Con la propuesta de criminalizar a los trapitos y los limpiavidrios, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri pretende crear una cortina de humo para distraer la atención de los escándalos de la policía Metropolitana y de su inminente citación a declarar como sospechoso en la causa del espionaje telefónico.
Por Walter Goobar
Con la propuesta de criminalizar a los trapitos y los limpiavidrios, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri pretende crear una cortina de humo para distraer la atención de los escándalos de la policía Metropolitana y de su inminente citación a declarar como sospechoso en la causa del espionaje telefónico. El detonante del nerviosismo del jefe de Gobierno y de su ministro de Justicia, Guillermo Montenegro fue la nota publicada este domingo en Miradas al Sur donde se revelaba -en calidad de primicia- que el ahora detenido espía Ciro James tuvo encuentros personales con Mauricio Macri en Barrio Parque para entregarle las grrabaciones de los teléfonos de su cuñado, Néstor Daniel Leonardo y que pocos días después el espía fue recompensado con un contrato de 6000 pesos en el ministerio de Educación.
La semana pasada, la policía macrista soportó un nuevo impacto en su línea de flotación cuando debió separar a su jefe de inteligencia, Miguel Angel Fausto Colombo que está procesado en una causa por proteger a rufianes y burdeles. Macri y su incombustible ministro de Justicia adujeron que no sabían que Colombo y otros 14 ex comisarios de la Federal que integran la plana mayor de la Metropolitana tienen cuentas pendientes con la justicia.
No es cierto. Hace cuatro meses el dominical Miradas al Sur reveló que esos 14 comisarios -que ahora serán purgados de la fuerza-, no habían podido ser contratados por el Gobierno de la Ciudad justamente porque tenían sumarios pendientes de la policía Federal. Ello implica que -hasta ahora-, la plana mayor de la Metropolitana no sólo estuvo conformada por comisarios con una variada gama de antecedentes delictivos, sino también por comisarios cuentapropistas. Se trata de un escándalo mayúsculo: los superintendentes que están a cargo de las principales áreas operativas no pertenecen a la planta permanente de la Ciudad, sino que están contratados como consultores por el Ministerio Seguridad. Ello significa que toda la arquitectura policial de Macri está tercerizada en manos de uniformados cuentapropistas.
Cualquier auditoría externa demostraría que la actual superestructura de la Metropolitana no reúne ni siquiera los requisitos mínimos para ser habilitada como una agencia de seguridad del PRO.
A fines de noviembre pasado, un funcionario de la Ciudad admitió que se apeló a esa modalidad contractual porque todos esos comisarios estaban sumariados, lo que prueba que Macri y Montenegro no sólo conocían los antecedentes de su fuerza de choque, sino que también idearon una modalidad para burlar la imposibilidad de reclutarlos.
Desde el punto de vista jurídico, una cúpula policial en manos de comisarios que facturan honorarios como consultores se parece más a una organización de mercenarios que a un organismo con capacidad de garantizar el orden en nombre de la Ciudad.
Cuando se revisan los legajos -que Macri y Montenegro dicen desconocer-, se observa que cada uno de los reclutados por Palacios o su entorno son socios de alguna empresa de seguridad, por lo cual la Metropolitana es una especie de franchising de la seguridad en la que los montos de los contratos en blanco son lo de menos. El negocio pasa por otro lado. En la inusual forma de contratación está implícito el permiso para engrosar sus billeteras por medio de actividades paralelas: ya sea a través de agencias de seguridad privadas o por la vía del delito.
Por ejemplo, el recién eyectado Miguel Angel Fausto Colombo era desde abril de 2006 socio de la empresa “Wolf Seguridad SRL.” dedicada al asesoramiento en seguridad y prestación de servicios de custodia.
El único jefe policial que pertenece a la nómina de la Ciudad es el coordinador de la Metropolitana, Carlos Arturo Kevorkian, a pesar de que está imputado por la muerte del adolescente Fernando Blanco, un hincha de Defensores de Belgrano muerto durante un operativo policial que Kevorkian encabezó el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán.
Otro sospechado por su actuación en la Federal es el comisario mayor retirado Eduardo Orueta, un acólito del Fino Palacios que está a cargo de la Dirección de Personal de la Metropolitana. Se lo involucró en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.
En la lista que Montenegro ahora debe revisar también está Pascual Mazzeo, un antiguo oficial de inteligencia de la Federal. Mazzeo en su calidad de vaso comunicante entre Macri y Palacios jugó un rol clave en la selección del personal de la Metropolitana.
En el plantel de consultores también figura el comisario general retirado Roberto Weschberg, a cargo de la Dirección Científica y Técnica de la Metropolitana. Hace una semana, la Cámara Federal ratificó los procesamientos de Weschberg y otros cuatroo ex comisarios de la Policía Federal acusados de peculado. La investigación encarada por la jueza federal María Servini de Cubría habría puesto al descubierto que esos cinco jefes policiales modificaron planillas de gastos de comida y adicionales para quedarse con el dinero.
Otros expedientes bajo la lupa son los de Jorge Martino, jefe de superintendencia de Comunicaciones; el superintendente Carlos Ríos, responsable de Tránsito, y el comisario inspector retirado Carlos Misurelli, otro de los federales despedidos en 2004. Tras su forzado retiro, llegó a ser el director ejecutivo de Apdif (Asociación de Protección de la Industria Fonográfica). Ello tal vez explique la razón por la que Montenegro anunció que los primeros agentes en funciones de la Metropolitana investigarían de manera excluyente la venta callejera de música y películas editadas ilegalmente.
Entre los 14 oficiales jefes que fueron echados de la Policía Federal y que luego se incorporaron a la Policía Metropolitana, también figura un comisario que estuvo acusado de matar a una prostituta. Según fuentes judiciales, el policía contrató los servicios de la mujer mientras se desempeñaba como subcomisario. En una oportunidad, la mujer lo atacó a puñaladas y el le disparó cinco balazos. Aunque fue sobreseido porque disparó en defensa propia, el unioformado fue pasado a retiro obligatorio.
Macri y Montenegro subestimaron las advertencias del actual jefe de la Metropolitana, Eugebio Burzaco que propuso hacer esta purga hace cuatro meses. Lo concreto es que la Metropolitana hace agua por todas partes. Las coartadas de Macri y Montenegro también.
Diario Buenos Aires Económico
31-03-2010