RICARDO MIGUEL CAVALLO

Pasaje hacia la cárcel

La extradición del ex represor Ricardo Cavallo de México a España, puede provocar una catarata de más de un centenar de pedidos similares por parte de
gobiernos que han juzgado ­e incluso condenado- a militares argentinos por delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Por Walter Goobar, corresponsal en Buenos Aires
La extradición del ex represor Ricardo Cavallo de México a España, puede provocar una catarata de más de un centenar de pedidos similares por parte de
gobiernos que han juzgado ­e incluso condenado- a militares agrentinos por delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Por lo pronto, el juez español Baltasar Garzón recibió este viernes una solicitud para que insista con el pedido de captura internacional de casi cincuenta represores argentinos procesados por genocidio, terrorismo y torturas. Si el juez reitera el pedido que ya había formulado en diciembre de 1999, el gobierno argentino deberá decidir qué hace. Además, los marinos argentinos temen que Cavallo decida colaborar con Garzón y revele los secretos que ha guardado durante todos estos años: uno de  ellos es el destino del archivo de microfilmaciones de la ESMA.
  "Paso a paso”, fue la frase elegida por el presidente Néstor Kirchner para definir su estrategia sobre eventuales pedidos de extradicio. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, asegura que el Gobierno “no obstaculizará” los reclamos de jueces extranjeros que juzgan a represores argentinos, pero ahora se teme una avalancha de solicitudes de España, Francia, Italia y Suecia
 entre otros. El canciller, Rafael Bielsa, ya instruyó a los funcionarios de la Cancillería que consideren el caso Cavallo como un asunto entre México y España, es decir independiente de las decisiónes que pueda tomar la
Argentina acerca de la extradición de ex represores. En ese sentido, la Cancillería buscará enfriar el tema de las extradiciones “hasta tanto se genere un nivel más amplio de consenso", sostuvo el canciller ante sus colaboradores más cercanos. 
La idea de Néstor Kirchner, es "no limitar" las extradiciones, según confió el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Con esa directiva, la Cancillería tiene bajo la lupa la eventual derogación del decreto 1581, firmado por el expresidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, que le permite rechazar
los pedidos de extradición cuando se refieren a hechos ocurridos en jurisdicción nacional.  Pero el canciller Bielsa -quien durante la dictadura
estuvo detenido en un centro clandestino y luego debió exiliarse por más de tres años-, no quiere apresurarse: busca generar consenso en el gabinete
antes de aceptar cualquier reclamo del exterior. En ese sentido, explora la posibilidad de encontrar los mecanismos que permitan el juzgamiento de los ex represores en la Argentina. Esto, sin embargo no soluciona los casos de Italia y Alemania, donde militares argentinos han sido juzgados y condenados
por haber cometido crímenes contra ciudadanos de esos países.
  En el caso de España, Garzón podría ser el primero en solicitar la extradición de 48 ex represores, porq      ue está vigente un traado de extradición recíproca. La expectativa del Gobierno argentino, es que las peticiones no se produzcan
rápidamente. “Esperaremos que llegue el caso”, razonaba un ministrp que daba por descontada la derogación del decreto de De La Rúa. En esta materia,
la otra previsión oficial es que la Justicia argentina analizará cada caso en forma minuciosa, para que no se produzca un “avance desmedido de los juicios de extradición”. “Somos conscientes de que este problema no sólo es judicial, también es político”, argumentaba un miembro del Gobierno.
  El principal fantasma de los militares argentinos es la extradición a Europa, y
que no los preocupa tanto si el arresto es con la Justicia local. “Con Garzón saben que van presos seguro, que muchos van directo a cadena perpetua”,
explicaba una fuente del gobierno. De las tres fuerzas, la Armada sería la más
preocupada por el tema ya que teme que Cavallo “se arrepienta” y cuente secretos de su pasado. Los marinos saben que el ex represor, conocido como
“Sérpico”,estaba encargado de la microfilmación en el centro clandestino  de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Y no descartan que, después de cuatro años de prisión en México, podría haber “reconstruido la agenda y disponer de archivos” comprometedores.
 En estos días el ministro de Defensa, José Pampuro, transmitió la "preocupación" existente en las Fuerzas Armadas. Hasta el corte que impuso el decreto de De La Rúa, llegaron a producirse 104 pedidos desde España,
Italia, Alemania, Francia y Suecia. Lejos de los micrófonos, Pampuro suele repetir que "podría abrirse una puerta de impensadas consecuencias". El ministro cree que debería delimitarse la "extraterritorialidad" para que
no se produzca un "sinnúmero de extradiciones", y aunque se inclina por dejar las cosas como están, aceptaría la jurisdicción extranjera en algún caso
"emblemático".
   En el ministerio de Defensa, la posible catarata de extradiciones se
suma a otros temas candentes que enfrentó Pampuro desde que asumió: el descabezamiento de las cúpulas militares, el caso Cavallo, y en los últimos dias, la detención de diez militares por otra causa de violación a los derechos humanos durante la dictadura Entre ellos hay tres oficiales en actividad, algo que conmociona especialmente en las filas del Ejército.
   “El Presidente es claro. Quiere que la Justicia actúe. Y para eso hay que liberar el camino de la Justicia. Además, el artículo 104 de la Constitución
Nacional aclara que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las
causas judiciales”, argumentó un funcionario encargado del tema.
  La posible derogación  de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -que dejaron impunes los delitos de la dictadura-, implicaría un giro sustancial en la
política sostenida por los predecesores de Kirchner.
  El gobierno de Carlos Menem se opuso a extraditar militares, y luego, el decreto de De la Rúa pareció encaminado a convertirse en "doctrina oficial". El gobierno de Eduardo Fuhalde se encargó de entrada de dar señales a los militares de que no iba a alterar ese estado de cosas. Ahora, en el Gobierno recuerdan que la Argentina es firmante del Tratado de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra,  delitos de lesa humanidad y genocidio. Si bien el Tratado no puede aplicarse en
forma retroactiva para juzgar delitos de los 70, el Tribunal Penal Internacional constituye la avanzada principal de la “globalización de la justicia”.
Diario El Independiente de México
28-JUN-2003