Guerra comercial con el Macrigate como telón de fondo

La trama oculta de la puja política y comercial en el seno del PRO para beneficiarse con un contrato millonario.

Por R. Ragendorfer y W. Goobar
La visita protocolar de Mauricio Macri a la muestra anual de ArteBa fue como una representación simbólica de su propia existencia. Bastó que alguien le explicara, en referencia a una enorme estructura espejada del artista Seth Wulsin, que la idea era “crear una sensación de infinito”, para que él metiera su cabeza en ella. En ese instante hizo trizas uno de los cristales. Ante la expresión lívida de los presentes, el jefe de Gobierno porteño se comprometió a comprar la obra, valuada en cuatro mil dólares. Lo cierto es que el viernes 25 de junio no fue uno de los mejores días de su vida. Poco antes había tenido la ocurrencia de exigirle al juez Roberto Gallardo a través de Twitter que “deje prender” el letrero luminoso de la avenida 9 de Julio y Diagonal Norte para el partido de Argentina y México del domingo; el magistrado entonces lo citó con el propósito de que aclare su pedido, bajo pena de aplicarle una multa. Por esas mismas horas, la oposición repudiaba su oportunismo ante el intento de revivir el proyecto legislativo para crear un registro de motociclistas, luego de que dos ladrones en fuga atropellaran a un adolescente durante la tarde del jueves. Al respecto –por expresa orden del mandatario– el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, fustigaría a los legisladores de la Ciudad con las siguientes palabras: “Hace seis meses que estamos discutiendo si usar chaleco queda bien o mal; estamos debatiendo boludeces”. Sus dichos no despertaron adhesiones; hasta el mismísimo presidente del bloque oficialista, Cristián Ritondo, los refutaría con duros términos. En cambio, el diputado del PRO Enzo Pagani –autor de un proyecto para instaurar el 15 de junio como Día del Piropo– se abstuvo de opinar. Mientras tanto, la Policía Metropolitana oficializaría un polémico negocio: la compra de unas mil cámaras de vigilancia que en marzo de 2011 serán instaladas en el microcentro. A tales circunstancias, los abogados defensores de Macri sumarían un increíble pedido de nulidad para toda la causa penal instruida a raíz del espionaje telefónico. La solicitud se basa en el presunto aviso que Sergio Burstein habría recibido sobre la pinchadura de su celular por parte –según el macrismo– de un agente de la Side llamado Hugo Álvarez, quien así habría incumplido su obligación profesional de guardar semejante secreto. Ahora bien, en estos tres últimos hechos –la polémica entre Montenegro y Ritondo, el asunto de las cámaras y la incrustación de Álvarez en el expediente del Macrigate – subyace la misma matriz: un encarnizado enfrentamiento político y comercial en las entrañas del PRO.
El titiritero. Los hechos se desencadenaron de manera escalonada. El periodista Daniel Santoro había revelado el nombre del agente Álvarez en el marco de una supuesta investigación exclusiva publicada el 3 de junio en el diario Clarín . Sin embargo, desde el 31 de mayo tal primicia era ya un engorroso secreto a dos voces: la del diputado Cristián Ritondo, y la del columnista del diario La Nación Carlos Pagni. La jactancia del primero anticipó en los pasillos de la Legislatura los detalles de esa revelación, mientras una nota –sin firma– del otro, publicada en paralelo a la de Santoro, desnudaba el carácter apócrifo de su pesquisa. Desde entonces se supo que el asunto había sido en realidad fruto de una operación urdida en algún despacho del macrismo. Y por un orquestador de lujo: Miguel Ángel Toma, tal como reveló Miradas al Sur en su edición del 7 de junio.
Lo cierto es que la maniobra dejó al descubierto un aparato de espionaje al servicio del PRO, que –en este caso– fue usado para al menos tres propósitos: identificar al agente de la Side, realizar un seguimiento sobre su persona e intervenir –así como refleja la nota de Santoro– sus llamadas al organismo de la calle 25 de Mayo. En otras palabras, Macri y los suyos esta vez habrían incurrido en una violación a la Ley de Inteligencia por haber revelado secretos de Estado.
Durante la mañana del 9 de junio, el primogénito de don Franco, cuyo vehículo oficial había quedado atascado en la avenida Paseo Colón, no vaciló en recurrir a la ayuda de un motoquero –tal como los medios lo reflejaron sin omitir su simpático lapsus al calificar de “motochorro” a su auxiliador–, para no llegar con más demora al edificio judicial de la avenida Comodoro Py, en donde tendría que fundamentar ante la Sala I de la Cámara Federal la recusación a l juez federal Norberto Oyarbide. Sus defensores, Ricardo Rosental y Santiago Feder, lo aguardaban allí con una expresión sombría; el motivo: la declaración testimonial de Álvarez había derrumbado la creencia de que él fue el autor de la llamada a Burstein. De ese modo también caía la estrategia de responsabilizar a través de su persona al Poder Ejecutivo nacional por el armado de la causa. Esa audiencia tuvo visos desopilantes, ya que los abogados de Macri no atinaban a salir de su perplejidad al no poder reconocer en el despacho del juez al agente en cuestión, a quien la inteligencia macrista suponía haber desenmascarado. Feder hasta deslizó que aquel hombre era en realidad un doble que reemplazaba al verdadero Álvarez.
La maniobra atribuida a Toma había quedado al descubierto. Y ello daría pie a otra operación.
En la mañana del 10 de junio, un funcionario porteño de segunda línea vinculado al sector peronista del PRO efectuó una llamada a la redacción de Miradas al Sur . Y sus palabras fueron:
–La señora del Gordo fue quien filtró la identidad de Álvarez.
El Gordo no es otro que Montenegro, y su señora: la abogada María José Labat.
Lo cierto es que, en paralelo a esa comunicación telefónica, medios tan disímiles como Página 12, Perfil y el sitio Online-911 reprodujeron esa versión. Posiblemente se basaban en la misma fuente que se había comunicado con Miradas al Sur, y también en un hecho circunstancial: el paso de la esposa del ministro por las filas del organismo de inteligencia con sede en la calle 25 de Mayo.
Lo cierto es que un vocero de Montenegro no tardó en salir al cruce de la cuestión: “Majo –así como le dicen a la señora Labat– trabajó en el área administrativa de la Side durante la época de Alfonsín. Por lo tanto, no coincidió ni siquiera en el tiempo con el tal Álvarez.
–Otras versiones aseguran que ella estuvo en la Side entre 2001 y 2006.
–Eso es una mentira fácil de probar.
–¿Quién podría estar interesado en propagar el vínculo de Labat con este tema?
–Es casi público el interés de cierto sector político en copar espacios en este Ministerio.
Tal definición, desde luego, apuntaba sobre la sinuosa figura de Toma.
Si, en efecto, éste fue el factótum de dicho montaje, no se podrá negar su naturaleza prolífica. De hecho, también se le atribuye el súbito desembarco en la causa del ex senador entrerriano y fugaz subjefe de la Side, Héctor Maya, quien, a raíz de un supuesto encuentro con Oyarbide, puso en su boca la siguientes palabras: “A Mauricio me lo llevo puesto”. En tal oportunidad, la caja de resonancia corrió por cuenta del prestigioso animador Jorge Rial, en cuyo programa radial se difundió el embuste. Ya se sabe que ello fue el corpus argumental con el que los abogados de Macri intentaron sin éxito recusar al magistrado.
Ya en la primavera de 2009 –tal como reveló Miradas al Sur en su edición del 4 de octubre–, operaba en el Hotel Savoy una unidad de espionaje dirigida precisamente por Toma y varios comisarios exonerados de la Policía Federal. Su misión: monitorear a políticos, empresarios y periodistas por encargo de un pool formado por el Grupo Clarín, el peronismo disidente y el Ministerio de Seguridad porteño.
A esta altura resulta asombroso el empeño puesto por el ex jefe de la Side duhaldista por operar en la causa de las escuchas telefónicas. Y en ello habría existido un motivo de peso: cultivar buenas migas con el jefe de Gobierno porteño, a través de favores que pocos estarían dispuestos a hacer, a cambio de un jugoso contrato entre el Ministerio de Seguridad y la filial criolla de la empresa española Plettac Electronics, uno de cuyos directores es nada menos que su propio hijo, Federico Toma.
El asunto giraba en torno de la provisión en la Ciudad de cámaras de seguridad; las negociaciones estaban avanzadas y hasta contaban con el beneplácito del ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, quien se había comprometido a garantizar las partidas presupuestarias necesarias para este negocio, el cual desde hace casi un año venía siendo fogoneado por los diputados Ritondo y Daniel Amoroso.
Pero algo falló.
El Gobierno porteño acaba de anunciar que la compañía Global View –propiedad del empresario Mario Montoto, en sociedad con Daniel Hadad– ha sido la beneficiaria del millonario contrato de las cámaras. Serán más de mil aparatos, cuyo monitoreo requerirá de cuatro nuevos centros de control. Esos adminículos serán de última generación, con un costo de 33 mil pesos por unidad. Lo que se dice, un negocio redondo, del cual Toma y su vástago han sido los derrotados.
Ello, por otra parte, explicaría la súbita deserción del diputado Amoroso de las filas legislativas del PRO. Y la no menos inesperada animosidad de Ritondo hacia el ministro de Seguridad.
–En relación con el contrato de las cámaras, ¿ha sido Montenegro quien se impuso en la puja interna con el ala peronista del PRO? –preguntó Miradas al Sur a un funcionario cercano al ministro.
La respuesta fue:
–Bueno, la licitación fue transparente.
En tanto, sorprendía la decisión por parte de los abogados Rosental y Feder de exhumar el asunto de Álvarez para pedir la nulidad de la causa. Es que, en su declaración, el agente dijo no haber avisado a nadie sobre las escuchas, y que ni siquiera conoce a los protagonistas del caso. Oyarbide se negó a levantarle el secreto para investigarlo, a la vez que la defensa de Macri exige que se analicen las fotos del locutorio en el cual se llamó a Burstein. El juez, que ya recibió un peritaje negativo efectuado por la Gendarmería, seguramente recomendará a los letrados que lean con atención el expediente.
Al respecto, un funcionario judicial se permitió una humorada: “Tal vez el próximo paso estratégico de ellos sea declarar la insanía de su defendido”.
 Diario Miradas al Sur
 27 de Junio de 2010