RICARDO LORENZETTI

“Los juicios de lesa humanidad son parte de un contrato social con los argentinos”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, abandona su habitual tono cauto y mesurado y brinda tajantes definiciones sobre los juicios de lesa humanidad, la política de derechos humanos, el papel de la Corte en la sociedad, la vigencia de la ley de medios, los temas ambientales y el debate sobre la seguridad jurídica en el país.

Por Eduardo Anguita y Walter Goobar
Nació en 1955 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y es profesor de Derecho Civil. Luego se especializó en Derecho de los Consumidores y Derecho Ambiental. Integra la Corte Suprema desde diciembre de 2004 y la preside desde enero de 2007. En un extensa charla con Miradas al sur, Lorenzetti destacó que esta Corte participa en la agenda pública. Además interpela la seguridad jurídica como un derecho de los excluidos y no sólo de los inversionistas El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, abandona su habitual tono cauto y mesurado y brinda tajantes definiciones sobre los juicios de lesa humanidad, la política de derechos humanos, el papel de la Corte en la sociedad, la vigencia de la ley de medios, los temas ambientales y el debate sobre la seguridad jurídica en el país.
–Esta es una Corte con mucha exposición pública, para bien y para mal...
–Creo que hay dos posiciones acerca de lo que es la Justicia: una es si resuelve conflictos, nada más, y dicta sentencias en un caso. La otra es si además de resolver conflictos, interviene en la agenda pública como una suerte de diálogo de poderes. Históricamente la Corte sólo intervino en conflictos y no tuvo la participación en los temas que le interesan al ciudadano común y a la vida pública. Tuvo muy poca participación en la agenda pública. El gran cambio de esta Corte tal vez sea ése, porque nosotros estamos convencidos de que además de resolver casos hay que interpretar la Constitución, sobre todo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y de esa manera dar una opinión desde el Poder Judicial sobre los grandes temas que forman parte de la agenda pública: la igualdad, la protección del medio ambiente, la situación de los derechos humanos en todos los campos. Todo eso es una agenda fuerte de esta Corte y hace que tenga mucha exposición pública.
–Cuando uno entra en el Centro de Información Judicial se ve claramente la cantidad de información generada por esta agencia que fue creada por la Corte. En el tema de los juicios a los derechos humanos, está mostrando una opinión, actitud, decisión, involucramiento. ¿Cómo fue la decisión de crear esta agencia?
–La decisión fue parte de una política de Estado. Cuando asumí acá, empezamos a convocar reuniones de jueces de todo el país. Una política de Estado definida democráticamente, cosa que es novedosa porque siempre el Poder Judicial tiene otra estructura jerárquica. La primera decisión fue cambiar una política comunicacional, es decir, mejorar la relación del Poder Judicial con los medios de comunicación en general y la gente. El Poder Judicial siempre estuvo muy aislado y ese aislamiento es poco transparente. La gente tiene que saber cómo funciona el Poder Judicial y a su vez controlarlo.
Antes era toda una historia para conseguir un fallo. La segunda parte fue transformarlo en una agencia de noticias del Poder Judicial como existe en el Poder Ejecutivo, Télam y distintas agencias de noticias.
–También hay micrositios sobre temas específicos...
–En los juicios de lesa humanidad nosotros hicimos un micrositio y ahí uno entra, hay un mapa de todo el país y uno en cada provincia y sabe qué juicio hay de lesa humanidad en cada jurisdicción. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano en cualquier lugar para saber qué juicios hay y seguir el estado de esos juicios.
–¿En qué temas siente que esta “mediatización” de la Corte que en principio es positiva, pudo haberles jugado en contra?
–Yo no la llamaría mediatización, la llamaría transparencia, que se sepa mejor qué se hace e intervenir en la agenda pública como poder del Estado. Eso es muy importante. Nosotros tenemos una gran tendencia histórica a considerar que los temas dependen de un gobierno y que cuando se van de ese gobierno vamos para atrás en los temas. Hay temas centrales de la sociedad como éste. El tema de los juicios de lesa humanidad no depende de un gobierno, es parte de un contrato social con los argentinos. Esté el gobierno que esté, estos juicios siguen adelante. Los juicios de lesa humanidad forman parte de la sociedad, del contrato social y de las políticas de Estado del Poder Judicial.
–¿Pero la mediatización no aumenta la presión sobre ustedes?
–Eso es bueno. El debate público no me parece malo. Los diarios dicen una cosa, los distintos sectores políticos sociales dan sus opiniones. Pueden haber manifestaciones. Eso es parte de la democracia, no veo por qué tendríamos que asustarnos por eso. Yo creo que la Argentina en eso es sana. Nosotros hemos vivido épocas en que a todo el mundo le parece que acá hay turbulencia porque hay una manifestación en los Tribunales. Hemos vivido épocas en que los conflictos se resolvían con mucha violencia. Esto no es violencia, es debate. Me parece que no hay que asustarse porque la gente opine y que cada uno lo haga a su manera; uno se moviliza, el otro lo publica en un diario. Además, esto pasa en todo el mundo.
–¿Cómo les cambia la vida, la mentalidad, a los mismos jueces federales que están participando de los tribunales orales federales?
–Hay un procedimiento oral donde hay que escuchar a todos los testigos y demás. Eso está en la ley y es la tarea del juez. No los afecta demasiado, es lo que tienen que hacer, es su trabajo.
–¿No han tenido necesidad algunos jueces de consultar psiquiatras?
–Que yo conozca, por esta situación no. Al contrario. La experiencia muestra que hemos desarrollado audiencias públicas, hemos hecho una innovación muy grande en la Corte escuchando a las partes.
Por eso nosotros tenemos una Comisión de Interpoderes para los juicios de lesa humanidad que ha dado muchos resultados para cubrir estos problemas porque no había salas para hacer los juicios, donde hay salas falta infraestructura, después faltan los jueces. Todo un trabajo muy fuerte de organización para llevar adelante esto que en materia de juicios de lesa humanidad creo que es la experiencia más importante del mundo.
–¿La Comisión Interpoderes fue una iniciativa de la Corte?
–En realidad la iniciativa vino de los organismos de DD.HH. Después que la Corte dictó las sentencias que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrió la posibilidad de hacer una gran cantidad de causas. La verdad es que esto podría haber sido una frustración si dejábamos las cosas como estaban. No se hubiera podido hacer ningún juicio. Entonces creamos esta comisión, convocamos al procurador, doctor Righi, al Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo. Hemos armado un grupo que se ocupa de coordinar y acá está la Secretaría General a cargo del doctor Alfredo Kraut. Hay un trabajo muy fuerte en coordinar que es una tarea muy difícil en cada jurisdicción. Tratar de que lleven adelante el juicio, de que se armen los tribunales, conseguir las salas, formar el tribunal con los jueces, traer jueces de otras jurisdicciones, de que se enferma uno y reemplazarlo, los problemas de publicidad de los actos judiciales también. Cuando empezaron había mucha discusión porque no se quería dejar entrar a nadie, no querían que se firme porque hay una tradición muy fuerte en el Poder Judicial de que los actos no son públicos.
Eso es muy importante, es un beneficio para el juez y no un perjuicio. Una cosa es leer un escrito y otra es escuchar oralmente las posiciones de las partes, los gestos, el poder interrogar, dialogar.
–Una pregunta técnica sobre esto. En los Tribunales Federales son cuatro los jueces designados. ¿Qué pasa si alguno tiene alguna dificultad y no se puede poner a un nuevo conjuez una vez ya iniciado el juicio?
–Hay muy pocos jueces y hay muchas vacantes a cubrir. Este es un problema muy serio que no se ha logrado solucionar y llevamos ya tres o cuatro años donde hay un promedio de 20% de los cargos judiciales sin cubrir. Los juicios de lesa humanidad solamente han ocupado casi todo el trabajo de los tribunales orales, pero además tenemos a todos los otros. Habría que nombrar más jueces, y no se nombran. Hay que trabajar fuertemente en acelerar la designación y que no haya vacantes.
–¿No cree que hay una deuda pendiente en términos de una autocrítica de la Corte o del Poder Judicial y un saneamiento en lo que tiene que ver con la colaboración del Poder Judicial con la dictadura y la violación a los derechos humanos?
–Una cosa es la autocrítica que creo que se ha hecho. Hay muchos jueces que han sido, como ocurre con todo el país, gente que ha estado en el Poder Judicial o fuera. Hubo muchos que han tenido una actitud valiente, activa, en contra del gobierno militar y la dictadura. Otros que tuvieron una actitud pasiva de no hacer nada y otros que tuvieron una actitud de colaboración. Esto pasó en todas las instituciones. Nosotros creemos que ese debate es bueno que se haga. Otro problema es, si va haber juzgamiento o no. Sobre ese punto yo no puedo opinar porque hay procesos abiertos, pero sí hubo autocrítica.
–Hablando de la agenda ciudadana y de la agenda pública, uno ha sido la decisión de la Corte de meterse en temas medioambientales de una manera… Yo lo entrevisté cuando hicimos esa expedición al Riachuelo. Ustedes tienen una comisión de seguimiento, han derivado esto a un juez... ¿Qué lectura hacen de esto?
–Yo creo que fue un cambio muy importante porque veo que a veces se opina diciendo que no se hace nada, no se hace mucho. El Riachuelo estaba contaminado desde hace más de cien años y nunca se pudo actuar además de las razones políticas conocidas. También había dificultades de orden institucional. En toda la cuenca hay cinco millones de personas, 1200 empresas, después tenemos al Estado Nacional, el 40 y pico de municipios, y la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Para que se pongan de acuerdo todos en cuál es el plan, cada uno tiene su propia regulación de fuentes. Era muy difícil que entre ellos se pusieranr de acuerdo, esté el gobierno que esté. Además cada uno tenía un gobierno diferente. El hecho de que la Corte tome cartas en el asunto e intervenga, ayudó mucho a que eso suceda. Nosotros hemos tenido una actitud de decir “esto hay que hacerlo” pero no le decimos cómo. ¿Qué hicimos? Lo primero fue decir “bueno, acá tenemos que tener una entidad única para la cuenca y por eso se creó la Acumar. A instancias de las audiencias públicas de la Corte, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley, el Congreso lo aprobó, se creó la Acumar y gracias a eso hoy hay una unidad de conducción y de regulación que es el tema principal para empezar a actuar porque si no con organismos muy dispersos es imposible. Lo que pasa siempre en los problemas ambientales es que no coincide el problema con la división política y es muy difícil actuar. Este fue un primer paso muy importante. El segundo es que nosotros dijimos que presenten un plan, lo presentaron, se discutió, se aprobó y ahora hay una guía común. Todos saben lo que tienen que hacer, ya no hay discusión sobre eso. La tercera cuestión que se logró es que hemos delegado en el juez federal de Quilmes el control de la ejecución. Además le dimos participación a las organizaciones populares que existían, asociaciones ambientales, asociaciones barriales, para que tengan participación activa en el control del cumplimiento.
–De esta complejidad, hay algunos casos que parecen más emblemáticos: Villa Inflamable parece un lugar perdido en la distancia y en el tiempo. Será que las petroleras tienen mucho poder de imposición, será que todavía esa gente tan pobre no tiene la capacidad de organizarse y hacer un reclamo suficiente.
–Villa Inflamable fue el actor en esta causa. Esto da lugar al proceso más grande que tiene hoy la Argentina, es un dato importantísimo para el acceso a la justicia. No ocurrió nunca una cosa así y hay que valorarlo. En particular, hay lugares como el Polo Petroquímico que, aunque uno diga que lo vamos a trasladar o no, el solo hecho de tomar esa medida es muy difícil de implementarlo. No es que sea imposible pero lleva mucho tiempo porque hay muchas otras cosas implicadas como por ejemplo el ingreso de material que es esencial para el país que se hace por ahí, está involucrada la autoridad de puertos nacionales, organismos nacionales que tienen que ver con la energía. Es un tema macro, muy difícil. Yo no creo que sea una cuestión de que hoy tengan mayor poder económico. La orden está. Uno entiende también que el gobierno nacional tiene muchas dificultades, no es un tema sencillo.
• “Los excluidos no tienen seguridad jurídica”
–¿Qué le responde usted a los que le plantean falta de seguridad jurídica en la Argentina?
–Cuando hablan de seguridad jurídica es muy general. Yo creo que no se puede decir que sí o que no. La seguridad jurídica primero involucra a distintos sectores. Si uno dice qué seguridad jurídica tiene una persona que vive excluida del sistema porque no tiene acceso al trabajo, salud, educación; bueno, ése no tiene seguridad jurídica. Pero de esa situación se habla poco. En varias sentencias hemos dicho que ahí hay un tema de acceso al derecho: hay gente que directamente no tiene derechos. Después está la seguridad jurídica en el sentido de previsibilidad para las inversiones. Pero también ahí hay muchas situaciones diferentes. Argentina no está ni en la mejor ni en la peor de las situaciones. Hay casos muy disímiles. Nosotros por ejemplo hemos garantizado la seguridad jurídica en muchas decisiones de la Corte y creo que ahí hay niveles aceptables de seguridad jurídica.
En definitiva éste es un concepto muy específico. Cuando uno ve por ejemplo a China que tiene un alto nivel de crecimiento, la discusión que hay hoy es si esa seguridad jurídica que es que no se cambian las leyes y demás, ¿se puede lograr sin democracia, sin derechos humanos, laborales, protección del ambiente, sin los modelos que nosotros estamos luchando? La gran discusión global es esa. Una cosa es hablar del modelo que nosotros tenemos que es un modelo de democracia, participativa, con derechos humanos, con discusiones sobre los derechos y su alcance, y eso genera turbulencias y a veces sensación de inseguridad, pero es democrático y participativo. Acá hay libertades, acá la gente opina, discute, se pelea. Eso es lo sano de la democracia. Ahora, en otros lados se ve que no hay nada de eso y hay seguridad y son modelos elogiados a veces internacionalmente pero no es nuestro modelo. Si uno dice que en esos términos hay seguridad jurídica o no, yo creo que es mejor no tenerlo.
–Lo llevo a otro caso ambiental: la decisión sobre la represa Ayuí. La Corte decidió que se suspendieran las obras y lo primero que sale en la prensa en algunos sectores es quiénes son los titulares de esa represa, que involucra a un directivo de Clarín y a un empresario financista extranjero...
–Primero, la ley es igual para todos. La credibilidad de la Justicia tiene que ver con que cada ciudadano que viva en el norte, sur, este u oeste, sea pobre o rico, sea letrado o analfabeto, tenga poder o no, para todos la ley es igual. Eso es esencial. Si nosotros nos fijáramos quién está en cada caso, violaríamos ese principio que es la esencia de la Justicia.
–¿Cuáles son los temas prioritarios en la agenda de la Corte en este momento? ¿El aborto, la ley de medios, los temas de medio ambiente?
–Una de las cuestiones que tiene en particular un tribunal es que no fija un orden, depende de los casos que van entrando. Todavía no tenemos casos de aborto y respecto del tema de la ley de medios lo que recibimos fue una cautelar y se resolvió como es conocido. Hoy no tenemos otro caso.
–¿No hay ninguna cautelar de tema de medios en la Corte? ¿No llegó una del Grupo Clarín por el tema Fibertel?
–No que tengamos que resolver hoy.
–¿Pero que hayan pasado de alguna Cámara a la Corte?
–No.
–¿O sea que en el tema medios habrá que esperar?
–No, sobre la ley de medios, Fibertel es otra cuestión.
–Yo le digo medios en general. Le decía el tema Fibertel porque yo tengo entendido que Clarín llegó con una cautelar.
–No, puede haberse iniciado en alguna secretaría y que yo no esté al tanto. Hasta ahora no.
–No hay que ser demasiado astuto para pensar que el tema medios va a ser uno de los grandes temas...
–Yo creo que en el tema de medios, la ley está vigente. Lo que nosotros hemos tenido es un caso relativo a uno de los sectores afectados, no sé si llegarán otros. La ley como está, no está en cuestión, lo están algunos artículos. Me parece que es importante aclarar eso y es lo que ha dicho la Corte en su última decisión. Ahora, cada ciudadano tiene derecho a decir que tal artículo lo afecta en forma personal o empresarial. Bueno, eso se discute, pero no la ley como tal. Lo que no hay son las cuestiones de fondo. Habrá que discutir la constitucionalidad o no.
Diario Miradas al Sur
05-12-2010