MONICA CUÑARRO

"Como fiscal debo investigar el tráfico en vez de perseguir a chicos con un cigarrillo de marihuana"

La fiscal, que preside la Comisión Nacional que coordina las Políticas Públicas en materia de Prevención y Tráfico Ilícito de estupefacientes, de la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, explica por qué a las adicciones hay que plantearlas como un tema de derecho a la salud y no de seguridad y represión.

Por Walter Goobar
Para Tiempo Argentino
Después de 35 años de prohibición no disminuyó el consumo ni el tráfico de drogas, y las organizaciones criminales se complejizaron y se vincularon con esferas de la política, la policía y el ámbito judicial”, afirma la fiscal Mónica Cuñarro, y enfatiza la necesidad de “dejar en el campo penal lo que es propio del campo penal, que es el tráfico, mientras que el tema de las adicciones hay que plantearlo en clave de derechos y salud, y no en clave de seguridad y represión”. Esta mujer ocupa un cargo que difícilmente quepa en una tarjeta de presentación. Cuñarro preside la Comisión Nacional que coordina las Políticas Públicas en Materia de Prevención y Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.
Con una vasta experiencia adquirida en la Villa 1.11.14, que es una de las zonas más violentas del país, se indigna cuando argumenta que “si un intendente no sabe cómo funciona una previa donde los adolescentes toman alcohol o un jefe de policía no sabe dónde se vende éxtasis, que se dediquen a otra cosa. Todos debemos comprometernos: como fiscal debo investigar el tráfico en vez de perseguir a chicos en la calle con un cigarrillo de marihuana”, dice Cuñarro. Y agrega: “nadie quiere a un chico pobre adicto al paco o con problemas de alcohol.”
–¿Por qué dice que en materia de adicciones cambió el paradigma?
–Teníamos un modelo clásico prohibicionista iniciado por los Estados Unidos, que implicó un gran esfuerzo presupuestario, y no hizo más que beneficiar a la industria armamentista y de seguridad. Pero eso no estuvo acompañado de la mano de políticas preventivas y asignación de recursos públicos en materia sanitaria. En ese momento se perseguía y equiparaba al subversivo con el adicto y el narcotraficante para terminar con el tráfico. Pero, a 35 años de ese paradigma, es necesario admitir que fue un fracaso y que tenemos una gran deuda social porque hay mucha gente que sufre. que mostramos cómo en un enfrentamiento se le comunica a un juez y un fiscal; y otro hecho, a otros, aunque jurisdiccionalmente se trataba de un mismo lugar y durante un mismo turno.
–¿A qué conclusiones llegaron?
–La política criminal contra el narcotráfico estaba discoordinada, era errática. Los organismos de seguridad tenían funciones superpuestas a nivel federal y local. Había poca exigencia en la etapa de la investigación preliminar. Los datos y estadísticas a veces eran omitidos, falseados o no se compartían entre las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, el ministerio público y el sistema de coerción penal.
–¿Qué papel jugaba la policía en la villa?
–Encontramos policías que ocultaban y encubrían.
–Había una especie de círculo de sospechas y engaños...
-Sí. Las fuerzas desconfiaban de los fiscales y de los jueces. Los jueces desconfiaban de las fuerzas. A su vez cada fuerza desconfiaba de la otra.
–Más allá de lo que dicen los expedientes, a partir de haber caminado la villa y de haber hablado con sus habitantes, ¿cuál es su explicación para la implantación del narcotráfico en ese lugar?
–Cuando el Estado se corre de su responsabilidad de implementar políticas educativas de desarrollo e inversión social, la marginalidad se abre camino, y todo lo que tiene que ver con el delito avanza y ocupa esos espacios que deja el Estado. En el caso de la Villa 1.11.14, la gente nos comentaba en forma reservada que los narcos les proveían vacunas, les daban pasajes para poder viajar. Estaban agradecidos de lo que los narcos les daban. Por otro lado, en esos pasillos uno notaba que había territorios que estaban fuera del alcance del Estado. El Estado no podía entrar, ni siquiera para hacer un censo. Estos espacios fueron ocupados, primero por un grupo paraguayo que traficaba marihuana. Más tarde, ese grupo fue desplazado a sangre y fuego por los peruanos.
–En lugar de prevenir o combatir el crimen, la policía actuaba como reguladora del delito...
-Cuando hablamos de narcotráfico y delitos complejos estamos hablando de corrupción. Y hablamos de nichos de corrupción en las fuerzas de seguridad. En esos casos, es obvio que las fuerzas de seguridad actúan como reguladoras del delito.
–En ese contexto, la lucha contra el narcotráfico, es una mera fachada...
–Nuestros estudios demostraron que el 70% del sistema recae sobre la tenencia para el consumo personal, es decir, de lo que se agarra al boleo. Paralelamente, el 80% del presupuesto del fuero federal se destina a causas nimias: de tenedores para consumo, de pequeños revendedores o de mulas –por lo general, mujeres–, que transportan de a un kilo. Eso equivale a gastar el 40% del presupuesto materno-infantil, o dos veces el presupuesto para la lucha contra el VIH. Paralelamente, tenemos 300 mil personas que cada año mueren o quedan discapacitadas por el abuso en el consumo del alcohol, lo que además de tragedias individuales y familiares, representa gravísimas pérdidas para el Estado.
–Además de narcotráfico, ahora tenemos una “mafia de los medicamentos”.
–La mafia de los medicamentos es una consecuencia de la política de desregulación del mercado farmacéutico implementada a partir de los ’90 por Domingo Cavallo. Cuando el Estado pierde el control, como en el caso de la desregulación de las droguerías, termina provocando
daños en derechos como el de la salud, donde tiene la obligación de garantizar el acceso a los tratamientos de adicciones, más allá de la posición social y económica de cada uno.
–¿La desregulación de Cavallo benefició a la narcocriminalidad?
–Cuando el mercado queda librado a su suerte, las mafias hacen lo que quieren. En esa época se perdió el control de qué es lo que consume la población, cómo lo consume y, al desregularse. se fue tercerizando en droguerías que primero comenzaron en actividades combinadas con piratería del asfalto. Luego se fueron sofisticando en delitos que tienen que ver con la afectación de la salud pública. Más tarde, avanzaron y se organizaron para establecer, con desconocimiento del Estado, un nexo entre la criminalidad compleja y la política, la policía y el ámbito judicial.
–¿Hay una relación cada vez más estrecha entre narcocriminalidad y política?
–El fenómeno más grave que se está comenzando a ver en nuestro país es el aumento de la violencia en la delincuencia, y el aumento de la relación entre el narcotráfico y el poder político. En ese sentido, basta mirar la experiencia de países como México o Colombia. Cuando México tomó medidas con respecto al tema de los precursores químicos, los narcos tuvieron que buscar logística en otros lugares, y lo encontraron en Brasil, Chile y la Argentina, y se producen episodios de violencia a los que los argentinos no estamos acostumbrados.
–¿En qué medida la violencia actual tiene raíces en el pasado?
–Por un lado, tenemos una gran deuda social en lo que respecta al derecho a la salud, la inclusión y la educación. Por otro, ese auge de la violencia marca la necesidad de poner fin a las políticas represivas sobre drogas, que se iniciaron en 1974 con José López Rega y que equiparan a cada adicto con un subversivo. Más tarde, en 1989, se dice que cada adicto es igual a un narcotraficante. Creo que después de 35 años debemos decir la verdad: estas políticas han sido un fracaso. Hay que sacar ese tema como un tema tabú. Hay que separar al usuario no problemático del sistema penal y transformar al adicto en un paciente del sistema de salud. Por otro lado, hay que desarrollar políticas preventivas en materia de drogas legales e ilegales.
–¿Y qué papel le cabe a la justicia?
–Por la falta de recursos, la justicia es la Cenicienta de los poderes. La justicia tiene que ocuparse de la criminalidad compleja, porque estamos viendo casos como el crimen de Unicenter, el triple crimen de la efedrina, que demuestran cómo va mutando el fenómeno.
–Desde los medios de comunicación se machaca la idea de que la inseguridad y la violencia están directamente relacionadas al consumo de drogas ilícitas.
–Eso es falso. El alcohol es responsable del 70% de los delitos urbanos, accidentes, homicidios culposos, lesiones en riña, amenazas. El mapa de la inseguridad esta fuertemente vinculado al consumo abusivo del alcohol, y esto trae problemas serios a nivel familiar, laboral y social. En estos casos, los sectores de menores recursos son rechazados en los hospitales, y no tienen cobertura de obras sociales, hay un marcado sesgo discriminatorio.
–¿Qué lectura hace del triple crimen de General Rodríguez y del caso de la efedrina?
–La causa Poggi, la causa Azcona, la de la mafia de los medicamentos, Unicenter, la del triple crimen y la de la efedrina tienen un patrón en común: la relación entre crímenes complejos y el narcotráfico. Esto es obvio porque son las mismas empresas y las mismas personas físicas. Creo que nos equivocamos cuando planteamos las causas por separado, porque estamos hablando de una estructura de crimen organizado que, incluso, puede tener ramificaciones regionales.
–Creí que no estaba de acuerdo con el concepto de “crimen organizado”.
–Soy reacia a ese término en el sentido que le quieren dar los Estados Unidos. Tenemos que tener mucho cuidado con la importación de cierta terminología, porque no funciona. Nuestro Código Penal ya lo tiene contemplado y con una pena alta. “Crimen organizado” es lo que nosotros tenemos tipificado como “asociación ilícita”. Hay que tener cuidado, porque si no terminamos perdiendo el tiempo.
–Deme un ejemplo.
–El mejor ejemplo es la Ley de Drogas que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Por eso, a nosotros nos parece más adecuado hablar de crimen complejo.
–Algo similar ocurre con la definición de “lavado de dinero”.
–Sí, es cierto. Cada vez que alguien lava dinero, lo hace porque evade impuestos o porque cometió un ilícito previo y necesita que ese dinero reingrese al sistema blanqueado. Siempre que se habla de lavado, hay un delito precedente, y yo como fiscal no comparto la definición que pretende el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se centra en el movimiento del dinero. A los fiscales nos sirve mucho más imputar el delito precedente o el encubrimiento de ese delito, que por lo general tiene la misma pena.
–Sin embargo, otra de las deudas pendientes del Estado es que no se hayan producido ni capturas, ni enjuiciamiento, ni condenas a grandes traficantes...
–El Estado no tomaba la decisión de disponer de una buena política criminal hasta que la Corte Suprema –con el fallo Arriola–, ordenó dejar en el campo penal lo que es propio del campo penal, que es el tráfico. Y lo más importante de ese fallo es que exhorta a los poderes públicos de todos los niveles a que desarrollen políticas preventivas para los menores, y que en materia de responsabilidad penal se aboquen a la persecución y la cooperación internacional, para detener el narcotráfico y la producción y comercio de los precusores químicos.
–¿Y por qué no hubo capturas y condenas de grandes lavadores?
–Con respecto al lavado, la información que llega a la justicia es tardía o incompleta. Un juez o un fiscal necesitan que la AFIP o el Banco Central le diga cuál es el origen de los fondos que investiga. Si no le brindan esa información, no se puede avanzar. Pero no nos engañemos: la crisis financiera internacional fue provocada por el lavado de dinero, y mientras sigan existiendo los paraísos fiscales, y mientras los Estados salgan a salvar a los bancos que meten todo en el sistema financiero sin control, estamos hablando de una película que no tiene fin. Nosotros elevamos al Ministerio de Justicia 43 propuestas concretas para mejorar la persecución en materia de narcotráfico, lavado, trata de personas, inteligencia y delitos complejos. La cuestión de criminalizar o no al adicto obturó el verdadero problema que es el tráfico y la corrupción, y dejó una gran deuda social en materia de salud. Lo que hizo la Corte es un control de constitucionalidad. Ahora le toca el papel preponderante a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación y a los gobiernos provinciales.
Diario Tiempo Argentino
20-06-2010


RECUADRO 1
El mapa del delito de la droga según Mónica Cuñarro
Destino:RR laboratorios de Perú y Bolivia; y de efedrina, a México.
2008-2009: desvío de efedrina, que ingresa y sale de la Argentina: 52 toneladas. Control a cargo del Registro de precursores químicos.
2009-2010: 3 kg de efedrina. Control Resoluciones ANMAT.
Zonas sensibles al RRnarcotráfico: NOA Y NEA
Puertos: Campana, Buenos Aires, Mar del Plata.
Transporte y almacenamiento de sustancias y precursores: Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.
Sensible al almacenamiento y desvío de precursores: Salta y Buenos Aires.
Comercio y distribución: Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires.
Presos: RR2485 personas, según el total relevado en 2007. Junto al delito de robo, se registra la mayor cantidad de detenidos. Los delitos contra la propiedad, lesiones y robos, sumados a la ley 23.737 provocan la mayor cantidad de presos y generan el hacinamiento carcelario y gasto de recursos públicos.
Mujeres:RR 819 privadas de su libertad en prisión preventiva o en cumplimiento de penas de libertad por causas de estupefacientes, que corresponden a transporte en el interior de sus cuerpos de un kilo de cocaína. Son el último eslabón de la cadena. Representan el 80% de las presas, y de ellas el 40% están con sus hijos. Se trata de un problema de hacinamiento, de género y de pena indirecta a los menores.
Relación delito-droga:RR El 70% que ingresa a la justicia nacional corresponde a delitos no relacionados con drogas, forman parte del delito urbano e insumen el 80% del prespuesto judicial.
El ránking es el siguiente:RR
-Lesiones dolosas
–Lesiones en riña
–Lesiones culposas
–Accidentes viales
–Homicidios culposos
–Amenazas de muerte
–Amenazas simples
–Violencia doméstica
En el 78% de los casos, el alcohol es el responsable en forma directa o indirecta.
Presupuesto:
Poder Judicial: $ 884.290.933.
Ministerio Público Fiscal:
$ 194.086.000
Total: $ 1.078.376.933
Montos estimados que se RRasignan a causas de drogas (pequeño comercio y mulas )
Poder Judicial: $ 276.903.207
Min. Público: $ 34.873.206
Costo unitario por estas RRcausas al Poder Judicial: entre $ 10 mil a $ 15 mil.
Min. Público: $ 1500
Fuente: todos los datos corresponden al libro La política criminal de la droga presentado esta semana por la doctora Cuñarro y han sido relevados de bases y fuentes oficiales, de la Corte Suprema y de la Procuración del Servicio Penitenciario.
Argentina: país de producción y desvío de precursores químicos junto a Brasil y Chile

RECUADRO 2
Adicciones argentinas
El tabaco y las bebidas alcohólicas encabezan el ránking de las adicciones de la sociedad argentina. Así lo revela una encuesta que realizó en 2008 el gobierno nacional. Esas sustancias legales son las mayores adicciones en el país, seguidas por el uso de marihuana y cocaína. Del tercer al quinto lugar se ubican marihuana, cocaína y éxtasis. Advierten, además, que la prescripción médica de tranquilizantes creció en centros urbanos como Rosario, Córdoba y Buenos Aires
Más del 50% tiene problemas cardiológicos como producto del consumo de tabaco, que es la segunda causa de riesgo de muerte en todo el país y la sustancia más consumida. En segundo lugar, se ubican las bebidas alcohólicas.
Según el informe, un 78,8% de personas entre 16 a 65 años consume alcohol y esa adicción va aumentando en las mujeres, combinada, en muchos casos, con tranquilizantes. Hay un exceso en la prescripción médica al punto tal que en centros urbanos como Rosario, Córdoba, Buenos Aires hay un consumo de esas sustancias, igual al que hay en Londres y Nueva York.
En tanto, las sustancias ilegales que le siguen al consumo de tabaco y alcohol son la marihuana y la cocaína, pero en menor medida que las primeras. “Menos de un 40%, y sin consecuencias tan negativas, consumen marihuana, cocaína y éxtasis. Teniendo en cuenta que el consumo de éxtasis y sus derivados es más bajo y selectivo, sólo en los ámbitos de clase media y media alta. Mientras que no llega al 1% el uso de solventes, paco y derivados de la nafta.