Corrupción y neoliberalismo

La lección de Enron

Desde un comienzo, la presencia de la Enron en Argentina estuvo signada por el escándalo y en torno a esos escándalos aparece siempre la figura de George W. Bush. En 1989 el entonces embajador estadounidense, Terence Todman dirigió una carta confidencial al nuevo gobierno encabezado por Carlos Menem en la que se quejaba por los obstáculos sufridos por un puñado de empresas norteamericanas entre las que se mencionaba a la petrolera Enron.

Por Walter Goobar
El escándalo de la quiebra de la séptima empresa más grande de Estados Unidos no llena las páginas económicas de los diarios, sino las de política. Los múltiples contactos de la empresa con el gobierno han despertado sospechas sobre tráfico de influencias. El Congreso solicitó al vicepresidente, Dick Cheney, que revelara los nombres de los ejecutivos con que se reunió cuando elaboraba la política energética del país y las fechas de esos encuentros, efectuados en el primer semestre del año pasado. Pero Cheney y Bush se niegan a entregar esa documentación.
Con el caso Enron se repite lo ocurrido con anteriores escándalos de la política norteamericanas: sean las grabaciones del Watergate, el Irán-Contras o el caso Lewinsky, el ocultamiento de información y los intentos de encubrimiento terminan convirtiéndose en el centro del problema, más allá de la magnitud del delito cometido.
“¿Por qué razón la misma gente tiende a admirar a Enron y a la Argentina?”, se pregunta el economista Paul Krugman, profesor de la universidad de Princeton.”Porque cada uno a su modo, tanto la compañía como el país, intentaron atrasar el reloj hasta 1913. Ambos fueron experimentos que pusieron a prueba el credo liberal: que la gran expansión en el papel del gobierno, en el tiempo comprendido entre las dos guerras mundiales, era
injustificada. Ambos debían demostrar, supuestamente, que la injerencia del gobierno es innecesaria y que el "laissez-faire" funciona”, explica Krugman
Sin embargo, la pretendida fachada desregularoria de Enron encubría la costumbre de realizar aportes a distintas candidaturas políticas atravesando diferencias partidarias. Entre quienes se vieron favorecidos con su dinero figuran Bush y Cheney, a quienes la empresa texana conocía desde que trabajaban en el negocio petrolero. Pero la lista es más larga e incluye al secretario de Justicia, John Aschcroft, y a 71 de los 100 senadores en ejercicio. Entre estos últimos, 19 de los 23 integrantes del comité de energía, el cual investiga la quiebra de la empresa. Gracias a esos contactos, los ejecutivos de Enron pensaron que podían salvar a la compañía de la quiebra. Llamaron al secretario del Tesoro, Paul O´Neill; al secretario de comercio, Don Evans, y a un alto funcionario del Departamento del Tesoro, Peter Fisher. Pero ninguno intervino en favor de la firma.
Ahora, el Congreso quiere conocer más sobre el pasado de la relación de Enron con la administración Bush, porque se sospecha que la política energética se diseñó a la medida de la multinacional. Los tentáculos de Enron también alcanzaron al gobierno de Tony Blair, acusado de vínculos inapropiados con la compañía. Pero a diferencia de Bush, el primer ministro decidió entregar una lista con todos los encuentros que sostuvieron sus ministros con los ejecutivos de Enron entre 1998 y el 2000. Tal vez, esto persuada a su amigo Bush de que es la mejor manera de combatir un escándalo y evitar una larga batalla legal con posibles costos políticos.
Paul Krugman sostiene que las debacles gemelas de Enron y Argentina demuestran que la gran lección económica del siglo XX fue que, para funcionar, un sistema de mercado necesita un poco de ayuda del gobierno, regulaciones, para evitar abusos, y una política monetaria activa para combatir la recesión.


ADJUDICACION POR UN TUBO
Desde un comienzo, la presencia de la Enron en Argentina estuvo signada por el escándalo y en torno a esos escándalos aparece siempre la figura de George W. Bush. En 1989 el entonces embajador estadounidense, Terence Todman dirigió una carta confidencial al nuevo gobierno encabezado por Carlos Menem en la que se quejaba por los obstáculos sufridos por un puñado de empresas norteamericanas entre las que se mencionaba a la petrolera Enron. Aquella carta fue el detonante del "Swiftgate" pero paralelamente despejó el camino para Enron. Pretendiendo acallar el escándalo, Menem adjudicó la planta gasífera de manera directa en base a un expediente redactado entre gallos y medianoche que luego desapareció. A cambio de la inversión, el Estado reformado y en emergencia otorgaba ventajas impositivas y precios promocionales para el fluido. El negocio era una joint-venture entre Enron y una socia local, Westfield, cuyos directivos eran los hermanos Guillermo y Alejandro Shaw. Según el Boletín Oficial, la Westfield había sido creada apenas unos días antes de la firma del decreto 92/90 con un capital de cien mil pesos.
A principios de 1990, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas promovió querella contra el Secretario Legal de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo y el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi que fueron los artífices del andamiaje jurídico de la concesión. Ambos fueron luego sobreseídos por la justicia federal, lo que permitió que Granillo Ocampo pudiera ser recompensado con el cargo de embajador argentino en EEUU.
Azurix, otra subsidiaria de Enron controla los servicios de provisión de agua y cloacas en cinco de las seis subregiones de la provincia de Buenos Aires. En julio de 1999, a menos de un mes de haber privatizado los servicios la operadora procedió a recategorizar a una parte de su clientela, aplicándole aumentos tarifarios que superaron el 100%. Finalmente, la empresa cuya conducción está a cargo del ex funcionario menemista, Mario Guaragna. tuvo que recalcular todas las facturas que envió a sus clientes
El 10 de marzo de 2000 Enron Corp. advirtió a la Argentina que podría recurrir a una corte internacional "Si no logramos llegar a un acuerdo, buscaremos el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a las inversiones", dijo Kelly Kimberley, vocera de Enron, a la agencia Reuters. La firma se negaba a pagar los 500 millones de dólares en impuestos que las provincias argentinas exigen a la firma local Transportadora Gas del Sur (TGS), de la que Enron controla el 35 por ciento del paquete accionario.
Revista Veintitrés
08-02-2002