Diario íntimo de un empresario multimediático

Es verdad que las acciones de Papel Prensa fueron negociadas –digamos– en la mesa de torturas. Es verdad que más de un preso engrillado y más de un difunto pronunciaron mi nombre antes de expirar. Pero, bueno, eso fue en los años de plomo. No había otra manera.

Por Walter Goobar
Es verdad que las acciones de Papel Prensa fueron negociadas –digamos– en la mesa de torturas. Es verdad que más de un preso engrillado y más de un difunto pronunciaron mi nombre antes de expirar. Pero, bueno, eso fue en los años de plomo. No había otra manera.
Es verdad que en mi traje y mis zapatos había restos de sangre de algunas víctimas, pero ni siquiera pienso tomarme el trabajo de explicar cómo es que sus títulos y propiedades aparecieron entre nuestros bienes. Pretender que a partir de esa serie de coincidencias, tan frecuentes como insustanciales, pueda derivarse –incluso suponerse– nuestra responsabilidad en semejante crimen, es una infamia que no vamos a tolerar.
Es verdad que durante años, algunas de nuestras inversiones más rentables fueron la Casa Rosada y el Congreso. Aunque eso –en parte–, ya se terminó, pero uno de los peores errores que puede cometer este gobierno es subestimarnos.
Es verdad que la titular de nuestro imperio mediático ha protagonizado una novelesca salida del país hace dos meses. No tenemos nada que comentar al respecto.
También es cierto que ninguno de los medios de nuestro amenazado holding –que posee unas 250 licencias– se atrevió a informar que la señora entró en el Uruguay el 3 de mayo pasado y, dos días después, se embarcó rumbo a los Estados Unidos.
Es verdad que su sigilosa partida se produjo en momentos en que se esperaba el resultado de los análisis genéticos para determinar si sus dos hijos, adoptados en plena dictadura, son o no menores robados por los militares a desaparecidos.
Somos conscientes de que, arteros y mendaces, nuestros enemigos buscan empañar muestra reputación, cuestionar con su habitual maledicencia nuestra ejemplar e inmaculada trayectoria, pero aunque se sumen a esa insidiosa campaña de descrédito internacional ciertos organismos e instituciones en el afán de calumniar nuestro prestigio y buen nombre, sepan que no podrán con nosotros.
Es verdad que desde hace ocho años las Abuelas de Plaza de Mayo demandan identificar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. En su momento, les ofrecimos negociar... pero se negaron. Evidentemente no hablábamos el mismo idioma.
Admito que una investigación anterior evidenció una serie de irregularidades en las actas de adopción de ambos jóvenes. Es exacto que en el expediente de adopción de Felipe se sostiene que Carmen Luisa Delta, su supuesta madre, lo puso a disposición de la jueza el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin cumplir los requerimientos legales correspondientes, la magistrada Ofelia Hejt concedió la guarda a Herrera de Noble. Pero hubo un pequeño detalle que se nos pasó por alto: Carmen Luisa Delta nunca existió. Bueno, la verdad es que no se podía estar en todo. Quién iba a imaginar que tantos años después alguien iba a husmear en documentos tan privados.
En el colmo de la desvergüenza, como si no les bastara nuestra palabra o pudieran los hechos motivar alguna duda, hasta han llegado a exigir una investigación del incidente.
El caso lleva recorriendo tribunales desde el 2001. Ha involucrado hasta a los propios funcionarios judiciales que estuvieron en la causa. A algunos les costó el puesto cuando le dieron celeridad; otros están bajo la lupa por retrasarlo y obstruirlo técnicamente.
Nosotros siempre quisimos investigar ese asunto, pero con la objetividad y la independencia con las que siempre nos hemos manejado: hubiésemos preferido no tener que destituir al juez Roberto Marquevich, pero no nos dejó otra alternativa. Cometió el imperdonable atropello de tratar a la señora como si fuera una más del montón.
Es verdad que en los últimos ocho años nuestros abogados han hecho todo lo posible para frenar los análisis de ADN y se han opuesto a que las muestras se cotejen con las muestras de todos los familiares de desaparecidos.
Ahora que fracasó la recusación contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, a nuestros letrados no les dejan otra alternativa que desacreditar el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si durante años pudimos ejercer –digamos– nuestra influencia sobre las Afjp y los bancos, ¿por qué no vamos a poder impedir que se obtenga un ADN?
La abogada Roxana Piña ya lo había adelantado en el programa televisivo Hora Clave de Mariano Grondona. Junto a su colega Alejandro Carrió, sostuvo que “es muy difícil la contraprueba” para certificar los resultados del análisis ordenado por la jueza Arroyo Salgado.
“¿Temen que se invente un patrón genético?”, preguntó Grondona. “Podría ser. No lo sé”, respondió Piña. “Pero la forma es ésa. A nuestros peritos no les van a dar material genético”, vaticinó la abogada.
Nosotros hubiésemos querido constituir una comisión independiente, que contara con nuestra asesoría, para dar curso de inmediato a una profunda investigación dirigida y ejecutada por nosotros mismos, con la objetividad que nos caracteriza.
De más está decir hasta qué punto el multimedios ha demostrado su pericia para investigar sus propios delitos y evacuar cargos y culpas. En cualquier caso, rechazo todos los crímenes que pretenden achacarme y que yo mismo propongo investigar.
Es verdad que estoy tan obsesionado con mis propios secretos que casi pierdo el habla, pero nadie está obligado a declarar en su contra y, menos aún, cuando lo que está en juego es la sagrada libertad de prensa y la aún más sagrada libertad de empresa.
Diario Miradas al Sur
04-07-2010