MACRIGATE

El magistrado le puso letra a la balada del procesado

En las filas del Gobierno porteño, hay quienes se preguntan “¿Qué entregó Montenegro para salvar su propio pellejo?”, e insinúan una traición que era temida por Mauricio Macri desde el momento en que su ministro de Seguridad contrató los servicios de Fabián Musso y Ana María García como defensores.

Por Walter Goobar y R. Ragendorfer
Una inusual ceremonia nocturna rompió el silencio que los viernes por la noche reina en los Tribunales de Comodoro Py. El juez federal Norberto Oyarbide convocó de urgencia a los defensores de todos los imputados en el escándalo de las escuchas telefónicas. Frente a ellos apiló las 645 carillas de una resolución que estaba a punto de rubricar. Antes de desenfundar la lapicera que sellaría –de manera provisoria– la suerte de los imputados, Oyarbide ordenó al secretario Gustavo Russo que leyera a viva voz la parte resolutiva. Los letrados de Mauricio Macri, Guillermo Montenegro, Mariano Narodowski se miraban perplejos. Acto seguido, firmó el procesamiento de Mauricio Macri por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos y le colgó el sambenito de miembro de una  asociación ilícita. En el mismo acto, le trabó un embargo por 250.000 pesos.
Oyarbide también procesó sin prisión preventiva al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski por el delito de encubrimiento y dictó el sobreseimiento del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro.
En su voluminoso fallo, el magistrado le imputó al jefe de Gobierno porteño responsabilidad en la escucha que tuvo como víctima a su cuñado, Daniel Leonardo. Cuando usó la figura de falsificación de documentos públicos, hizo referencia a que se armó una causa falsa contra Leonardo en Misiones para justificar la escucha telefónica ilegal.
El juez también amplió la acusación contra Jorge Fino Palacios, acusándolo de espionaje en cinco casos más. Respecto del ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, consideró que fue encubridor, porque le firmó un contrato a Ciro James como asesor, sin que el espía hiciera trabajo alguno. Por último, el magistrado sobreseyó al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.
Lo cierto es que a criterio del juez lo único que relaciona a Montenegro con el espionaje es que James estuvo en el ministerio varias veces y que había entrado a la Metropolitana, pero no hay un elemento puntual, un caso específico, como el de Macri con su cuñado. Si bien las evidencias que pesan contra Montenegro no alcanzaban para un procesamiento, en las filas del Gobierno porteño, hay quienes se preguntan “¿Qué entregó Montenegro para salvar su propio pellejo?”, e insinúan una traición que era temida por Mauricio Macri desde el momento en que su ministro de Seguridad contrató los servicios de Fabián Musso y Ana María García como defensores. Ambos integran el estudio del procurador general de la Nación Esteban Righi, que hoy está a cargo de su esposa y su hijo. Pero además, la esposa de Montenegro, María José Labat, también forma parte del estudio.
De hecho, el pedido de postergación de la indagatoria de Macri con la excusa de su viaje a la India fue una maniobra ideada por sus estrategas judiciales porque el jefe de Gobierno “estaba encaprichado en declarar después de Montenegro”.
A diferencia de Macri, que optó por una defensa basada en la victimización pública, Montenegro y sus abogados apostaron al sigilo y emplearon toda su capacidad de lobby para obtener el sobreseimiento. Hace dos semanas, Miradas al Sur reveló que Macri había enviado al principal operador del menemismo y el delarruismo, el ex juez Fernando Archimbal, para interceder ante Oyarbide por él. Su fracaso fue estrepitoso. Sin embargo, esta semana se registró la visita de otros dos operadores judiciales a dos camaristas federales. José Alevatto –que se desempeñó como jefe de Asuntos Jurídicos de la Side menemista– y Ramón Ruiz –un abogado que fue nombrado interventor en el PJ por la jueza María Servini de Cubría y que trabajó para la Side durante la gestión de Duhalde– estuvieron en los despachos de dos camaristas. Aunque Allevato trabaja para el gobierno de la Ciudad, no está claro si los emisarios se arrogaron la representación de Macri, de Montenegro o de ambos, pero se sabe que la esposa del ahora sobreseído ministro fue empleada de Asuntos Jurídicos de la Side en épocas de Allevato.
Pese al pataleo de Macri y de sus abogados no es frecuente ver un expediente sobre espionaje con tantos elementos que corroboran la existencia de una asociación ilícita: jueces que armaron expedientes falsos por homicidio y robo, órdenes escritas para realizar las escuchas. Macri tuvo y tiene una relación tan estrecha con el ex comisario Palacios que mantuvo su designación como jefe de la Metropolitana  pese a que estaba a punto de ser procesado por  encubrimiento en la causa Amia.
Palacios reclutó al espía Ciro James y le prometió un cargo de importancia y se sabe que participaba en actividades de la fuerza mucho antes de ser designado. El jefe de la Metropolitana cruzó casi 200 llamadas en tres meses con su agente operativo, lo que supone un promedio de dos comunicaciones diarias. Pero lo que termina de cerrar el círculo sobre Mauricio Macri es que cada vez que retiraba las grabaciones del cuñado de Macri, el espía se trasladaba a Barrio Parque, que es donde viven el jefe de Gobierno y su padre. Aunque Mauricio insiste que la operación de espionaje contra su cuñado fue contratada por su padre, Franco, ni el juez ni el fiscal creen que Palacios y Ciro James hubieran puesto en marcha la escucha sin el visto bueno de Mauricio.
Por otra parte, la coartada de Mauricio se cae porque en esa época Franco no estaba en Buenos Aires, sino en China. Por último,  el espía que retiraba las escuchas del cuñado no fue remunerado por Socma sino con un contrato falso por 6000 pesos mensuales en el Ministerio de Educación porteño.
Cristian Cabral y Rolando Echave, los dos funcionarios de la Universidad de La Matanza que –según el ex ministro Mariano Narodowski–, recomendaron a James para ese trabajo negaron en forma categórica que lo hayan hecho y hasta dijeron que ni siquiera sabían que trabajara allí. Por ese motivo Narodowski  terminó procesado y su jefa de Gabinete, Roxana Barroso, citada a prestar declaración indagatoria.
Oyarbide amplió el procesamiento contra Palacios, pero no definió su papel como jefe de la asociación ilícita, algo que tácitamente le pidió la Cámara Federal porque no está en condiciones de definir los roles dentro de esa asociación: no puede certificar quién fue el jefe ni quién el organizador. Por ello, la ampliación del procesamiento es sólo porque le añade responsabilidad en el espionaje ilegal de otras cinco personas.
Diario Miradas al Sur
16-05-2010 /