La omisión de la familia Macri

En un extenso y detallado escrito de 121 páginas los defensores de Mauricio Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, intentaron desmontar las evidencias que tienen a su cliente procesado como miembro de una asociación ilícita.

Por Walter Goobar
En un extenso y detallado escrito de 121 páginas los defensores de Mauricio Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, intentaron desmontar las evidencias que tienen a su cliente procesado como miembro de una asociación ilícita. La primera impresión que causa la lectura de este escrito dirigido a la Cámara Federal es que –por primera vez-, los costosísimos abogados de Macri han leído el expediente, ya que sus escritos anteriores estaban llenos de errores fácticos y solicitaban medidas de prueba que ya estaban en la causa. En este caso, el duo Feder-Rosental, expone de manera sencilla pero contundente los flancos débiles de la investigación para tratar de demostrar que la pesquisa fue direccionada para involucrar al jefe de Gobierno porteño.
En una suerte de variante judicial del juego del Gran Bonete, los abogados admiten que hubo espionaje, que este se concretoó a traves de los juzgados de Misiones y con la participación del espía Ciro James. Sin embargo, a la hora de considerar el papel que le cupo a su cliente, lo retratan como una especie de víctima propiciatoria de una conspiración urdida por una mano negra.  En su oblicuadefensa del jefe de Gobierno, los abogados reclaman que Oyarbide debería haber investigado a las víctimas: el cuñado parapsicólogo de Macri,  Néstoor Daniel Leonardo que es el caso de espionaje que más directamente compromete al jefe de Gobierno, y el familiar de la Amia, Sergio Burstein quien –según los letrados-, podría haber sido espiado por otros familiares de la Amia.
Para proporcionar una coartada a su cliente, insisten en inculpar a Franco Macri y a la agencia de seguridad estadounidense Ackerman Group, sin embargo no presentan un solo recibo o depósito bancario que demuestre que Franco Macri o el Ackerman Group contrataron al espía Ciro James. De James se pueden pensar muchas cosas y seguramente tenía más de un cliente para las escuchas, perolo que está claro es que no trabajaba por amor al arte.  En ese sentido, su contratación en el ministerio de Educación una semana después de concretadas las escuchas a Leonardo es una evidencia demoledora para Macri. Muy distinto sería si a James lo hubiese contratado Socma o Sideco.
Los abogados cargan las tintas en Franco Macri y justifican las escuchas en el hecho que el patriárca del clan estaba preocupado porque su yerno podría ser un cazafortunas. Con ello tratan de eximir de toda responsabilidad a su cliente, pero omiten un dato sumamente relevante: en la época en que se produjeron las pinchaduras al marido de Sandra, había estallado un grave conflicto en el seno de la familia por la venta de Socma. Mientras Mauricio lideraba el grupo de los hijos varones opuestos a Franco, el patriarca contaba con el apoyo de las tres hijas mujeres. ¿Por qué habría de espiar Franco a su aliada Sandra? Y si lo hubiese hecho, ¿para qué necesitaba involucrar a Mauricio cuando a todas luces contaba con medios propios para hacerlo?.
Los abogados omiten otro dato central: según varios testimonios obrantes en la causa las escuchas telefónicas y el espionaje son moneda corriente en la disfuncional familia Macri.
El jefe de Gobierno tiene buenas razones para confiar en sus abogados: En la alocada década del ´90, el mismo estudio lo defendió exitosamente cuando  fue procesado por contrabando agravado, en el marco de una maniobra en la que las empresas del grupo Sevel  habrían estafado al Estado argentino mediante la exportación al Uruguay de autopartes, para luego volverlas a importar.
Si bien confía en sus abogados, Mauricio no ha dejado de apelar a métodos extrajudiciales que le proporcionen un salvoconducto para romper el cerco judicial en el que se encuentra y que amenaza su futuro político.
Poco acostumbrado a perder, Macri ha desplegado en los últimos meses varias jugadas personales  para despegar de la causa que lo tiene como principal protagonista: en febrero pasado, fingió un encuentro que no tuvo nada de casual con el juez Norberto Oyarbide en el sauna del Spa Colmegna. La intentona naufragó.
En marzo, volvió a la carga: su amigo y socio, el empresario Nicolás Caputo reclutó al ex juez Fernando Archimbal –uno de los principales operadores judiciales del menemismo y el delaruismo-, para que visitara a Oyarbide. El magistrado lo conminó a retirarse de su despacho. Ante esa sucesión de fracasos, desplegó el aparato de espionaje que dice no tener para identificar –sin éxito- a la persona que llamó al familiar de la Amia, Sergio Burstein para alertarlo de que su teléfono estaba pinchado.
No es que desconfíe de sus abogados, pero en su fuero más íntimo, el jefe de Gobierno tiene cifradas todas sus esperanzas en que  un sector del radicalismo le proporcione una tabla de salvación: contra todos los cálculos, el PRO consiguió  un lugar en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Congreso. La UCR  le cedió uno de los dos lugares que corresponden a diputados de la oposición. Tanta generosidad esconmovedora, más aún si se tiene en cuenta que el PRO designó a Silvia Majdalani en esa vacante. Majdalani es una peronista que reporta a Nicolás Caputo, el socio de Macri. También es amiga de Miguel Ángel Toma, pero su principal virtud es que  tiene una relación estrechísima con el juez Oyarbide, a tal punto que se negó a pedir el juicio político del magistrado.
Diario BAE
08-07-2010