Carmen Argibay, María Rosa Bosi y María Ernestina Storni revelan que en el Poder Judicial se discrimina a las mujeres y a los judíos. También critican al titular de la Corte Suprema por su discurso reaccionario. Dicen que no hay control sobre el Servicio Penitenciario y sugieren demoler las cárceles de Caseros y Devoto.
Por Walter Goobar
Afirman que el Poder Judicial discrimina a las mujeres y a los judíos. Acusan de retrógrado al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, quien en el Congreso Internacional de Magistradas reivindicó el papel de la mujer... en el hogar. Si el género de la Justicia es femenino, su práctica es bastante masculina, sostienen tres juezas y proponen otras miradas y otras prácticas de la ley. Con más de treinta años en la justicia penal, la titular del Tribunal Oral 2 de la Capital, Carmen Argibay, dice que Caseros es “una fábrica de locos” y propone soltar a los procesados sin condena. La defensora de menores María Ernestina Storni denuncia que el Consejo del Menor y muchos jueces prefieren internar a los chicos en institutos en lugar de darles una familia permanente, porque eso es un gran negocio para muchos. “Lo terrible es que no haya recursos y que me digan que el único lugar para un chico de un año o dos años sea una institución”, agrega la jueza María Rosa Bosi, titular de un juzgado de familia.
–¿La Justicia tiene sexo?
Carmen Argibay: –No confundamos sexo con género. El sexo es una cuestión de naturaleza: nacimos varones o mujeres. El género, en cambio, tiene que ver con cuestiones culturales. No sé si la Justicia tiene sexo (aunque debería ser femenino), pero creo que hay cuestiones de género por las cuales se dan dos visiones diferentes.
–¿Por ejemplo?
Argibay: –Las mujeres hablamos un idioma más accesible, mientras los abogados emplean una jerga. Si estoy condenando a un ladrón, tengo que decírselo claramente y no citarle a los autores franceses, alemanes e italianos para lucir mi sabiduría. En todo caso, eso lo podría hacer en la facultad, pero no en una sentencia o en una audiencia. Las mujeres tendemos a hacer las cosas claras para los justiciables. Tenemos los pies más puestos sobre la tierra.
–Hace pocos días, en la apertura del Quinto Congreso Internacional de Magistradas que se realizó en Buenos Aires, usted afirmó: “Tenemos una judicatura machista”.
Argibay: –No tengo la menor duda. En la Universidad de Buenos Aires las graduadas superan el 60 por ciento, pero en la Justicia Ordinaria de la Capital el ingreso de mujeres es de un 25 por ciento y en la Justicia Federal la proporción es del 5 por ciento. Hay un predominio masculino que genera formas de discriminación larvada. Las mujeres estamos y nos toleran, pero todavía no tenemos una condición de igualdad. Las juezas extranjeras que participaron en el congreso estaban espantadas por el discurso retrógrado de Julio Nazareno, que habló de la familia tradicional y el papel de la mujer en el hogar.
María Rosa Bosi: –La justicia no es una isla. Es un reflejo de lo que pasa en el país. Esta sociedad es muy discriminatoria. ¿Cuántos judíos hay en el Poder Judicial o en las Fuerzas Armadas?
–¿Se reivindican como feministas?
Argibay: –Somos feministas en la medida que defendemos los derechos de todas las mujeres. Aquí se piensa que una feminista es un marimacho que quiere matar a todos los hombres, pero no es así. No odiamos a los hombres, ni los queremos excluir o postergar.
Bosi: –Desplazarlos sería una locura. Queremos igualdad de oportunidades.
–En los últimos días se produjo una suerte de estallido de casos con niños: maltrato en los institutos de menores, el informe de Unicef sobre prostitución infantil, denuncias sobre tráfico de niños y un debate sobre la adopción. ¿La crisis social agrava la situación de los chicos?
María Ernestina Storni: –La situación de la minoridad siempre fue crítica.
Bosi: –Esta realidad está vinculada a la pobreza: la vulnerabilidad en la cual se encuentran muchos seres humanos que nunca tuvieron la más mínima chance de elegir nada.
Storni: –La internación de chicos en institutos de menores es un gran negocio para muchos. Existe un invento siniestro, el Programa de Prevención del Abandono (PPA), para intentar convencer a las madres en situación de riesgo de que no den sus hijos en adopción: les pagan un subsidio, un hotel y una guardería para que puedan trabajar, así no entregan a sus hijos. Pero a los dos años ese subsidio se acaba y la madre abandona al chico, que comienza a transitar el camino de los institutos hasta que cumple 21 años.
–¿Quiénes hacen negocio?
Storni: –Muchos. Los equipos técnicos de psicólogos y asistentes sociales que hacen las evaluaciones, los matrimonios que trabajan de padres sustitutos, las instituciones que cobran subsidio por cada chico internado... Hay familias que podrían contener a esos chicos si se les diera la mitad o la cuarta parte de lo que se paga por institucionalizarlos.
–¿Cómo se toma la decisión de enviar un chico a un instituto?
Storni: –Internar a un chico es una sensación de fracaso.
Bosi: –Es terrible que no haya recursos y que me digan que el único lugar para un chico de un año o dos años sea una institución.
Storni: –También es cierto que, por no actuar con celeridad para retirar a un chico de su entorno, terminé viendo un cadáver.
–¿Por qué?
Storni: –Porque la madre y la abuela lo mataron a golpes. Fue desolador: actuaron tres juzgados que no tomaron a tiempo la decisión de internarlo, y lo mataron. Cuando me llamó la jueza y me dijo: “Lo mataron”, pensé que no servimos para un carajo. Todo lo que nos toca son tragedias, y potencialmente podría haber muchos cadáveres. Mi responsabilidad es grande: no puedo vacilar.
–¿Qué experiencias tuvo con Gradiva, el instituto para recuperación de drogadependientes propiedad del secretario de Lucha contra la Drogadicción de la provincia de Buenos Aires, Alberto Yaría?
Storni: –Cada vez que tuve un pibe internado en Gradiva, entré pateando puertas y me lo llevé. A esos lugares hay que ir de sorpresa: si uno avisa, los tienen bañaditos y perfumados, pero hay que caer a la hora que menos se nos espera y probar la comida. Hay muchos jueces que los prefieren internados antes de tomar el riesgo de entregarlos en adopción: se sienten menos responsables porque, total, los errores son del Consejo.
–¿Por qué la mayoría de los jueces tiende a retener a los chicos o enviarlos a institutos antes de entregarlos en adopción?
Storni: –A muchos jueces les resulta menos comprometido tener a los chicos internados, porque la responsabilidad tutelar no recae sobre ellos. También los organismos encargados de los recursos prefieren tenerlos internados, porque es más negocio subvencionar institutos que ayudar a las familias cuya única tragedia es ser pobres. En muchos casos el mismo Consejo del Menor nos sabotea.
–¿Recuerda algún caso?
Storni: –A una muchacha jujeña que ya tenía un hijo, el Consejo del Menor le insistía para que conservara su bebita: durante una audiencia en la que la asistente social le reprochaba que no asistía al turno con la psicóloga, la chica se largó a llorar y explicó que faltaba al psicólogo para limpiar casas por hora para alimentar al hijo que ya tenía. No me alcanzaron las palabras para consolarla. La abracé y le dije que había tenido dos actos de amor y generosidad con su hija: permitirle nacer y darla en adopción para que no tuviera una vida tan desdichada como la suya.
–¿Cómo actúan frente a los casos en que una madre decide entregar su hijo en adopción a una pareja determinada?
Storni: –¿Quién soy yo para decirle que no, si los adoptantes reúnen todos los requisitos que marca la ley? Lo único que tengo que asegurar es que la madre esté absolutamente segura y evaluar a los adoptantes. Pero en la provincia de Buenos Aires esto no pasa: los jueces aplican un criterio mucho más rígido, desconocen la voluntad de las madres y se guían exclusivamente por las carpetas.
Bosi: –Además, en la mayoría de los casos, los chicos ya están con los padres adoptivos. Un chico tiene una etapa evolutiva y no se lo puede poner en un freezer para evaluar.
–A la hora de condenar a un delincuente, ¿en qué influye el hecho de que el juez sea varón o mujer?
Argibay: –Suelo detenerme en la vida anterior y las oportunidades que ha tenido o no la persona a la que tengo que juzgar. Es probable que juzgue con mayor dureza si es una persona que tuvo todo tipo de oportunidades de estudio y trabajo y las dedicó al delito. Es muy probable que un estafador de guante blanco la pase peor conmigo que un ladrón de pasacassettes que no tuvo una oportunidad en su vida. Bosi: –Las mujeres observamos mucho más que los hombres los casos de violencia familiar y de violación. Parecería que ellos no quieren hacerse cargo de las situaciones de violencia.
Argibay: –Hay mujeres expuestas a situaciones de violencia que tienen que irse de su casa de buenas a primeras, sin ropa, sin nada. En la Capital Federal sólo contamos con tres refugios para albergar esos casos.
–¿Se sienten impotentes en otras situaciones?
Argibay: –Hay delitos que teóricamente son más graves, porque tienen penas mayores en el Código Penal, pero que en realidad son muy similares. Una tentativa de robo porque alguien rompió el ventilete de un auto es casi lo mismo que el hurto de un objeto valioso en una casa, pero el hurto tiene la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba mientras que la tentativa de robo no: a la cárcel.
–¿Qué pasa con las cárceles?
Argibay: –Si una cárcel está prevista para 800 personas y tiene 1.600, es indudable que no habrá camas, frazadas, baños o posibilidad alguna de alojamiento digno. Yo estuve presa nueve meses en Devoto durante la época del gobierno militar: teníamos unos preciosos caños pintados de rojo para el agua caliente y otros celestes para el agua fría, pero no había agua. No se puede tener a la gente así. Las familias de los detenidos aportan dinero para que los presos puedan comprar refuerzos de alimentos, porque en las cárceles se paga para todo: para quelo cambien de pabellón, para poder llamar por teléfono... Se repite la sociedad, en otra escala: uno tiene la fuerza –o el dinero– y los demás son sus sirvientes. El que no entra en esa relación es golpeado, maltratado o violado. O sea que es una escuela del delito.
–¿Y el sistema penitenciario?
Argibay: –Está fuera de control. Nosotros no tenemos control sobre lo que hace el Servicio Penitenciario. Pueden hacer lo que quieren con un señor que está detenido.
–¿Qué habría que modificar?
Argibay: –Todo. Para empezar, habría que demoler las dos cárceles grandes de la Capital, Caseros y Devoto: están destruidas, no tienen las condiciones mínimas para una vida decente. Caseros es una fábrica de locos. Cuando se la encargaron a un arquitecto norteamericano, le dijeron que era una unidad para procesados y que la instrucción previa al juicio demoraba un mes. Eso está en el Código, pero es una mentira absoluta: nunca se hace un sumario en un mes y hay algunos que duran años. La parte nueva de Caseros – inaugurada durante el Proceso– tiene como veinte pisos: pregunte cuántos ascensores andan. Abajo hay unos preciosos tableros con luces de distintos pabellones y pisos para prevenir incendios, pero hace años que no funciona: los presos se pueden quemar vivos.
–Cuando dice que hay que modificar todo, ¿por dónde empezaría?
Argibay: –Aunque suene impopular, yo empezaría por modificar las leyes de procedimiento. No me hace gracia tener a un tipo, que de acuerdo con la Constitución es inocente, preso hasta el juicio porque hay un juez de instrucción que le dictó una prisión preventiva por un delito que no es excarcelable y que cuando nos llega a nosotros sale absuelto.
–¿Propone soltar a todos los delincuentes?
Argibay: –Yo no quiero soltar a los delincuentes. Delincuentes son los que están condenados y esos deben estar presos en las cárceles que están previstas para condenados.
–¿Pero cómo hace para condenarlos si están sueltos?
Argibay: –He condenado a penas en suspenso a un montón de gente que viene al juicio sin ningún problema.
Storni: –Con un sistema de fianzas lo suficientemente alto como para que no evadan la presentación.
Argibay: –Y con un sistema de capturas que funcione. Porque si un tipo no se me presenta y yo le ordeno la captura, no es cuestión que venga el vecino y me diga que la policía no lo fue a buscar, porque el tipo está en su casa. Si funcionaran los controles, esto marcharía. El problema es que no funcionan los controles...
Bosi: –No es una cuestión de leyes, porque las leyes están, sino de cómo se las cumple.
–¿Qué se hace frente a la falta de ley?
Argibay: –La Justicia es un reflejo de la sociedad: ni mejor ni peor. En este momento tenemos un ataque de xenofobia con los inmigrantes indocumentados latinoamericanos: en mi tribunal no hemos notado un aumento de los delitos cometidos por los inmigrantes (aunque tampoco hay estadísticas oficiales), pero parece que los argentinos fuésemos unos ángeles, que los únicos que cometen delitos son chilenos, peruanos, bolivianos y algún brasileño o paraguayo.
–¿Hay consenso en el Poder Judicial en favor de la “mano dura”?
Argibay: –A comienzos de la democracia hubo menos espíritu represivo en el seno del Poder Judicial; ahora se responde al alarido de la sociedad que quiere más represión. No soy partidaria de reprimir sino de prevenir.
Storni: –No estoy tan segura de que sea un reclamo social, sino de los medios sensacionalistas. Y esto crea un clima en el que se sostiene que todos los jueces somos corruptos: Trovato, Ramos, y otra gente que fueron noticia habían entrado al Poder Judicial por la ventana. Difícilmente un magistrado de carrera haría semejante papelón.
–¿Argentina tiene el sistema judicial que se merece?
Storni: –Creo que la Justicia tiene mala prensa por culpa de muchos magistrados del fuero federal que viven una vida que no concuerda con los sueldos que ganan. Los que nos abochornan son gente que no es honesta en sus funciones y por lo general se trata del fuero federal penal [
Revista Veintitrés
ID nota: 1139
Numero edicion: 99 02/01/2000