Las sospechas sobre el ataque que sufrió el cuñado de Mauricio Macri, testigo estrella en la causa por espionaje telefónico, van cerrando el círculo sobre el jefe de Gobierno. Además del ataque al cuñado manosanta, James habría espiado a matrimonios en conflicto.
Por R. Ragendorfer y W. Goobar
En las novelas policiales inglesas, la acción del detective transcurre sobre una trama criminal ya debidamente finiquitada y lista para su disección. En la serie negra, en cambio, la pesquisa en sí es a la vez un detonante de otras calamidades casi siempre sangrientas. Ello también suele ocurrir en la vida real.
Durante el anochecer del miércoles, un hombre que salía de una casa situada en la zona residencial de Ituzaingó fue abordado por dos sujetos. En ese instante se produjo un breve forcejeo. Luego fue audible el inequívoco estampido de dos tiros El primero rozó la muñeca de la víctima; el otro le dio de lleno en la ingle. Por último, los agresores se replegaron sin pronunciar palabra alguna.
El episodio podría haber pasado por una simple tentativa de robo si su protagonista no hubiese sido nada menos que el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo, esposo de Sandra Macri y, por consiguiente, cuñado del jefe de Gobierno porteño. Lo cierto es que la naturaleza conflictiva de tal parentesco ha hecho de él un testigo clave en el cada vez más intrincado tejido del Macrigate. Al respecto, la semana pasada habría sido una de las más movidas de su vida. Primero fue anoticiado de que su teléfono estaba intervenido de manera ilegal. Entonces expuso ante la Justicia la sospecha de que detrás de aquella maniobra estaría su suegro, el empresario Franco Macri. Ratificó su testimonio durante la tarde del martes y, 24 horas después, ingresaría en un hospital de Haedo con dos plomazos en el cuerpo. Allí, poco antes de recibir el alta, recibió un llamado de Mauricio Macri.
–¿Todo bien, Danielito? –fueron sus palabras.
Simplemente con un monosílabo, su alicaído interlocutor asintió. Poco después, el mandatario se apresuró en calificar ese ataque como “un hecho más de la inseguridad que padecemos todos los ciudadanos”. Sin embargo, el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa sobre el espionaje telefónico, dijo que le parece “desproporcionado pensar que el episodio sufrido por Leonardo haya sido un hecho de violencia común”.
Mientras tanto, trascendieron otros dos casos de escuchas ilegales que involucran de manera directa al ya célebre espía Ciro Gerardo James. En esta oportunidad, las víctimas son Alicia De Costa, cónyuge de Jorge Navarro –hermano del presidente del Exxel Group, Juan Navarro, con el que éste mantiene una añeja disputa por razones económicas– y Susana Sainz Porres, ex mujer de Valentín Hugo Breitman, un conocido anticuario y aportante de la campaña del PRO, con el que ella está enfrentada en un rocambolesco juicio de divorcio.
Por otra parte, Oyarbide pedirá la semana entrante el desafuero de los magistrados misioneros José Luís Rey y Horacio Gallardo, quienes no asistieron por segunda vez a sus indagatorias en el Juzgado Federal Nº7.
Dichas novedades procesales son seguidas con atención en la cúpula del PRO. Una fuente confiable de ese espacio político aseguró a Miradas al Sur que en el Gobierno porteño se teme que la causa por el espionaje siga escalando y se convierta en un obstáculo para la gestión. En paralelo, dicha fuente sostuvo que el próximo jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco –archienemigo del ministro Guillermo Montenegro–, ha convocado para integrar su equipo al fiscal Marcelo Martínez Burgos, cuestionado por su rol en la causa Amia (ver recuadro) y a Manual Izura, un incondicional del ex agente de la Side Juan José Álvarez y del polémico fiscal general porteño, Germán Garavano.
Matrimonios y algo más. Valentín Hugo Breitman le gusta definirse como consultor y asesor de inversiones en arte. Y en su barroca página web, se presenta como un “experto en pintura europea de los siglos XIX y XX”. Además, suele jactarse de que su negocio, HB Antiques, ubicado en San Telmo, es el más grande e importante de Sudamérica, con una sala de exhibición de 1000 metros cuadrados.
Sin embargo, su ex mujer, Susana Sainz Porres –con quien sigue unida a través de un tormentoso divorcio– no guarda una opinión tan excelsa sobre su persona. Ante Oyarbide, ella aseguró que Breitman había contratado servicios de espionaje en más de una oportunidad. “Maneja mucho dinero y conoce a mucha gente. Tenía mucho contacto con tipos poderosos, quienes a cambio de buenas sumas de dinero le hacían cualquier tipo de trabajo, incluido el de intervenir teléfonos o realizar seguimientos”. La mujer resumió el perfil de su ex marido con las siguientes palabras: “Tiene una personalidad psicópata”. De hecho, la investigación judicial determinó que su celular fue intervenido por James, vía Misiones, al igual que el resto de los casos que contaron con su presunta participación. Por último, la señora aportó un dato significativo: “Hugo hizo aportes para la campaña electoral de Macri”.
Sin embargo, con la misma elocuencia que usa para certificar la autenticidad de las piezas de arte que ofrece, Breitman negó ante Miradas al Sur que la testimoniante en la causa de las escuchas fuese su esposa.
“Mi nombre apareció en los diarios, pero me atribuyen una esposa que nunca fue mi esposa”, dijo, a modo de justificación.
–Los diarios pueden haber cometido un error en el tipeo del apellido de su ex esposa...
–Yo nunca estuve casado con Susana Torres, así que no veo qué puede tener esa mujer para decir sobre mí.
–Vea Breitman, la que declaró en el juzgado es Susana Sainz Porres y –entre otras cosas– dijo que usted fue aportante de la campaña de Mauricio Macri.
–¿Yo? No. Es mentira. ¿Y cómo sé que la que declaró es mi ex mujer?
–Mire, la que declaró tiene el mismo domicilio fiscal que el suyo. Evidentemente es tan auténtica como sus obras de arte.
Por respuesta, Breitman colgó el teléfono.
Sainz Porres y Breitman se separaron a fines de 2007, y el divorcio está en trámite. Su celular estuvo intervenido durante un mes, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de ese año. Un dato que coincide con ese mismo año –apuntó la mujer en su declaración judicial– es que su marido "aportó dinero para la campaña del PRO en las elecciones en las que Macri resultó electo jefe de Gobierno porteño”.
Después de la separación conyugal, añadió en su relato, ella recibió “llamadas anónimas de teléfonos públicos donde le decían que su marido estaba poniendo mucho dinero para amenazarla de muerte”.
El caso Breitman-Porres hizo recordar a los sabuesos de Oyarbide lo ocurrido durante el divorcio entre Macri e Isabel Menditeguy. En mayo de 2006, la revista Noticias publicó en tapa que Menditeguy le iba a reclamar unos 25 millones de dólares a su ex marido. “Aquella información sólo pudo provenir de una escucha telefónica”, indicaron a Miradas al Sur fuentes de la causa. Macri salió en aquel momento a aclarar que “con Isabel nos separamos en noviembre pasado, con arreglo económico y sin ningún reclamo”.
De Yabrán a Franco. En el caso de la intervención al teléfono de Alicia De Costa, el asunto –según parece– habría consistido en monitorear las llamadas de su esposo, Jorge Navarro, quien por otra parte se presentará a declarar el próximo lunes en el juzgado de Oyarbide.
Tal vez sus conversaciones telefónicas hayan generado cierto interés en alguien, habida cuenta del distanciamiento que mantiene con su hermano Juan. Éste es nada menos que el titular del Exxel Group, un fondo de inversión que se hizo famoso en los años ’90 por adquirir la mayoría de las empresas que pertenecieron a Alfredo Yabrán. En la actualidad mantiene un importante pleito comercial con la cadena de supermercados Carrefour quien demandó al Exxel por 120 millones de dólares. Uno de los abogados de la cadena francesa es nada menos que Francisco Castex quien también fue víctima de las pinchaduras telefónicas.
Por otra parte, en julio de 2003, el Grupo Exxel le pidió la quiebra personal a Franco Macri ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°6. El fondo de inversiones reclamaba 74 millones de dólares que había aportado en 2001 a Socma, en oportunidad de negociar una fusión entre sus empresas postales, OCA y el Correo Argentino, respectivamente.
Con estos casos ascienden a nueve las víctimas identificadas de las pinchaduras efectuadas por James bajo la misma modalidad: una orden proveniente de los juzgados de Misiones a cargo de Horacio Gallardo y José Luis Rey. Es sabido que los jueces misioneros que autorizaron las escuchas telefónicas fueron nombrados por el ex gobernador Ramón Puerta, socio putativo de Macri. Pero hay otro dato que los investigadores pasaron por alto: la fiscal que consintió las escuchas es Amalia Spinatto, nada menos que prima hermana del ex gobernador misionero.
En el juzgado se insiste con que la investigación transita por varias líneas. Al respecto, sería un hecho la inminente indagatoria del comisario Jorge Fino Palacios y la de su sucesor, Osvaldo Chamorro, por el intenso flujo de llamadas entre sus teléfonos y el del James. No menos comprometedora sería la situación del auditor Gustavo Morón. En lo que hace al conchabo de James en el Ministerio de Educación, resalta su nexo con el auditor de esa cartera, Roberto Ayub, por medio de Marcelo Paz, quien sería su hombre en la Universidad Tres de Febrero, a través de la cual se habría contratado al espía. En la lista del juzgado tampoco está ausente Pascual Mazzeo, un antiguo oficial de inteligencia de la Federal, al que el Fino le incrustó a Montenegro en calidad de ladero.
En resumidas cuentas, la gran oreja municipal augura explosivas novedades.
Diario Miradas al Sur
15-11-2009 /