Una guía española aconseja a los inmigrantes bañarse

Negros pero limpitos

Un folleto oficial destinado a los inmigrantes les aconseja no tener relaciones sexuales para evitar contagios y les da indicaciones de cómo deben bañarse. Mientras tanto crecen las críticas al gobierno de Aznar por la ley que ya puso al borde de la expulsión a medio millar de argentinos.

Por W.G.
Esta ley (la nueva norma sobre inmigrantes) ha inventado un nuevo tipo de ser humano, aquel que no tiene derechos; es decir, que no es persona”, afirma Diego López Garrido, diputado y secretario general de Nueva Izquierda en España. Su teoría se ve abonada no sólo por la polémica disposición sancionada por el gobierno de José María Aznar, que habilita la expulsión de 200 mil inmigrantes, sino por la confección de una guía de Salud e Higiene editada por el gobierno de Valencia que equipara a los inmigrantes con los bárbaros y desnuda los prejuicios que sufren en la península. La publicación, editada en cuatro idiomas, recomienda cepillarse los dientes, utilizar hilo dental y peinarse varias veces al día. “Humedezca el cuerpo con abundante agua, enjabónese con esponja de uso individual las distintas partes del cuerpo, después enjuáguese con abundante agua y, por último, séquese con una toalla friccionándose con energía”, recomienda.
La guía, que cosechó el repudio de las asociaciones de inmigrantes, da por sentado que todos los extranjeros que llegan para trabajar disponen de baño con agua caliente. También figura un apartado relativo al descanso que aconseja dormir en una cama cómoda. Entre otras arbitrariedades, el manual aconseja no tener relaciones sexuales para evitar totalmente el riesgo de contagio. A la hora de explicar los métodos anticonceptivos cita la píldora, el preservativo, el diafragma, los dispositivos intrauterinos junto a métodos tan inseguros como la temperatura basal, las duchas vaginales y el coitus interruptus.
¿A LA CAZA DE INMIGRANTES? No son pocos los que ven en la guía una consecuencia de la nueva ley de inmigración promulgada por el gobierno. Para el diputado opositor, leyes como la española “sólo benefician a las mafias que lucran con las entradas clandestinas y, por lo tanto, potencian la marginalidad, que es el germen de la xenofobia y el racismo. De hecho, ningún otro país europeo niega explícitamente, sin pudor, los derechos fundamentales, ni ningún país de la Unión Europea puede expulsar a un extranjero irregular en 48 horas sin control judicial eficaz”.
“Hay quienes desean que yo diga que voy a ordenar la caza y captura de los inmigrantes, pero no lo voy a decir”, se defendió el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, después de intentar, sin éxito, eludir reiteradamente la pregunta sobre qué harán las autoridades frente a los miles de indocumentados que residen irregularmente en el país y que, según la ley, pueden ser expulsados.
Pese a las promesas oficiales, es un hecho que la nueva ley no regula la inmigración sino que la reprime torpemente: niega a los trabajadores inmigrantes los derechos básicos de los seres humanos (reunión, manifestación, asociación, agremiación, huelga). Los amenaza con expulsarlos en 48 horas sin garantía jurídica. Hace casi imposible el derecho de asilo, al sancionar y prohibir a las empresas de transporte trasladarlos a España. Convierte al trabajo sin papeles en un cuasi delito que lleva unida la expulsión. Y suprime la posibilidad de regularización.
Para López Garrido “es hipócrita sostener que la ley apunta solamente contra los irregulares. Los inmigrantes que llegan a España no lo hacen para ocupar un puesto de trabajo preparado, limpio. Van a buscar trabajo, y no pueden hacerlo sin atravesar por la situación de estar sin papeles, sencillamente porque el Estado no se los da. Cuanto más se amuralla una sociedad frente a una amenaza exterior, menor será lo que finalmente quede por defender”, afirmó.
Expulsar a un inmigrante de cualquier nacionalidad es caro desde el punto de vista económico y complejo desde el punto de vista legal. En primer lugar, hay que determinar la nacionalidad, y lograr que el país de origen acepte su repatriación. Y, por último, hay que organizar su traslado, dentro de los plazos y las garantías que establece la ley y pagar su pasaje de retorno. Devolver a sus países a los 4.227 chinos rechazados costaría 10 millones de dólares; el regreso forzoso de los 4.426 ecuatorianos, casi seis millones, y el de los 6.000 argentinos un monto superior aunque no estimado.
¿Qué harán los 578 argentinos a quienes las autoridades les negaron el permiso de residencia y se les pidió que salieran del país? La respuesta no es unívoca. La embajada argentina y los consulados en España no tienen respuestas claras al respecto. “La gente que está en situación irregular no es la que se acerca al consulado”, explicó el cónsul en Madrid, Luis Troisi.
Además de los profesionales, sobre todo del área de salud, y de los jóvenes de entre 25 y 35 años que se lanzan a probar suerte, hay un grupo de argentinos que se fueron a España pensando instalar un negocio con la indemnización por despido. Se trata de gente que tiene entre 40.000 y 50.000 pesos, y creen que con eso pueden hacer algo, pero para pensar en un pequeño comercio en España hay que partir del doble.
La nueva ley no deja muchas alternativas a los inmigrantes: o se vuelven a su país de origen para intentar poner en orden sus papeles o viven a la sombra y en silencio, como ciudadanos de segunda.
 
argentinos go home
Imaginemos a un inmigrante argentino varón (las mujeres embarazadas no pueden ser expulsadas), al que se le ha negado el pedido de residencia (ya hay 578 en esa situación). Hace tres semanas recibió una carta en la que  le advertían que debía abandonar España en 15 días. La nueva Ley de Extranjería entró en vigencia el 21 de enero y una pareja de policías acaba de detenerlo en la calle. Los agentes comprueban que se encuentra irregularmente en España y se lo llevan detenido un máximo de 72 horas. Después le abrirán un expediente de expulsión. Tendrá derecho a ser asistido por un abogado. Los agentes pueden solicitar al juez que prolongue la detención por un plazo máximo de 40 días. Si en ese tiempo no logra arreglar sus papeles, el Estado podrá hacer efectiva su expulsión.
Revista Veintitrés
ID nota: 8120
Numero edicion: 133      02/05/2001