LA RELACIÓN DE LA MALDITA POLICÍA CON LOS ASESINATOS DE LAS DOS NENAS DE AVELLANEDA

Los herederos de Franchiotti

Desoyeron los reclamos de la familia, sembraron pistas falsas y encubrieron al asesino con el que tenían negocios ilegales. La actitud de los policías de la comisaría primera no debería sorprender a nadie. De allí salieron los agentes que mataron a los piqueteros Kosteki y Santillán y varios comisarios sospechados de proteger desarmaderos.

Por Walter Goobar y Raquel Roberti
La maldita policía goza de buena salud. Los brutales asesinatos de Mónica Vega (13 años) y Yessica “Marela” Martínez (9) desnudaron su insospechada vitalidad. La complicidad de los policías de la primera de Avellaneda con el asesino Héctor “Nene” Sánchez se tradujo en inacción e impunidad. La responsabilidad política es innegable. Ni el gobernador Felipe Solá ni su ministro de Seguridad pueden aducir sorpresa, se trata de una comisaría con una historia negra: algunos de sus miembros fueron investigados por su vinculación con desarmaderos y desde allí salió el comisario Alfredo Franchiotti, responsable de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Cuando los familiares de las nenas lanzaron las primeras críticas sobre la policía, Solá se justificó: “Las autoridades de esa comisaría fueron relevadas el 10 de enero”. Curiosa sanción ya que los policías fueron trasladados a otra comisaría, la de Lomas de Zamora, de mayor importancia.
El comisario Oscar Manino estaba a cargo de la comisaría primera cuando se produjo la desaparición de Marela el 19 de octubre del año pasado. En la interna policial, Manino es considerado un hombre del comisario Claudio Omar Smith. “El Gordo Manino es mío”, se jactaba. Smith fue el jefe de Asuntos Internos que sonó como reemplazante de Alberto Sobrado cuando esta revista reveló sus cuentas en el exterior y quedó fuera de la fuerza. Smith está actualmente en disponibilidad porque no pudo justificar su propio patrimonio. A su vez se lo vincula con Mario Eduardo Naldi, un ex comisario mayor con buena llegada en el interior de la Bonaerense y famoso por sus apariciones mediáticas. Smith conserva su chapa, su pistola y su sueldo, y algo más importante: su influencia para manejar los hilos de los ascensos detrás de bambalinas.
EL ENCUBRIMIENTO. “En jurisdicciones como la primera no ocurre nada que no esté en conocimiento de la policía”, se lamentan los vecinos de Avellaneda. Todos en la zona conocían que los Sánchez hacían negocios con mercaderías robadas pero –según afirman– pagaban peaje y por eso nadie los molestaba. “Yo le dije al fiscal Andrés Devoto que los Sánchez se llenaban la boca diciendo que manejaban la primera como querían”, señaló la mamá de Marela a Veintitrés.
Entre las irregularidades cometidas por los miembros de la Bonaerense, paradójicamente encargados de esclarecer el caso, pueden citarse:
l El comisario Manino no logra explicar por qué, si Sánchez era uno de los principales sospechosos del secuestro desde el primer momento, sus hombres nunca profundizaron la investigación sobre él.
l Tampoco pudo justificar por qué se ordenaron tres allanamientos en la llamada “casa del horror” pero sólo uno de los procedimientos fue notificado al fiscal. Fuentes de la investigación judicial creen que Manino pretendía preservar los negocios compartidos y alejar la investigación de los galpones donde se guardaba la mercadería robada. Uno de los operativos incluyó perros adiestrados en la búsqueda de personas. Los canes marcaron el lugar pero la policía no descubrió el cadáver. Los allanamientos extrajudiciales tenían como único objetivo conformar a la familia. Según esta hipótesis, se habría respetado el pacto con los Sánchez por sobre las sospechas.
l Una batería de pistas y denuncias falsas contribuyó a desviar la investigación. Llamados anónimos  ubicaban a la nena en Fuerte Apache, Constitución y Bariloche, entre otros destinos, cuando el cuerpo de Marela estaba en la misma cuadra de la casa familiar. En una oportunidad le hicieron saber a la familia que Marela se encontraba en perfecto estado en un domicilio de Cabildo 317 de la localidad de El Jagüel. Cuando Dominga Quiroga, mamá de Marela, golpeó la puerta de la casa indicada, le abrió Emilse Peralta, la madre de Diego, el chico de 17 años secuestrado y asesinado en julio del 2002. El cuerpo de Diego apareció mutilado en una tosquera en un caso donde también hubo complicidad policial. Una fuente de la Bonaerense argumentó la posible conexión: los padres de los dos chicos tenían relación con la venta de bienes robados y “se quedaron con algún vuelto”.
l Una mujer se presentó como asistente social en las oficinas del Programa Anti Impunidad  y prometió entregar a Marela. Incluso mencionó detalles de la causa. Concertó varias citas a las que no asistió. Insólitamente, nadie investigó a esta misteriosa mujer que no volvió a aparecer.
l Dominga Quiroga presentó una testigo que vio cuando llevaban a Marela a la casa de los Sánchez. También denunció que dos meses antes de su desaparición la habían amenazado con “llevarle uno de los hijos”. En otra de sus declaraciones señaló que Héctor Sánchez la había amenazado con un revólver en presencia de agentes de la primera y que sólo lo detuvieron por averiguación de antecedentes y no por amenazas. Nunca buscaron el arma.
l La policía recibió la denuncia de que el Nene Sánchez había asesinado a Mónica Vega a las 2 de la madrugada del viernes 20 y esperó hasta las siete de la mañana para intervenir, cuando llegó la ambulancia a retirar el cuerpo. Recién a las cuatro de la tarde se realizó el allanamiento de la casa y detuvieron a los familiares del homicida.
l El subcomisario Jorge Fernández, el hombre de la Federal dedicado a la búsqueda de personas, les confesó a los padres de Marela que todo llevaba a los Sánchez. Sin embargo, ni los policías de la primera ni el fiscal profundizaron en ese sentido. Fernández se quejó antes sus superiores de que los bonaerenses lo alejaban de la investigación. No le avisaban de algunos procedimientos y le ocultaban información.
l El día de la detención de Sánchez, según Mirta Agüero, tía de Mónica Vega, los policías tuvieron un comportamiento sorprendente: “Sacaron la autobomba, los patrulleros y dejaron sólo a dos policías. Uno de ellos avisaba a la gente que el asesino estaba allí y los dejaba pasar; cuando la gente ingresó al galpón comenzaron a reprimir”. La abuela de Mónica murió minutos después de esa refriega por un paro cardíaco. “Mi mamá fue golpeada por la policía, hay testigos y está filmado –agregó Mirta–. Cuando fui a hacer la denuncia en la primera me dijeron que si declaraba lo que había pasado, no me darían el cuerpo de mi mamá porque iban a tener que hacerle una autopsia. No insistí y ahora me arrepiento ”
LA MANO EN LA LATA. En los últimos años, la comisaría primera de Avellaneda fue vinculada a denuncias de corrupción. “En su órbita están las canchas de Independiente y Racing, los bancos, los supermercados Wal Mart y Carrefour y los boliches de avenida Mitre y Pavón, lo que la convierte en una excelente caja de recaudación”, recordó el ex intendente de Avellaneda Oscar Laborde. A esto hay que sumar las sospechas de protección a desarmaderos y connivencia con piratas del asfalto.
Pero el comisario Manino no es el único cuestionado. Las denuncias también involucran a Juan Remigio Soto, jefe de la Departamental de Lomas de Zamora, quien tiene bajo su responsabilidad a la comisaría acusada de encubrir el crimen de Marela. Según sus pares, es un extraño caso de comisario que no quiere ascender. Dicen, no sin malicia, que esa actitud “no se debe a su apego a la jurisdicción que custodia sino a que cualquier promoción pondría bajo la lupa su patrimonio”.
El comisario Soto tenía buenas relaciones con el ex comisario Juan José Ribelli, procesado por el atentado a la AMIA, y con el antiguo jefe de la Bonaerense, Pedro Klodczyck. Durante la investigación por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el comisario Víctor Fogelman determinó que el oficial del Servicio Penitenciario Tránsito Leguizamón fue enviado por Soto para “embarrar la cancha”. Por entonces, cumplía funciones en Quilmes.
Cuando el gobierno nacional decidió saturar de fuerzas federales el contorno de la Capital, donde se concentran las mayores villas de emergencia y el grueso de los robos de autos y camiones, varios comisarios de la Bonaerense se pusieron en guardia. Entre ellos Soto.
EL GATILLO ALEGRE.  De la comisaría primera de Avellaneda salieron los agentes que perpetraron, en junio del 2002, la masacre del Puente Pueyrredón. En medio de una feroz represión, el comisario Alfredo Franchiotti y un grupo de policías bonaerenses asesinaron a los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Otras 70 personas fueron heridas con balas de plomo y otras tantas torturadas dentro y fuera de esas comisarías. Las muertes de los piqueteros fueron registradas por fotógrafos y camarógrafos. Entre los policías que actuaron de civil estaban el sargento Carlos Leiva y el jefe de calle, Mario de la Fuente. Ambos estuvieron prófugos durante casi un año. “Muchos policías iban vestidos con buzos a rayas, seguramente como identificación entre ellos”, señaló el abogado de la Correpi, Claudio Pandolfi. La causa judicial está paralizada y los únicos imputados son los policías denunciados por la prensa.
Días antes de la masacre, el defensor de Casación Penal de la provincia, Mario Coriolano, había denunciado a la primera como la comisaría que registraba mayores denuncias por torturas y apremios ilegales.
    Más allá de las promesas de reforma, la definición de Rodolfo Walsh: “La secta del gatillo alegre es la misma que la de la mano en la lata”, tiene una vigencia inusitada.
 
el orden “negociado”
Por Gustavo Palmieri*
Una de las principales características de las rutinas de control del delito en la provincia de Buenos Aires es que se estructuran a partir de la participación de la policía en puntos fundamentales del mismo delito. Esto explica por qué detrás de la mayoría de los hechos delictivos que se cometen aparecen involucrados policías, ya no como una actividad extralaboral sino como forma de organizar sus rutinas de trabajo. Control y participación son las dos caras de la misma moneda. Es así que la policía deja de ser parte de la solución y se convierte en una de las causas del problema de la inseguridad. Es clara la responsabilidad que  han tenido los gobiernos y actores sociales que promovieron sistemáticamente que la ley sólo ata las manos en lugar de dar sentido al accionar policial. ¿Pero cuáles podrían ser las razones por las cuales los gobiernos no logran desandar en años lo que las políticas autoritarias construyeron en meses? El primer error es que en el fondo actúan como si la ley y la reducción de la violencia policial fueran tácticas que coyunturalmente pueden resultar exitosas pero con las cuales no terminan de comprometerse en términos estratégicos. Si de forma errada se sostiene que los derechos humanos y la ley son sólo un reclamo sectorial, se termina apoyando el presupuesto de que el punto de equilibrio es un orden sin derechos. A partir de allí se ha negociado el límite de tolerancia a las ilegalidades. Por ejemplo se prefiere negociar traslados en lugar de investigar y sancionar las violaciones. Por eso también se explica por qué, mientras se publicita la investigación de los bienes de algunos comisarios, se optó por desatender las sistemáticas violaciones de derechos humanos.
*Dir. Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS


el sello de la mafia
En los dos meses que lleva de gestión el intendente Sergio Villordo sufrió cinco actos de intimidación. El último, muy grave: su chofer fue secuestrado y golpeado brutalmente. Tres días después de que decidiera inspeccionar las discotecas le destrozaron la casa al director de Bromatología. Más tarde, le rompieron la cabeza de un culatazo al director de Inspecciones. Luego, uno de sus asesores fue secuestrado y a la delegada municipal le gatillaron un arma en la cabeza. El mensaje siempre fue el mismo: “Que tu jefe no joda más”. Villordo no duda sobre el origen de la violencia: “Rompí varios negocios con los boliches y los juzgados de faltas (tenían 78 mil causas paradas)”. Y expresó sus sospechas: “No puedo creer que la policía de Quilmes no sepa quiénes están detrás de las intimidaciones, salvo que estén involucrados”.
“estamos lejos de la maldita policía”
Por W.G.
–A pesar de que se hacen purgas y reestructuraciones, las prácticas que caracterizaron a la maldita policía se reiteran. ¿Por qué?
–Yo no coincido con eso sin haber visto el expediente. Puede que sea un caso de desidia y no por eso hay que pretender involucrarlo en lo que fue la maldita policía. Con respecto a las purgas, no creo en las purgas como tales. Apuesto a estudiar casos selectivos y tener un sistema de asuntos internos más eficaz. El cambio en la policía no se va a dar de un mes para otro, ni de una gestión para otra.
–¿Qué efecto tienen los relevos y los traslados? En este caso, por ejemplo, el jefe de la Departamental de Lomas de Zamora es un hombre que fue cuestionado y el titular de la comisaría primera es un protegido de Claudio Smith...
–En el supuesto de que sea, como usted dice, un protegido de Smith, ¿cuál es el pecado de Smith?
–Smith está en disponibilidad porque no ha podido justificar su patrimonio y, por la información que tenemos, su opinión pesa en los ascensos...
–No, no discúlpeme porque en eso estoy involucrado directamente. Yo soy el que toma la decisión de los pases a retiro de este año. Esto no es competencia ni siquiera del superintendente y mucho menos del personal de la fuerza que no esté involucrado en los estamentos superiores. La policía no la están manejando con control remoto, se maneja desde el Ministerio de Seguridad.
–En el caso Marela hay una cantidad grande de irregularidades, hasta se plantaron pistas falsas...
–No coincido con esa apreciación. Por ejemplo, lo que dicen de los perros. Fueron, olieron el colchón, olieron la casa y después se quedaron ladrando en el Riachuelo. ¿Usted cree que nosotros convencimos a los perros? .
–¿Cree que hoy la Bonaerense es mejor que cuando comenzó su gestión?
–Hablar de una mejora a dos meses de mi gestión me parece cuanto menos arrogante. Pero estamos lejos de la maldita policía.
–¿En serio me dice que no hay rastros de la maldita policía?
–También tenemos policías en actividad que se formaron al lado de Camps, pero la formación o deformación intelectual y la falta de adecuación a los tiempos que corren es una cuestión que corresponde a cada uno de ellos. Yo creo que pueden quedar individuos que respondan a esa formación pero pretendemos cambiar eso paulatinamente.
Revista Veintitrés
ID nota: 2172
Numero edicion: 294      26/02/2004