EMPRESARIOS DESAPARECIDOS:

Las víctimas que nadie reivindica

Hay decenas de casos, pero no existen estadísticas oficiales. Los recuerdan sus hijos y familiares, pero ninguna cámara patronal los reconoce ni homenajea. Martínez de Hoz, su “management del horror” y el caso que puede llevarlo, finalmente, a prisión.

Por Rodolfo Barros y Walter Goobar
El expediente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) revela que también los negocios en la época de la dictadura se hicieron a punta de fusil y picana. El management del horror, que tuvo a decenas de empresarios como víctimas, tiene un leading case: a fines de 1976, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, estaba apurado negociando unos créditos con el gobierno de Hong Kong, pero el desacuerdo entre empresarios asiáticos y argentinos en una operación del rubro textil interfería en sus pretensiones. El 5 de noviembre de aquel año, Federico Gutheim, dueño de la empresa Sadeco, importadora y exportadora de algodón, fue detenido junto a su hijo Miguel durante cinco meses. La dictadura buscaba “ablandarlos” para que aceptaran resignar sus intereses, y así destrabar la operación que tanto preocupaba al equipo económico.
Esta era la “Economía de Estado” del “Terrorismo de Estado”. Lo dicho: capuchas, detenciones a disposición del PEN y picanas para beneficiar a los jerarcas de entonces.
“Curiosa forma de hacer política económica”, reflexiona, irónico, el jefe de la FIA, Manuel Garrido, en el expediente que, a instancias de organismos de derechos humanos, logró la reapertura de un proceso destinado a anular los indultos menemistas a Jorge Rafael Videla, su ministro del Interior Albano Harguindeguy (que firmaron los decretos de detención de los empresarios) y Martínez de Hoz, alias “Joe”.
Un caso curioso, porque al final de cuentas Martínez de Hoz, acaso la figura emblemática de las familias del poder que a lo largo de la historia se relacionaron con los distintos gobiernos para obtener beneficios privados, puede volver a prisión, no por casos que tienen que ver con robo de niños, desaparición de trabajadores o torturas a estudiantes, sino por el secuestro de empresarios, un sector de la sociedad considerado como una pieza clave para sostener al gobierno militar, y del cual “Joe” fue fiel representante. Pero los Gutheim no son los únicos empresarios perseguidos por la dictadura.
Rafael Perrotta y Julián Delgado eran dueños de El Cronista Comercial y la revista Mercado, en forma respectiva, hasta que la dictadura los secuestró e hizo desaparecer en el lapso que va de 1977 a 1978. Ellos son recordados por la gremial de periodistas (UTPBA), pero no por las cámaras patronales, a las que pertenecían.
De hecho, los actos públicos en los que se los recuerda son los organizados por trabajadores y estudiantes. ¿Por qué los empresarios no recuerdan a sus pares víctimas del terror estatal de aquellos años?
María Ignacia Cercos recuerda que la última vez que vio a su esposo Julián Delgado fue el domingo 4 de julio de 1978, cuando la Argentina comenzaba a embriagarse con el Mundial de fútbol. Eran las cuatro de la tarde y su marido le avisó que saldría a buscar “algo para el té”. Desde entonces no volvió a verlo.
Al día siguiente, ella fue a hacer la denuncia en la Comisaría 17, pero no quisieron recibírsela. María Ignacia cuenta que en esos días nadie quería saber nada, que todo se negaba. De entre sus archivos rescata una carta a los lectores escrita por los socios de Delgado en Mercado, que habla de esa negación: “El hecho fue oportunamente informado al ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. Pese al interés y preocupación demostrados por el ministro y a la diligencia de la Policía Federal, que merecen reconocimiento, no hay rastros suyos, ni de su automóvil. Julián Delgado nunca quiso ser protagonista; tampoco aprueba, estamos seguros, las versiones apresuradas que algunos tejen sobre su desaparición, enturbiando quizás sin proponérselo la imagen del país en momentos en que estamos expuestos a las miradas de todo el mundo”. Los firmantes en contra de esta “campaña antiargentina” fueron Alberto Borrini (actualmente, una de las principales firmas del diario La Nación) y Mario Sekigucchi.
Los rumores a los que hacían referencia eran los que apuntaban a Emilio Eduardo Massera, almirante y miembro de la Junta Militar, que afirmaban que en el marco de su proyecto político personal, pretendía quedarse con El Cronista Comercial, entre otros medios.
El management del terror, otra vez.
Acaso por ello, un año antes de desaparecer a Delgado, los militares secuestraron a Perrotta, que había vendido al grupo Sasetru el tan disputado periódico, “muy leído por agentes de bolsa con inclinaciones hacia la izquierda”, como dijo alguna vez una de sus plumas más ilustres.
El 16 de julio de 1977, en el centro clandestino de detención COT-I de Libertador al 14.000, de Martínez, se sirvió un asado opulento ordenado por Ramón Camps. El motivo: esa tarde, Rafael Perrotta (hijo) había pagado 85 mil dólares para que liberaran a su padre Rafael. Pese al pago del “rescate”, la familia no volvió a verlo con vida.
María Ignacia recuerda la emoción que sintió junto a su hija María durante un acto en Plaza de Mayo cuando la columna del gremio de prensa pasó con un cartel que llevaba el nombre de su marido desaparecido. “Es que a los empresarios no les interesa”, dice la viuda de un empresario que escribía sobre empresarios. Y recuerda: “La oficina de Mercado la teníamos cerca de la calle Florida, en donde siempre nos encontrábamos con gente. Después de la desaparición de Julián, la gente se cruzaba para no saludarme”.
Lo mismo les pasó a los hermanos Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino cuando la dictadura los liberó tras mantenerlos secuestrados casi dos años para obligarlos a transferir 25.000 hectáreas de tierra en Santiago del Estero y un avión familiar a distintos testaferros de la dictadura. Tras el encierro y las torturas, los amigos, los empresarios amigos, su cruzaban de vereda para no saludarlos.
¿Será por eso también que los empresarios no recuerdan a sus desaparecidos? Alejandro, el del medio, dice que el hecho de que ellos crean que hayan sido otros empresarios los que aportaron datos a los militares sobre las siete empresas de los Iaccarino y su rápida expansión, no es la razón principal por la que los gremios de ejecutivos no tienen su espacio para no olvidar las consecuencias de la dictadura. “El problema es que los empresarios son muy individualistas, no son solidarios, no se juntan para hacer cosas por los demás, a menos que no sea para hacer algo por sus propios intereses”, dice Alejandro, empresario, que supo ser presidente de la Confederación Económica Argentina.
Los Iaccarino son muy católicos. Por eso cuando hablan de las torturas y de los 14 traslados a los que fueron sometidos no pueden evitar compararlos con las 14 estaciones del Vía Crucis: “En cada una, dejábamos un pedazo de nuestras vidas”, reflexionan, uno con palabras y los otros dos con las miradas.
Recuerdan de las torturas el dato certero del interrogador, que solamente podía ser brindado por otro empresario. Los hermanos atan cabos. Dicen que unos meses antes de ser secuestrados, el interventor del Banco Provincia de Buenos Aires les pasó sus créditos al descubierto de la cuenta corriente, con lo que las deudas con vencimiento a siete meses se tuvieron que pagar en dos días. “Entonces apareció un hombre de origen griego que quería comprarnos un campo. Claro, nosotros lo malvendimos, porque estábamos muy apretados por el banco, pero cuando firmamos la escritura, resulta que el comprador era Hugo Jorge, sobrino de Llamil Reston, el último ministro del Interior de la dictadura”, apunta Rodolfo.
Daniel Tarnopolsky saca de un sobre de papel algunas fotos viejas y las muestra a la cámara: “Este era mi padre, Hugo Tarnopolsky”, dice sosteniendo la imagen en blanco y negro de un hombre joven y sonriente que fumaba una pipa. “Fue secuestrado el 15 de julio de 1976, era químico industrial, miembro de la Cámara Argentina de la Industria Química, pero sus pares nunca hicieron nada por él ni cuando fue secuestrado, ni tampoco después de la dictadura. Sólo tuve ayuda de sus socios”, dice. Luego mira la foto de su madre, Blanca, psicopedagoga clínica que sí ha sido homenajeada y recordada por sus pares. Aunque ambos eran profesionales destacados, ciudadanos honrados, los empresarios les dieron la espalda.
“Mi hermano Sergio tenía 21 años y estaba haciendo la conscripción en la ESMA y era asistente personal del represor Jorge ‘El Tigre’ Acosta. Le servía mate y le limpiaba los zapatos. Y nos comentaba que en la ESMA pasaban cosas raras. Militaba en la JP y fue secuestrado junto con su esposa Laura el 14 de julio de 1976. Después secuestraron a mis padres y a mi hermana Bettina, de sólo 15 años”, dice Daniel, que sobrevivió porque en ese momento no estaba en la casa.
Según los testimonios de varios sobrevivientes, el nombre de los Tarnopolsky se utilizaba en la ESMA para amenazar a otros secuestrados sobre la suerte que correrían sus familias.
“Mi padre fue secuestrado por la militancia de mi hermano, pero él era un empresario judío, liberal, tenía una posición de desarrollo nacional con la idea de brindar la mejor calidad de vida posible a los empleados y a los obreros de la fábrica. Formaba parte de una cámara que defendía a los pequeños y medianos productores químicos”, dice el hijo que no cree que el sector empresarial haga un mea culpa de su participación en la dictadura: “Esa es la gran diferencia con las profesiones humanísticas. Los sectores industriales tienen una posición muy ambigua en la Argentina. Por más que sean pymes, siempre fueron golpistas. Reconozcámoslo. Nunca estuvieron sosteniendo a la democracia. Por esa posición ambigua que tuvieron, terminaron aceptando su propia destrucción en la Argentina, porque las pymes fueron borradas en parte en la época de la dictadura y después con Menem, pero nunca se defendieron orgánicamente. Ellos buscaban individualmente, cada uno, proteger sus propios intereses. Es una posición muy argentina, por desgracia basada en la idea ‘Yo primero y los demás no importan’”.
El caso Tarnopolsky fue uno de los utilizados por la Cámara Federal para condenar a los ex comandantes en 1985 y Massera fue condenado a indemnizar a la familia Tarnopolsky. Aunque a primera vista el caso Branca parece hallarse en las antípodas, en realidad son las dos caras de una misma moneda.
Un cóctel de sexo, traiciones, venganzas y dinero llevó a la muerte al empresario Fernando Arturo “Puchito” Branca el 28 abril 1977, cuando salió a navegar con el almirante Emilio Massera. Nunca volvió a pisar tierra y su cadáver nunca fue encontrado. Ex miembro del Servicio Penitenciario, mayorista de papel reciclado y propietario de tres mil valiosas hectáreas en Rauch, Branca había cometido dos errores imperdonables: mantener una relación con Marta Rodríguez McCormack de Blaquier, y hacer negocios con el almirante.
Fernando Branca hijo es “el vivo retrato de su padre”, según el ex juez Oscar Salvi, que investigó el caso. Branca hijo vive en Miami pero no conserva una sola foto de su padre: “Me enteré de la desaparición de mi padre cuando tenía nueve años. Durante dos años mi madre me lo ocultó diciendo que estaba de viaje, que vivía en Estados Unidos, que ya iba a volver. El día que cumplí los nueve me di cuenta de que no estaba y que me estaban mintiendo”, dice Branca hijo, que ventila algunas cuestiones más: “El problema fue que Marta McCormack le dijo a Massera que mi padre estaba sobrevaluando un campo en Rauch. Eso fue su sentencia de muerte”.
A partir del romance entre Marta McCormack y Massera, el Almirante Cero intercedió ante el contralmirante contador Andrés Covas, puesto por él en la presidencia del Banco Central, para que autorizara una transferencia internacional por 1.200.000 dólares para comprar los campos de Branca. Branca hijo sostiene que su padre fue secuestrado dos días antes de cobrar una importante suma de dinero en Estados Unidos.
El luto no interrumpió los encuentros amorosos del Almirante Cero con Marta McCormack en un séptimo piso de la calle Darragueyra. El fin del romance fue en clave de amenaza: todas las pieles de McCormack aparecieron sumergidas en una bañadera.
Además de Massera, otros marinos hacían negocios con el terrorismo de Estado. El juez federal Claudio Bonadío procesó, además de al ex almirante, al ex capitán de navío Jorge Acosta, el ex capitán de corbeta Francis Williams Whamond, al teniente de fragata Jorge Radice y a los tenientes de navío Juan Carlos Rolón y Alejandro Spinelli, ex integrantes de grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada que formaron una asociación ilícita que privó de la libertad y desapoderó de bienes al bodeguero mendocino Victorio Cerutti, al abogado Conrado Gómez y al contador Horacio Palma. El juez probó que el escribano Antonio Dardano legalizó el traspaso de las propiedades de los desaparecidos a testaferros de Massera, lo mismo que la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, que era adscripta a la escribanía en cuestión, además de síndico de las sociedades constituidas por los marinos para transferir campos y caballos de carrera de sus víctimas.
Federico Gómez, hijo de Conrado, afirma que a pesar de que su padre fumaba puros y era dueño de caballos de carrera, es injusto decir que se trataba solo de un empresario: “Era un militante social con bienes –dice–. Como abogado se ocupaba de atender a prostitutas que torturaban en comisarías, o a militantes políticos, y eso le valió que lo persiguiera la Triple A”, dice Gómez hijo. En enero de 1977, Gómez, Cerutti y Palma fueron secuestrados en tres operativos casi simultáneos llevados a cabo en un departamento de la avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, en una casa en Hurlingham –en el Gran Buenos Aires–, y en una vivienda de Chacras de Coria, provincia de Mendoza. Cerutti y Palma habían formado la sociedad anónima Cerro Largo, propietaria de 25 hectáreas en Chacras de Coria que pensaban parcelar para edificar un barrio privado. Gómez era el abogado de la sociedad. Trasladados a la ESMA, Conrado Gómez fue despojado de su automóvil, de su dinero y de sus caballos de carrera (una afición que cultivaba el ex almirante); Victorio Cerutti fue obligado a firmar la falsa venta de las tierras de Chacras de Coria, valuadas en más de 12 millones de dólares, y su traspaso a una nueva sociedad, Will-Ri. A la cabeza de Will-Ri, los operativos de la ESMA colocaron al hijo de un conocido escribano de la provincia, Manuel Campoy. La integraban también los inexistentes Federico Williams (falsa identidad que ocultaba a Francis Whamond) y Hector Ríos (el nombre de la sociedad era el apócope de los apellidos). El escribano que certificó la documentación en Buenos Aires era el ya fallecido Ariel Sosa Moliné, quien intervino también en las alternativas de la desaparición de Fernando Branca.
Las conexiones fueron establecidas gracias a que los caballos de carrera están registrados en unos expedientes como los de los autos, pero que en este caso son llevados por el Jockey Club. Si bien la prestigiosa entidad le negó a la Justicia tener información de lo sucedido con los equinos de Gómez, a instancias del Gómez hijo, el juez Bonadío allanó la entidad y allí se encontraron cinco de los expedientes que llevaban las firmas falsas de los marinos.
“Los empresarios no pueden reivindicar a nadie porque muchos de ellos mandaron a matar a sus colegas”, afirma Gómez hijo, e insiste: “Además, hoy el Jockey Club, que le negó a la Justicia datos sobre un desaparecido, tiene en su hall de entrada un cuadro con Videla y Martínez de Hoz”.
Es cierto que no hay una cifra oficial de empresarios desaparecidos y secuestrados durante la dictadura. Las víctimas fueron clasificadas como “estudiantes”, “profesionales”, “sindicalistas” y “amas de casa”. Pero no existe un apartado sobre los hombres de negocios en el Nunca Más.
Quizá por ideología. O tal vez porque, hay que decirlo, ellos son los parias que dejó la tragedia: nadie los reivindica como propios, salvo sus familiares directos.
Hasta el día de hoy, ninguna cámara o gremial patronal hizo una autocrítica o los recordó. Quizás esta nota sirva para torcer el rumbo del olvido.
Quizás.


GUTHEIM Empresario textil
Los dueños de la textil Sadeco, Federico Gutheim y su hijo Miguel fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976. Es un caso paradigmático de terrorismo de Estado aplicado a los negocios. Padre e hijo estuvieron cinco meses detenidos “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Según Manuel Garrido, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, “el verdadero móvil de la detención fue presionarlos para que negociaran con representantes de empresas extranjeras” a las que José Alfredo Martínez de Hoz quería beneficiar. Por este caso, el ex ministro de Economía de la dictadura puede perder la inmunidad del indulto menemista.
TARNOPOLSKY
Empresario químico
Hugo Tarnopolsky fue secuestrado el 15 de julio de 1976. Era miembro de la Cámara Argentina de la Industria Química. “Mi padre era un empresario judío, liberal, que apoyaba el desarrollo nacional con la idea de brindar la mejor calidad de vida posible a los empleados y obreros de las fábricas”, recuerda su hijo Daniel, y añade: “Sus pares empresarios nunca hicieron nada por él, ni cuando fue secuestrado, ni tampoco después de la dictadura. A nivel institucional no hubo apoyo ni reclamo por los desaparecidos”. Además de la desaparición de su padre, Daniel sufrió la de su madre Blanca, psicopedagoga de profesión, y la de su hermano Sergio, militante de la Juventud Peronista.
IACCARINO
De la construcción
“Habíamos fundado siete empresas, entre ellas una constructora y la más grande industria láctea de Santiago del Estero, donde teníamos 25 mil hectáreas y seis mil cabezas de ganado”, rememora Alejandro Iaccarino, que alguna vez fue presidente de la Confederación Económica Argentina. El “éramos” incluye a sus hermanos Carlos y Rodolfo, también socios en la empresa familiar. “Estábamos negociando en los Estados Unidos la compra de un complejo químico por un monto de 6 millones de dólares y hasta habíamos comprado un avión Rockwell nuevo”, añade Alejandro, entre orgulloso y dolido. Todo, por supuesto, en pasado. Porque la larga mano de la dictadura los atrapó en 1976 y no los dejó en libertad hasta 1978. En ese lapso pasaron por 14 destinos policiales diferentes y sufrieron torturas inenarrables. Resultado: fueron obligados a vender propiedades y vehículos para usufructo de sus captores. Tres días después de su liberación, el padre de los Iaccarino falleció por un accidente cerebral.
DELGADO
Julián Delgado fundó la revista Mercado, la única dirigida al mundo empresario a comienzo de los ’70. Fue secuestrado el 4 de julio del ’78, justo cuando empezaba el Mundial de fútbol. En ese momento, además, era el director del diario El Cronista Comercial, comprado por el Grupo Sasetru. Permanece desaparecido. Sólo la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) hizo un homenaje en su memoria. Las cámaras
patronales del sector, hasta ahora, ignoran su caso.
CERUTTI
Empresario bodeguero
Victorio Cerutti tenía tres socios, Conrado Gómez, Omar Pincolini y Horacio Palma. Todos integraban la sociedad anónima Cerro Largo, dueña de grandes extensiones de tierra en Chacras de Coria, Mendoza. Bajo tortura, oficiales masseristas los obligaron a traspasar las propiedades de su empresa a otra, llamada Hill-Ri S.A., armada ad hoc por testaferros de la Armada argentina. Cerutti y sus socios continúan desaparecidos.

Hay que reivindicarlos
Por Remo Carlotto*
En primer lugar conviene separar la visión que se tiene de los sectores empresarios. Tanto algunos grupos vinculados al agro como a los cooperativistas tuvieron una participación activa en la lucha contra la dictadura, no sólo en lo que tiene que ver con la reivindicación de los desaparecidos, sino también en la resistencia a la planificación económica del proceso militar. Otros sectores, en cambio, prefirieron olvidar y no colaboraron para poner en conocimiento de la población lo ocurrido durante aquellos años. Es muy importante la reactivación del caso de los empresarios Gutheim, que puede llevar a la cárcel a Martínez de Hoz y Harguindeguy, porque demuestra la utilización del aparato represivo para los negocios particulares de los grupos económicos que sustentaban la dictadura. Y también para beneficio de determinados sectores, como en el caso de Chacras de Coria en la ciudad de Mendoza, donde la Marina secuestró a los propietarios para quedarse con sus negocios.
El terrorismo de Estado no fue sólo represión de la violencia política, sino una parte sustancial de la implementación de un modelo económico, en el que incluso muchos miembros de las jerarquías militares participaron en directorios de empresas como recompensa por la ayuda que les brindaron durante la dictadura.
Así como lo hicieron los trabajadores, los estudiantes, los artistas y los periodistas, hace falta una reivindicación, en el marco del ejercicio de la memoria, de los empresarios que fueron acosados y perseguidos, no sólo desaparecidos.
*Diputado por el Frente para la Victoria. Presidente de la Comisión de DD. HH.
De eso no se habla
“Mire, la verdad es que sería muy complicado poner en una pared una lista con los empresarios desaparecidos y otra con los asesinados por los montoneros”, resumió un importante dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuando Veintitrés le pidió que reflexionara por qué las entidades que nuclean a empresarios no realizan actos u homenajes o siquiera investigaciones sobre sus pares y el terrorismo de Estado.
Claro, el ejecutivo respondió esto desde su oficina en Catalinas sólo cuando el periodista le aseguró que no mencionaría su nombre. Es que el caso de los empresarios perseguidos por la dictadura es difícil de digerir para muchos de sus pares.
Por ejemplo, oficialmente, desde la UIA, la Sociedad Rural Argentina, el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEA), la Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica, se pidió a esta revista más tiempo para poder responder a esta pregunta.
Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción, un vocero reconoció que en la entidad nunca se realizó ningún tipo de homenaje o investigación sobre el tema.
Acaso, como explicó otro ejecutivo en estricto off the record, “estas entidades empresariales fueron creadas para responder a intereses concretos, donde hay más acuerdos, como bajar impuestos en un sector o conseguir subsidios, pero no para tratar temas tan complicados”.
Acaso lo más parecido a un homenaje fue el realizado por la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), que en su edición de abril de su revista institucional realizó un informe especial en el que varios de sus dirigentes del interior cuentan sus experiencias en los tiempos de plomo.
Revista Veintitrés
Numero edicion: 416 29/06/2006