El sórdido secuestro y asesinato de Candela Rodríguez ha colocado nuevamente el accionar de la Policía Bonaerense en el centro de esta compleja trama de delitos, delaciones, engaños que desnudan por enésima vez que el aumento del crimen organizado no puede darse sin connivencia policial y tolerancia política.
Walter Goobar El sórdido secuestro y asesinato de Candela Rodríguez ha colocado nuevamente el accionar de la Policía Bonaerense en el centro de esta compleja trama de delitos, delaciones, engaños que desnudan por enésima vez que el aumento del crimen organizado no puede darse sin connivencia policial y tolerancia política. Cuando hay delitos de esta magnitud, desde la masacre de Ramallo, pasando por el caso de la familia Pomar hasta el de Carolina Píparo siempre aparece la pata policial y no sería extraño que en el caso Candela también haya algún tipo de vínculo con esta fuerza policial que es reguladora –cuando no generadora–, del delito. Como ocurrió hace más de una década con la Masacre de Ramallo o hace dos años en el Caso Pomar, la inoperancia de la fuerza quedó expuesta ante la mirada de una sociedad que, atónita, observa como actúa el crimen organizado. En el lucrativo negocio del delito, la piratería del asfalto tiene tres rasgos distintivos: es un delito limpio, en el que pocas veces hay derramamiento de sangre porque –por lo general– los choferes entregan la carga sin ofrecer resistencia. Es un delito altamente profesionalizado porque sus cultores “trabajan” como empresarios que no actúan al boleo, sino que eligen el tipo de mercadería y –en algunos casos– hasta las marcas de mercadería que roban y para la que tienen compradores asegurados. Por último, la piratería del asfalto es una modalidad delictiva que cuenta con la participación –por acción o por omisión– de la policía bonarense de manera idéntica a lo que ocurrió durante muchos años con los desarmaderos o el juego clandestino. La sola presencia del ex reducidor de autos, Carlos Telleldín, juzgado e imputado por la voladura de la Amia en 1994, como defensor de Alfredo Laurerio Rodríguez, padre de Candela, en una causa por piratería del asfalto, es un indicio elocuente de la pata policial que se oculta detrás de esta historia. “Rodríguez está preso porque subió a un camión del lado del acompañante, amenazó al chofer con un bulto que parecía un arma, obligó al chofer a bajarse y se fue con el camión. La unidad tenía un sistema de bloqueo para el caso en que alguien se subiera del lado del acompañante y ese sistema de seguridad hizo que el camión se detuviera a los cien metros”, precisó Telleldín al diario Página/12. Entre los clientes de Telleldín figura uno de los detenidos por la masacre de policías perpetrada en La Plata, pocos días antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2007. No está claro quién paga los honorarios de Telleldín, pero el letrado –que se recibió de abogado mientras estuvo detenido bajo el cargo de haber armado la Traffic que se usó para atentar contra la mutual judía–, omitió mencionar que el resto de la banda fue detenida inmediatamente después de su cliente. Esto abre dos posibilidades: o el padre de Candela es un informante de la policía, tema que él mismo mencionó durante la ampliación de su indagatoria, o aquel fallido robo fue “al corte”, una modalidad empleada por la policía para apropiarse del botín, tal como sucedió hace años en el sangriento atraco a la empresa Andreani. De todos modos, aunque el padre de Candela fuese un informante o delator, hubiera resultado más sencillo para los perpetradores liquidarlo en el penal de Magdalena que secuestrarle a su hija, mantenerla en cautiverio una semana sin rasgos de violencia, para después matarla por asfixia como parte de una supuesta venganza. Más que piratería del asfalto, la modalidades del secuestro y asesinato de la nena hablan de otros rubros del crimen organizado que estuvieron –o están–, apadrinados por sectores de la Bonaerense: el narcotráfico y los secuestros extorsivos. Pese a que en la Argentina nunca hubo una convención de secuestradores que de un día para el otro decidió que las mejores presas eran los familiares de futbolistas, la simultaneidad epidémica que alcanzó esa modalidad indica que las diferentes bandas recibieron en su momento una luz verde de alguna instancia superior. Más tarde, esa misma instancia, mandó a cambiar de rubro. Aparentemente, durante la época de auge de los secuestros a deportistas, el padre de Candela estuvo implicado en un secuestro extorsivo contra un hombre vinculado con el mundo del automovilismo. El botín habría sido de 20.000 euros y ése es el dinero que supuestamente se le reclama. Por otro lado, existe un vínculo familiar por el lado materno con el negocio del narcotráfico en la Villa Korea, de San Martín, uno de los históricos polos del narcotráfico de la zona oeste, donde desde hace décadas se enfrentan dos familias: los Soria y los Barrera. Otra hipótesis sugiere que detrás del caso estaría una banda mixta (integrada en parte por ex hombres de la Bonaerense) que este año se dedicó a secuestrar narcos de la zona oeste. “Fueron siete secuestros en apenas cuatro meses y en ese caso –como en el de los deportistas– tampoco hubo un congreso previo. Ninguno de los siete secuestros fue denunciado a la Justicia.” En cualquier caso, todas las circunstancias y posibles ramificaciones de la muerte de Candela desnudan que, en una gran zona del conurbano, existía una zona liberada para que una banda mixta se moviera a su antojo. Miradas al Sur 04-09-2011