A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

24 de marzo: El pasado se conjuga en presente

Basta con echar un vistazo a la nómina de civiles que colaboraron con la dictadura para comprobar
que en la Argentina el pasado no termina de pasar.

Por Walter Goobar
Si alguien se toma el trabajo de seguir los diarios argentinos descubrirá que el ayer es ahora con demasiada frecuencia.
Basta con echar un vistazo a la nómina de civiles que colaboraron con la dictadura para comprobar
que en la Argentina el pasado no termina de pasar.
A diferencia de los uniformados que protagonizaron el golpe militar del 24 de marzo de  1976, los civiles de saco y corbata que desde el poder económico, desde la diplomacia, el derecho o la Iglesia instigaron, adhirieron y colaboraron activamente con la dictadura militar ocupando cargos clave, aún hoy siguen teniendo protagonismo. Son en la actualidad destacados miembros de una media docena de instituciones: el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial (UIA), el Banco Central y la Sociedad Rural, entre otros.
Hace un par de años, junto con la colega Romina Manguel, comprobamos que apellidos como  Solanet, Durrié, Aguado, Estrada, Sanguinetti, Reynal o Alemann, siguen rigiendo los destinos de la Argentina.
El golpe tuvo su aporte civil decisivo que sumó cuadros técnicos y un programa económico. Disfrazaron con forma de proyecto aniquilar a la entonces diezmada guerrilla imponiendo la apertura externa, la desregulación de la economía y la protección de la renta financiera en ascenso. José Alfredo Martínez de Hoz fue el nombre emblemático del grupo.  "Joe" integró los directorios de Estrella S.A., Acindar y el Banco General de Negocios, aunque ahora corre serios riesgos de ser detenido por el secuestro de los empresarios algodoneros  Federico y Miguel Gutheim. La causa Gutheim va a demostrar que la práctica del terrorismo de Estado formaba parte de los métodos empleados por Alfredo Martínez de Hoz para conducir la política económica de la dictadura. Por cierto, no estuvo solo.
Otros civiles integraron su gabinete económico. Y todos encontraron su lugar en la democracia:
Guillermo Walter Klein, su secretario de Programación y Coordinación Económica, es uno de los tantos civiles que encontró cobijo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y es, como muchos, conferenciante del CARI, un elitista club donde su hobby son las relaciones internacionales.
En una habitación blindada de las oficinas de Klein, una comisión parlamentaria secuestró hace dos décadas manuales sobre cómo llevar a la quiebra o absorber una empresa industrial, informes militares sobre la guerra antisubversiva firmados por el general Ramón Camps y copias de télex a la banca internacional facilitando información reservada sobre futuras decisiones del Banco Central.
La vida académica es otro de los escenarios donde se destacan los golpistas reciclados: Adolfo Diz presidió el Banco Central y hoy es profesor titular de finanzas internacionales de la UCEMA. Y Alejandro Reynal, el vice de Diz, fue acusado de extorsión y detención ilegal de personas y, luego de 15 años de litigio, la causa cayó pero como crimen de lesa humanidad no prescribe. Pese a ello, en 2007 Reynal fue nombrado director de ArteBa por Mauricio Macri hasta que la presión de los artistas lo obligó a renunciar.
El jefe de Gobierno de la Ciudad tuvo que descartar a varios candidatos para ocupar puestos clave en la administración cuando se  conocieron sus antecedentes al servicio de la dictadura.
Uno zafó: pese a haberse desempeñado como funcionario político de dos dictaduras - la de Lanusse y la de Viola-, el ex decano del Nacional Buenos Aires, Horacio Sanguinetti dirige ahora los destinos del Teatro Colón.
En su currículum, Sanguinetti jamás incluyó que durante la dictadura se había desempeñado  como jefe del Asuntos Jurídicos del ministerio del Interior que tenía bajo su responsabilidad rechazar los hábeas corpus por los desaparecidos, según reveló recientemente el diario Crítica de la Argentina. Su nombre aparece en una lista de represores civiles elaborada por Madres de Plaza de Mayo.
Una reciente investigación de la revista 7 Días descubrió que el abogado procesista Jorge Nicolás Labanca, militante de los sectores más ultramontanos del catolicismo, se desempeñaba  hasta comienzos de este mes como asesor legal de Seguro de Depósitos S.A. (Sedesa), una sociedad semipública que administra los seguros de depósitos de todos los bancos del sistema financiero.
Durante la dictadura, Labanca estuvo al frente de la Dirección de Provincias del Ministerio del Interior y como colaborador del entonces presidente del Banco Central Adolfo Diz, quien hasta 2005 se desempeñaba como síndico de Sedesa.
Labanca estuvo involucrado en una cuestionada operación que le costó a la entidad más de un millón de pesos. El escándalo llegó a la Casa Rosada y se resolvió el desplazamiento del equipo de abogados de Sedesa que oficiaban de corresponsales del estudio Labanca. 
También  se remplazó a Labanca por el prestigioso constitucionalista Alberto García Lema. Pero todavía subsisten los personeros de la dictadura en el directorio de este organismo semipúblico.
Otro  personaje fuerte del gabinete de José Martínez de Hoz fue Juan Alemann, ex secretario de Hacienda que hace cutro años defendió el robo de bebés frente al autor de esta nota argumentando que "había que tener estómago para adoptar al hijo de un guerrillero". Hoy Alemann tiene pendientes varias causas por apología del terrorismo de Estado, pero sigue asesorando a empresas extranjeras y durante años cobraba una jubilación de privilegio por sus servicios a la dictadura.
Roberto Alemann, hermano de Juan, fue  ministro de Economía de Leopoldo Fortunato Galtieri y hoy, entre otras cosas, representa a la Unión de Bancos Suizos.
Dos civiles custodiaron la imagen de Videla. Ricardo Yofre fue subsecretario general de su presidencia. Su gestión en el Proceso tenía la aprobación del caudillo radical Ricardo Balbín. Es abogado y se desempeña ahora en la actividad privada. Virgilio Loiácono, asesor de la Secretaría General de la Presidencia entre 1976 y 1978, fue convocado por Fernando de la Rúa para ocupar en democracia la Secretaría Legal y Técnica de la Nación y más tarde para defenderlo en la causa de las coimas en el Senado.
En el frente diplomático, Arnaldo Musich fue el primer embajador en Estados Unidos. Hasta su fallecimiento en 2006 integró el consejo consultivo del Grupo Techint, el CARI y la fundación FIEL. Debió renunciar a su cargo por una frase que crispó a los militares: "Luego de la derrota de la subversión habría que limpiar el bisturí". Fue reemplazado por un pariente de Videla, el conservador bonaerense Jorge Aja Espil, también fallecido recientemente.
En Francia, Tomás de Anchorena manejó la embajada mientras funcionó, regenteado por la Armada, el Centro Piloto de París, sede de la represión ilegal en Europa.
Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda, se desempeñó como subsecretario de Agricultura. Los hijos de una desaparecida lo denunciaron por su posible participación en el secuestro y desaparición de la bióloga Marta Sierra, empleada del INTA. El papel de Zorreguieta durante la dictadura fue profusamente estudiado por el gobierno de Holanda, que le impidió asistir a la boda de Máxima. En la Argentina, en cambio, nada le ha impedido ser miembro titular de la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Cámara de la Industria Azucarera.
El sucesor de Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, aprovechó los contactos de su gestión para continuar en la actividad privada a través de su propia consultora, Searse. Jorge Berardi fue otro de los civiles que encontró remanso en el ámbito académico: el subsecretario de Hacienda dirigió la Maestría de Mercado de Capitales de la Universidad del Salvador.
Jorge Aguado fue ministro de Agricultura de Viola e interventor en la provincia de Buenos Aires de Galtieri. En democracia, pasó a ser vicepresidente del grupo Socma, conglomerado de sociedades del grupo Macri. En 2001 presidía IDEA, el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino, que reúne a la crema del establishment empresarial.
Manuel Solanet ocupó cargos en el gobierno de facto de Videla. Reciclado, Solanet fue secretario de Estado cuando Ricardo López Murphy ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de De la Rúa. Y fue el hombre clave de FIEL, que dejó para fundar su propia consultora, INFUPA. Es miembro de la Comisión Económica de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y, desde 1998, miembro titular de la Academia Nacional de Ingeniería. Elvio Baldinelli ocupó dos cargos bajo la dictadura: fue embajador ante la Comunidad Económica Europea del '77 al '81 y secretario de Industria y Minería de Galtieri hasta 1982. En la democracia, encontró su lugar en la vicepresidencia del Banco Central durante el año '90 y fue profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de Cancillería. No estuvo ausente del directorio de Pirelli Argentina S.A. y es, como muchos de sus pares, miembro del CARI.
El penalista Roberto Durrieu, que de la mano de Juan Carlos Blumberg recuperó protagonismo, no sólo es su abogado y presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad. Durrieu fue subsecretario de Justicia de la dictadura y prologuista de un libro del general Ramón Camps. Llegó al ministerio de la mano de Alberto Rodríguez Varela (que ocupó la titularidad del ministerio y fue defensor de Jorge Rafael Videla).
Durante el juicio que se celebró en 2007 contra el sacerdote Christian
Von Wernich, ex capellán de la Bonaerense,  el preso Norberto Cozzani, asistente del ex comisario Miguel Etchecolatz, sostuvo que Roberto Durrieu y Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, "fueron parte de un todo" durante la dictadura militar y que tuvieron responsabilidades en la represión ilegal.
Trabajan normalmente, como si no tuvieran pasado. Las empresas y los organismos  los contratan igual. Acaso porque semejante pasado les parece un buen antecedente para este, nuestro presente.
Diario Buenos Aires Económico
24-MAR-2008-03-24