Montenegro, acosado por sus espías

El escándalo por las pinchaduras se extiende a las filas del PRO. Intrigas palaciegas. En el Ministerio de Seguridad circula el rumor de que Montenegro desconfía de Cristian Ritondo. “No quiero el sillón de Montenegro”, dice el legislador

Por Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar
Dadas las circunstancias, la escena resultaba casi surrealista: el ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, flanqueado por Mauricio Macri y Guillermo Montenegro, mientras disertaba sobre derechos humanos ante 400 uniformados de la aún latente Policía Metropolitana. Ocurrió durante el atardecer del jueves pasado en el Instituto de Seguridad Pública, en el Bajo Flores.
–Algunos gobiernos suelen hacer pactos con sus fuerzas policiales –disparó el magistrado. Y tras mojarse los labios con un sorbo de agua, agregaría:
–Ello aniquila la credibilidad de esas fuerzas, ya que su trabajo termina siendo ineficaz y de consecuencias desastrosas.


En ese instante, Macri cruzó con Montenegro una mirada incómoda, a la vez que un murmullo se elevaba entre las paredes de la espaciosa sala. Lo cierto es que Zaffaroni se refería a los modelos autonomistas de Estados Unidos, pero a todos los presentes les había dado la impresión de que en realidad hablaba de la milicia policial porteña.
Concluida la conferencia, el jefe de Gobierno anunció a los cronistas:
–En la próxima semana, o a lo sumo en 10 días, los primeros 70 oficiales van a estar trabajando en la calle.
Junto a él, Montenegro también se prestaba a la requisitoria periodística con las siguientes palabras:
–Me dan por renunciado cada 15 días…
Y con forzada sorna, añadió:
–Pero, por el momento, estoy atornillado.
A esa misma hora, en el despacho del juez federal Norberto Oyarbide, el ministro de Educación, Mariano Narodowski, reconocía que el abogado Ciro Gerardo James –detenido por las escuchas telefónicas al dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia Sergio Burstein, y al ex dueño de Torneos y Competencias Carlos Ávila– poseía un contrato con su cartera hasta octubre, cuando se incorporaría a la Policía Metropolitana. Pero aseguró no saber cuáles eran sus funciones.
Oyarbide lo escuchaba sin pronunciar palabra alguna. Sobre su escritorio había una carpeta; contenía un sumario interno elaborado por la Policía Federal con testimonios de efectivos con datos sobre el vínculo entre el presunto espía –que perteneció a esa fuerza hasta los primeros días de septiembre– y el comisario Jorge Fino Palacios. Dos días antes, en ese mismo juzgado, su reemplazante en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, había aportado jugosos detalles al respecto.
Sin embargo, éste tal vez ignorara que nuevos elementos de prueba empezaban a comprometer su propio papel en el asunto. En tanto, trascendió que habría otras cuatro escuchas telefónicas que involucraban a James con el caso. Y que –según una versión que fue tomando cuerpo en las últimas horas–, también por orden del Ministerio de Seguridad, existirían pinchaduras ilegales hasta en los teléfonos de funcionarios, legisladores y dirigentes oficialistas; entre ellos, el diputado del PRO Cristian Ritondo.
–Por el momento, estoy atornillado –repitió Montenegro. No obstante, en los pasillos del Gobierno de la Ciudad ya circulaban los nombres de sus posibles sucesores.
Locación de servicios. El 6 de octubre, al conocerse la noticia sobre la detención de James, Montenegro se apresuró en aclarar: “Acá nadie lo conoce, ni siquiera pasó por la puerta”. Pero tras la primera indagatoria del espía, Chamorro fue el encargado de dar una precisión oficial al respecto. “Su trámite de ingreso a la Policía Metropolitana estaba en la etapa de preselección”, reconoció en un escrito remitido al despacho de Oyarbide.
En los primeros días de julio, cuando los reclamos por la renuncia de Palacios estaban en su apogeo, éste salió de su despacho en el Ministerio de Seguridad para ingresar al de Chamorro. Lo acompañaba un hombre impecablemente trajeado. Se trataba de James, a quien no vaciló en presentar como “un incondicional” suyo en la Federal. Su propósito era asegurarle un lugar en las filas de la policía porteña. Aquel episodio fue evocado el martes pasado por Chamorro ante Oyarbide.
Y por cierto –según confirmaron a Miradas al Sur una fuente del Gobierno de la Ciudad y otra judicial vinculada al caso–, a partir de aquella fecha, la presencia de James en la sede del Ministerio de Seguridad empezó a ser habitual y constante. De ello, claro, son testigos todos los empleados y funcionarios que frecuentan el tercer piso del edificio situado sobre la avenida Patricios. Y a ello debe agregarse otro dato: los cruces de llamados efectuados sobre los tres celulares de James arrojan comunicaciones diarias nada menos que con el teléfono fijo y el celular de Chamorro. Ello augura otra inminente citación del comisario a los tribunales federales de Comodoro Py.
A la vez –de acuerdo con el testimonio de los policías federales que declararon en un expediente elaborado por Asuntos Internos–, el trato telefónico entre James y Palacios también era fluido, dado que en los días previos a su alejamiento de esa fuerza el espía solía ufanarse una y otra vez de su vínculo con el otrora poderoso comisario: “Mirá, me está llamando el Fino”, eran sus exactas palabras, mientras les exhibía a sus camaradas la pantalla de su celular. Tal informe está ahora incorporado a la causa.
Lo cierto es que, en su testimonio judicial, Chamorro aportó otro elemento inquietente: la contratación de un centenar de policías por parte del Gobierno de la Ciudad, a través de la misma modalidad con la que el Ministerio de Educación conchabó a James. En resumidas cuentas, el jefe de la Metropolitana admitió que “más de 100 personas abocadas a la implementación de la nueva fuerza policial firmaron contratos de locación de servicios”. En esa condición se encontrarían –de acuerdo con sus propias palabras– oficiales superiores, personal de comando y peritos. Tales acuerdos contractuales, cuya duración es de pocos meses, tienen por objeto resarcir a los aspirantes de la Metropolitana mientras tramitan la baja en su fuerza de origen y se cumplen los trámites de ingreso a la nueva policía. Chamorro hasta informó que la paga de tales contratos –administrados por la Universidad Tres de Febrero con fondos del gobierno porteño– oscila entre los 1.500 y los 6 mil pesos mensuales. Y que sus beneficiarios suelen figurar como “asesores”.
Aquél, por cierto, era el cargo que James ostentaba en el Ministerio de Educación. Sin embargo, se sospecha que el mismo en realidad encubría trabajos de espionaje.
En ese sentido, pese a que junto con el ministro Narodowski también declararon otros tres funcionarios de dicha cartera, las tareas allí desempeñadas por James son inciertas. Tanto es así que la jefa de Gabinete, Roxana Barroso –de quien James dependía–, sostuvo que, en su condición de abogado, el ex Federal “asesoraba sobre licencias, justificación de ausencias y normativa sobre la lay de empleo público”, aunque no sin dejar de aclarar que “sus consejos eran informales”. Dicho de otro modo, James, además de no tener en el Ministerio un lugar físico de trabajo, tampoco presentaba informes escritos ni firmaba sus dictámenes, por lo que no existe ninguna huella de su paso por dicha dependencia. Pero sí sospechas.
Los gremios docentes acusan a James de haber efectuado trabajos de inteligencia sobre los trabajadores de la educación y sobre los estudiantes que en 2008 reclamaban la implementación de becas. Puntualmente, lo acusan de haber participado en “auditorias” de carácter policial en la escuela 4 del distrito 21, la 3 del 19 y la 5 del 10, además de sacar fotos del personal educativo durante supuestas inspecciones edilicias. Por ello, la dirigencia de UTA-Cetera exige las renuncias de Narodowski y Montenegro.
En cuanto a este último, su presunto fervor por fisgonear conversaciones ajenas alcanzaría hasta a sus propios correligionarios. De ello habría sido victima nada menos que el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado de PRO Cristián Ritondo. Éste –en diálogo con Miradas al Sur (ver entrevista)– no desmintió semejante hipótesis. Y sus palabras fueron: “Tengo que admitir que ya me había llegado esa información. Si yo me enterara de que alguien de mi gobierno está escuchando mis teléfonos, se tendrá que ir. No hay lugar para el espionaje”.
La mancha venenosa. Mientras tanto, el principal protagonista de esta trama languidece en el Pabellón 4 del penal de Marcos Paz, junto con ex represores y presos que alguna vez pertenecieron a las fuerzas de seguridad.
En tanto, ahora se sabe que, junto con las escuchas a Burstein y Ávila, el juzgado de Misiones también intervino ilegalmente otros cuatro teléfonos: uno en la localidad bonaerense de Ituzaingo, otro en Tristán Suárez, un tercero en la calle Pereyra Lucena y el restante en la avenida Santa Fe. Se cree que James no fue ajeno a ello.
Su abogado defensor, José Anastasio Hernández, recibió a Miradas al Sur en su estudiode la calle Esmeralda. Se trataba de un sitio extraño; un pequeño escritorio, tres sillas y una laptop sobre un banquito constituían su único mobiliario, como si su ocupante se hubiera instalado allí media hora antes de nuestra llegada.
“Mi cliente no tiene nada que ver con este asunto. Un juez misionero le encomendó retirar las escuchas telefónicas”, dijo, casi a modo de saludo.
–Sin embargo, el policía misionero Diego Guarda declaró que las pinchaduras se hicieron por pedido de su cliente...
–Sí. Pero no sé por qué Guarda dice eso.
–¿Cómo entregaba James las escuchas en el juzgado misionero?
–Algunas veces por encomienda, a través de la empresa La Veloz del Norte; otras, personalmente.
–¿Su último viaje a Posadas, el 2 de octubre, tuvo ese propósito?
–Tengo entendido que sí.
–¿En esa ocasión estaba acompañado por un tal José Raúl Zenarrusa?
–En efecto.
–¿Que vínculo hay entre ambos?
–Tengo entendido que querían poner un estudio jurídico en Misiones.
–¿Usted está al tanto de que Zenarruza fue integrante del Batallón 601 del Ejército durante la dictadura?
–No. Ni idea. Me acabo de enterar.
–¿Los equipos de espionaje secuestrados en la casa de James eran de su propiedad?
–En efecto. Pasa que mi cliente, además, se desempeñaba como profesor. Y a esos equipos los usaba sólo como material diddáctico.
En Asuntos Internos de la Policía Federal se tiene otra percepción al respecto, dado que aún hay una investigación en curso sobre la misteriosa desaparición de un equipo para intervenir teléfonos perteneciente a la Unidad Antiterrorista (Duia). Esa era la división encabezada por Palacios, en la que James prestó servicios. Y se cree que dicho equipo es, justamente, el hallado en la casa del hombre cuyo destino hoy desvela al ministro Montenegro.
El abogado Hernández cree que su situación procesal se resolverá favorablemente en los próximos días. En Comodoro Py, por su parte, no son tan optimistas.
Diario Miradas al Sur
19-OCT-2009