NARCOTRAFICO EN ARGENTINA

Magia blanca

Casi 190 kilos de cocaína de máxima pureza entraron al país en febrero pasado para venderse aquí o bien llevarla a Europa. Podría ser un embarque de tantos, pero el caso se vuelve más llamativo cuando se sabe que la droga la proveyó y transportó la DEA –la agencia antidrogas estadounidense–, la entrada al país la autorizó un juez argentino y la entrega la concretó la propia Gendarmería. Esta es la historia de una supuesta operación encubierta de represión al narcotráfico que tuvo un final disparatado: la desaparición de un cargamento de 187,4 kilos de cocaína en pleno barrio de Congreso.
El escándalo desnuda las manipulaciones de la DEA, que en teoría no puede operar en la Argentina, pero que proveyó y transportó la droga, el personal y el equipamiento para una operación que no reconoce como propia.

Por Walter Goobar
Casi 190 kilos de cocaína de máxima pureza entraron al país en febrero pasado para venderse aquí o bien llevarla a Europa. Podría ser un embarque de tantos, pero el caso se vuelve más llamativo cuando se sabe que la droga la proveyó y transportó la DEA –la agencia antidrogas estadounidense–, la entrada al país la autorizó un juez argentino y la entrega la concretó la propia Gendarmería. Esta es la historia de una supuesta operación encubierta de represión al narcotráfico que tuvo un final disparatado: la desaparición de un cargamento de 187,4 kilos de cocaína en pleno barrio de Congreso.
El escándalo desnuda las manipulaciones de la DEA, que en teoría no puede operar en la Argentina, pero que proveyó y transportó la droga, el personal y el equipamiento para una operación que no reconoce como propia. Después de la desaparición en manos de los narcos se armó una guerra de acusaciones cruzadas: la Gendarmería dice que la DEA le hizo una cama y le “mejicaneó” la cocaína para alguna operación clandestina, el juez cree que los gendarmes son inútiles pero también sospecha de la agencia norteamericana, mientras que la impasible DEA señala, diplomáticamente, que “estas cosas pasan” y que ellos no tuvieron nada que ver con el fiasco. Los más contentos son los narcos que tienen en su poder un cargamento valuado en casi dos millones de dólares en la Argentina y cinco veces más en Europa.
DE TACNA A SAN FERNANDO. La historia de este papelón comienza a mediados de enero cuando el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien reemplaza provisoriamente al destituido Juan José Galeano, accede a un pedido de la DEA, de las autoridades peruanas y la Gendarmería para montar una operación de “entrega vigilada” de droga.
En general, son operaciones sofisticadas y polémicas donde se usa la droga como señuelo para poder desmontar bandas de narcos, pero tienen una regla de oro: que la droga verdadera nunca queda en manos de los narcos. En este caso, la banda tenía sede en Perú y la Argentina.
A fines de enero, el juez Aráoz de Lamadrid libra oficios anunciando la llegada de “160 kilos de cocaína para una entrega vigilada en un avión King Air (matricula N 350 D) propiedad de la Agencia DEA de los Estados Unidos de América”. En realidad, el avión está registrado a nombre de Deep South Aviation Inc., una empresa “pantalla” de la DEA cuyo poético nombre se traduce “Sur Profundo”.
La tripulación del avión estaba formada, según el escrito del juez, por “los pilotos Patrick Hardwick y Barney Whiteis; el agente especial de la DEA José Chen; la fiscal antidrogas peruana, María Ana Ley Tokumori; el comandante de la Policía Nacional del Perú, Luis Quiñonez Carrasco, y el oficial de enlace de la policía peruana con la DEA, Ricardo Abad”.
El vuelo estuvo signado por inconvenientes: despegó el 2 de febrero de Tacna, Perú (el mismo lugar de donde procedían los narcovuelos de Southern Winds), pero las autoridades bolivianas se negaron a concederle permiso de tránsito. Hubo que hacer un rodeo que determinó un cambio de planes: en lugar de hacer una escala para reaprovisionar combustible en Salta y seguir inmediatamente hacia el aeropuerto de San Fernando –provincia de Buenos Aires–, el juez determinó que la avioneta pernoctara en Salta bajo estrictas medidas de seguridad.
Allí se produjeron dos hechos anormales: cuando las autoridades salteñas pesaron la droga comprobaron que en lugar de 160 kilos de cocaína que anunciaba el juez había 187,4, una diferencia llamativa si se tiene en cuenta que el kilo vale unos diez mil dólares en la Argentina.
A la mañana siguiente, cuando los agentes se desperezaban para continuar el vuelo, leyeron en las páginas del diario El Tribuno de Salta todos los detalles de la operación de la cual eran protagonistas. La operación estaba cantada, pero el juez y la DEA no se anoticiaron.
“En un momento pensé en abortar la operación pero era muy complicado dar marcha atrás y devolver la avioneta. Además, por las escuchas telefónicas nos dimos cuenta de que los narcos no habían leído el diario”, dijo a Veintitrés el magistrado.
DE SAN FERNANDO A CONGRESO. El King Air aterrizó, minutos antes de las 14 del 3 de febrero, en el aeropuerto de San Fernando, donde fue recibido por el comandante principal de Gendarmería Claudio Brilloni, que estaba a cargo de la supuesta “entrega vigilada”. Creyeron que la zona estaba despejada pero no se dieron cuenta de que otro organismo de seguridad, la Policía de Seguridad Aeronáutica, estaba filmando toda la operación. “Por las dudas y porque todo me olía mal de entrada y era previsible algún desastre”, explicó a esta revista una fuente de ese organismo.
Mientras la Gendarmería trasladaba la droga desde el aeropuerto a su base de operaciones, el agente encubierto peruano que además era informante de la DEA y un agente encubierto argentino (necesario para poder judicializar el caso) tomaron contacto con los narcos para concertar la entrega. Aquí las versiones se bifurcan. La Gendarmería afirma que pidió demorar la entrega un día porque les faltaban datos de las escuchas telefónicas. También propusieron abortar la operación “porque trabajaban sobre el límite máximo de riesgo”. Pero el juez denegó el pedido aduciendo que corría peligro la familia del encubierto peruano que estaba amenazada de muerte por los narcos. La Gendarmería propuso hacer “una entrega sucia”, es decir, sustituir la droga por una sustancia falsa, pero el fiscal Carlos Rívolo rechazó la propuesta argumentando que eso invalidaría la causa.
“Nosotros le advertimos que necesitábamos más tiempo”, dice una alta fuente de Gendarmería. “Ellos me garantizaron por escrito que tenían los medios y los recursos técnicos”, se escuda el juez.
En lo que ambas partes ahora enfrentadas coinciden es que la DEA proporcionó a la Gendarmería el rastreador de posicionamiento global (GPS) para rastrear el auto de los narcos y que la falla de ese dispositivo fue decisiva en el fracaso de la operación.
Los narcos entregaron a los agentes encubiertos un Mercedes ’92 cuya patente termina en 300 en el estacionamiento subterráneo de la Plaza Congreso. Los agentes cargaron la droga y colocaron el localizador de posicionamiento global que les había entregado la DEA. El rastreador –que también era de la DEA– estaba en un Renault Clio rojo.
Los narcos controlaron, siempre en el estacionamiento, que la droga estaba en el baúl. Preguntaron al agente encubierto si lo habían seguido y arrancaron con la droga. El comienzo del fin se acercaba.
No hubo chirrido de gomas ni grandes maniobras evasivas, tampoco tiros ni persecuciones cinematográficas. En esa eterna fracción de segundos en que Gendarmería descubrió que el GPS que debía monitorear al Mercedes no tenía señal, los narcos se esfumaron. El seguimiento físico también fue un fracaso: una de las cuatro motos de los gendarmes ni siquiera arrancó.
Mientras los narcos se esfumaban sin siquiera percatarse de que habían intentado seguirlos, el juez hizo el primero de dos frenéticos llamados al Comando Radioeléctrico de la Federal para tratar de dar con el Mercedes y con una camioneta Chevrolet Meriva de los narcos.
“El juez nos volvió a llamar el sábado. Estaba desesperado, pero se acordó medio tarde de llamarnos. Es llamativo, pero el lugar de la entrega, tan cerca de nuestra jefatura: parecía elegido para humillarnos”, dice un alto jefe de la Federal.
–¿En ese momento no tuvo la sensación de que la DEA o los gendarmes lo habían mejicanedo? –preguntó este cronista al juez.
–Sí. Los primeros días sí.
–¿Por qué?
–Porque el día del operativo toda la plana mayor de la DEA se había ido de vacaciones fuera del país. Eso me hizo sospechar.
–¿Y después?
–Después vinieron a reclamar el rastreador que les decomisé hasta que se aclaren las responsabilidades. Los saqué corriendo.
DE CONGRESO A LA NADA. La DEA se desentiende del papelón: “Esto no es un operativo de la DEA, a nosotros no nos robaron la mercadería. El operativo lo manejaba Gendarmería. Nosotros sólo hacíamos apoyo técnico porque no estamos acreditados en la Argentina para hacer ese tipo de trabajo”, dijo a Veintitrés un vocero del organismo.
Para la DEA, “el único responsable de esto es el juez, Aráoz de Lamadrid. La entrega vigilada no se puede hacer si no hay un juez que la autoriza. Cuando le presentan el caso, si el juez dice que la operación encierra demasiados riesgos, se paraliza la historia”.
Luego de varios cruces telefónicos, los agentes burlados llegaron a un garaje de Campana, donde encontraron el Chevrolet Meriva de color negro que utilizaron los narcos como segundo vehículo. El otro coche, un Mercedes-Benz, fue hallado en otro allanamiento realizado en una concesionaria de esa localidad y su dueño permanece detenido. El GPS estaba intacto, lo que indica que los narcos ni siquiera se percataron del seguimiento.
En otro procedimiento realizado en un hotel de la calle Riobamba, los gendarmes detuvieron a uno de los presuntos narcos, un colombiano que tenía antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos y las autoridades peruanas dicen haber desbaratado a la banda sin que el encubierto sufriera represalias.
Más allá de las chapucerías de la Gendarmería y del cinismo de la DEA, las leyes y convenios internacionales que el juez cita para justificar la operación de entrega vigilada lo convierten en este caso en último responsable de que la droga haya ingresado al circuito ilícito que se pretendía combatir.
La droga no aparece y subsisten las dudas: la droga venía de Perú pero su procedencia es colombiana y las ramificaciones argentinas de la supuesta banda peruana son de nacionalidad colombiana. Hay certeza de que la droga no proviene de los territorios controlados por la guerrilla colombiana FARC, pero hay ciertos indicios de que podría provenir del territorio controlado por los Grupos de Autodefensa, los paramilitares apoyados por EE.UU. Cualquiera que haya oído hablar del escándalo Irán-Contras sabe que este no sería el primer caso en que EE.UU. financia a grupos irregulares por medio del tráfico de drogas.
Pero, en resumen, el juez abrió una investigación en la que debería también investigar su propia actuación. Ninguno de los gendarmes que participó del operativo está suspendido o investigado. Y la droga se esfumó.


un problema cada vez más grave
Por Juan Gabriel Tokatlian
Lo que está aconteciendo con los distintos hechos vinculados al narcotráfico, como el caso Southern Winds, o con la desaparición de decomisos en manos de las autoridades, el descubrimiento de nuevas pistas de aterrizaje en el norte argentino, el incremento del consumo de paco, la creciente sofisticación del negocio en la Argentina, no como punto de tránsito sino ya de consumo e inversión, nos indica que tenemos un problema cada vez más grave. Si bien no estamos en la escala de los países andinos, vamos en camino a tener problemas mayúsculos como ya los tiene Brasil.
En la Argentina se han venido desplegando políticas punitivas y represivas con resultados magros. La tentación ante este tipo de acontecimientos es que se busque el camino de la mano dura como una posible solución, y que inclusive se llegue al caso de utilizar aviones de combate para derribar aeronaves pequeñas, como ya lo han hecho Brasil y Perú, que si bien no dieron resultado, lograron el objetivo simbólico de demostrar que estaban comprometidos con el combate a las drogas.
La expansión del fenómeno, combinada con la poca eficacia de las políticas empleadas, nos llevan a la necesidad de debatir sobre qué tipo de políticas se necesitan. Por ejemplo saber discriminar entre drogas duras y menos duras, atacar a los grupos mafiosos y no al pequeño consumidor, reducir la demanda con prevención y no con sanciones. Esto nos llevará entonces a un debate más pertinente sobre el tema, en lugar de las políticas de mano dura que nunca fueron eficaces.

Otros casos, otros fiascos
Operación Langostino. La primera gran causa de narcotráfico en la Argentina fue descubierta el 12 de julio de 1988. En Mar del Plata se secuestraron 585 kilogramos de cocaína de alta pureza que iba a ser embarcada a Estados Unidos escondida en cajas de langostinos y mariscos. Los traficantes, a pesar de haber sido capturados in fraganti, recobraron su libertad.
Operación Strawberry. Ocurrió el 30 de abril de 1997, y no fue más que una historia montada por la DEA y las autoridades locales. Estaba todo armado para decomisar la droga, en un principio 2.181 kg, y para que todos los artífices del operativo ganen, entre otras cosas, prestigio. La SIDE dibujó gastos por cinco millones de dólares para este complot y nunca quedó en claro cuánta cocaína fue “secuestrada” en un galpón de General Pacheco.
Operación Café Blanco. Se decomisaron 1.030 kilos de cocaína en mayo de 1995. o nce personas fueron detenidas en Catamarca cuando un avión que traía la cocaína aterrizó en la pista de Palo Blanco. Fuentes de inteligencia extranjera aseguran que en el avión viajaban dos mil kilos de cocaína. Se decomisó, tan sólo, la mitad.
Operación Canas Blancas. El 4 de mayo de 2005, sobre la ruta nacional 34, en la localidad jujeña Puesto Viejo, una camioneta volcó con cuatro policías federales de la delegación Salta y 120 kg de cocaína encima. La Federal dice que era droga incautada en un operativo que se probó que jamás existió.
Caso Southern Winds. El 17 de septiembre de 2004 cuatro valijas con 60 kg de cocaína quedaron dando vueltas en las cintas de equipaje del aeropuerto madrileño de Barajas. Las maletas tenían una etiqueta de la embajada argentina en España. Curiosamente, para que el cargamento llegase a destino tuvo que atravesar cuatro controles en Buenos Aires.
“nunca vi una cosa igual”


por W.G.
La droga ingresó –y pernoctó– por Salta. Pero según un magistrado local con vasta experiencia en casos de narcotráfico, no se la debería haber dejado llegar. “Yo nunca he visto una cosa igual”, dice el juez Abel Cornejo, subrogante en la Cámara Federal de Salta. “Me llama poderosamente la atención la tripulación de la avioneta.
Siempre que se hace una entrega vigilada la hace Gendarmería, Policía Federal o Prefectura. Siempre las realiza una fuerza argentina”, dice Cornejo y agrega que en este tipo de operaciones “nunca se va a buscar a los delincuentes con la droga encima. Más con 160 kilos encima”. Según Cornejo, “en todas las entregas vigiladas la droga se decomisa en el juzgado y se va al procedimiento con material que simula ser la droga. Sólo en el cine los agentes encubiertos van a hacer un procedimiento con droga verdadera. En la vida real, no”.
El juez salteño es taxativo: “Que venga un avión con agentes de la DEA para hacer una entrega controlada hace que el procedimiento sea nulo desde el vamos porque los agentes de la DEA no son funcionarios públicos argentinos. Eso de que vienen a observar es mentira: yo no los dejaría ni siquiera que arrimen la nariz para observar un procedimiento. Si los agentes de la DEA o los peruanos ingresaron con droga habría que haberlos detenido. Legalmente no hay nada que ampare autorizar un procedimiento de estas características”.
Revista Veintitrés
Numero edicion: 400 09/03/2006