MACRIGATE

La estratégia del yo no fui

Los abogados de Mauricio Macri libran una carrera contra reloj para proveer al jefe de Gobierno porteño de una coartada sólida frente a las imputaciones que le formulará el juez Norberto Oyarbide. Macri quiso culpar a su padre y también a la agencia de seguridad que custodia al clan, pero todas las coartadas hacen agua.

Por Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar
Desencajado y al borde del tartamudeo, Mauricio Macri repetía una y otra vez: “Esto es un disparate absoluto”. Corría la mañana del lunes pasado, y el jefe de Gobierno porteño acababa de ser notificado sobre su citación a indagatoria por el affaire del espionaje municipal. Hasta ese instante, bajo el lema “no nos van a parar”, se había dedicado al lanzamiento de su campaña presidencial. Y –pese a las advertencias de sus asesores– ni siquiera contemplaba la posibilidad de comparecer ante el juez federal Norberto Oyarbide. Ahora, los noticieros radiales y televisivos no hablaban de otra cosa. Y él, con una actitud taciturna, era llevado a un cónclave secreto con sus cuatro colaboradores más cercanos.
–Mauricio, acá estamos tus personas de confianza. Nos tenés que decir la verdad para diseñar una estrategia– le dijo su guía espiritual, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.
Horacio Rodríguez Larreta, tenía los ojos clavados en el piso.
El heredero de Don Franco, entonces, volvió a balbucear:
–Esto es un disparate.
En resumidas cuentas, el expediente instruido por Oyarbide ya habría acumulado suficientes pruebas como para sostener que Macri integró una asociación ilícita que desde 2007 se dedicaba a pinchar líneas telefónicas de un heterogéneo conjunto de personalidades. Y a él se le atribuyen dos casos puntuales: el de su cuñado, el manosanta Daniel Leonardo, y el del integrante de Familiares de la Amia, Sergio Burstein. También tendrán que declarar como sospechosos de encubrimiento el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el ex titular de Educación, Mariano Narodowski.
Macri tardó un día en asimilar el golpe. A partir del martes diría ante todo micrófono que se le puso a tiro que no le encuentra ningún “justificativo” a la convocatoria del juez. “Es muy difícil entender lo que hace Oyarbide”, fue otra de sus frases. También calificó la causa de “politizada”. Y no dejó de cargar las tintas sobre una supuesta conspiración del Gobierno Nacional en su contra. Al respecto, se quejó con amargura: “Desde que incursioné en política soy víctima de todo tipo de agresiones”. Pero de la acusación en sí, se obstinó en no proferir comentario alguno. Por último, anunció que el 28 de este mes –el día de su citación– tiene programado un viaje oficial a la India, por lo que pedirá una prórroga.
El juzgado le concedería unas 48 horas de gracia.
Sus abogados, mientras tanto, ya trabajan a contrareloj.
El miedo del alcalde al tiro penal. El estudio que en esta oportunidad patrocina al mandatario porteño es el de los doctores Jorge y Javier Landaburu, César Mayer, Maximiliano Reuissi, Ricardo Rosental, Santiago Feder y Alejandro Carrió. Miradas al Sur –en su edición del domingo pasado– consignó que estos dos últimos se encargarían personalmente del asunto. En tal sentido, la presencia del doctor Carrió no era un dato menor.
Además de tener entre su selecta cartera de clientes a Ernestina Herrera de Noble y Francisco de Narváez, ya defendió a Macri durante la década pasada, en la célebre causa por contrabando agravado de autopartes.
Su nombre, además, fue mencionado en un vidrioso entredicho judicial: en 2006, el supermercado Carrefour inició una demanda por 120 millones de dólares contra el grupo Exxel; en ese marco, el abogado de la firma francesa, Francisco Castex, denunció que la compañía querellada había pagado coimas a los peritos oficiales, quienes fueron destituidos, justamente, por comunicarse con Carrió. Cabe destacar que Castex figura nada menos que entre las víctimas del espionaje articulado por la dupla Palacios-James.
Se da por descontado, claro, que ello no influyó para que Carrió se haya corrido de la defensa de Macri. Sin embargo, lo cierto es que su socio, el doctor Rosental, litigará a favor del alcalde en su reemplazo.
Y su trabajo no será sencillo.
La investigación ha determinado –tal como reveló Miradas al Sur en su edición del 28 de marzo– que James tuvo encuentros personales con Macri en su hogar de Barrio Parque para entregarle las grabaciones telefónicas de su cuñado Leonardo, y que por ese servicio el espía habría sido recompensado con un contrato de seis mil pesos mensuales en el Ministerio de Educación. Ello se desprende de las celdas telefónicas en las que se habría activado el celular del espía.
La defensa de Macri planeaba argumentar que en esa época el ex presidente de Boca no vivía en Ortiz de Ocampo al 3100, sino en Tagle y Libertador, pero la coartada no sirve porque la antena de telefonía celular que detectó allí la presencia de James, es común para los dos domicilios.
Solamente Mauricio o su padre podrían tener motivos para fisgonear las comunicaciones del mentalista casado con Sandra, la hija mayor de Franco. Por entonces, los Macri libraban una sorda batalla comercial y legal por el control de Socma, la nave insignia del grupo empresarial.
Tanto es así que Macri también baraja la posibilidad de desplazar la responsabilidad de la cuestión hacia su padre. Su argumento es que Franco admitió en una carta pública que había contratado a una agencia de seguridad para vigilar a su hija Sandra. Y que su padre es quien vive en la zona de Barrio Parque, donde se produjo el encuentro con James. Según dicha versión, esa agencia de seguridad, manejada por un importante comisario general retirado de la Policía Federal, podría haber contratado los servicios del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios.
Tal coartada también hace agua por varios flancos. Por una parte, si bien Don Franco Macri vivía en Barrio Parque, no se encontraba en el país cuando James entregó las escuchas de Leonardo.
A su vez, Miradas al Sur pudo confirmar que la empresa estadounidense Ackerman Group –contratada por Franco para garantizar la seguridad de de su familia– recurrió a una auditoría de la consultora AP Security en julio de 2008. Tal fecha derrumba la estrategia de Mauricio, puesto que sitúa este punto de la trama un mes después de que cesaran las escuchas a Leonardo. De ello se desprende que Ackerman debió haber detectado la maniobra de espionaje, por lo que habría decidido cubrirse las espaldas.
Es posible que Oyarbide también cite en los próximos días a Franco, para que explique los detalles de su vínculo con la empresa Ackerman. Antes de ello, pedirá a la Justicia de Estados Unidos un informe acerca de este grupo.
Gabinete en la sombra. El ministro Montenegro minimizó hasta último momento la inminencia de su indagatoria. “No voy a hacer futurología”, fue su respuesta, al ser consultado por Miradas al Sur durante la mañana del Viernes Santo. Luego, sus voceros enviarían el siguiente comunicado: “Montenegro no necesita abogado ni desarrolla ninguna estrategia judicial, porque sobre él no pesa ninguna imputación”.
Tras tomar estado público la convocatoria del ministro a los tribunales de la avenida Comodoro Py, desde su despacho fue enviado a este semanario una actualización del asunto: “Sobre la causa en la que se encuentra citado por el juez Oyarbide, Montenegro se impuso un prudente silencio. Es un hombre de derecho, proviene del Poder Judicial y tiene un profundo respeto por el doctor Oyarbide. Ya propuso abogados defensores, quienes seguramente comenzarán a trabajar en la estrategia de defensa. Y el 21 de abril a las 10 de la mañana se presentará ante Su Señoría a responder absolutamente todo cuanto le sea requerido”.
A la vez trascendía que sus letrados serán Fabián Musso y Ana María García, del estudio jurídico encabezado por el hijo del procurador general de la Nación, Esteban Righi. De hecho, la mencionada doctora es la esposa de éste. Y, seguramente, en la elección de tales defensores por parte del funcionario sospechado haya incidido un detalle crucial: su propia mujer es una de las socias del estudio.
Por su parte, Narodowski asimiló su nueva situación con un dejo de perplejidad: “Estoy muy extrañado, ya que supuse que la Cámara me había desvinculado de la causa. No entiendo nada”, fueron sus exactas palabras.
Todo indica que este ex militante comunista devenido en pedagogo neoliberal no descarta la posibilidad de romper un presunto pacto de silencio con sus colegas de causa. En su declaración testimonial, efectuada a fines del año pasado, negó que fuera su viceministro Andrés Ibarra –un íntimo de Macri– quien le impusiera la designación del espía Ciro James en la cartera que él manejaba. Ahora –según un allegado suyo– Narodowski tendría la intención de blanquear el protagonismo de Ibarra en la llegada de James al Ministerio de Educación.
En resumidas cuentas, mientras Narodowski deberá explicar porqué James cobraba sin trabajar ni asistir al Ministerio de Educación, su ex colega Montenegro tendrá que justificar la casi permanente presencia del espía en el Ministerio de Seguridad, en donde nunca llegó a estar designado.
Algunas de las visitas que allí efectuó a Palacios –y también a a su sucesor, Osvaldo Chamorro– eran inmediatamente anteriores o posteriores al retiro de casetes de la Side. Las antenas de Nextel, además, mostraron que el celular de James se activó en la zona de esa cartera 480 veces en dos meses. Más aún: las imágenes de una de las cámaras de seguridad de ese ministerio revelan la familiaridad y confianza con la que James circulaba durante las visitas a los despachos cercanos al del ministro Montenegro.
Se avecina una batalla judicial en la que la defensa Montenegro y Narodowski no será sencilla. Y que para el jefe de Gobierno porteño puede significar una desafortunada bisagra en su carrera política.
“Estamos en una situación de alerta institucional; queremos ver lo que dice la Justicia y las explicaciones que tendrá que dar Macri. Pero de ningún modo nos subimos a estrategias desestabilizadoras. Tampoco pretendemos hacer un circo”, aseguró el diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social. En sus palabras se resume la lectura que hace del asunto el arco opositor de centroizquierda. Dicho de otro modo: capitalizar el momento para torcer la impronta represiva del PRO en materia de seguridad y convivencia urbana.
Pero nadie –ni siquiera el macrismo– descarta por ahora el peor de los escenarios posibles; es decir, un juicio político.
Miradas al Sur
11-04-2010