Las compras secretas que comprometen a Macri

Una compra rotulada como secreta de material destinada a tareas de inteligencia y contrainteligencia -una actividad que está expresamente prohíbida por la Constitución porteña-, complica aún mas la situación procesal de Mauricio Macri en la causa por las escuchas telefónicas ilegales. Una investigación realizada por los legisladores opositores Diego Kravetz y Raúl Fernández, prueba que la policía Metropolitana compró un software para realizar inteligencia criminal algo que no está contemplado entre sus funciones y otros dispositivos para detectar pinchaduras, interferencias y micrófonos ocultos. Ayer Kravez ratificó la denuncia ante el juzgado de Norberto Oyarbide.

Por Walter Goobar
Una compra rotulada como secreta de material destinada a tareas de  inteligencia y contrainteligencia -una actividad que está expresamente prohíbida por la Constitución porteña-, complica aún mas la situación procesal de Mauricio Macri en la causa por las escuchas telefónicas ilegales. Una investigación realizada por los legisladores opositores Diego Kravetz y Raúl Fernández, prueba que la policía Metropolitana compró un software para realizar inteligencia criminal algo que no está contemplado entre sus funciones y otros dispositivos para detectar pinchaduras, interferencias y micrófonos ocultos. Ayer Kravez ratificó la denuncia ante el juzgado de Norberto Oyarbide.
En el macrismo reconocieron las compras secretas, pero rechazaron que hayan tenido como objeto realizar tareas de inteligencia. Sin embargo, el legislador Diego Kravetz corroboró ante Oyarbide que "no tiene dudas de que “la administración macrista montó con absoluta conciencia un aparato de inteligencia, que queda demostrado con el personal que contrataron y con los instrumentos que compraron”.
Según  el expediente Nº 1.311.125 de 2009, el  superintendente de Comunicaciones de la Metropolitana , Eduardo Martino, solicitó a su superior en ese entonces, Osvaldo Chamorro sucesor de Jorge “Fino” Palacios, la compra de un software de Inteligencia Criminal a la empresa Global Tech SRL. Esa operación por un monto de 560.472 pesos, fue aprobada el 2 de noviembre de ese mismo año por el ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, que dispuso la contratación directa de la compañía, amparándose en una ley vigente a nivel nacional para compras reservadas.
Sin embargo, las adquisiciónes  secretas´-bajo cualquier modalidad- están prohibidas por el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad y por la Ley 2095 de compras y contrataciones. El 11 de enero  se concretó -sin llamado a licitación-,   la adquisición del software “Sentinel Visualizar” a la firma Global Tech S.A. Según la página web de Global Tech, el “Sentinel Visualizar”
es un programa que puede ser utilizado por gobiernos con fines de inteligencia,una actividad que  la Metropolitana no puede realizar según la Ley de Seguridad pública.
El “Sentinel Visualizar” es un sofisticado sistema de entrecruzamiento de información que permite importar datos personales, rastreados desde sitios públicos de Internet, mails y redes sociales, para determinar “parámetros de relación y predecir acciones”. Si bien hasta ahora, la Metropolitana lo ha utilizado para identificar a un pedófilo, nada impide que el mismo software sea empleado para violar la intimidad de cualquier otro ciudadano.
Pero hay otro expediente -mucho más controvertido-, que no ha sido incluido entre el material que fue entregado  a los legisladores que integran la Comisión Investigadora de las escuchas ilegales.
Se trata del expediente Nº 1.173.765 de 2009 que delata la compra de equpamiento para realizar tareas de contrainteligencia.
Las importadoras Precisión Electrónica SRL y CIK Consultora Internacional, cobraron 660 mil pesos para proveer al gobierno porteño un analizador de espectro, que se emplea para detectar “dispositivos de transmisión de vigilancia electrónica”; un detector de junturas, que advierte la pérdida de potencia en las líneas telefónicas “pinchadas”; un sistema analizador de redes y aparatos telefónicos, que “detecta la extracción oculta de información”; una videocámara con termografía, que identifica el calor humano y obtiene imágenes en entornos oscuros y, por último, un receptor portátil “diseñado específicamente para los usos de radio monitoreo de campo”, un eufemismo para realizar escuchas telefónicas en movimiento.
Este dispositivo según la descripción “funciona en una gama de frecuencia ancha”. El receptor y la antena direccional forman un sistema de recepción compacto”. Todas las especificaciones técnicas adjuntas al expediente de compra describen aparatos creados para evitar operaciones de inteligencia, es decir, hacer contrainteligencia.
Desde el punto de vista de la  causa por las escuchas ilegales, el equipo más comprometedor es el receptor portátil, que le permitiría la Policía Metropolitana realizar escuchas telefónicas. Tanto el analizador de espectro, como el detector de junturas y el sistema de analizador de redes son dispositivos que permiten determinar si una línea telefónica está pinchada. En el caso del analizador de espectro se trata de un equipo que para su importación, se necesita de la autorización del departamento de Estado de los Estados Unidos.
Aambos expedientes fueron rubricados por el ministro Guillermo Montenegro a partir de pedidos del
superintendente Eduardo Martino, un hombre del riñon del ec comisario Jorge "Fino" Palacios.
El superintendente Martino ha sido denunciado en la Legislatura por “ejercer actividades privadas incompatibles con la función pública”, a raíz de que, en paralelo a su trabajo policial, regentea su propia agencia de seguridad, Alesa SA., además de administrar un balneario en Miramar, del cual también es dueño.
Martino  -que fue eyectado de la Policía Federal por enriquecimiento ilícito, en la famosa purga de 2004-,
tiene el mérito de haber volcado su destreza para los negocios en beneficio de la Metropolitana. Tan es así que según una fuente del Ministerio de Seguridad ha sido el factotum de importantes compras de equipos y acuerdos adjudicatorios como la de las comunicaciones troncales por unos 10 millones de dólares, a través del ya clásico sistema de compra directa.
Además de Martino y Montenegro, los expedientes también llevan la firma de Edgardo Cenzón, ex director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño, y del entonces subjefe de la fuerza a cargo de su jefatura, Osvaldo Chamorro, el hombre que quedó al mando de la Metro luego de la renuncia del ex comisario Palacios. Chamorro y Palacios eran socios en una agencia de seguridad privada. Dentro de 15 días, el ex hombre fuerte de la Federal cumplirá un año preso acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a intervenir teléfonos desde el gobierno porteño, junto al ex agente Ciro James, también tras las rejas.
 dIARIO bUENOS aIRES eCONÓMICO
10-11-2010