JUICIOS EN EL EXTERIOR

El arma de los grupos económicos

La Argentina tiene el récord mundial de demandas internacionales. Enfrenta veinte planteos judiciales que se podrían duplicar en los próximos meses. Si todas las causas fueran desfavorables, el monto a pagar rondaría los 14 mil millones de dólares, lo que equivale al presupuesto anual del país. Ya hay embajadas y edificios embargados. El increíble caso de la Fragata Libertad.

Por Walter Goobar y Reynaldo Sietecase


El capitán no terminaba de entender lo que leía en el radiograma. “No atraquen en Hamburgo”, decía el mensaje remitido por la embajada argentina en Berlín. Desde 1963 el puerto alemán es una de las paradas habituales de la Fragata Libertad; sin embargo en mayo pasado, el oportuno aviso evitó que un juez incautara para llevar a remate el buque escuela, que es todo un símbolo para la Armada argentina. Si todas las demandas judiciales que existen contra la Argentina en el exterior prosperaran, el gobierno de Néstor Kirchner debería pagar 14 mil millones de dólares. Esta cifra equivale al presupuesto anual del país. En buen romance: para poder hacer frente a estos juicios, durante un año el Gobierno no debería utilizar ni un solo peso para educación, salud, seguridad, obras públicas, sueldos ni gastos operativos. En su mayoría, las demandas fueron presentadas en tribunales internacionales por tenedores de bonos de la deuda externa argentina y por las empresas privatizadas que reclaman compensaciones por la pesificación asimétrica y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos.
El caso de la Fragata Libertad no es el único. En Alemania ya fueron embargados el edificio de la embajada argentina en Bonn y las sedes de los consulados en otras ciudades alemanas. En Panamá está embargado el edificio del Banco Nación y los planteos podrían extenderse a otras capitales del mundo. Algunos jueces también amenazan incautar las cuentas bancarias de los diplomáticos. En el gobierno argentino estiman que si para el 2004 no se llega a buen puerto en la renegociación de los 61 contratos con las empresas privatizadas y no se logra un acuerdo razonable con los tenedores de bonos de la deuda externa (afectados por el default), los problemas para el país pueden ser muy graves.
SIEMPRE LOS PRIMEROS. La Argentina encabeza el ranking de los países más cuestionados ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y al que llegan los litigios entre empresas y Estados. En este momento, el organismo tiene en estudio veinte demandas contra el Estado argentino, recién después viene el Congo con siete, México también tiene siete y Egipto, seis demandas. Estados Unidos, Jamaica, Marruecos, Pakistán, Ucrania y Venezuela presentan tres casos cada uno.
Los juicios aumentan cada mes. En el 2001 se presentaron cuatro demandas; un año después se sumaron otras cuatro, en el 2003 hubo o nce planteos judiciales nuevos y se estima que para fin de año la cifra total será superior a treinta.
Aunque muchas empresas privatizadas comparten abogados y coordinan las fechas de sus presentaciones judiciales, los representantes de las filiales en la Argentina deslindan toda responsabilidad y argumentan que los procesos fueron iniciados por los accionistas de sus casas matrices. La estrategia de acumulación de juicios contra el Estado fue diseñada por las empresas chilenas con inversiones en Buenos Aires y posteriormente ha sido seguida por empresas españolas, estadounidenses e italianas. Más allá de que los representantes de las filiales argentinas rechazan esta lógica, lo cierto es que los reclamos internacionales sirven como un elemento extra de presión a la hora de discutir los contratos de servicios.
Los bancos extranjeros con sede en Buenos Aires amenazan ahora con demandar en Washington al Estado argentino si no logran una compensación por el subsidio que se les otorgó a los deudores por la llamada pesificación asimétrica.
Y AHORA QUIÉN VA A DEFENDERNOS. La estrategia de defensa elaborada por el gobierno argentino incluye:
l Potenciar el área internacional de la Procuración del Tesoro, el organismo oficial que defiende los intereses del Estado y que está ahora bajo la dirección del abogado santafesino Horacio Rosatti, un hombre que goza de la entera confianza del Presidente.
l Defender la competencia de los tribunales argentinos en los litigios y evitar, cuando se pueda, los reclamos en sede extranjera. Ponen como ejemplo el caso de una demanda de la empresa francesa Vivendi Universal, que terminó en los tribunales de Tucumán.
l Exponer como argumento central que la crisis económica que determinó el default fue inusitada y comparable al crack de 1929 en Estados Unidos o la hiperinflación que precedió el ascenso de Hitler en Alemania.
l Dejar en claro que la Argentina tiene voluntad de cumplir sus compromisos.
l No aceptar arreglos unilaterales sino soluciones globales.
l Ganar tiempo mientras se alcanza una solución integral al tema deuda externa y se llega a un acuerdo “razonable” con los tenedores de bonos (sólo en Alemania hay 7 millones de dólares en cupones de la deuda). “Deben entender que los bonos fueron un mal negocio, tienen que entender que la empresa en la que invirtieron quebró”, fue el mensaje de Kirchner en su reciente gira europea.
En el mismo sentido, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, disparó munición gruesa: “Los inversores saben muy bien que por la vía de los tribunales no van a cobrar”. La respuesta no se hizo esperar: “Lavagna dice que no vamos a conseguir nada por la vía judicial, pero hasta ahora tampoco conseguimos nada por ninguna otra vía. Camuzzi Gas Pampeana necesita certidumbres para los próximos treinta años”, explicó a Veintitrés Gustavo Pedace, vocero de la distribuidora de gas que esta semana anunció que dejaría de instalar nuevas conexiones en La Pampa.
RUIDOS EN LA LÍNEA. Hace pocos días, Telefónica anunció que se sumaba a la veintena de empresas privatizadas que iniciaron juicio contra la Argentina ante el CIADI. La empresa reclama compensación por los 3.800 millones de dólares que, asegura, le costó el congelamiento de tarifas y la devaluación del peso. Pero el anuncio tuvo mucho de maniobra publicitaria: según consta en la página web del CIADI, la demanda fue presentada el 23 de abril por Telefónica S.A., el holding español que controla la filial argentina. Lo que Telefónica hizo hace unos días fue publicitar su decisión a través del informe anual a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión del mercado de valores de Estados Unidos.
Cuanto menos resulta sugestivo que la demanda de Telefónica lleve la misma fecha que la iniciada, por las mismas razones, por los accionistas de Telecom Italia. Esa empresa comunicó al entonces presidente Eduardo Duhalde, el 23 de abril, que denunciaba el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado con Italia, con lo cual daba el primer paso para el juicio. “Telecom Argentina no tiene nada que ver con los juicios”, explicó Pablo Talamoni, gerente de Comunicaciones Externas de la empresa. “Los juicios fueron iniciados –por separado– por Telecom Italia y France Telecom, que son dos de los inversores extranjeros, a partir de los tratados firmados con los distintos países que garantizaban inversiones extranjeras.” Aunque toda consulta debe remitirse a esas empresas, para Talamoni es una casualidad que Telecom y Telefónica hayan iniciado acciones legales en la misma fecha. Una respuesta similar ofreció Andrés Alcaraz, de Telefónica, quien indicó que la decisión de iniciar la demanda fue tomada por la casa central.
A la hora de calcular el impacto de la devaluación y la pesificación, Telefónica señala que esas medidas le restaron 724 millones de euros al ingreso neto de la compañía en los dos últimos años, y que el valor de sus activos cayó en 2.600 millones de euros. Sin embargo, a pesar de la crisis, el año pasado la empresa repatrió 1.500 millones de dólares de sus filiales latinoamericanas.
Los representantes de la organizaciones de usuarios exigen que las empresas de servicios informen sobre sus ganancias y el nivel de recorte que hicieron sobre sus inversiones desde el 2001, que suponen tan drástico como para compensar con creces la caída de sus ingresos.
TARIFAS Y CONTRATOS. Con la excepción de la multinacional alemana Siemens que reclama de la Argentina la friolera de 400 millones de dólares por la anulación del contrato para confeccionar los nuevos documentos de identidad, en la mayoría de los casos restantes las empresas demandan al Gobierno por haber violado de una manera u otra sus contratos de concesión y piden ser compensadas por lo que consideran daños y perjuicios de esa violación contractual. El punto en común es que los acuerdos originales –firmados bajo la Ley de Convertibilidad– fueron hechos en dólares y que la Ley de Emergencia los pesificó. Los otros casos son por incumplimiento por parte del Gobierno de aumentos de tarifas pautados en las concesiones.
Después de recibir los halagos que le proporcionó en Bruselas el titular de la Comisión Europea, Romano Prodi, el presidente Kirchner escuchó los reclamos que le hizo el comisario de Comercio de la UE, Pascal Lamy, sobre “la indefinición del cuadro tarifario” de los servicios públicos. “Las empresas privatizadas necesitan un golpe de confianza”, le dijo Lamy. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, había prometido que en dos meses el Gobierno acordaría un aumento de tarifas que algunos analistas estiman entre 7 y 9 por ciento.
En medio de la primera pulseada por los aumentos, Kirchner firmó días atrás el decreto 311 que habilitó la renegociación de tarifas, pero luego se fijó una fecha tope que disgustó a las concesionarias: diciembre del 2004. El ministro de Planificación, Julio De Vido, emitió otra señal que alarmó a las empresas: firmó un convenio técnico con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para que evalúe los servicios públicos (ver recuadro).
DE CHILE CON AMOR. Chile es el país de origen de los capitales que más demandas ha presentado contra la Argentina. El abogado texano Doug Bishop es el patrocinante de por lo menos cuatro causas: Camuzzi, Azurix y Sempra, además de Siemens. En febrero de 2002, el abogado chileno Roberto Mayorga sugirió al CIADI acumular las causas que inversionistas extranjeros hayan iniciado contra la Argentina en uno o dos tribunales. El pedido, que apunta a que no se produzcan fallos distintos para casos similares, es considerado por los defensores del Estado argentino como una aberración jurídica.
En la Procuración del Tesoro de la Nación reconocen que el movimiento litigioso se multiplicó. “Pero hay de todo”, explica uno de los abogados que trabaja actualmente en la defensa de la Argentina ante el CIADI. “Algunos casos nos preocupan, y otros simplemente son bravuconadas para meter presión en la renegociación de tarifas”.
 
las principales demandas contra la argentina
n Houston Industries Energy. Denuncia del 25/2/1998.
n Enron Corporation and Ponderosa Assets. Fue presentada el 11/4/2001 por un contrato de transporte de gas.
n CMS Gas Transmission Company. Del 24/8/2001. Es la dueña del 30% de Transportadora de Gas del Norte.
n Azurix Corp. Del 23/10/2001. Es la empresa de Enron que controló el agua en la provincia de Buenos Aires, servicio que fue reestatizado en febrero de 2002 tras el abandono por parte de la concesionaria. La demanda sería por 600 millones de dólares.
n LG&E Energy. Del 31/1/2002. La firma tiene participación en Distribuidora de Gas Cuyana, del Centro y Gas Natural Ban.
n Siemens A.G. Del 17/7/2002. Reclama 400 millones de dólares por la rescisión del contrato para hacer DNI y pasaportes.
n Sempra Energy International. Del 6/12/2002. La firma tiene participación en Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
n AES Corporation. Presentado el 19/12/2002. La compañía controla las distribuidoras de electricidad Edelap, Eden y Edes.
n Camuzzi, Camuzzi International (Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur). La causa fue presentada el 27/2/2003.
n Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. Las fabricantes chilenas de colectivos alegan que la pesificación de créditos otorgados por 18 millones de dólares violó un acuerdo bilateral. Del 7/4/ 2003.
n Telefónica. La demanda fue presentada el 23 de abril por Telefónica S.A., el holding español que controla la filial argentina. La empresa reclama 3.800 millones de dólares.
n Telecom comunicó que denunciaba el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Italia, con lo cual daba el primer paso para el juicio.
n Continental Casualty Company, compañía de seguros. Del 22/5/2003.
n Gas Natural SDG S.A. La empresa española que controla y opera la distribuidora Gas Natural BAN. Caso del 29/5/2003.
n Pioneer Natural Resources, Pioneer (Argentina) S.A. y Pioneer (Tierra del Fuego) S.A. Concesiones eléctricas e hidrocarburos. Del 5/6/2003.
n Pan American Energy LLC y BP Argentina Exploration Company. Hidrocarburos y concesiones eléctricas. Del 6/6/2003.
n El Paso Energy International Company, hidrocarburos y concesiones eléctricas. Caso del 12/6/2003.
n El grupo belga-francés Suez, responsable de Aguas Argentinas, Aguas de Santa Fe, Aguas Cordobesas, Litoral Gas y el gasoducto Norandino. Del 29/6/2003.
nAguas del Aconquija/Vivendi. En este caso, la Argentina ya obtuvo un éxito que podría constituirse en un importante precedente. El CIADI consideró que el reclamo de la compañía  francesa, que prestaba el servicio de agua en Tucumán, no era procedente porque no se había violado ninguna de las condiciones del tratado de inversión entre Argentina y Francia. Por lo tanto el reclamo debía tramitarse ante los tribunales de Tucumán.
a buen entendedor, pocas palabras
El convenio firmado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) fue interpretado por los representantes de las empresas de servicios como una respuesta a sus reiterados planteos por el aumento de tarifas. Ocurre que Flacso mantuvo siempre posturas muy críticas a las privatizaciones. Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, dos de sus principales economistas, han revelado en sus trabajos que las empresas obtuvieron inmensos beneficios durante los ’90. Según Azpiazu en Las privatizaciones en la Argentina. Diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad social, “los privilegios concedidos a las privatizadas durante la gestión de Carlos Menem en la Rosada posibilitaron a esas empresas márgenes de rentabilidad 14 veces superiores a los de las 200 mayores empresas nacionales que no participaron en las privatizaciones. Las conclusiones son lapidarias: al contrario de lo que cabría esperar, los niveles de los márgenes de rentabilidad denotan una correspondencia inversa con respecto al riesgo empresario: a menor o nulo riesgo (como es el caso de las privatizadas), mayor tasa de ganancia. Además tuvieron una rentabilidad de dos a cuatro veces mayor que sus casas matrices”. Por eso el acuerdo que puede derivar en la participación de Flacso en la elaboración de un nuevo marco regulatorio para los servicios, habla de la línea que pretende imponer el gobierno en la discusión tarifaria.
Revista Vreintitrés
ID nota: 592
Numero edicion: 262      17/07/2003