MACRI Y MONTENEGRO

En la antesala del banquillo

El jefe de Gobierno porteño y su ministro de Deguridad, endurecen sus políticas represivas para tapar sus graves problemas con la Justicia.

 
Por R. Ragendorfer y W. Goobar
El ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, atendió el teléfono a Miradas al Sur durante el mediodía del jueves. Y dijo: 
– No voy a hacer futurología. Su tono sonaba campechano. 
Se lo había consultado acerca de su inminente citación a indagatoria por el affaire del espionaje municipal. Al respecto, agregó:
–Por respeto a Su Señoría no me parece prudente opinar.
Desde el otro lado de la línea se oía un murmullo creciente. Sucede que en ese instante el funcionario mitigaba sus penurias judiciales con la presentación en el Palacio de Gobierno de una licencia de conducir inteligente, con un chip que permitirá visualizar los datos del usuario. Junto a él estaba el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Pero no Mauricio Macri.
Lo cierto es que el mandatario había tenido días muy intensos.
Sus tribulaciones –según una fuente del PRO– se agravaron el domingo pasado a raíz de la nota publicada por este medio donde se revelaba –en calidad de primicia– que el ahora detenido Ciro James tuvo encuentros personales con él en su hogar de Barrio Parque para entregarle las grabaciones telefónicas de su cuñado, el manosanta Daniel Leonardo, y que por tal servicio el espía fue recompensado con un contrato de seis mil pesos mensuales en el Ministerio de Educación.
Horas antes, el heredero de Don Franco –junto a Montenegro y el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco– tuvo que explicar su presunto desconocimiento ante el hecho de que 14 comisarios de esa fuerza tienen cuentas pendientes con la Justicia; entre ellos, nada menos que el director de investigaciones, Ángel Fausto Colombo, que está procesado en una añeja causa por proteger rufianes y burdeles.
A ello se le sumó el lento naufragio de su proyecto presidencial para el 2011, acelerado por la ruptura con Francisco de Narváez, el desaire que le prodigó Eduardo Duhalde y el colapso electoral del PRO en las elecciones municipales de Mendoza, en donde su candidato, el ídolo del volante Orly Terranova, apenas arañó un módico 9 por ciento de votos.
Con el propósito de compensar semejante cúmulo de contratiempos -y debidamente aleccionado por su guía espiritual, el ecuatoriano Jaime Durán Barba–, Macri se entregó a una desaforada carrera para recomponer su imagen. Fruto de ello es la propuesta de satanizar trapitos, cuidacoches y piqueteros encapuchados. A la vez, insistió con que la Legislatura autorice a su mazorca el uso de las cuestionadas pistolas electrizantes Tasser X26. Y, para conferirle un toque modernista a las investigaciones criminales, arremetió con una idea tildada de nazi por sus detractores: crear una base de datos mediante la toma obligatoria de huellas genéticas a los recién nacidos, quienes –como se sabe– serán los delincuentes del mañana.
El jefe de Gobierno difundió tales iniciativas con elocuencia tanto, en conferencias de prensa como en entrevistas con diversos medios. Al respecto, resultaría imperdible su diálogo en Radio Mitre con Nelson Castro, cuando éste objetó la penalización de los trapitos. La respuesta de Macri fue:
– ¿Qué me está diciendo? No los podemos matar a todos. Eso es inviable.   
En medio de esas circunstancias, al líder de la nueva política argentina se le produjo una grave metástasis en sus padecimientos judiciales: el fallo de la Sala I de la Cámara Federal –integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah–, que terminó por confirmar el procesamiento del ex jefe de la Metropolitana, Jorge Fino Palacios y su ladero James, además de cinco policías y una funcionaria judicial de Misiones. Tanto es así que la investigación a cargo del juez federal Norberto Oyarbide no sólo deja a todos ellos en los umbrales del juicio oral sino que ubica a Montenegro y al propio Macri en la antesala de sus respectivas indagatorias.
Tal vez, durante la presentación de las licencias inteligentes, el ministro de Seguridad cavilara sobre las vueltas de la vida: ser citado a declarar como sospechoso de un delito justo en la misma oficina en la que él ejerció su magistratura federal. También es posible que recordara los dichos vertidos en Radio América nada menos que por su mentora política, la diputada Gabriela Michetti. “Si la investigación llega a que las acusaciones son ciertas, bueno, se deberá cumplir con lo que dicta la ley. No podés justificar lo injustificable”, fueron sus exactas palabras.
En ese mismo instante, Macri recibía la visita de dos circunspectos caballeros. Se trataba de sus abogados, quienes fueron directamente al grano. El jefe de Gobierno, cuya cultura jurídica no es el punto más fuerte de su formación, escuchaba en silencio el panorama trazado por los recién llegados. El de más edad, un individuo canoso y con bigote, hizo hincapié en la carátula por “asociación ilícita” ratificada en la resolución de la Cámara. Y agregó:
–Toda asociación ilícita, para ser considerada como tal, necesita de un jefe…  
Y dejó la frase picando.
Macri habría entonces comprendido el significado de su casi segura visita a los tribunales de Comodoro Py. Tal vez ello fue para él como un baldazo de agua fría. Los letrados se retiraron después del mediodía; se trataba de dos socios del prominente estudio Landaburu, Feder, Carrió & Rosental.
El historial de éste estudio jurídico merece un capítulo aparte.
Hombres de ley. Macri puede organizar un casting para elegir ministros, pero cuando de penalistas se trata hay sólo uno que es número puesto: el estudio Landaburu, Feder, Carrió & Rosental. Y en ello hay varias razones de peso.
Alejandro Carrió es uno de los defensores que patrocinan a Ernestina Herrera de Noble en la causa por apropiación de hijos de desaparecidos. En paralelo, este hombre de 58 años –que, además, es primo de Lilita– representa a De Narváez en el expediente que lo vincula con el tráfico de efedrina: lo cierto es que, en ambos asuntos, Carrió tiene credenciales difíciles de superar: ha conseguido destituir al juez federal Roberto Marquevich, quien instruía la investigación contra Herrera de Noble, y a Federico Faggionatto Márquez, quien vinculó al Colorado con el negocio en torno de esa pócima prohibida. 
Pero hay otras razones de peso que explican por qué Mauricio Macri se pone en manos del bufete Landaburu, Feder, Carrió & Rosental. En la alocada década del ´90, Alejandro Carrió con el actual diputado Ricardo Gil Lavedra, defendió exitosamente a Mauricio cuando fue procesado por contrabando agravado, en el marco de una maniobra en la que las empresas del grupo Sevel  habrían estafado al Estado argentino mediante la exportación al Uruguay de autopartes, para luego volverlas a importar. De hecho, el líder del PRO salió del asunto bien parado. Pero su libertad de tuvo un elevado precio, aunque no para él. Ocurre que los dos jueces de la Corte Suprema que se encargaron de su sobreseimiento -Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O'Connor-, serían  sometidos por ese fallo a juicio político. La acusación: mal desempeño de sus funciones para favorecer al acusado.
ELos socios del estudio Landaburu, Feder, Carrió & Rosental, además, tienen conocidos entre las víctimas del espionaje porteño: uno de los “pinchados” por el Fino Palacios y James es el abogado Francisco Castex, quien en 2006 actuó como querellante en nombre del supermercado Carrefour en una demanda por 120 millones de dólares contra el Exxel Group, de Juan Navarro. Lo cierto es que la relación entre Castex y Carrió es más que vidriosa.
Sucede que, en el marco de ese proceso judicial, Castex en 2007 denunció que el grupo Exxel había pagado coimas a los peritos oficiales. Éstos fueron destituidos, justamente por comunicarse con el estudio de Carrió y su socio Feder. Ambos defendían a la consultora Price Waterhouse, sospechada junto al Exxel de distorsionar la situación patrimonial de Supermercados Norte para acelerar su compra por parte de Carrefour.
Además, Carrió preside la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG que se pronunció en contra de la nueva ley audiovisual, objetada por sus clientes Noble y De Narváez.  Lo último que terminó de convencer a Macri  sobre quién será su defensor fue que hace unos días el penalista desmintió que estuviera asesorando a De Narváez sobre la viabilidad legal de su postulación presidencial dado su pasaporte colombiano.
Montenegro, a su vez, vacila sobre si le conviene poner su humanidad en manos de su amigo –y colaborador en la sombra– José Barbaccia o compartir los defensores con su jefe político.
Su decisión al respecto no es sencilla.
En caso de acogerse a la primera alternativa, más que un abogado, Montenegro tendría algo así como una prueba en su contra; sucede que Barbaccia es el ex fiscal del caso Amia y, como tal, junto con Palacios está procesado por el encubrimiento en la investigación por ese atentado. Y la segunda posibilidad también tiene sus bemoles, ya que el ministro teme convertirse en la víctima propiciatoria de Mauricio o de sus abogados.
Consultado por Miradas al Sur acerca de tamaña disyuntiva, el ministro –a través de su vocero– hizo llegar al cierre de esta edición el siguiente mensaje: “Montenegro no necesita abogado ni desarrolla ninguna estrategia judicial, porque no pesa sobre él ninguna imputación judicial”.Diario Miradas al Sur
05-04-2010