Bendini en su laberinto

La suerte del jefe del Ejército, general Roberto Bendini ahora depende del derrotero que tome la causa contra sus subordinados en los Tribunales de Comodoro Py.

Por Walter Goobar
El jefe del Ejército, general Roberto Bendini está preocupado por el avance de una causa que puede  salpicarlo a él y a su segundo, el general de división
Luis Alberto Pozzi. De los 31 militares denunciados este fin de semanapor  la ministra de Defensa Nilda Garré por defraudación, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica, 23 estaban en actividad, es decir que estaban bajo su mando.
En  principio, fueron pasados a disponibilidad cuatro generales -dos en actividad- y cinco coroneles. Todos de la máxima confianza de Bendini. Por ese motivo, la suerte de Bendini ahora depende del derrotero que tome la causa contra sus subordinados en los Tribunales de  Comodoro Py.
La denuncia --radicada el jueves pasado por Defensa ante el Juzgado Federal Nro. 6, a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral -- volvió a dejar al desnudo la áspera relación de la ministra Garré con el jefe del Ejército.
El minucioso trabajo de la Dirección de Auditoría Interna de Defensa también encendió las luces de alerta en las otras fuerzas.
La ministra Garré había ordenado denunciar las severas irregularidades que varios generales, coroneles, teniente coroneles y otros oficiales, en connivencia con familiares y otros particulares, habrían cometido en 25 licitaciones que se realizaron en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos. El monto del perjuicio ascendería a 40 millones de pesos. Otras fuentes duplican esa estimación.
La presentación escrita, que lleva la firma del director de Asuntos Legales de Defensa, Esteban Rosa Alves:no involucra al jefe del Ejército, Roberto Bendini, pero sí dice que las maniobras eran "ostensibles" y que algunos militares imputados habrían "omitido dolosamente denunciarlas".
La presentación -a la que accedió este diario-, tiene 61 páginas, que están enteramente dedicadas a describir el modus operandi de una supuesta asociación ilícita.
Muchos de los implicados son familiares de oficiales, sin ninguna experiencia en contrataciones con el Ejército, monotributistas o de dudosa situación fiscal-, actuando como particulares o bajo la fachada de sociedades, que se presentaron en múltiples licitaciones, para lo cual falsificaron documentos, firmas y desdoblaron operaciones, para evitar la realización de licitaciones públicas y los consiguientes controles legales.
La presentación describe ocho grupos de empresas vinculadas, que se presentaban en las licitaciones y que solían compartir unos pocos teléfonos fijos y móviles, domicilios y direcciones de correo electrónico.
Algunos oficiales eligieron como ganador de alguna licitación a personas que llevan su mismo apellido y, en uno de los casos más notorios, el contrato fue adjudicado a una empresa por un monto mayor que el que la misma había ofertado.
Según la denuncia, todo parece haberse realizado con la connivencia de distintos miembros del Ejército y, también, de los aludidos proveedores del Estado, que nunca denunciaron las irregularidades.
En la denuncia se habla de una "manipulación sistemática" para favorecer a determinadas empresas que se alternaban indistintamente en las adjudicaciones.
Hasta ahora, Bendini había estado firme en su puesto pese al desplazamiento  de algunos de sus generales de mayor confianza. El año pasado, Garré echó al jefe de Inteligencia, Osvaldo Montero, por "operar" para desplazarla. A fin de año pasó a retiro el general Roberto Fonseca, secretario general de la fuerza, a quien la ministra no creía ajeno a esos hechos. La semana pasada, la fuga de un represor determinó el pase a disponibilidad del jefe del V Cuerpo, general Oscar Gómez.
A raíz de este nuevo escándalo, el coronel Néstor Korbs, dependiente del área de Intendencia, fue pasado a disponibilidad junto con su jefe, el general Eduardo Salvador Gibelli. Un dato que
 llama la atención es la cantidad de viajes al exterior de Korbs que en siete años realizó más de cincuenta. El coronel, aseguran en Defensa, mantenía una estrecha relación con el cesado ex jefe de Inteligencia, general Osvaldo Montero.
Otro de los generales en actividad desplazados es el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso que debía autorizar todas las contrataciones superiores a 70 mil pesos. El descabezamiento incluyó al director de Estudios Históricos, general Héctor Mario Giralda, sospechado de haber alquilado el
el Museo Histórico del Ejército, en la calle México al 200 para locaciones de películas o publicidad y el quincho para asados empresarios.
El comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo, también fue pasado a disponibilidad. Gallardo se desempeñó como director del Colegio Militar y en marzo de 2004 marcó sus diferencias con la orden del ex presidente Néstor Kirchner de descolgar los retratos de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. Gallardo está acusado ante la Justicia de Catamarca por tres secuestros y desapariciones.
A todo esto se suma la existencia de una causa por asociación ilícita y malversación de fondos que se remonta a la época en que Bendini revistaba como jefe de la Brigada Mecanizada XI en Río Gallegos. En esa causa Bendini tiene una falta de mérito que ahora podría ser revisada nuevamente.
En 2003 se abrió esta causa y al año siguiente la Oficina Anticorrupción denunció al militar por peculado, lo cual prevé hasta 10 años de prisión.
El organismo sostuvo que Bendini entre el 2002 y el 2003 depositó recursos extrapresupuestarios en una cuenta abierta sin la autorización del tesoro nacional. Las investigaciones posteriores determinaron que alrededor de la actividad militar exitían (y existen) múltiples actividades conexas que reditúan dinero por fuera del presupuesto oficial, fondos que eran manejados por Roberto Bendini en forma discrecional y que provenían del alquiler de máquinas a la provincia y a la municipalidad de Río Gallegos.
Sin embargo, el juez Gerardo Caamaño se declaró incompetente y la giró a la órbita militar, cuando en realidad se trata de delitos comunes. Motivos para estar nervioso no le faltan
Diario BAE
13-AGO-2008