La irrupción en la escena del ex juez y ex camarista Gabriel Cavallo como nuevo defensor de Ernestina Herrera de Noble en la causa por la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos configura un nuevo ingrediente en la sórdida intriga de este complejísimo caso.
Por Walter Goobar
La irrupción en la escena del ex juez y ex camarista Gabriel Cavallo como nuevo defensor de Ernestina Herrera de Noble en la causa por la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos configura un nuevo ingrediente en la sórdida intriga de este complejísimo caso.
Cavallo definió su estrategia como nuevo letrado de la propietaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con el pedido de recusación contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por considerar que había prejuzgado en una causa anterior en la que la magistrada tuvo intervención.
Según el escrito de Cavallo, la jueza, en una causa tramitada el año último, supuestamente prejuzgó en contra de Herrera de Noble, dijo que debía ser “indagada”, que era “sospechosa” y comparó el delito que se le imputa con un “homicidio”. Ahora Arroyo Salgado tiene 72 horas para definir si hace lugar o si rechaza el pedido de apartamiento.
La petición se presentó el mismo día en que la magistrada refutó las acusaciones del Grupo Clarín sobre supuestas vejaciones y humillaciones en los procedimientos realizados a Marcela y Felipe el pasado viernes, donde se le tomó nuevas muestras de ADN en un procedimiento cuyas modalidades habían sido defendidas por Cavallo cuando era camarista.
La llegada de Cavallo al expediente se dio luego de que la misma magistrada, por orden de la cámara de casación, denunciara por prevaricato a los anteriores letrados de Herrera de Noble.
En su discutida trayectoria como juez, Cavallo fue uno de los magistrados que abrió la posibilidad de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y eso lo acercó a los organismos de derechos humanos.
Más tarde, cuando se desempeñó como camarista, uno de sus fallos convalidó el uso de muestras alternativas a la extracción sanguínea obtenidas en allanamientos para determinar la identidad de bebés robados en la última dictadura.
Se trata de la causa de los jóvenes Emiliano y Guillermo Prieto, un expediente que llegó a la Corte y que guarda paralelismos con el de Marcela y Felipe Noble Herrera porque las víctimas se negaban a someterse al ADN argumentando que no querían que sus cuerpos se utilizaran para incriminar a sus apropiadores.
En noviembre de 2006, el camarista Cavallo estableció que en casos como el de Prieto, que era querellante en la causa, prevalece “el derecho a la protección de la familia de los parientes de los desaparecidos”. En esa causa estaban imputados quienes aparecen como los padres biológicos del joven, el ex miembro de la Marina Guillermo Prieto y su esposa, Emma Rugnone.
El fallo hizo hincapié en la preeminencia de los derechos de los familiares de los desaparecidos, que no tienen otro medio de “ser compensados” más que “conocer el destino del menor y otorgarles la posibilidad de construir los lazos que violentamente se les negaron y poner así fin a la búsqueda de treinta años”, en palabras de Cavallo. “La acción de ocultar al menor no cesa”, dice, mientras sigue sin determinarse la identidad ni “se restablece el vínculo familiar”.
Como abogado de Herrera de Noble, Cavallo no sólo pretende impugnar a la jueza Sandra Arroyo Salgado, sino que también cuestiona la validez del procedimiento que una vez defendió y la autoridad del Banco Nacional de Datos Genéticos como autoridad de aplicación.
Ayer, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció a Herrera de Noble y a sus abogados por “perturbar” el accionar de la Justicia y fustigó a Cavallo por “desprestigiar al Banco Nacional de Datos Genéticos después de todo lo que ha hecho para la restitución de 101 nietos de desaparecidos”.
“Este ex juez se ha puesto del lado de la mafia”, lamentó Carlotto al referirse a la trayectoria judicial del nuevo abogado de Clarín.
Sin embargo, existen cuestionamientos previos al que ahora formula la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
En su libro La injusticia federal, el periodista Juan Gasparini recuerda que Cavallo fue catapultado a la fama por su desempeño en la causa de los sobornos del Senado de la Nación.
Gasparini sostiene que para obtener la promoción, Cavallo obstruyó el avance de la investigación penal sobre las coimas de De la Rúa, dejando sin resolver la situación de los principales imputados (José Genoud, Fernando de Santibañes y Mario Alberto Flamarique).
Gasparini sostiene que Cavallo no definió cargas penales contra nadie en el flagrante cohecho que había ocurrido en la Cámara alta y alejó toda posibilidad de escudriñar los patrimonios de los senadores imputados. Entorpeció la acción de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, apartando del expediente a Rafael Bielsa, responsable de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que pretendían seguir la pista del dinero mediante la auditoría de las cuentas de la SIDE y la revelación de documentos secretos.
Poco después de ese episodio, el Consejo de la Magistratura lo incluyó en una terna de aspirantes a camarista federal tras un concurso de antecedentes y oposición. El Senado y el gobierno de De la Rúa terminaron aprobando su ingreso a la Sala I del tribunal de apelaciones en noviembre de 2001.
Unos días antes, el 29 de octubre de 2001, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner afirmó al diario La Prensa: “El juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando”, cargo que obtuvo “pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Consejo de la Magistratura”.
Dos años más tarde, gracias a la confesión del arrepentido Mario Pontaquarto, y en virtud de la labor del juez Daniel Rafecas, el caso pudo elevarse a juicio oral sobre la base de las pruebas ya existentes en épocas de la actuación de Cavallo.
Si algo está claro es que más allá de las estrategias judiciales y extrajudiciales desplegadas por el Grupo Clarín, en menos de un mes se conocerán las verdaderas identidades de Felipe y de Marcela.
Diario Buenos Aires Económico
02-06-2010 /
2