ESPIONAJE PORTEÑO

Los mercenarios del Macrigate

Una inminente purga en la cúpula de la cuestionada Policía Metropolitana colocó a 15 comisarios leales al Fino Palacios al borde del despido. El descabezamiento de la conducción encubre un escándalo mayor que el del espionaje: todos los
cuestionados superintendentes que conformaban el organigrama de la fuerza eran consultores que no tenían relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad. La Metropolitana es una organización virtual con comisarios cuentapropistas.

Por R.Ragendorfer y W.Goobar
Durante la última semana, Mauricio Macri fue increíblemente generoso con el periodismo, al punto de conceder en ese lapso más entrevistas que en el resto de su gestión. En ellas justificó una y otra vez el fallido nombramiento del ex comisario Jorge Palacios en la Policía Metropolitana con el siguiente latiguillo: “Hemos subestimado el nivel de conflicto que generaría su presencia”. Ni una palabra sobre la naturaleza picante de su legajo. Nada acerca de su –por entonces, inminente– procesamiento por encubrir a un sospechoso del atentado a la Amia. Según el jefe de Gobierno porteño, la estrepitosa defección del primer jefe de su mazorca sólo se debió a una mala pasada de la imagen. El asunto es que el Fino dejó en esa fuerza un inquietante legado: 15 comisarios de su máxima confianza, diestros en las artes de la represión y el espionaje en todas sus formas. En Bolívar 1 admiten que todos ellos ahora “están siendo observados”. Se teme que semejante comisariato comparta las mismas debilidades y apetencias que su antiguo jefe. Ello supone una tardía purga, la cual podría concretarse en los próximos días. Y significará el descabezamiento de la cúpula policial. Tal situación –según pudo comprobar Miradas al Sur– puso en relieve otra arista no menos escandaloso, aunque esta vez en clave administrativa: los comisarios –superintendentes, en la nomenclatura de la Metropolitana– que están a cargo de las principales áreas operativas no pertenecen a la planta permanente de la Ciudad, sino que están contratados como consultores por el Ministerio Seguridad. Ello significa que toda la arquitectura policial de Macri está tercerizada en manos de uniformados cuentapropistas.
La armada del monotributo. Cualquier auditoría externa demostraría que la actual superestructura de la Metropolitana no reúne ni siquiera los requisitos mínimos para ser habilitada como una agencia de seguridad del PRO. Desde el puto de vista jurídico, una cúpula policial en manos de comisarios que facturan honorarios se parece más a una organización de mercenarios que a un organismo con capacidad de garantizar el orden en nombre de la Ciudad.
Un vocero ministerial justificó esa modalidad contractual a partir de “las trabas” que pone la Policía Federal para dar de baja a su personal. “Por ello –aseguró– no queda más remedio que efectuar contratos.”
–Eso, en el caso de los federales en actividad, ¿pero los comisarios no se fueron con Palacios en marzo de 2004? –preguntó Miradas al Sur–. 
–Bueno, lo que pasa es que –según creo– todos ellos están sumariados.
La fuente ministerial también aclaró que el único jefe policial que pertenece a la nómina de la Ciudad es el coordinador de la Metropolitana, Carlos Arturo Kevorkian.
 El caso más escandaloso entre los contratados es el de Roberto Ontiveros, que era el tercero en la línea de mando de la cúpula original, hasta ser echado la semana pasada. Mejor dicho: le rescindieron el contrato que tenía a través de la Universidad de San Martín. Ontiveros, un hombre de confianza de Palacios, había sido jefe del espía Ciro Gerardo James en la recurrente provincia de Misiones. Sin embargo cobraba sólo cuatro mil pesos contra los seis mil de su subordinado que ahora está preso junto a Palacios. Los honorarios mensuales de James, más elevados que los de su jefe, es otra incógnita que los ministros Guillermo Montenegro y Mariano Narodowski no han logrado despejar. Tampoco han explicado  cómo hizo el espía para evitar que su nombramiento apareciera en el Boletín Oficial.
Al respecto, no menos comprometida es la situación del auditor Gustavo Morón en lo que hace al nombramiento de James en el Ministerio de Educación, ya que fue él quien hizo de nexo entre el Ministerio de Seguridad y el auditor de Educación, Roberto Ayub. Este,  junto a Marcelo Paz –su hombre en la Universidad Tres de Febrero–, contrataron a James.
La Academia de Policía proporciona un buen ejemplo de la absurda política de contrataciones que ha convertido al talonario de facturación de los monotributistas en el arma reglamentaria de la malograda policía, mientras en el Ministerio esperan la llegada de las pistolas Beretta compradas con sobreprecios.
Tras la renuncia de su primer titular, el abogado Roberto Pastor, quien,  en apariencia, tenía problemas de agenda, Montenegro anunció que su remplazante sería Virginia Gamba, quien sería denunciada por haber publicado un texto en contra de los juicios a los genocidas de la última dictadura militar, algo que desde el Gobierno de la Ciudad desmintieron en varias oportunidades. Pero ahora se anunció que el rector de la Academía va a ser el juez Miguel del Castillo, sobre quien pesan graves denuncias por su actuación en una sonada causa sobre apropiación de bebés (ver recuadro).
En este punto, la pregunta es: ¿qué pasó con la señora Gamba? Ella –se explicó desde el Ministerio– en realidad se desempeña como coordinadora académica, aunque, hasta la asunción de Castillo, ejerce la dirección interina. El impedimento es que “la mujer no tiene poder de firma”.
–Por qué razón –preguntó Miradas al Sur–.
–Bueno, porque está contratada.
En esas condiciones, claro, no puede rubricar ni el diploma de una academia de corte y confección.  Así surgió la idea de nombrar a Castillo.
Caídos en cumplimiento del deber. En relación con las eyecciones previstas para los próximos días, uno de los candidatos a recibir las gracias por los servicios prestados es el ya mencionado comisario Kevorkian, reciclado como superintendente de la Metropolitana a pesar de que está imputado en la muerte de un hincha durante un operativo policial que él encabezó el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán.
Otro nominado  es el comisario mayor retirado Eduardo Orueta, un acólito del Fino a cargo de la Dirección de Personal de la Metropolitana. Se lo involucró en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. 
En la lista de Montenegro tampoco está ausente Pascual Mazzeo, un antiguo oficial de inteligencia de la Federal, que Palacios le incrustó al ministro en calidad de ladero, para así –se asegura– tenerlo bajo control. Ahora también se sabe que Mazzeo –en su calidad de vaso comunicante entre Macri y Palacios– jugó un rol clave en la selección del personal de la Metropolitana. Otros candidatos al despido son: Jorge Martino, jefe de superintendencia de Comunicaciones; el superintendente Carlos Ríos, responsable de Tránsito, y el comisario inspector retirado Carlos Misurelli, uno de los federales despedidos en 2004. Tras su forzado retiro, llegó a ser el director ejecutivo de Apdif (Asociación de Protección de la Industria Fonográfica). Ello tal vez explique la razón por la que Montenegro anunció que los primeros agentes en funciones de la Metropolitana investigarían de manera excluyente la venta callejera de música y películas editadas ilegalmente.
El ranking de Montenegro también incluye a Miguel Ángel Colombo, un ex comisario que en la dictadura prestó servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal. Y el comisario general retirado Roberto Weschberg, al frente de la Dirección Científica y Técnica de Metropolitana. Licenciado en criminalística, en el 2006 fue investigado, junto con otros 20 oficiales de las áreas técnicas de la Policía Federal, por cobro de viáticos y horas extras inexistentes.
En el Ministerio de Seguridad confirmaron a Miradas al Sur que “cuando se habla de revisar antecedentes, esto no se circunscribe a los ex comisarios de la Federal que pasaron a la Metropolitana, sino que todos y cada uno de nuestros 850 policías con experiencia por haber estado en otras policías o fuerzas armadas van a ser pasibles de la revisión de antecedentes”.
Además de Osvaldo Chamorro, ya ha pasado a cuarteles de invierno Guillermo Oscar Rodríguez, un contador que el 21 de abril pasado fue nombrado secretario administrativo de la nueva policía.
Montenegro sabía que Rodríguez –un hombre de confianza del ex titular de la side durante el duhaldismo, Miguel Angel Toma– estaba a punto de ser procesado por sobreprecios de 280 por ciento por obras que debían hacerse en Misiones, la misma provincia donde Macri durante años fijó residencia y donde el espía James manipulaba causas y jueces para canalizar más de 40 escuchas ilegales. El ministro no puede argumentar que fue engañado por Rodríguez porque él actuó nada menos que como fiscal y como juez en esa causa. Hace dos semanas, tras anunciarse su procesamiento, Rodríguez tuvo que renunciar, pero la metodología de las contrataciones con sobreprecios forman parte de su legado.
Hace 10 días, el nuevo jefe policial, Eugenio Burzaco, le pidió a Macri que retrase el lanzamiento de la fuerza. Según él, no están dadas las condiciones para sacar a la calle a los efectivos a fin de año  y propuso postergar todo hasta febrero.
La Metropolitana hace agua por todas partes. En sólo dos meses, su primer Jefe fue procesado en una causa por encubrimiento y terminó tras las rejas en otra por espionaje; su reemplazante terminó removido del cargo y  está a punto de ser citado a indagatoria. Otros integrantes de la cúpula se encuentran procesados por sobreprecios y fueron removidos de sus cargos.
Burzaco  objetó la falta de uniformes, de armas y también la presencia de los comisarios monotributistas en la cúspide de la fuerza. Pero el agravamiento del escándalo hizo que Macri tomara la decisión de poner, al menos, unos 200 efectivos en la calle a fin de año, para cumplir tareas como auxiliares de tránsito. Será, en rigor, el lanzamiento simbólico de una policía virtual.
Diario Miradas al Sur
29-11-2009