El último jefe naval de la dictadura, el almirante Rubén Oscar Franco, quien desde el pasado 28 de diciembre está detenido en la causa por robo de niños que investiga el juez Adolfo Bagnasco, también está implicado en el tráfico ilegal de armas a Croacia que involucra a altos jefes militares y funcionarios del gobierno menemista. Entre la documentación que obra en poder del juez Jorge Urso están los faxes que incluyen los números de teléfono y de fax de Franco en Buenos Aires, la fecha de su llegada a Viena, el nombre y número de cuarto de hotel en que se hospedaría en la capital austríaca y el acuerdo dado por los clientes croato-bosníacos para la compra de los fusiles argentinos.
Por Walter Goobar
El último jefe naval de la dictadura, el almirante Rubén Oscar Franco, quien desde el pasado 28 de diciembre está detenido en la causa por robo de niños que investiga el juez Adolfo Bagnasco, también está implicado en el tráfico ilegal de armas a Croacia que involucra a altos jefes militares y funcionarios del gobierno menemista. Entre la documentación que obra en poder del juez Jorge Urso están los faxes que incluyen los números de teléfono y de fax de Franco en Buenos Aires, la fecha de su llegada a Viena, el nombre y número de cuarto de hotel en que se hospedaría en la capital austríaca y el acuerdo dado por los clientes croato-bosníacos para la compra de los fusiles argentinos.
Entre mayo y septiembre de 1992, el almirante Franco concretó una venta de fusiles FAL por 15 millones de dólares a la firma Grosaffir, integrada por personalidades croato-bosniacas y con sede en Viena. Grosaffir estaba dirigida por el ex ministro del Interior bosnio, Alija Delimustafic, enviado a Viena para comprar pertrechos bélicos. XXI tuvo acceso exclusivo a una serie de faxes referidos a la operación que han permitido reconstruir el papel del marino argentino en la venta ilegal de armas a la exYugoslavia. De estos faxes se desprende que el almirante Franco también estaba en condiciones de proveer fusiles rusos, misiles norteamericanos, lanzamisiles italianos, granadas, municiones para morteros, además de armas de puño.
Una de las cartas entre dos traficantes de armas a quienes Franco había pedido una lista de precios indica que “Un almirante argentino retirado, Carlos Franco cuyo número de teléfono en Buenos Aires es el 801-1808, la oficina es 806-4046\47 y su fax es el 311-7247 está hospedado en la habitación 211 de un hotel de Viena (tel: 43 222 51466). El se reunió con la gente de Bosnia y afirma haber firmado un contrato por 15 millones de dólares para proveerles fusiles FAL y munición proveniente de Argentina que será entregada en Bosnia. Nos adjunta un listado con el pedido. Saludos. Alex”. Si bien el primer nombre del almirante Franco es Rubén y no Carlos -como aparece en el fax-, los teléfonos de Buenos Aires allí citados pertenecen al almirante Rubén Franco.
En la lista de precios fechada el 5 de mayo de 1992 y dirigido a los señores “Alvaro y Carlo Franco” consta también la referencia “oferta para Croacia”. Allí se detalla que el valor de los fusiles M16-A2 es de 400 dólares por unidad, los misiles Stinger B 95.000 dólares, los misles SAM 7 y sus lanzadores 9.200 y 12.000 dólares respectivamente, los misiles SAM 14 y sus lanzadores 33.000 y 9.200 dólares respectivamente, al final de la lista de precios que también incluye proyectiles de 105, 120, 152, 155 y 203 mm el ofertante que se identifica como “Patrice” pregunta si “¿con respecto al equipo policial se puede obtener una carta de intención o es una licitación pública?”
Otro de los memorandum que están en poder del fiscal Carlos Stornelli tiene como referencia la frase “material para el almirante de Argentina” y advierte: ”Estimado Patrice: El almirante Franco de Argentina estará el lunes 7 de septiembre en Viena, Austria y espera contactarse contigo es muy importante pues está con la gente de Croacia que ya ha aprobado todo. Sus requerimientos están en la página que sigue. Saludos”.
La pagina mencionada es una lista que abarca materiales de origen ruso como fusiles Kalashnikov., granadas RPG, miras nocturnas para fusil, diversos tipos de munición para mortero y materiales de origen occidental como pistolas 9 mm, misiles Stinger y munición de 155 mm.
Franco no es el único marino investigado es esta causa que tiene por principales protagonistas a varios ministros del poder ejecutivo y al ejército: en agosto de 1998 el ex capitán de navío Horacio Estrada, apareció muerto en su departamento con un balazo en la cabeza. Tres días antes se había negado a declarar ante el juez Urso.
Al igual que Estrada, antes de dedicarse al tráfico de armas, el almirante Franco jugó un papel importante en la represión ilegal: desde junio de 1977 hasta enero de 1978 estuvo al frente del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, tuvo, por lo tanto, responsabilidad sobre los centros clandestinos de detención que dependían de su comando. Desde febrero de 1979 hasta enero de 1980, fue el Subjefe de Operaciones del Estado Mayor General Naval, por lo que también tuvo injerencia en todo el accionar ilegal del personal de la Armada. A partir de 1980 estuvo al frente de la Dirección General de Personal Naval .
Según la declaración de Adolfo Francisco Scilingo, ante el juez español Baltasar Garzón, en 1983 el almirante Franco habría mandado a Suiza los microfilms, con las fichas de todos los detenidos que pasaron por la ESMA. La llave de esa caja fuerte de la cual Massera también tiene una copia, se la pasan los sucesivos jefes de Estado Mayor
Por su parte, el traficante de armas de origen francés, George Starckman que ofició como intermediario en las operaciones de Franco, publicó en 1993 un libro de memorias titulado Cañon Negro, en el que narra sus experiencias en el tráfico internacional de armas. En uno de los capitulos del libro, Starckman cuenta que poco después de la guerrra de Malvinas fue invitado a visitar Argentina por el entonces jefe de la Marina, el contralmirante Jorge Isaac Anaya. Según Starckman, Anaya le pidió que consiguiera misiles Exocet y poco después recibió en su oficina de Ginebra la visita de los marinos Ricardo Cavallo y Miguel Angel Benassi, conocidos por su participación en la represión ilegal perpetrada en la ESMA. Los marinos le pidieron su ayuda para localizar a un miembro de la Armada que el libro no cita, que se habría apropiado de una suma de 15 millones de dólares que la Armada le habría entregado para comprar los Exocet en Europa. Posteriormente, el ex capitán Adolfo Scilingo reveló ante el juez Baltasar Garzón la identidad de ese marino: se trata de Jorge Vildoza, ahora prófugo por la apropiación de un menor.
10-08-2007