Policías, jueces y fiscales al servicio del Comando Sur

En realidad, lo único que se le podría achacar al canciller Timerman que se quedó corto en su denuncia porque ILEA no limita su influencia a policías sino que también tiene la mira puesta en el reclutamiento de jueces, fiscales y empleados del poder Judicial por cuenta y orden del Pentágono.

Por Walter Goobar
Con argumentos bastante precarios, el Jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco rechazó los dichos del Canciller, Héctor Timerman que la semana pasada denunció que efectivos de la policía Metropolitana participaban en El Salvador de un programa de entrenamiento financiado por Estados Unidos, que incluye "cursos de tortura" y "técnicas golpistas", y aseguró que “Lo que dijo el canciller es un disparate, si en esos cursos se enseñara a torturar y hacer golpes de Estado ¿les parece que este gobierno nacional enviaría a su personal?”.
Los argumentos de Burzaco son de una liviandad sorprendente: por una parte, se supone que la policía Metropolitana está concebida como una policía de cercanía y en ese contexto no consigue explicar la necesidad de la formación en temas de antiterrorismo quie no forman parte de la competencia que le otorga la ley sancionada por la Legislatura porteña.Toda la concepción de la Metropolitana está imbuída de una idea más cercana a la represión que a la prevención y rl servicio a la comunidad: tanto en la compra de pistolas paralizantes Tasser -cuyo uso fue prohibido por la justicia-, como el accionar de la  ex Unidad de Control de Espacio Público por la cual ahora Mauricio Macri debe prestar declaración indagatoria el 25 de febrero por presuntos maltratos a personas en situación de calle, revelan los verdaderos lineamientos de la política de seguridad del jefe de Gobierno porteño y su jefe de policía.
Por otra parte, el argumento más endeble de Burzaco es el referido a que la policía Federal también envía efectivos. Basta recordar que el grueso de la Metropolitana fue conformado por ex federales que han sido dados de baja de esa fuerza por delitos de toda índole. El hecho que la Federal envíe a la escuela salvadoreña a alguno de sus hombres, no libra a ninguna de las partes de responsabilidad política, más aún cuando fueron justamente la suma de irregularidades en el seno de la Federal las que llevaron a la creación del ministerio de Seguridad.
A diferencia de lo que ocurre con Eugenio Burzaco, seguramente la ministro de Seguridad Nilda Garré se ocupará de recabar los oscuros  antecedentes de la polémica  Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), ubicada en la capital salvadoreña que funciona bajo el patrocinio y la orientación del Gobierno de Estados Unidos.
Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, Estados Unidos adiestra a los policías latinoamericanos. Para ello montó desde hace dos años una Academia Internacional de Aplicación del Derecho (Ilea, por sus siglas en inglés) que tiene sus cabezas de playa en El Salvador y Perú. Esta ignota unidad de adoctrinamiento en “técnicas de contraterrorismo” es la sucesora de la tristemente célebre Escuela de las Américas, la tenebrosa academia ubicada en Fort Benning, Georgia, de donde egresaron la mayoría de los dictadores y genocidas del continente.
En un visible cambio de su estrategia regional, Estados Unidos descentralizó en 2005 los entrenamientos secretos de militares y policías latinoamericanos, que hasta ese momento se realizaban en la Escuela de las Américas.
Cada uno de los centros de Ilea está dotado de inmunidad ante eventuales acusaciones de crímenes contra la humanidad y entrena en “técnicas de contraterrorismo” a un promedio anual de 1.500 oficiales de policía, jueces y fiscales. Su cuerpo de profesores está compuesto por instructores de la CIA, la DEA, el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el FBI.
Timerman comparó a la ILEA con la tristemente célebre Escuela de las Américas, patrocinada también por Estados Unidos, en la que se adiestraba sobre técnicas de tortura e incluso de terrorismo y donde se graduaron varios dictadores sudamericanos que manejaron el Plan Cóndor.
En ese sentido, en 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner prohibió que miembros del Ejército y la Policía Federal asistieran a cursos en instituciones sucesoras de la Escuela de las Américas en las que se encuadra perfectamente la ILEA:.
“Este va a ser el segundo año que envía a policías (a El Salvador), y a mí me preocupa porque los están enviando a lo que es la sucesora de la Escuela de las Américas, que está financiada por Estados Unidos. Con estas decisiones, Macri muestra que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura”, declaró el canciller.
Al igual que en la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés), los programas de estudio y la lista de los alumnos y graduados de Ilea constituyen un secreto clasificado. Este secretismo preocupa a muchos observadores que recuerdan cómo las atrocidades de la Escuela de las Américas salieron a la luz pública en septiembre de 1996 con los descubrimientos de la reportera Dana Priest, del Washington Post. Además de los manuales de entrenamiento en tortura, el Post publicó una lista secreta de graduados desclasificada por los esfuerzos del sacerdote Roy Bourgeois, fundador de la entidad de vigilancia SOA Watch (Observadores de la Escuela de las Américas). Muchos ex alumnos de la SOA fueron reconocidos como líderes de escuadrones de la muerte y de los grupos más notorios de contrainsurgencia.
Ahora, los egresados de Ilea sirven de instructores en los programas operados por Blackwater, la firma privada norteamericana que se convirtió en “el ejército mercenario más poderoso del mundo”, según el libro del periodista Jeremy Scahill.
Lo más preocupante es que desde que la ILEA fue inaugurada en El Salvador, la conducta de la policía de ese país –compuesta en un 25 por ciento de graduados de esta academia– ha demostrado una vuelta alarmante a lo peor del pasado: los escuadrones de la muerte.
En realidad, lo único que se le podría achacar al canciller Timerman que se quedó corto en su denuncia porque ILEA no limita su influencia a policías sino que también tiene la mira puesta en el reclutamiento de jueces, fiscales  y empleados del poder Judicial por cuenta y orden del Pentágono.
Un elemento decisivo para comprender la naturaleza militar y la estrategia de penetración encubierta de ILEA es el hecho que en varios países del continente, la financiación  de los cursos y las becas para los alumnos ni siquiera pasa por las respectivas embajadas, sino que proviene directamente del Comando Sur del ejército estadounidense..
A raíz de las denuncias de Timerman, el principal diario salvadoreño La Prensa Gráfica recogeel tema y señala que desde que se fundó la ILEA en El Salvador, en 2005, “varios funcionarios argentinos” de la Policía han recibido cursos en esta academia, una dependencia de la Embajada de EEUU en El Salvador.
El director de la ILEA, Andrés Ramírez Medrano, admitió al diario que “no solo miembros de las policías de los países de Latinoamérica reciben “capacitaciones dirigidas al combate del crimen organizado, narcotráfico y pandillas”, ya que también en los cursos participan “jueces y fiscales”.
En efecto, la denuncia de Timerman omite la intromisión de la Embajada y el departamento de estado en la formación de Jueces argentinos: a través de la International Judicial Academy (IJA) y la Cámara Americana en Argentina (AmCham),decenas de jueces argentinoshan sido capacitados por la asociación patrocinada por el departamento de estado.
La mencionada academia tiene como representante argentino al juez civil Ricardo Li Rosi, miembro del consejo académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y panelista habitual de los seminarios organizados por AmCham y la embajada de Estados Unidos en Argentina.
Una delegación de quince jueces argentinos viajó en agosto de 2008 a un seminario organizado por la International Judicial Academy sobre propiedad intelectual. También lo hicieron 10 jueces en 2009 y no hay un cálculo de cuantos asistieron en 2010.
“Las embajadas en América Latina recibieron hace un tiempo la orden desde Washington de organizar seminarios sobre propiedad intelectual para los jueces y funcionarios judiciales para instruirlos sobre un tema en el que, supuestamente, estaban poco preparados”, explicaron abogados especializados en propiedad industrial.
Para los Estados Unidos y sus embajadas, los jueces “entrenados” deben defender la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses en los juzgados latinoamericanos, donde presumen “un retraso en la absorción de la legislación internacional” sobre el tema.
El Departamento de Estado presionó en los últimos años para que las embajadas se dedicaran a “patrullar” los juzgados donde las empresas estadounidenses habían entablado demandas por presunta piratería de programas de software, films, música y medicamentos.
El “entrenamiento” de jueces intenta que califiquen de “piratería” a los fabricantes nacionales de medicamentos que en Argentina,o Brasil, ofrecen versiones genéricas más baratas del original patentado por las multinacionales.
Diario BAE
09-02-2011