Para Oyarbide, no se trataba de una pyme de policías inescrupulosos

El juez Norberto Oyarbide cree que ya cuenta con suficientes evidencias como para sostener que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, integra una asociación ilícita que desde el 2007 se dedicó a pinchar teléfonos.

Por Walter Goobar
El juez Norberto Oyarbide cree que ya cuenta con suficientes evidencias como para sostener que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, integra una asociación ilícita que desde el 2007 se dedicó a pinchar teléfonos.
El magistrado lo vincula con dos casos puntuales: las escuchas ilegales a su cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA. También están sospechados como encubridores el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el ex titular de Educación Mariano Narodowski.
Hace una semana, la Sala I de la cámara federal avaló la investigación del juez Oyarbide que señalaba al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y al espía Ciro James como integrantes de una asociación ilícita. Ahora, Oyarbide va por más y quiere llenar con Macri y sus ministros los casilleros que aún permanecen vacantes: los de jefe y organizador de esa “empresa delictiva”.
El ex comisario Jorge “Fino” Palacios y Ciro James están detenidos en el penal de Marcos Paz desde el año pasado. Pero fue el modus operandi de esa red delictiva el que llevó a Oyarbide a presumir que la decena de escuchas ilegales no fue una pyme manejada por un grupo de policías inescrupulosos, sino que la organización habría contado con la complicidad de altos funcionarios porteños que tenían el aval del jefe de Gobierno al menos en dos casos puntuales: el de Sergio Burstein, cuyo teléfono fue intervenido en la misma época en que reclamaba el desplazamiento de Palacios de la jefatura de la nueva Policía Metropolitana, y el de Néstor Daniel Leonardo, cuya escucha coincide con el nombramiento de James en el Ministerio de Educación porteño.
El espionaje al mentalista y cuñado de Macri fue determinante en el rumbo de la investigación. Hace dos semanas, el dominical Miradas al Sur reveló –en calidad de primicia–, un dato que comprometió a Macri en forma directa. El juzgado cuenta con evidencias que le permiten sospechar que el espía Ciro James entregó las grabaciones ilegales de Néstor Daniel Leonardo a Mauricio Macri en Barrio Parque y que su inmediato nombramiento en el Ministerio de Educación fue una recompensa por esos servicios.
En nueve de las catorce veces que James retiraba las grabaciones del cuñado de Macri, su celular se activaba en la zona de Barrio Parque, donde vive el jefe de Gobierno.
La defensa de Macri, que estará a cargo de los penalistas Ricardo Rosenthal y Santiago Feder del estudio Landaburu, Feder, Carrió & Rosental, piensa argumentar que en esa época el jefe de Gobierno no vivía en Ortiz de Ocampo al 3100, sino en Tagle y Libertador, pero la coartada no sirve porque la antena es la misma.
Solamente el jefe de Gobierno o su padre podrían tener interés en fisgonear en las comunicaciones del mentalista casado con Sandra. El interés en Leonardo no estaba centrado en sus poderes ocultos sino en cuestiones más terrenales: en ese momento los Macri libraban una sorda batalla comercial y legal por el control de Socma, la nave insignia del grupo empresarial.
Por ese motivo, Macri también piensa responsabilizar a su padre Franco –que vive en la misma zona–, de la escucha contra su cuñado, pero esa coartada también está condenada a hacer agua: en el momento en que James entregó las grabaciones de Leonardo en Barrio Parque, el jefe del clan no estaba en el país.
Macri padre admitió la enemistad con su yerno en una carta pública en la que reconocía que había contratado una agencia de seguridad –Ackerman Group–, para vigilar a la hija, pero hay más evidencias que comprometen al jefe de Gobierno porteño: una semana después de que comenzó a ejecutarse la escucha al celular del parapsicólogo, James fue contratado como asesor en el Ministerio de Educación porteño con un sueldo de .000 mensuales. La hipótesis de los investigadores es que esa contratación habría sido una recompensa por el delicado trabajo realizado y una pantalla para sus actividades de espía.
Mientras Narodowski tendrá que explicar por qué el espía James cobraba sin trabajar ni asistir al Ministerio de Educación, su colega Guillermo Montenegro tendrá que justificar la casi permanente presencia de James en el edificio del Ministerio de Seguridad, donde nunca llegó a estar designado. Algunas de sus visitas allí a Palacios y a su sucesor, Osvaldo Chamorro, eran inmediatamente anteriores o posteriores al retiro de casetes de la SIDE.
Las antenas de Nextel, además, mostraron que su celular se activó en la zona de esa cartera 480 veces en dos meses. Más aún: las imágenes de una de las cámaras de seguridad de ese ministerio revelan la familiaridad y confianza con la que James se movía durante las visitas a los despachos cercanos al del ministro Montenegro.
Montenegro y Narodowski serán indagados como encubridores, porque el juez cree que ambos ministros conocían la verdadera actividad del espía.
Se avecina una batalla judicial en la que la defensa de Macri, Montenegro y Narodowski no será sencilla. Por ahora, el dubitativo Montenegro no ha resuelto si le conviene poner su humanidad en manos del ex fiscal José Barbaccia o compartir la defensa con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Para Montenegro, el asunto tiene sus bemoles porque teme convertirse en una víctima propiciatoria de Mauricio o de sus abogados.
Macri ya tiene quien lo defienda: el estudio Landaburu, Feder, Carrió & Rosental. Uno de sus socios, Alejandro Carrió, es uno de los letrados que representa a Ernestina Herrera de Noble en la causa por apropiación de hijos de desaparecidos, y patrocina a Francisco de Narváez en la causa de la efedrina; Carrió –que es primo de Lilita–, tiene credenciales difíciles de superar: en ambas causas ha conseguido destituir a los magistrados Roberto Marquevich y Federico Faggionatto Márquez. Eso permite adivinar cuál será la estrategia frente a Oyarbide: buscar su destitución.
Pero hay otras razones que explican por qué Mauricio Macri se pondrá en las manos del estudio Landaburu, Feder, Carrió & Rosental. En la década del ’90, Carrió junto con el actual diputado Ricardo Gil Lavedra, defendió exitosamente a Mauricio cuando fue procesado por contrabando agravado, acusado de una maniobra en la que las empresas del grupo Sevel presuntamente estafaban al Estado argentino exportando a Uruguay autopartes y volviéndolas a importar.
La inocencia de Mauricio no fue gratuita: los dos jueces de la Corte Suprema que se encargaron de la causa de contrabando –Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor– posteriormente fueron sometidos a juicio político acusados de mal desempeño para favorecer a Macri.
Además de Mauricio, los miembros del estudioLandaburu, Feder, Carrió & Rosental tienen conocidos entre las víctimas del espionaje porteño: uno de los espiados por el “Fino” Palacios y Ciro James es el abogado Francisco Castex, que en el 2006 actuó como querellante en nombre del supermercado Carrefour en una demanda por u$s120 millones contra el Exxel Group, de Juan Navarro. En ese expediente Castex denunció, hacia fines del 2007, que el Grupo Exxel había pagado coimas a los peritos oficiales.
Los peritos fueron destituidos justamente por comunicarse con el estudio de Alejandro Carrió y Santiago Feder, que defendían a la consultora Pricewaterhouse, sospechada junto al Exxel de distorsionar la situación patrimonial de Supermercados Norte para acelerar la decisión de compra por parte de Carrefour.
Lo que terminó de convencer a Macri sobre quién será su defensor fue que hace unos días el penalista desmintió que estuviera asesorando al De Narváez sobre la viabilidad legal de la postulación presidencial del empresario-diputado nacido en Colombia.
Buenos Aires Económico
07-04-2010 /