En octubre de 2007 una chica sufrió conmoción cerebral y esguince cervical. El lugar tenía otro nombre, pero los dueños eran los mismos. El alarmante antecedente tampoco figuraba en el portal web Salí Seguro del gobierno porteño.
Por Walter Goobar
Aunque no conocía a las dos chicas muertas en el derrumbe del entrepiso del boliche de Scalabrini Ortiz 1638, la tragedia que le quitó la vida a Ariana Lizarraga y Leticia Provedo conmovió de manera singular a Celeste, una joven de 22 años que estudia Recursos Humanos. La última vez que Celeste pisó el boliche de la tragedia fue el 27 de octubre de 2007. Estaba en el cumpleaños de una amiga y a las 2 de la mañana se desprendió un hierro de la baranda del entrepiso que impactó en su cabeza. Sufrió una conmoción cerebral y esguince cervical, y cuando su madre inició una causa judicial contra los dueños del local, creyó que así podría evitar una tragedia como la que sobrevino esta semana.
Aunque el boliche haya cambiado de nombre, en la causa 46.532, tramitada en 2008 en el Juzgado Nº 61 del fuero Civil, aparecen las mismas empresas y los mismos personajes que ahora han cobrado notoriedad pública con el derrumbe. En ese sentido, la causa iniciada por la madre de Celeste puede releerse hoy como el prólogo para una tragedia que desnuda el desmanejo de habilitaciones récord, inspecciones deficientes y denuncias cajoneadas.
Celeste estaba conversando con amigas en la planta baja del local cuando sorpresivamente sintió un fortísimo golpe en la cabeza que la dejó sin conocimiento. El golpe se debió a un desprendimiento de un tramo de la baranda del primer piso que impactó sobre la cabeza de la menor causándole traumatismo craneal. “En ese momento, sus amigos la suben al auto de uno de ellos, se comunican con los padres y la llevan al Centro Médico San Camilo, donde ingresa a las 2:30 horas. Allí le hacen radiografías, tomografías, le inmovilizan el cuello y la dejan en observación hasta las siete de la mañana del día siguiente”, dice el expediente.
En su defensa, el presidente de la sociedad El Viejo Sabio, Agustín Dobrila, respondió: “se festejaba un cumpleaños y Celeste era una invitada más. La seguridad del inmueble es inmejorable. Todo el establecimiento cuenta con elementos de alta calidad y seguridad, habiendo sido habilitado el 30-07-2007.” Más adelante, el empresario argumentó: “Es cierto que un elemento cayó al lado de la señorita Celeste desde el entrepiso (una altura aproximada de 2 metros) por haber resbalado de las manos de un mozo que estaba ajustando una fijación porque le pareció que no estaba bien asegurada. Dicho elemento no era otra cosa que un trozo de caño hueco de aproximadamente un metro de largo y tres centímetros de diámetro, por tanto de escaso peso, el cual formaba parte de una baranda.” El empresario declaró que “Celeste se retiró con sus amigas del local a las 3:30 en perfecto estado de salud, alegre y feliz por la velada”. Sin embargo, en el mismo expediente consta que había sido hospitalizada a las 2:30 con traumatismo de cráneo.
“Finalmente, la codemandada Berkley International, que era la aseguradora de El Viejo Sabio, propuso un arreglo económico para poner fin al pleito”, explicó la abogada Silvia Abin, quien patrocinó a la joven damnificada.
“No volví a ese boliche, pero tengo que reconocer que mis amigas sí fueron a otros cumpleaños en el mismo lugar”, dice hoy Celeste. Desde que la baranda del entrepiso el que se derrumbó esta semana cayó sobre ella, en octubre de 2007, el boliche de Scalabrini Ortiz cambió de nombre se llamaba Unuo pero no de dueños, fue clausurado dos veces en 2009, pero evidentemente eso no impidió que le otorgaran una habilitación permanente en 2010, sin que ninguno de todos estos antecedentes alarmantes constaran en la página Salí Seguro del gobierno de la ciudad.
Según señalan quienes conocen la Agencia Gubernamental de Control, encargada de las habilitaciones, el pago de retornos es la llave para conseguir permisos truchos o a medida, un mal que se creía erradicado después de Cromañón. Pero no es así: una parte de las habilitaciones está, precisamente, en manos de funcionarios implicados en esa tragedia.
Para realizar shows en vivo, los propietarios de los bares y boliches porteños necesitan el visto bueno del director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, un funcionario cercano al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, abogado que suma cada vez más influencia en el gobierno macrista.
El circuito se completa con el posterior control que realiza la directora general de Fiscalización y Control, Ileana Vanesa Berkowski, una radical que ingresó al gobierno porteño de la mano de la diputada Silvana Giudici, que con la llegada del PRO al poder se sumó rápidamente a Recrear, y que hoy se proclama cercana al ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Farrell es el responsable de firmar las habilitaciones, mientras que Berkowski es la encargada de fiscalizar y controlar que los lugares en los que se realizan los eventos que autorizó Farrell cumplan con las condiciones técnicas previstas en la ley. Sin embargo, Berkowski que ahora trabaja para el macrismo fue titular de la Dirección General de Fiscalización y Control durante la gestión de Aníbal Ibarra y estuvo implicada en el caso Cromañon.
Tiempo Argentino
13-09-2010