Exclusivo: el fallo que impide investigar a Pinochet en la Argentina

Un manto de protección

En un polémico dictamen, dos camaristas argentinos consideraron que la asociación ilícita que mató en Buenos Aires al general Carlos Prats no debe ser investigada en la Argentina sino en Chile. O lo que es igual: acá no se puede juzgar a Pinochet, mientras en el Primer Mundo se disputan esa posibilidad. La jueza y el fiscal de primera instancia discrepan con los camaristas.

Por W.G.
Media docena de países del Primer Mundo se disputan la posibilidad de juzgar al senador chileno Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante la dictadura que encabezó en 1973. Sin embargo, el país que tiene la causa más concreta, con evidencias más detalladas sobre cómo extendió Pinochet su brazo de terror por toda Sudamérica, acaba de producir un fallo que podría enviar al archivo toda chance de investigar al ex dictador. El país es la Argentina, la causa es la que procura encontrar a los asesinos del general chileno Carlos Prats y el fallo es el que firmaron dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal 6. Horacio Vaccare y José Martínez Sobrino dictaminaron que la asociación ilícita que mató a Prats no debe investigarse en la Argentina –pese a que el ex jefe del ejército chileno fue ultimado en Buenos Aires–, sino en Chile. En la cúspide de esa asociación está el mismísimo Pinochet.
El pronunciamiento del Tribunal 6 está en línea con el principio de “territorialidad” que defiende el gobierno de Carlos Menem cuando el juez español Baltasar Garzón pide la captura de represores argentinos.
Sólo la jueza María Roqueta manifestó disidencia respecto de la resolución de sus colegas Vaccare y Martínez Sobrino. Los tres camaristas tuvieron que opinar sobre una de las ramificaciones que tiene el expediente Prats, cuyo cuerpo central tramita, en primera instancia, la jueza María Romilda Servini de Cubría. A instancia de los fiscales, Servini acaba de pedir a Londres copia del alegato de defensa que hizo Pinochet ante la Cámara de los Lores. Eso, que bien puede entenderse como un intento por profundizar la pesquisa sobre el esquema de responsabilidades que implicó el crimen de Prats, va a contramano de la señal que emitió el Tribunal Oral Federal 6.
En diálogo con XXI, el fiscal Jorge Di Lello expresó su desacuerdo con el Tribunal: “Está claro que el efecto de la asociación ilícita –el asesinato de Prats y su mujer– se produjo en la Argentina. Sin la asociación ilícita no se hubiera podido cometer el crimen”.
Por el asesinato de Prats permanece detenido en la cárcel de Villa Devoto el ex agente del servicio secreto chileno Enrique Arancibia Clavel. La masacre fue ordenada desde lo más alto del poder de la dictadura trasandina y contó con la complicidad de la “inteligencia” argentina. La coordinación represiva en el Cono Sur es lo que se conoce con el nombre de Operación Cóndor y sus consecuencias criminales sirvieron de fundamento para que el español Garzón ordenara la detención de Pinochet.
En el expediente argentino se acumulan pruebas sobre los responsables –materiales e intelectuales– de lo ocurrido el 30 de septiembre de 1974, cuando una bomba segó las vidas de Prats y su mujer Sofía. En la colocación del artefacto intervino el mismo grupo exterior de la DINA chilena que atentó contra el general Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno (en Roma, el 6 de octubre de 1975) y Orlando Letelier y Ronni Moffitt (en Washington, el 21 de septiembre de 1976).
Cada una de estas acciones fue investigada y juzgada en los países donde se cometieron los delitos. Es decir que el dictamen del Tribunal Oral Federal 6 de la Argentina no sólo rechaza jurisprudencia nacional sino también internacional.
Las hijas de Prats y el Estado chileno interpusieron un recurso de casación para que el caso continúe en la Justicia argentina.


Palabra de Lucía

“Hechas las averiguaciones correspondientes han informado que no figuran registrados como detenidos en ninguna repartición, ni tampoco son buscados por ningún organismo estatal. Por lo tanto, su desaparición es responsabilidad exclusiva de ellos.”
El párrafo, que pertenece a una carta fechada en septiembre de 1975, forma parte del voluminoso expediente que tramita el juez Baltasar Garzón en España y que condujo a la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte. La que firma es Lucía Hiriart de Pinochet, ex primera dama, y su conclusión de que los que desaparecen es “por responsabilidad exclusiva de ellos” fue su respuesta al pedido de intervención que le habían formulado las madres de dos estudiantes bolivianos de 17 años, desaparecidos en Chile.
El caso está inscripto en la coordinación represiva de Sudamérica conocida con el nombre de Operación Cóndor, que terminó, entre otras, con la vida del general Carlos Prats en Buenos Aires (ver nota aparte).
Las madres, Enriqueta Saavedra y Norma González, no obtuvieron ninguna respuesta: los chicos continúan integrando la lista de los tres mil desaparecidos durante la dictadura pinochetista.
El de los dos estudiantes bolivianos es otro de los casos por los que la mujer del ex dictador recibió peticiones, pero decidió ignorar, o mentir. Organizadora de grupos de apoyo a soldados y oficiales y militante de la Fundación Pinochet, la señora Hiriart no se movió de Londres desde la detención del ex dictador, el 17 de octubre pasado.
Revista Veintitrés
ID nota: 4536
Numero edicion: 22      01/06/1998