Espionaje contra propios y ajenos

El anuncio de que el macrismo espiaba a sus militantes más destacabos va a desatar un nuevo terremoto político en el gobierno porteño porque hay evidencias de que el espionaje tenía también como blancos al jefe de Gabinete Horacio Rodriguez Larreta y a los macristas Diego Santilli, Martín Borrelli y Cristian Ritondo, entre otros.

Por Walter Goobar
El juez federal Norberto Oyarbide encontró contundentes pruebas sobre las actividades de espionaje que realizaba la naciente policía porteña contra legisladores del oficialismo y de la oposición, dirigentes gremiales y contra el jefe de Gabinete porteño. Ayer, el magistrado hizo público los resultados de la pericia realizada a la computadora secuestrada en la oficina del comisario Osvaldo Chamorro, que quedó a cargo de la Metropolitana tras la renuncia de Jorge "Fino" Palacios. El anuncio de que el macrismo espiaba a sus militantes más destacabos va a desatar un nuevo  terremoto político en el gobierno porteño porque hay evidencias de que el espionaje tenía también como blancos al jefe de Gabinete Horacio Rodriguez Larreta y a los macristas Diego Santilli, Martín Borrelli  y Cristian Ritondo, entre otros.
Hace menos de un mes, Ritondo no se atrevió a desmentir ante el autor de esta nota que
su propio teléfono podía estar pinchado por orden del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenego.
"Tengo que admitir que ya me había llegado esa información, dijo Ritondo con una cautela que dejaba entrever que le resultaba verosímil. "Si alguien hizo espionaje se tiene que hacer responsable y se tiene que ir. No hay lugar para hacer espionaje. Es reprochable para cualquier sistema político del mundo  utilizar la inteligencia como método de espionaje", advirtió Ritondo que es un especialista en temas de seguridad que además fue autor del marco legal para la creación de la nueva policía Metropolitana.
Los peritajes ordenados por Oyarbide revelan que en la computadora secuestrada a Chamorro durante el allanamiento a una de sus oficinas, había una carpeta denominada "Osvaldo" que contenía informes extraídos de la base comercial Nosis con información confidencial  sobre una decena de sindicalistas y legisladores porteños  entre los que figuran: Silvia La Ruffa del Frente para la Victoria , Diana Maffía de la Coalición Cívica, Gonzálo Ruanova del Espacio Plural y los macristas Diego Santilli,  Martín Borrelli  y  Cristian Ritondo. Otros espiados son el legislador electo y gremialista docente Francisco Nenna, el dirigente del SUTECBA Patricio Datarmini y hasta se encontró un legajo con información sensible sobre el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodriguez Larreta.
Si bien el Nosis es una base de datos empelada para obtener referencias patrimoniales y financieras, en el submundo del espionaje y de las agencias de seguridad se la utiliza en las primeras fases de una investigación para obtener todos los datos posibles sobre los eventuales blancos: número de documento y CUIT, domicilio, cuentas bancarias y tarjetas de crédito, además de eventuales causas judiciales, quiebras, o embargos.
Ayer,  Cristian Ritondo estaba indignado y dijo que antes de hacer cualquier declaración prefería escuchar las explicaciones de Momntenegro. “Esto está mal, muy mal. Ningún jefe de policía tiene derecho a a acumular información sobre legisladores, pero quiero ver que tiene para decir Montenegro”, inisitió Ritondo.
En este caso, el comisario Osvaldo Chamorro deberá explicar al juez Oyarbide porqué motivo  -o por orden de quien- había acumulado información privada   de los legisladores y gremialistas mencionados y hasta del propio jefe de Gabinete Horacio Rodriguez Larreta.
Además de Chamorro, hay por lo menos otras dos personas que deberán brindar explicaciones: el ex comisario Jorge Fino Palacios, que este lunes solicitó -como medida precautoria-, la eximición de prisión (ver recuadro), y el jaqueado minstro de Seguridad, Guillermo Montenegro quien en respuesta a los allanamientos del 20 de octubre contra el ministerio a su cargo denunció una supuesta  infiltración de la Policía Federal.
El hecho que en la computadora de Chamorro exista un legajo de Rodríguez Larreta compromete más a Montenegro que a Palacios ya que Palacios no tomaría por su cuenta la decisión de esppiar al jefe de Gabinete porteño sin el consentimiento del  ministro Montenegro. Larreta nunca simpatizó con Montenegro, por lo que es psobable que este lo haya considerado un potencial enemigo.
El candidato de Larreta para el cargo era Eugenio Burzaco, pero el nombraminto de Montenegro fue impulsado por la vicejefa de Gobierno,  Gabriela Micchetti.
Tras los allanamientos a las oficinas de Palacios y de Chamorro en la calle Maipú, Oyarbide allanó el ministerio de Seguridad. La respuesta del gobierno porteño fue inmediata. El ministro Guillermo Montenegro convocó a una conferencia de prensa en la que vinculó el avance de la investigación con "intereses políticos y económicos de quienes no quieren que la nueva policía salga a la calle". Su objetivo estaba claro: denunciar una operación política.


RECUADRO
PALACIOS MAS CERCA DE IR PRESO
Por W.G.
Siniéndose cada vez más acorralado por las evidencias acumuladas en la investigación que lleva adelante el juez Oyarbide, el ex comisario, Jorge Fino Palacios presentó ayer un pedido de eximición de prisión, según confirmó a BAE una fuente del juzgado. Esas fuentes confiaron que el pedido presentado por los nuevos defensores de Palacios había sido trasladado al fiscal Jorge Di Lello, pero quienes conocen los detalles de la cuasa no dudaron en asegurar que el pedido será denegado. “Es cuestión de dias o tal vez de horas, antes de que vaya preso”, confió una fuente de la investigación a BAE.
Simultáneamente, el juez Oyarbide pidió el juicio político y desafuero de los magistados penales de Misiones que autorizaron las escuchas ilegales a empresarios, dirigentes y el cuñado de Mauricio Macri.
Oyarbide envió la solicitud a la Cámara de Diputados de Misiones para que desafuere a los magistrados a fin de ordenar su detención para que declaren como acusados en la causa porque no se presentaron en ninguna de las dos oportunidades en que fueron citados a prestar declaración indagatoria.
El gobierno porteño se vio comprometido en este escándalo cuando la Justicia descubrió vínculos entre el ex policía federal Ciro James y la Policía Metropolitana y sus autoridades. James es el principal acusado en la causa y está detenido por haber espiado a otra decena de personas entre las que se cuentan el dirigente de familiares de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, el empresario Carlos Avila y el mentalista Nestor Leonardo que es el cuñado de Mauricio Macri. Leonardo, que se ha convertido en una suerte de testigo estrella en la causa, ratificó ayer que el ataque que sufrió no fue un asalto sino un atentado vinculado con sus declaraciones ante Oyarbide.