Uniformes manchados con sangre

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contrató de manera directa la compra de uniformes para sus fuerzas de seguridad a una firma de uno de los sospechosos del caso AMIA: los hermanos Alicia y Alberto Kanoore Edul, que figuran en el vértice del cuestionamiento a Jorge "Fino" Palacios commo jefe de la nueva policía metropolitana.

or Walter Goobar
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contrató de manera directa la compra de uniformes para sus fuerzas de seguridad a una firma de uno de los sospechosos del caso AMIA: los hermanos Alicia y Alberto Kanoore Edul, que figuran en el vértice del cuestionamiento a Jorge "Fino" Palacios commo jefe de la nueva policía metropolitana.
La compra de uniformes por más de medio millón de pesos fue adjudicada por contratación directa a través de dos resoluciones del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro que se desempeñó como fiscal en la misma causa.
Según remarcó el legislador electo de Proyecto Sur, Rafael Gentilli,  "todas las sospechas de los familiares y muchas organizaciones sociales que nos oponemos a la designación, Palacios está vinculado a Edul, y ahora él aparece como contratista de Montenegro, demasiadas casualidades".
El Gobierno de la Ciudad dice en su defensa que es una empresa que no tiene ningún impedimento para contratar con la Ciudad. En efecto, si el crimen de la AMIA se mantiene impune, sus autores y eencubridores hasta pueden llegar a la Presidencia de la Nación".
El nombramiento de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana es una expresión brutal de una concepción de la seguridad y de la justicia que refleja la visión de mundo del macrismo.
El caso Palacios no es un desliz, una excepción a la regla sino todo lo contrario: también está trabajando con Montenegro, el ex fiscal José Barbaccia, quien está procesado por las irregularidades que llevaron a la nulidad del caso AMIA.
El macrismo puso al frente de la Academia de Policía, a Daniel Pastor, que ha publicado varios artículos en los que se niega la posibilidad de perseguir penalmente a los represores de la dictadura militar. En ese sentido, no es una casualidad que una persona que ya ha sido indagada por haber encubierto el atentado a la AMIA y que además escribió un libro negando el terrorismo de Estado, sea el jefe de la policía macrista: esto forma parte de una concepción ideológica y estratégica.
Dentro de la misma lógica perversa encaja que el ministro Guillermo Montenegro contrate la compra de uniformes con Alberto Kanoore Edul, el empresario textil vinculado al atentado a la AMIA, a quien Palacios precisamente está sospechado de encubrir.
El diez de julio de 1994, cuando faltaban escasos ocho dias para que se consumara el atentado, Alberto Kanoore Edul llamó a la casa del reducidor Carlos Alberto Telleldín que ese dia había publicado en los clasificados de  Clarín un aviso para vender la Trafic "doblada" que se usó como coche-bomba.
En un primer momento, Edul negó haber hecho ese llamado y se lo atribuyó a su chofer quien demostró ante la Justicia que la comunicación se produjo un día feriado en el que no había trabajado. Más tarde, Kanoore Edul justificó el llamado diciendo que estaba buscando una Trafic para reemplazar una furgoneta Mercedes Benz que le habían robado. Sin embargo, su coartada no cierra: Kanoore Edul no llamó a ningún otro vendedor de camionetas que por esos días se anunciaban en los clasificados de Clarín, y  la camioneta Mercedes Benz fue denunciada como robada mucho después.
En la agenda de Kanoore Edul no sólo figuraban los teléfonos de Rabbani y de la mezquita, sino de once talleres mecánicos, lo que es llamativo para un empresario del rubro textil.
Lo que ahora intentarán probar los investigadores es que la Trafic puede haber pasado de Telleldín a Kanoore Edul y de este al agregado cultural iraní, Moshen Rbbani.
Pero Alberto no era el unico sospechoso de la familia: Alicia Kanoore Edul -la socia y hermana de Alberto en el negocio de los uniformes-, está casada con un primo de Monzer Al Kassar, el traficante sirio que pasó por la Argentina y que actualmente  cumple una condena a 30 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de armas y explosivos.
Otro elemento sospechoso es que el volquete retirado de la puerta de la AMIA pocos minutos antes de la explosión, fue traslalado hasta las inmediaciones de la casa de Kanoore Edul. Además,  el chofer que hizo ese traslado había dejado cuatro radiomensajes en la casilla de Telleldin.
Con todo esto, había suficientes indicios para investigar a los Kanoore Edul desde los primeros dias posteriores al atentado. Asi se hizo, pero desde el entorno del presidente Carlos Menem se ordenó la baja intempestiva y sin orden judicial de las escuchas y se paró la investigación sobre Edul.
Más concretamente, el 1 de agosto de 1994, el padre de Kanoore Edul se entrevistó en la Casa Rosada con Munir Menem -el hermano del Presidente e introductor de Al Kassar en Argentina-,  y le solicitó que los Kanoore Edul no fueran molestados. Allí se interrumpió la pesquisa.
En la causa por el encubrimiento del atentado, el fiscal Alberto Nisman ha pedido al juez Ariel Lijo el procesamiento de Palacios porque los policías a sus órdenes que debían allanar el domicilio de Kanoore Edul se estacionaron allí a las 8 de la mañana, tres horas después hubo dos llamadas de un teléfono de Palacios a dos de Kanoore Edul y el  procedimiento recién se inició después de las cinco de la tarde.
Nisman le atribuye a Palacios no sólo haberle avisado a Edul sobre el inminente allanamiento de su casa, sino también la desaparición de 66 casetes con las grabaciones de las escuchas efectuadas durante las dos semanas posteriores al a tentado a   tras el atentado a las líneas telefónicas de los Kanoore Edul y de la desaparición las transcripciones de estas conversaciones.
"Si una persona es sospechada de haber encubierto el atentado de la AMIA, con pruebas, sospechada de haber participado en las muertes del 19 y 20 de Diciembre, con comunicaciones con uno de los comprometidos del secuestro de Axel Blumberg, tres causas diferentes que han sido hitos importantes en la historia de violencia institucional de estos años de democracia, no reúne las cualidades políticas y morales como para hacerse cargo de una nueva policía, que viene a desterrar todas las sospechas de la triste historia de la Policía Federal. Entonces es una trampa esa argumentación, porque ellos se encargan de mantener el delito impune y después dicen que es un problema político", argumenta el legislador Rafaél Gentilli.
Por su parte, Sergio Burstein miembro de Familiares y Amigos de las víctimas de la AMIA expresó su indignación diciendo que "la ropa de la policía de Macri estará manchada de sangre". "Estamos frente a una sociedad criminal y lo único que falta es que Tellendin provea los autos a la futura policía porteña", aseguró el familiar de AMIA.
Diario Buenos Aires Económico
29-JUL-2009