Más que paa impartir un curso sobre toma de rehenes, el equipamiento incautado en el C-17 estadounidemse sería totalmente compatible con el que utilizan las principales agencias de espionaje estadounidenses y habría tenido destinatarios puntuales que no serían precisamente los agentes de la Federal.
Por Walter Goobar
El pasado miércoles, antes que se produjera el hallazgo de armas y drogas no declaradas en un avión C-17 Globemaster III, matrícula AMC 77184, que pertenece a la Fuerza Aérea estadounidense, BAE publicó una nota titulada “Policías, jueces y fiscales al servicio del Comando Sur” en la que se revelaba que detrás de supuestas operaciones de entrenamiento que brinda EEUU a las fuerzas de seguridad y a miembros del Poder Judicial se esconden maniobras de reclutamiento de esos funcionarios y que en algunos casoos esas operaciones ni siquiera pasan por la embajada estadounidense en Buenos Aires, sino que provienen directamente del Comando Sur del Pentágono.
La llegada de un avión militar norteamericano al aeropuerto de Ezeiza la semana pasada estaba planificada desde hacía varios meses e implicó el intercambio de cartas, documentos y aprobaciones entre el gobierno de Barack Obama y la administración de Cristina Kirchner. Según consta en la documentación, fueron 9 y no 12 personas las que llegaron para realizar la capacitación al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal.
Según un comunicado de prensa difundido anoche por Cancillería, entre el material que se incautó tras la inspección “hay desde armas hasta diferentes drogas” que no habían sido declaradas en el manifiesto oficial que consignaba el contenido del envío, destinado a cursos de entrenamiento de fuerzas de seguridad.
La capacitación era para “el rescate de rehenes y manejo de crisis frente a estas situaciones”. Sin embargo, entre el material incautado había aparatos para interceptar comunicaciones, varios GPS de una sofisticación reveladora de su potencia, elementos tecnológicos conteniendo códigos caratulados como secretos, así como un baúl completo con drogas medicinales vencidas. Todas las cajas tenían el sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos con sede en Carolina del Norte.
Más que para impartir un curso sobre toma de rehenes, el equipamiento incautado sería totalmente compatible con el que utilizan las principales agencias de espionaje estadounidenses y habría tenido destinatarios puntuales que no serían precisamente los agentes de la Federal. Los principales sospechosos son dos ex agentes de la CIA y el FBI que trabajan de manera privada en la Argentina. Por otro lado, la entrega "bajo cuerda" de material sensible es uno de los método clásicos de reclutamiento de las agencias de espionaje.
El sábado, 48 horas después de que se descubriera el cargamento ilegal en el avión, el canciller Héctor Timerman recibió un llamado del subsecretario Arturo Valenzuela, encargado de la relación de Washington con la región, que le manifestó su “preocupación acerca de la forma en la que las autoridades argentinas manejaron” el episodio. Timerman respondió que “las leyes argentinas deben ser cumplidas por todos sin excepción” y aprovechó la comunicación para informarle que la Argentina “formulará una protesta así como un pedido para la colaboración sobre los motivos que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo al intentar violar las leyes” locales, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta no es la primera vez que se registra un incidente de este tipo: en septiembre de 2010, un envío similar había sido abortado por la propia embajadora estadounidense en la Argentina, Vilma Martínez, por el mismo motivo: el contenido declarado del equipaje no coincidía con el que efectivamente se descargaba en suelo argentino.
Tal como se señalaba en la nota publicada la semana pasada por BAE, muchas de estas operaciones se realizan sin el conocimiento -o incluso-, con la abierta oposición de los funcionarios del Departamento de Estado y las embajadas respectivas. Lo que ocurre es que el Comando Sur del Pentágono -con más de un millar de empleados-,, supera la cantidad de especialistas en América Latina de las secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas, y por tanto desarrolla una suerte de diplomacia paralela.
El traspié del avión ocurre justo en medio de la polémica a raíz de las críticas del canciller Héctor Timerman a Mauricio Macri por entrenar policías comunales en Ilea (Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley), que es una escuela solventada por la administración norteamericana con sede en El Salvador.
En la sede salvadoreña de Ilea se selecciona y recluta a los policías que luego se envían a Fort Benning, Georgia donde se entrenan soldados latinoamericanos en prácticas de represión y torturas, o se los envía a Fort Huachuca en Arizona, donde se entrenaron los torturadores de la cárcel iraquí de Abbu Graibb. Bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, estos policías -que generalmente reciben un sueldo en negro de alguna fuerza de seguridad estadounidense-, regresan a sus respectivos países a aplicar técnicas y doctrinas contrainsurgentes similares a la que EEUU impartía en décadas pasadas en la trístemente célebre Escuela de las Américas.
Diario BAE
16-02-2011