese caso, sostiene, es necesario abrir los archivos de la SIDE y llamar a declarar a sus titulares de entonces: Carlos Soria y su segundo, el ya mencionado Oscar Rodríguez.
Pandolfo cita artículos de La Nación en los que se consignan “reuniones en la Casa Rosada donde se informa a la Presidencia de la Nación sobre el resultado de la investigación que estaban llevando adelante los servicios de inteligencia”.
“Si la Presidencia tenía información antes que la fiscalía, es necesario abrir los archivos de la SIDE.” A comienzos de 2003, Kirchner se reunió con los familiares y prometió abrir una investigación. En concreto, el Gobierno se comprometió a formar una comisión investigadora –según un borrador del decreto al que accedió esta revista– integrada por cinco miembros: Esteban Righi, que luego fue nombrado procurador, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, un periodista de Página 12 y otros dos integrantes no vinculados a los organismos de derechos humanos. Según el texto del decreto, la comisión no iba a estar conformada por familiares, sino que estos podían aportar información y testigos.
A lo largo de todo el año 2003, cada vez que se agitó la interna Duhalde-Kirchner, el tema de “la comisión” o la presencia de algún familiar de las víctimas en la Rosada bastaron para limar diferencias. En cada una de esas oportunidades se prometía a los familiares “investigar hasta las últimas consecuencias”, es decir, hasta Duhalde.
La idea de la comisión quedó sepultada hace unos meses cuando se cerró el acuerdo entre Duhalde y Kirchner y se proclamó el fin de la transversalidad.
El tema volvió a surgir con la continuidad de los cortes en el Puente Pueyrredón, que a su vez coincidió con la fractura de la Coordinadora Aníbal Verón, a la que pertenece el MTD. El Gobierno comenzó a recibir al sector de Florencio Varela, alineado con Madres de Plaza de Mayo, el que tiene un acuerdo con la CCC y que sólo corta una mano del puente.
La formación de “la comisión” anunciada para el 26 de octubre era parte de un acuerdo para el cese de los cortes en el puente. Pero en esa fecha el otro sector de la Verón interrumpió completamente el tránsito y la propuesta quedó nuevamente en el limbo.
Cuando se hizo el anuncio, Oscar Rodríguez presentó un proyecto de resolución pidiendo al Gobierno la remisión a la Justicia de los elementos que posea la propia Secretaría de Inteligencia sobre el caso. Pero todo quedó trabado por otros diputados, en su mayoría tan duhaldistas como él.
TESTIGOS MOLESTOS. Como parte de la guerra sorda entre Duhalde y Kirchner, el tema de la masacre de Avellaneda ha vuelto a resurgir en los últimos días: sin ninguna necesidad, el tribunal fijó fecha para iniciar el juicio el 1º de marzo. Esto sólo puede explicarse en el contexto de las próximas elecciones. El juicio se va a desarrollar en Lomas de Zamora, que es el bastión de Duhalde, quien quiere llegar a las elecciones con el tema resuelto. La aspiración de Duhalde es que el caso se agote en una severa condena para el ex comisario Franchiotti y los otros policías. Sin embargo, hay una nómina de testigos que el tribunal, al menos por ahora, no tiene pensado citar. Es la que exigen los familiares. Está encabezada por el propio Duhalde, quien debería explicar, por ejemplo, el temario de una reunión de gabinete realizada el 27 de junio, según el diario La Nación, “en la que se analizaron informes de inteligencia que señalan que los responsables de los hechos son el MTD y el MTR”. Esto, en principio, revelaría la existencia de informes de inteligencia que presentaban la masacre como una disputa entre piqueteros. Sin embargo, en la causa no constan.
Eso sería el principio de un largo proceso con muchos imputados reconocibles.
Pero por ahora el Gobierno sólo agita esa posibilidad pensando más en los cargos que en aquella verdad prometida.
 
“Kirchner nos usa para apretar a Duhalde"
“Kirchner usa el tema de la creación de la comisión para apretarlo a Duhalde”, acusa Alberto Santillán, padre de Darío. Y describe, con dolor: “Duhalde, a su vez, usa todo su aparato para que Kirchner retroceda y no se anime a avanzar en este tema: las muertes de Darío y de Maxi están politizadas al cien por ciento”.
*“Kirchner me prometió que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias. Después nunca más me quiso recibir. Así termina siendo cómplice de los culpables”.
*“Hay tres presos y seis procesados pero ellos fueron los brazos ejecutores. En cambio los autores intelectuales ni siquiera van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Queremos que de Duhalde para abajo, todos estén sentados en el banquillo”.
*“La Justicia se debería poner los pantalones largos. Han pasado dos años y medio del asesinato de Darío y Maxi y no han citado a ningún político a declarar”.
 
el mejor aporte
Por Laura Ginsberg*
El futuro juicio por la masacre de Avellaneda se encuentra en vísperas de convertirse en una segunda AMIA. Los jueces se preparan para sustanciarlo con los archivos secretos cerrados y sin acusar a los responsables políticos y materiales que pergeñaron y ordenaron la masacre, elaborada en las oficinas del gobierno de Duhalde y preanunciada en todos los medios.
La bravuconada le costó el gobierno y puso en crisis al aparato del Estado. Para recomponerlo, Kirchner no puede cumplir sus promesas de apertura de los archivos secretos y constitución de una comisión investigadora.
Las promesas fueron un manoseo. Por “razones de Estado” el Gobierno mantiene cerrados los archivos, preserva el aparato criminal y no pone en peligro las alianzas que teje con Duhalde y el PJ bonaerense.
Las lecciones del fraude de la AMIA fueron comprendidas por los familiares del Puente. No guardan ilusiones en nuevos “juicios justos”. Advierten que el Estado se prepara para consagrar el encubrimiento y la impunidad, intentando descargar todas las responsabilidades y “excesos” en el “loquito” Franchiotti.
Y el mejor ejemplo que dan para enfrentar esta política oficial es el llamado a personalidades, organizaciones sociales y de derechos humanos para constituir una Comisión Independiente, y luchar hasta lograr la apertura de los archivos del SIDE y el juicio y castigo a todos los culpables.
Tienen todo nuestro apoyo y solidaridad en esta tarea.
*Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)


“esto es la amia 2”
*“Este juicio del Puente Pueyrredón es la AMIA 2. Con la única diferencia de que, como el año que viene es electoral, habrá dos presos –Franchiotti y Costas– para que Kirchner pueda sacarse de encima este problema. Pero es la misma política que con la AMIA: no piensa abrir los archivos de la SIDE ni enjuiciar a Duhalde y a Solá, los verdaderos responsables políticos de las muertes. Kirchner es un cómplice político.”
*“Kirchner miente: promete investigación para los medios, porque a mí nunca me llamó, pero ni piensa en dar una respuesta transparente sobre lo que pasó. No le conviene: se juega la presidencia si entrega a Duhalde, que lo maneja como un títere. Es parte de la misma vieja política. Va por el mismo camino que el mismo Duhalde, De la Rúa, Menem...”
* “La intención de crear la comisión independiente nace porque nuestra lucha la hacemos desde la calle hacia el Gobierno y no con el Gobierno hacia los muertos del Puente, como sí lo hizo el sector del MTD que lidera Juan Cruz Daffunchio que se juntó con Kirchner y vendió la vida y la sangre de sus compañeros caídos a cambio de 500 planes sociales.”
contra la hipocresía oficial
Los muros del barrio Ludueña, en Rosario, hablan. Dicen, por ejemplo: “Cuando la cana nos tira, el que apunta es el gobierno”. Allí, en un asentamiento, vivía Claudio “Pocho” Lepratti, una de las nueve personas asesinadas por la policía santafesina en diciembre de 2001. Meses atrás, gracias a la perseverancia de la Comisión Investigadora no Gubernamental que, entre otros, conformaron sacerdotes, diputados, intelectuales, docentes y diversos organismos de DD.HH., el asesino de Lepratti fue condenado a 14 años de prisión. Un pequeño pero importante peldaño, porque la comisión busca establecer las responsabilidades políticas del entonces gobernador Carlos Reutemann y sus funcionarios.
Los muros de Ludueña dicen algo a todas luces obvio: la policía, cuando reprime y asesina como lo hizo en diciembre de 2001 y en junio de 2002; cuando encarcela luchadores sociales y se precipita con absoluta sevicia sobre manifestantes, jamás actúa excitada por un rapto de locura espontánea.
Ahora el gobierno nacional, haciendo gala de un descaro sin límites, ha sugerido crear una comisión mixta para investigar la masacre de Avellaneda. Suena a tomadura de pelo. Presumir que desde el poder político investigarán la responsabilidad de Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alfredo Atanassof, Jorge Matzkin, Juan José Alvarez, Carlos Soria y Oscar Rodríguez, comporta una ingenuidad. El peronismo no tiene el hábito de investigar a sus amigos y aliados; en todo caso, tiene la inveterada costumbre de protegerlos.
Por eso ha surgido esta comisión independiente. Basta observar la nómina de procesados y detenidos para caer en la cuenta de que, pese al engañoso discurso de Kirchner, nada ha cambiado.
*Periodista, miembro de la Comisión
 Revista Veintitrés
ID nota: 4142
Numero edicion: 333      25/11/2004