ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL

La Federal y el patrullero de la impunidad

El Comando Radioeléctrico ordenó el desvío del patrullero 115 que debía controlar y sustituir a los custodios de la Embajada que -el día del atentado-, abandonaron sus puestos. Resulta imposible atribuir los tres abandonos de protección policial a la elegación diplomática, tanto del patrullero como de los dos policías, a una triple concurrencia casual de negligencias y desobediencias policiales.

Por Walter Goobar
El 17 de marzo se cumplió el 18 aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires. En estas mismas páginas se publicó una columna titulada “Embajada: secretos y complicidades” que recordaba algunos puntos medulares que han permitido que este año la impunidad haya cumplido la mayoría de edad. Uno de ellos fue la existencia de una virtual zona liberada por parte de la Policía Federal al momento de consumarse el atentado.
En la nota se señalaba que el día anterior al ataque, la embajada había sido puesta en “alerta de área”, un alerta general. La jefatura de la Policía Federal (PFA) barajó la posibilidad de redoblar la vigilancia. Sin embargo, por alguna razón, no lo hizo. Por el contrario, en el momento del atentado, ninguno de los dos custodios de la Federal se encontraban en sus puestos y sus coartadas no resisten un análisis serio.
Más aún, el patrullero de la seccional 15ª que debía pasar por Arroyo y Suipacha y controlar si el agente estaba en su puesto o mandar un sustituto hizo –esa tarde–, un recorrido diferente del habitual.
“El Comando Radioeléctrico ordenó el desvío del patrullero 115 que debía controlar y sustituir a los custodios de la embajada el día del atentado”, sostiene el ingeniero electrónico, Ariel Garbarz que actuó como perito de parte de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina. Las conclusiones de Garbarz sobre la existencia de una zona liberada y sobre la necesidad de investigar la pista policial fueron tan contundentes que el perito terminó siendo censurado por sus empleadores.
“El jefe de la Federal, comisario Baltazar García no pudo justificar el motivo de la orden de desvío del patrullero que quedó registrada en una cinta magnética de un grabador marca Assmann 200”, relata Garbarz en un informe que se iba a presentar en 1999 ante la Comisión Bicameral de seguimiento a los atentados del Congreso de la Nación, pero que nunca salió a la luz.
La explicación oficial fue que el patrullero había sido requerido por el Comando Radioeléctrico para trasladar a una mujer detenida desde la comisaría de la Cancillería hacia la Comisaría 15ª. Sin embargo, los testimonios de cinco funcionarios policiales de la comisaría de la Cancillería coinciden en que ni la detención ni el traslado existieron. También coinciden en declarar que no utilizaban los patrulleros de la comisaría para esos traslados, sino los móviles de la cancillería que no pertenecen a la PFA.
Los cinco testimonios policiales son contrarios a la coartada utilizada para justificar el desvío del patrullero 115, de la que además no aparece ninguna constancia registrada, ni en las grabaciones ni en los partes del Comando Radioeléctrico. En el libro diario de entradas de la comisaría 15ª figura el ingreso de una mujer de origen paraguayo detenida, pero a las 12.40, unas dos horas antes de que se produjera el atentado.
Aunque parezca increíble, recién en 1996 (cuatro años después del atentado), la Corte Suprema citó a declarar al titular de la comisaría 15ª, Alberto Meni Bataglia, así como a los dos oficiales de esa comisaría que habrían sido los primeros en llegar al lugar de ataque terrorista y también había sido el firmante del traslado de la mujer paraguaya usado como excusa para justificar la ausencia del patrullero.
“Resulta muy difícil atribuir los tres abandonos de protección policial a la embajada, tanto del patrullero como de los dos policías, a una triple concurrencia casual de negligencias y desobediencias policiales, afirma Garbarz.
Pero allí no termina el cúmulo de irregularidades detectadas por el perito de la querella. Cuando la Corte Suprema ordenó la reconstrucción de las comunicaciones, la PFA argumentó que el grabador Assmann 200 estaba descompuesto, y se entregó un falso patrullero 115 amarillo con el transceptor que pertenecía al 115. Días más tarde, apareció?el auténtico patrullero 115 pero sin Motorola y sin su motor. También desapareció el cuaderno técnico del equipo de comunicaciones que acredita su autenticidad y su historial de mantenimiento.
Todos los testimonios policiales obrantes en la causa contradicen la coartada de su propia jefatura y conducen necesariamente a la responsabilidad policial en la liberación de la zona del atentado.
A pesar del cúmulo de evidencias, la Corte Suprema –de manera sorpresiva–, suspendió la reconstrucción que ella misma había ordenado.
El viernes 12 de marzo de 1999, el perito?Garbarz estuvo reunido con el entonces presidente de DAIA Rogelio Cichowolsky para llevarle el informe que iba a leer en el Congreso en el que se señalaban todas las irregularidades cometidas por la PFA.
“El ya fallecido Cichowolsky me dijo que aunque a título personal me apoyaba no podía hacerlo institucionalmente porque la política de la DAIA era concordante con la de Israel en el sentido de no avanzar sobre la pista local en esa etapa política que vivía el país. En ese momento, Garbarz le señaló que esa decisión poco tenía que ver con el permanente reclamo de justicia.
“Cichowolsky me miró sin responder, pero hizo un gesto que me pareció de resignación: apretó los labios y arqueó las cejas. Yo insistí en que no entendía y finalmente sólo me dijo que era ‘la política del gobierno israelí y que además existía en la dirigencia judía el temor de avanzar sobre una pista local que podría resultar provocativa de un tercer atentado”.
Diario Buenos Aires Económico
26-03-2010 /